A finales de 2025 e inicios del 2026, las ciudades y carreteras de Bolivia volvieron a ser el escenario de grandes manifestaciones de masas, bloqueos, huelgas de hambre y asambleas. Nuevamente, la política del Estado fue intervenida por la política de las calles, del mandato y del veto popular. El 17 de diciembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5503 que levantaba la subvención a los combustibles y reorientaba la política económica hacia una deriva neoliberal. Tras 24 días de protestas, el gobierno se retractó, aunque logró que los movimientos sociales hicieran algunas concesiones clave.
Este fue el primer gran conflicto social desde que Rodrigo Paz llegó al poder en octubre de 2025. Sin embargo, difícilmente será el último pues los esfuerzos por establecer un nuevo régimen económico deberán hacer frente a la resistencia popular. Bolivia entra así en un nuevo ciclo de conflictividad marcado por la disputa por las salidas a la crisis y por el sentido de las resistencias.
La frágil confianza en el gobierno desaparece
Las elecciones de 2025 habían abierto expectativas de cambio. La victoria de Paz y su vicepresidente Edmand Lara, sostenida por votos campesinos y populares, marcó un límite a una derecha abiertamente extremista como la del candidato Jorge Quiroga. Sin embargo, tras el balotaje, el discurso populista de campaña se disipó y la alianza entre Paz y Lara se quebró. El vicepresidente pasó a declararse opositor y Paz respondió aislándolo, recortándole atribuciones y habilitando la posibilidad de gobernar desde el exterior –sin ceder la presidencia interina al vicepresidente.
El levantamiento del subsidio fue un shock económico inmediato: el precio de la gasolina aumentó en un 86 por ciento y el diésel un 160 por ciento.
En paralelo, Paz se apoyó sin reservas en el lobby empresarial y financiero para armar su gobierno. Designó un gabinete con perfiles ligados a la empresa privada, la agroindustria y el sector financiero, viajó a Estados Unidos para reunirse con representantes del gobierno de Donald Trump y del Banco Mundial, y al regresar instaló el relato de la “catástrofe económica” atribuida a “veinte años de masismo”.
Ese mismo discurso fue el que utilizó para justificar el decreto 5503. La subvención a los combustibles, una característica de la economía boliviana durante décadas, fijaba los precios internos del combustible por debajo de los precios internacionales, y el Estado pagaba la diferencia. Si bien el gobierno justificó la medida como un “alivio fiscal” –por el alto costo de importación de combustibles– los costes se trasladaron a la ciudadanía, con la subida de los precios del transporte y alimentos. El levantamiento del subsidio fue un shock económico inmediato: el precio de la gasolina aumentó en un 86 por ciento y el diésel un 160 por ciento.
Para contrarrestar el alza en los costos del combustible, el decreto aumentó el salario mínimo y fortaleció programas sociales orientados a apoyar a los adultos mayores y expandir el acceso de los niños a la educación. También creó un nuevo subsidio para familias de bajos recursos.
El decreto contenía 120 artículos que en su conjunto, formaban la piedra fundamental para “redefinir el rol del Estado y el alcance de la intervención pública en la economía”, según el analista Ernesto Peñaranda. Es decir, abrían la economía boliviana a la inversión extranjera al costo de flexibilización en la regulación y control de los contratos, para ofrecer garantías al capital transnacional. Según el economista Jorge Viaña, la orientación neoliberal de los cambios propuestos, no solo serían inconstitucionales, sino que abrirían las puertas a la privatización de los recursos naturales.
El turno de las organizaciones sociales
Los primeros días después de la promulgación del decreto 5503, medios bolivianos reportaron escenas de desorden en la vida cotidiana. Choferes del transporte urbano duplicaron unilateralmente el precio de los pasajes y los comerciantes especularon con productos básicos ante la expectativa de nuevas alzas.
Entre el 19 y el 25 de diciembre, marchas esporádicas y amagos de confrontación mantuvieron el clima de conflicto en medio de las fiestas de fin de año. “El proceso de articulación fue pausado”, comentó Carmen Nuñez, antropóloga social e integrante de La Pulga Podcast, un medio independiente enfocado en Bolivia y Latinoamérica, “la Central Obrera Boliviana (COB) sostuvo desde La Paz, incluso desde la navidad y las fiestas de año nuevo, movilizaciones permanentes”. El 29 de diciembre se instalaron tres piquetes de huelga de hambre en La Paz a la cabeza del Comité Nacional de Amas de Casa Mineras, como respuesta a la negativa del gobierno a discutir la abrogación del decreto.
Con el inicio de 2026 el conflicto entró en su fase más decisiva. El 3 de enero la COB aumentó la presión con la masiva marcha “Bolivia no se vende”, que partió desde Calamarca rumbo a La Paz. Las negociaciones entabladas a la llegada de la marcha el 5 de enero no dieron resultado. Paz lo dejó claro al afirmar que no retrocedería.
Además, el 6 de enero el gobierno abrió un nuevo frente de conflicto cuando un convoy de la empresa brasileña PETROBRAS ingresó, bajo resguardo policial, a la Reserva Nacional de Tariquía, al sur del país. Allí, una resistencia comunitaria viene defendiendo el territorio ante la avanzada petrolera desde hace años. Las imágenes de represión policial y la judicialización de los manifestantes detonaron nuevas protestas en varias ciudades del país.
Las organizaciones campesinas tardaron más en sumarse a las protestas. Como recuerda Víctor Salvador Guzmán Flores, trabajador de la editorial Informal y actual Secretario de Prensa y Propaganda de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Colomi, el acceso a la información permitió movilizar a las organizaciones: “a nivel de Central Única hemos organizado algunos talleres donde nos han explicado abogados entendidos. Estos talleres han sido para dirigentes regionales y luego otros para subcentrales y dirigentes de sindicatos”. El 10 de enero, los puntos de bloqueo habían crecido de nueve a sesenta y nueve tras el ingreso en de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos De La Paz “Tupac Katari” a las manifestaciones.
Con el país paralizado y el conflicto en su punto más alto, el Ejecutivo terminó cediendo. El gobierno acordó derogar el decreto 5503 y elaborar en 48 horas un nuevo decreto –el DS 5516– para levantar el subsidio a los combustibles junto a las medidas sociales de contención, dejando sin efecto el resto de los artículos. Poco a poco, las medidas de presión fueron levantadas.
Un acuerdo con luces y sombras
Después de 24 días de movilizaciones, las protestas contra el decreto 5503 dejan valiosas lecciones en relación al futuro del gobierno y su relación con la sociedad boliviana.
Aunque en el movimiento popular persisten tensiones, estas no se expresan con la misma profundidad que en años anteriores. Núñez recuerda que “primero fue algo difícil la articulación entre diferentes sectores, porque hay una división no solo a raíz de la pugna de poder dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), sino que son más antiguas, siempre ha habido cierta separación entre la CSUTCB y la COB”. De la misma forma, Guzmán resalta un elemento importante con relación al movimiento campesino: “A pesar de haber dos federaciones [CSUTCB] paralelas, ambas han estado coordinando con la COB. O sea, de una u otra manera, se están uniendo, tal vez no oficialmente, pero está habiendo esa fortaleza”, afirmó.
Sin embargo, la batalla por la narrativa tuvo su contrapunto. Finalmente, el levantamiento de la subvención fue aceptado por la COB.
En esa misma línea, Núñez subrayó que otro logro clave fue generar información sobre el decreto, que calificó como “bastante engañoso”. Efectivamente, el decreto 5503 fue escrupulosamente diseccionado por un conjunto de actores mediáticos no tradicionales, entre tiktokers y otros productores de contenido en las redes sociales. Este fenómeno contribuyó decisivamente en la disputa por la narrativa del gobierno, exponiendo las graves consecuencias que tendría el decreto para la democracia y la economía popular.
Sin embargo, la batalla por la narrativa tuvo su contrapunto. Finalmente, el levantamiento de la subvención fue aceptado por la COB. Sin duda es una concesión no menor tomando en cuenta que el propio Evo Morales no pudo lograr este objetivo en 2010. “En lo que respecta a la subvención, si caló la idea que era ‘necesario e inevitable’” dijo Núñez. “Yo creo que ahí se podía luchar para que los costes no se transfieran a todos, cuando el subsidio a quien más beneficiaba es a sectores que usan más combustibles. Había muchas maneras, primero de estudiarlo, y luego de aplicarlo”, agregó.
El largo camino por delante
Todo indica un cambio en la estrategia del gobierno para impulsar el paquete económico mediante decretos y la aprobación de leyes en el Congreso. En este sentido, Guzmán expresó su preocupación por la promulgación de otros decretos que no se están debatiendo. De hecho, además del decreto 5516, el Gobierno ha aprobado recientemente una serie de decretos que abordan diversas cuestiones clave, como la implementación de servicios de telecomunicaciones a través de satélites de órbita baja (decreto 5509), la autorización de la importación sin restricciones de combustible por parte de personas y empresas (decreto 5517) y un cambio que permite al presidente gobernar mientras se encuentra físicamente fuera del país (decreto 5519).
La rapidez con la que se están llevando a cabo las reformas del gobierno ha llevado a los manifestantes a concluir que forman parte de una estrategia concreta. “La cosa es que se está tratando de desinformar a la gente y lamentablemente también están jugando al desgaste en estas movilizaciones”, lamentó Guzmán. Sin embargo, considera que la situación es temporal y cree que el regreso de las protestas es inminente.
Además, el gobierno ha tomado medidas para reprimir las manifestaciones. En estos momentos se están discutiendo en el congreso dos proyectos de ley “antibloqueos”. Estas leyes tienen el objetivo de criminalizar a quienes utilicen este mecanismo de protesta con penas de hasta 20 años. Guzmán afirma, que de aprobarse esta ley “va a ser directamente un Estado de sitio constante, no vamos a poder protestar de ninguna forma y vamos a ser perseguidos”.
Con todo, hay algo que ha quedado claro en el primer conflicto social del gobierno de Paz: la gente no va a permitir ajustes económicos sin más.
La “ley antibloqueos” es una respuesta disciplinaria –y en el algún sentido revanchista– contra los actores sociales movilizados durante el conflicto. Por un lado, buscan encorsetar las protestas con reglamentos bajo tuición municipal, y, por otro lado, uno de los proyectos plantea proteger a policías y militares de sus responsabilidades penales y administrativas, además de reforzar sus equipamientos represivos.
Con todo, hay algo que ha quedado claro en el primer conflicto social del gobierno de Paz: la gente no va a permitir ajustes económicos sin más. Para Núñez, persiste todavía una memoria colectiva de luchas anteriores. “Está bien grabado en el corazón de la gente que los recursos naturales son de todos y para todos y que los tiene que administrar el Estado como mínimo. Ese es un eco que también se ha visto de las luchas pasadas del pueblo boliviano” dijo.
En este nuevo ciclo de luchas en Bolivia, el MAS, que anteriormente actuó como la voz de muchas organizaciones de base, prácticamente ha desaparecido del congreso. Pero, tal como afirma Núñez, la derogación del decreto ha demostrado que “no se necesita un partido para tener peso en el panorama político y tener una voz, y una voz bien potente, para decir que va a pasar en esta tierra”.
“Viendo tal vez un poco más allá, son muchos años los que tendría que estar de presidente Rodrigo Paz, pero no han pasado ni 3 meses y ya piensa que es un reyezuelo”, afirmó Guzmán “Eso no creo que vayamos a permitir. Las organizaciones sociales no vamos a permitir ser gobernados por un reyezuelo”, advirtió.
Gabriel A. Rodríguez García es candidato a doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, México. Maestro en Ciencias Sociales por la misma institución y licenciado en Lingüística Aplicada por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Su campo de investigación actual es la conflictividad social, acciones colectivas y subjetividades.