Después de un largo periodo de campañas proselitistas y de un balotaje inédito en la historia democrática boliviana, las elecciones llegaron a su fin el 19 de octubre. El binomio Rodrigo Paz-Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó con el 54 por ciento de los votos, frente al binomio Jorge “Tuto” Quiroga-Juan Pablo Velasco, del partido LIBRE, que obtuvo el 45 por ciento.
La jornada transcurrió con relativa calma hasta la noche, cuando empezaron a emitirse los resultados. Pronto surgieron protestas ciudadanas de grupos afines a LIBRE en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, La Paz, Oruro y Tarija. Nuevamente, como en 2019 y 2020, las banderas bolivianas en forma de capa volvieron a las calles denunciando fraude y exigiendo auditoría. Aunque tales reclamos no tuvieron mayor trascendencia, el resentimiento hacia el Movimiento al Socialismo (MAS) —ahora atribuido al PDC—, manifestado en las calles, es un indicador del desprecio de ciertas colectividades urbanas hacia el voto rural.
Han sido tiempos difíciles. La subida de precios, la escasez de hidrocarburos y la creciente precariedad de la vida son ahora la nueva normalidad en uno de los países más pobres de Sudamérica. Aun así, los bolivianos prefirieron acudir a las urnas antes que a las calles, con la frágil esperanza de una solución rápida a la crisis. Sin embargo, pasadas las elecciones, termina también la demagogia proselitista y empieza la cruda realidad. ¿Qué esperar?
Los comicios presidenciales dejan pistas clave sobre el destino de Bolivia en los próximos meses: la crisis de la representación política, las medidas de ajuste y sus consecuencias sociales y las reconfiguraciones en las relaciones de poder —entre el Estado, las élites económicas y el heterogéneo mundo de organizaciones sociales que podríamos denominar “campo popular”.
Crisis de representación y voto rural-popular
La crisis de representación que atraviesa Bolivia se refleja de múltiples formas en estas elecciones, tras la salida del MAS tras casi dos décadas en el poder. Por un lado, los partidos políticos —incluyendo el MAS y sus facciones— están vaciados de contenido; los liderazgos carecen de proyectos u horizontes; y la demagogía política ha ocupado el espacio que dejó la discusión ideológica. Por otro lado, en el llano de la sociedad, los sectores rurales y urbano-populares que tradicionalmente respaldaron a Evo Morales y al MAS, al verse sin un representante propio en la contienda, se transformaron en el “voto incómodo” pero decisivo para definir la victoria electoral.
Los partidos políticos han perdido toda seriedad y se han transformado en “taxi-partidos”, alquilados por los candidatos para postularse. Esto ocurre porque crear un nuevo partido resulta excesivamente costoso y complejo. En ese contexto, los dueños de las siglas aprovechan su posición para negociar con los aspirantes. Estas dinámicas han erosionado la credibilidad de unas organizaciones que, en muchos casos, son de propiedad familiar y carecen de estructura, ideología o proyecto político de largo aliento.
Los partidos políticos han perdido toda seriedad y se han transformado en ‘taxi-partidos’, alquilados por los candidatos para postularse.
La representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional reside sobre todo en cuatro partidos de derecha —PDC, LIBRE, UNIDAD, SÚMATE— y se perfila como un escenario de negociaciones y pactos. Queda por verse el nivel de representatividad que logren en relación con el “campo popular”, aunque no hay buenas señales. Tras la primera vuelta, fueron elegidas como diputadas plurinominales la hermana de “Tuto” Quiroga y la esposa de Edman Lara. En Bolivia existen dos tipos de postulación a una diputación, la “uninominal” y la “plurinominal”; la primera está basada en el voto directo y la segunda en la proporción de votación que obtuvo el partido en un departamento. Por tanto, las diputadas “electas” ingresaron al congreso por una lista partidaria y no por ser representativas de algún territorio. ¿Fiscalizarán las flamantes diputadas a sus familiares en el Poder Ejecutivo?
El voto del campo popular ha sido, en estas elecciones, el síntoma más claro de la crisis de representación y de una cultura política aún marcada por el racismo y los prejuicios de clase. En febrero de este año, el presentador de televisión Mario del Álcazar afirmó falsamente que el voto campesino “vale el doble que un voto urbano” y, en otro programa, llegó a la conclusión de que el verdadero problema de la crisis era el voto universal, que permite que “gente no preparada” pueda votar. En ese mismo sentido, la comunicadora y activista María Galindo denunció a la red UNITEL por el “sesgo clasista” de sus análisis de encuestas electorales. Los resultados exponían que las personas con estudios e ingresos medios-altos votan por Tuto Quiroga.
Durante la primera vuelta, el voto tradicionalmente destinado al MAS quedó dividido entre el PDC, Alianza Popular, el MAS “arcista” —en referencia al candidato del actual presidente Luis Arce Catacora—y Evo Morales, quien encontró la forma de colarse en el proceso electoral. El expresidente, sin candidatura formal y tras haber sido ilegalmente excluido de los comicios, llamó a votar nulo, apropiándose simbólicamente de esta expresión de rechazo. Su maniobra tuvo efecto: el voto nulo alcanzó el 19,87 por ciento. Si se descuenta el promedio histórico del 4 por ciento, al menos el 15 por ciento del electorado respondió al llamado de Morales. Esa participación “fantasmal” confirma la vigencia del evismo como representación de importantes segmentos de la población, a pesar de las serias acusaciones por estupro que carga encima.
Paz y Lara: Populismo de baja intensidad
Más allá del voto duro del evismo, otra buena parte de la votación histórica del MAS se la llevó la figura de Edman Lara, un expolicía que se convirtió en un símbolo de autenticidad popular. Su biografía —vendedor de ropa usada, tiktoker carismático, admirador de Nayib Bukele y héroe contra la corrupción— le permitió conectar con los sectores trabajadores de la economía informal. Lara habla como la gente, bromea como la gente y promete gobernar “para los de abajo”. Su presencia en la fórmula le dio al binomio un barniz de pueblo que Rodrigo Paz, heredero político y empresario, nunca hubiera logrado por sí solo.
Lara moviliza emociones más que ideas, y en un tiempo de hastío e incertidumbre eso resulta más eficaz que cualquier programa político. No ofreció una visión transformadora del país, sino un populismo de baja intensidad basado en promesas de orden, justicia y prosperidad, bajo las consignas de “capitalismo para todos” y “cero tolerancia a la corrupción”. En el fondo, no plantea una idea política, sino un valor moral: la “bondad” y la “incorruptibilidad” que se le atribuyen son su único capital político. Su vigencia dependerá de su capacidad para mantener el vínculo con el voto popular, un voto que no fue un regalo, sino un préstamo.
Durante la segunda vuelta, la estrategia del binomio Quiroga – Velasco fue emparentar al PDC con el MAS, afirmando que Evo le dio su apoyo —para los candidatos de LIBRE, si un masista vota por ti, eres masista. A contramano y de forma efectiva, Lara y Paz asumieron un cambio discursivo para apropiarse del imaginario antielitista. Mientras Lara arremetía contra “los racistas y los logieros”, Paz enarbolaba la consigna de “un gobierno para las mayorías”, posicionando a su adversario Quiroga como la opción del racismo y las élites. Su estrategia funcionó gracias a la desconfianza de la población hacia las posiciones de ultraderecha.
El veto a la extrema derecha constituye un claro mensaje del pueblo boliviano que rechaza los ajustes del shock neoliberal.
Quiroga fue el gran perdedor de la gesta electoral. A pesar de mostrarse como el candidato tecno-derechista destinado a “poner orden” y freno a la “gastadera” y “robadera” del MAS, no fue suficiente para convencer al voto popular. Los episodios racistas y clasistas de su entorno (como los tweets de Velasco y los comentarios de su diputado electo Juan Carlos Velarde) lo alejaron todavía más de la posibilidad de repuntar las elecciones. Sin embargo, nada impide que la bancada y el think tank de la derecha neoliberal participen en los planes de gobierno de Paz.
Al terminar el balotaje, desde las redes sociales se emitieron todo tipo de comentarios de resentimiento racista y clasista que despreciaban el voto del campo popular. Ante la polémica y las críticas desatadas, la actual diputada por Comunidad Ciudadana Mayra Zalles pidió “comprensión” y evitar el odio para estas personas que “votan desde la emoción y desde el nivel de educación que tienen”. Tales afirmaciones, lejos de ser provocaciones aisladas, evidencian el retorno de un viejo orden simbólico en el que la voluntad popular debe ser tutelada por una “minoría ilustrada”.
Más allá del racismo y del utilitarismo de los políticos hacia las clases populares-rurales — vistas como una masa votante, incómoda pero necesaria —, el voto popular ha sido un acto de autodefensa. El veto a la extrema derecha constituye un claro mensaje del pueblo boliviano que rechaza los ajustes del shock neoliberal.
El ciclo del MAS, como gran mediador entre el Estado y la sociedad, llegó a su fin, dejando tras de sí un paisaje despolitizado y una ciudadanía desconfiada. El país regresa a la vieja democracia pactada, con escasa representatividad en el Estado y una mayor desconexión entre la política institucional y la vida cotidiana.
Crisis económica: ¿quién tiene el poder en Bolivia?
Bolivia inicia un nuevo ciclo político en medio de una economía fracturada. La informalidad laboral alcanza el 85 por ciento; el tipo de cambio del dólar se ha disparado y el déficit fiscal llegó en 2024 al 10,62 por ciento del PIB. La escasez de divisas para la importación de combustibles está asfixiando la economía, mientras los subsidios a los mismos se han convertido en una carga fiscal cada vez más insostenible. A estos problemas estructurales se suman graves conflictos socioambientales. Los incendios en el oriente y el Chaco boliviano, junto con la contaminación de los ríos provocada por la minería aurífera, representan una amenaza urgente, no solo por el daño ecológico que causan, sino también por los intereses económicos que se juegan en esos territorios.
La propuesta económica de Paz y Lara busca subsanar estos problemas con medidas de achicamiento y reestructuración del Estado, el establecimiento de un sistema de precios fluctuante del dólar, reformas graduales a los subsidios acompañadas de rebajas tributarias selectivas, créditos blandos para vivienda, la legalización de automóviles sin papeles, la apertura comercial para abaratar la tecnología y el sostenimiento de bonos sociales. En pocas palabras, se trata de una combinación de liberalismo y demagogia. Dejando de lado el proselitismo, es plausible que Paz siga dos grandes consensos de los candidatos de derecha: el del agronegocio financiero-exportador como salida a la crisis y el de la salida del Estado como actor predominante de la economía, a favor de la inversión privada.
Según el economista Jorge Viaña, durante los sucesivos gobiernos del MAS se fortalecieron tres grandes grupos de concentración de capital y, por tanto, de poder: la agroindustria, la minería del oro y la banca. Por ejemplo, en 2024 la banca obtuvo ganancias récord de 389 millones, la cifra más alta de las últimas dos décadas. Sin embargo, a pesar de las enormes ganancias que acumulan, su aporte al Estado mediante impuestos es escandalosamente bajo.
Por su parte, la agroindustria es cómplice de la quema y desmonte de los bosques bolivianos, convirtiendo al país en el primero de la región en pérdida de bosques nativos, por encima del Brasil. Además, existen fuertes acusaciones sobre la existencia de un triángulo perverso entre la adquisición de tierras, el fuego y las finanzas, donde la tierra se convierte en garantía bancaria para nuevos créditos. Con la misma voracidad ecocida, la minería del oro viene contaminando ríos y comunidades en el norte del país, pero las ganancias obtenidas —2.408 millones de dólares en 2023, con caída en 2024 a 667,6 millones debido a la crisis de combustibles y el contrabando— no se ven reflejadas en la economía nacional por los bajos impuestos de los que se beneficia el sector.
Sin embargo, existe otro factor de poder en Bolivia: las calles. La política de la protesta fue, durante décadas, una de las columnas vertebrales de la vida pública boliviana.
A pesar de esta realidad, estos grupos de poder se muestran como víctimas de la crisis y como parte central de su solución, justificando la toma de medidas y ajustes a su favor. El 25 de agosto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se reunió con diputados y senadores electos tras la primera vuelta con el objetivo de adelantar un “Pacto por la Democracia y la Gobernabilidad” donde los firmantes (incluyendo el PDC) se comprometen, por ejemplo, al “respeto y protección a la propiedad privada”, la elaboración de una Ley “anti bloqueo de carreteras” y el pleno acceso a biotecnología (transgénicos). Al mismo tiempo, una articulación denominada “Comité Multisectorial”, a la cabeza de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), empieza a exigir al nuevo gobierno cambios en las leyes para la exportación irrestricta y seguridad jurídica sobre la tierra. A pesar de que las cooperativas mineras del oro de La Paz se aliaron con Quiroga para la segunda vuelta, afirmando haber sido utilizadas estos 20 años “solo por temas doctrinarios e ideológicos”, este sector no pierde el tiempo y ya ha iniciado acercamientos con el PDC, prometiendo su apoyo y protección.
Como puede verse, los sectores con poder económico no son las principales víctimas de la crisis, más bien son parte integral del problema. Sin embargo, son ellos quienes ya empiezan a alistar mesas de negociación para defender sus intereses ante la nueva administración.
Sin embargo, existe otro factor de poder en Bolivia: las calles. La política de la protesta fue, durante décadas, una de las columnas vertebrales de la vida pública boliviana. En los años 1990 y los primeros años 2000, la movilización social fue el lenguaje político por excelencia: la calle funcionó como espacio para dirimir y disputar los asuntos públicos. Esa confluencia de demandas y exigencias derrumbó al neoliberalismo y abrió el ciclo progresista.
Pero el país que hoy enfrenta el nuevo gobierno ya no es el mismo. Catorce años de dependencia entre el Estado central y las organizaciones sociales desgastaron la autonomía de esas estructuras. En muchos casos, la cooptación, el clientelismo y la fragmentación debilitaron lo que antes había sido un tejido de resistencia. Aun así, la trama social rural y popular conserva una larga memoria de lucha y difícilmente aceptará pagar el costo de la crisis sin reaccionar. En 2010, cuando Morales intentó eliminar los subsidios a los combustibles —el llamado gasolinazo—, el país entero se levantó en cuestión de días. Anuncios de huelgas, bloqueos y marchas obligaron al gobierno a retroceder “obedeciendo al pueblo”.
La desaparición del MAS histórico deja un vacío que podría reactivar otras formas de organización y de conflicto. Con un gobierno de derechas decidido a aplicar medidas de austeridad y una sociedad exhausta por la crisis, las calles podrían volver a ser el espacio donde se definan las nuevas correlaciones de fuerza. Sin embargo, aún queda por saber si Paz tendrá capacidad negociadora o irá por la mano dura. Si cumple su palabra con la agroindustria, los bloqueos de carreteras quedarían criminalizados. ¿Serán las calles el escenario de donde nazcan nuevos imaginarios de lucha contra el neoliberalismo y, eventualmente, alternativas que puedan romper con el consenso neoliberal que ahora será parte del sentido común del gobierno?
Gabriel A. Rodríguez García es candidato a doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, México. Maestro en Ciencias Sociales por la misma institución y licenciado en Lingüística Aplicada por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Su campo de investigación actual es la conflictividad social, acciones colectivas y subjetividades.