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El primero de febrero, los costarricenses se dirigieron a las urnas para elegir un nuevo presidente y 57 miembros del congreso. Las elecciones, que fueron presentadas como un referéndum sobre la administración saliente de Rodrigo Chaves, otorgaron una victoria rotunda a su sucesora, Laura Fernández, quien obtuvo más del 48 por ciento de los votos.
La campaña fue excepcionalmente controversial, en parte debido al gran número de candidatos. A la cabeza se encontraba Fernández, integrante del Partido del Pueblo Soberano (PPSO) y exministra de la Presidencia. Del otro lado había otros 20 candidatos presidenciales, entre ellos miembros del Partido Liberación Nacional (PLN), de centro-derecha, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Frente Amplio (FA), de izquierda democrática. Todos ellos formaban, a grandes rasgos, la oposición, pero estaban muy por detrás del PPSO en las encuestas.
La campaña desafió una serie de normas costarricenses. Chaves infringió la ley electoral al desempeñar un papel activo en la campaña, las iglesias evangélicas presuntamente hicieron un esfuerzo masivo para movilizar el apoyo a Fernández, y varios candidatos de la oposición enfrentaron problemas legales. El trasfondo clave fue la reciente escalada de violencia, que alimentó las preocupaciones de los votantes sobre la inseguridad y convirtió a los rumores de que dinero proveniente del narcotráfico había infiltrado varias campañas en un tema central.
De hecho, la preocupación por la seguridad fue lo que más pesó para los votantes. Este aspecto normalmente perjudica a los candidatos que buscan la reelección, pero en este caso sirvió para reforzar la campaña de Fernández, quien basó su propuesta en una ofensiva contra el crimen. En el centro de esta paradoja se encuentra el propio Chaves, cuya popularidad histórica proviene de su novedoso abordaje de la política costarricense. Su forma de gobernar enmascara un proyecto bastante convencional de centro-derecha al tiempo que presenta una clara ruptura con la tradición democrática del país. Si las elecciones fueron un referéndum sobre Chaves –como él mismo lo planteó– los votantes claramente aprueban el rodriguismo, un proyecto político similar a otros proyectos de derecha en la región, pero con un marcado acento costarricense.
¿Qué es el rodriguismo?
Rodrigo Chaves llegó al poder en 2022 presentándose como un outsider que prometía gobernar “para el pueblo” y enfrentarse a las élites políticas y económicas del país. Su administración combinó el populismo —caracterizado por una retórica vulgar y confrontativa— con políticas económicas tecnocráticas. Este enfoque rápidamente generó choques con la clase política y la prensa, un conflicto que él mismo disfrutaba.
En general, la agenda política y económica de Chaves no fue muy diferente a la de la derecha tecnocrática que ha tratado de desmantelar los restos del estado de bienestar costarricense desde la década de 1980. La diferencia estuvo en su implementación. Mientras que estos grupos habían tratado de promover estos cambios de forma gradual y, al menos discursivamente, dentro de los límites del estado de derecho, Chaves siguió una lógica más agresiva, basada en la idea de “actuar rápido y romper cosas”, un enfoque promovido por varios líderes de extrema derecha que han llegado a ser conocidos como “Motosierra internacional” (Chainsaw International). Su administración lanzó ataques frontales contra lo que consideraba eran “barreras” institucionales a la eficiencia, incluyendola Asamblea Legislativa, la burocracia pública y el propio sistema del equilibrio de poderes, al que acusó de proteger intereses particulares y de limitar la capacidad del ejecutivo para actuar con rapidez y decisión.
Esta retórica encubrió un gobierno profundamente mediocre. Pocas de sus iniciativas insignia se materializaron en leyes y muchas de las transformaciones estructurales que propuso se vieron frustradas por la resistencia institucional.
Esta retórica encubrió un gobierno profundamente mediocre. Pocas de sus iniciativas insignia se materializaron en leyes y muchas de las transformaciones estructurales que propuso se vieron frustradas por la resistencia institucional. Sin embargo, estos fracasos no debilitaron su posición política, pues su popularidad se debe más a la confrontación permanente con el orden bipartidista que ha dominado Costa Rica durante gran parte los últimos sesenta años que a logros políticos concretos. Para Chaves, fue políticamente preferible fracasar estrepitosamente y culpar a las instituciones “capturadas” y a las “élites corruptas” que negociar con la oposición y arriesgarse a parecer cómplice del mismo sistema al que dice oponerse.
El enfoque económico del gobierno, centrado en la inversión extranjera, la estabilidad macroeconómica y mejorar el contexto empresarial, tuvo resultados dispares. Aunque hubo un crecimiento económico leve, gran parte de la fuerza laboral sigue siendo informal, la pobreza y la desigualdad se mantienen altas y el costo de vida continúa subiendo. Esta precariedad se vio agravada por los constantes ataques de Chaves contra casi todos los aspectos del reconocido estado de bienestar del país –una característica sorprendentemente convencional de su forma de gobernar. El gasto en educación se redujo, lo que agravó las desigualdades entre las escuelas públicas y privadas, y entre las zonas urbanas y rurales. Además, las universidades públicas fueron objeto de recortes, y el sistema de salud se vio considerablemente desfinanciado, lo que provocó escasez de personal y agravó las desigualdades en el acceso a la atención médica.
Además, el gobierno intensificó su ofensiva patriarcal en el ámbito de la política de género. Chaves protagonizó frecuentes enfrentamientos en torno a la educación sexual y la llamada “ideología de género”, restringió el acceso al aborto y a los servicios de salud reproductiva y mostró poco interés en abordar el creciente número de feminicidios en el país. Estas políticas –así como los antecedentes de acoso sexual de Chaves durante su tiempo en el Banco Mundial– contribuyeron a normalizar la violencia de género dentro del proyecto político general.
El fin de la Segunda República
Tras su victoria, Laura Fernández dejó claro que su deseo de continuar con el proyecto del rodriguismo no era solo una estrategia de campaña. Poco después, Chaves la volvió a nombrar ministra de la Presidencia, cargo que ocupará hasta que asuma el poder, y ha indicado que podría nombrarlo para el mismo puesto en su administración. También se comprometió a impulsar el crecimiento económico del país mediante reformas similares a las aprobadas por Chaves, adoptó una postura similar de confrontación con las instituciones del país al pedir la renuncia de la contralora general, y repitió opiniones similares sobre cuestiones de género y derechos reproductivos, como equiparar el aborto con el asesinato.
En su discurso de victoria, afirmó que su elección marcaba un ‘cambio profundo e irreversible’ que había dado paso al fin de la Segunda República y al comienzo de una Tercera República.
Es claro que Fernández busca profundizar el proyecto de su predecesor. En su discurso de victoria, afirmó que su elección marcaba un “cambio profundo e irreversible” que había dado paso al fin de la Segunda República y al comienzo de una Tercera República. La Segunda República, cuyo origen se remonta al acuerdo político alcanzado tras la Guerra Civil de 1948 y la Constitución de 1949, ha sido durante mucho tiempo el símbolo de los principios institucionales del modelo socialdemócrata de Costa Rica, que incluye un sólido sistema de equilibrio de poderes, amplios poderes del estado y el acceso universal a la educación y la salud. Al declarar su fin, Fernández cuestionó la legitimidad de esa arquitectura institucional imperfecta, aunque estable, y calificó la separación de poderes y la rendición de cuentas como ineficiencias que limitan la gobernanza decisiva.
Queda por ver cuál será el futuro de esta supuesta Tercera República. El PPSO obtuvo una mayoría simple en el Congreso con 31 diputados, el bloque legislativo más grande desde 1982, y superó ampliamente a la oposición. Sin embargo, no alcanzó los 38 votos necesarios para aprobar reformas constitucionales, declarar un estado de emergencia, suspender derechos individuales o bloquear la reelección de los miembros de la Corte Constitucional. Sin embargo, el nuevo gobierno ha indicado abiertamente su deseo de utilizarlos. Fernández podría conseguir apoyo para impulsar estas reformas apelando a la sensación de inseguridad de los votantes, un fenómeno relativamente nuevo en la política costarricense que desempeñó un papel muy importante en las elecciones.
El espectro de la (in)seguridad
Desde los años 2000, la seguridad se ha convertido en un tema central en el panorama político centroamericano. Las llamadas “transiciones democráticas” de los años 90 se entrelazaron con reformas neoliberales que profundizaron la desigualdad y concentraron la riqueza. En este contexto, a principios de los años 2000, el crimen organizado aprovechó esta precariedad para expandir el tráfico de drogas y empezó a desempeñar un papel más importante. En lugar de abordar las condiciones sociales que subyacen a la inseguridad, la mayoría de los gobiernos centroamericanos adoptaron políticas de mano dura, militarización y encarcelamiento masivo.
Costa Rica evitó inicialmente la mano dura, pero no su lógica: la política de seguridad se endureció mediante medidas civiles punitivas que redujeron el espacio democrático en lugar de abordar las raíces de la violencia. Durante esta década, el creciente número de delitos menores creó incentivos para judicializar la inseguridad. La introducción de los tribunales de flagrancia en 2009, presentada como una respuesta a la ineficacia del sistema judicial, provocó un marcado aumento de la población carcelaria. Como resultado, Costa Rica tiene la tercera tasa de encarcelamiento más alta de Centroamérica, y la vigésima segunda a nivel mundial.
Durante la década de 2010, a medida que la región se convertía en un lugar clave para el narcotráfico, la política de seguridad de Costa Rica siguió endureciéndose, con el apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad, la creación de nuevos impuestos para financiar la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de la Policía de Fronteras. El COVID-19 intensificó aún más esta dinámica, especialmente en las zonas costeras que dependen del turismo, las cuales se convirtieron en enclaves del crimen organizado. Este periodo también se caracterizó por actos de violencia cada vez más espectaculares y un drástico aumento de la tasa de homicidios, que pasó de aproximadamente 6 por cada 100,000 habitantes en 2000 a más de 16 en 2025.
En lugar de constituir una desventaja política, el aumento de los delitos violentos y la preocupación por la infiltración del narcotráfico se convirtieron en una oportunidad política para Chaves.
Fue en estas condiciones cuando la trayectoria de Costa Rica convergió más claramente con la del resto de la región a través de la politización del crimen. El gobierno de Chaves se enfrentó a una creciente preocupación ciudadana por el aumento de la violencia y a acusaciones de corrupción , reforzadas por escándalos como la detención y la solicitud de extradición a Estados Unidos del exministro de Seguridad y magistrado de la Corte Suprema de Justicia Celso Gamboa, acusado de narcotráfico.
En lugar de constituir una desventaja política, el aumento de los delitos violentos y la preocupación por la infiltración del narcotráfico se convirtieron en una oportunidad política para Chaves. Este desvió la responsabilidad, culpando a los medios de comunicación por exagerar la inseguridad y acusando a las instituciones judiciales, legislativas y de control de incompetencia o cooptación. De esta manera, la inseguridad se replanteó, no como un fracaso de la acción del Estado, sino como una justificación más para fortalecer el poder ejecutivo en materia de orden público, libre de restricciones por parte de instituciones hostiles.
En este contexto, la inseguridad se convirtió en la principal preocupación del electorado antes de la segunda vuelta de 2026 y pasó a ser el tema central de la campaña de Laura Fernández. Fernández adoptó un enfoque de mano dura contra la delincuencia, priorizando el orden y el control territorial por encima de las libertades civiles, una postura reforzada simbólicamente por la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele en enero de 2026 para inaugurar una prisión de alta seguridad inspirada en el CECOT de El Salvador.
Reconfiguración de la democracia
Al igual que muchos proyectos políticos populistas, el rodriguismo puede entenderse mejor como una intensificación más que como una ruptura de la trayectoria política reciente de Costa Rica. El rodriguismo combina un estilo político populista con una agenda económica tecnocrática centrada en la disciplina fiscal y la reducción del Estado de bienestar. Lo que lo distingue no es tanto la novedad de sus objetivos, sino la forma en que se persiguen: la politización permanente del conflicto institucional, la subordinación de la política social a la ortodoxia fiscal a pesar de sus costos sociales y una creciente concentración de poder en el ejecutivo.
Visto así, el rodriguismo no rompe con la democracia, sino que la reconfigura. Los mandatos populares y el lenguaje del “pueblo” siguen siendo fundamentales, pero se utilizan cada vez más para reprimir a la oposición, contener las demandas sociales y proteger un orden económico desigual. Por lo tanto, el verdadero peligro no es el colapso democrático, sino normalizar la gobernanza a través de la inseguridad y el conflicto permanente. Queda por ver si la “Tercera República” de Costa Rica profundizará esta trayectoria o generará nuevas formas de resistencia, una cuestión con implicaciones que trascienden las fronteras del país.
Andrés León Araya es antropólogo, vinculado al Departamento de Estudios Internacionales de Indiana University, Bloomington, y al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Es autor de The Coup and the Palm Trees: Agrarian Conflict and Political Power in Honduras (University of Georgia Press, 2023).