“Estamos aquí para denunciar todos aquellos vacíos que se han encontrado en el decreto de Petro, generar presión y exigir un embargo total del carbón a Israel.” En un evento el 18 de julio dedicado a la promoción de un embargo militar y energético a Israel, Nassim Mohamad, miembro de la comunidad palestina de Colombia, fue directo al grano. Aunque el presidente colombiano Gustavo Petro se ha convertido en uno de los defensores más intrépidos de la causa palestina en todo el mundo, hasta ahora sus políticas no han logrado su objetivo de poner fin al apoyo material al genocidio de Israel.
Días antes, en la “Conferencia de emergencia para detener el genocidio de Gaza”, organizada por el Grupo de La Haya en Bogotá, Petro ofreció sus propias acciones como un modelo a seguir. Dirigiéndose a los delegados de más de 30 países reunidos para desafiar la impunidad israelí y defender el derecho internacional, Petro citó el Decreto 1047, una orden emitida por su administración en agosto de 2024 que buscaba detener la exportación de carbón colombiano a Israel.
Aunque Petro ha sido elogiado por el decreto, en el año desde su promulgación, han sido los activistas afiliados al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) de Colombia los que han tenido que presionar al gobierno para que aplique su propia ley. Lo que han descubierto, como deja claro la intervención de Nassim, ha sido decepcionante: desde la promulgación del decreto, al menos 30 barcos con más de un millón de toneladas de carbón colombiano han llegado a los puertos israelíes.
En las últimas semanas, Petro ha adoptado una postura más dura, llegando incluso a ordenar a la Armada Nacional que se asegure de que “ni una sola tonelada” de carbón colombiano llegue a Israel. Sin embargo, la capacidad de su administración para llevar a cabo esta medida puede ser limitada. De hecho, la brecha entre las declaraciones de Petro y su eficacia va más allá de las tensiones habituales entre la retórica y la acción del gobierno. Al igual que la Conferencia del Grupo de La Haya en general, la cuestión pone de manifiesto el limitado poder de los países del Sur Global para llevar a cabo políticas exteriores independientes y ejercer control sobre sus propios recursos. Aun así, el potente movimiento BDS de Colombia exige a su presidente que haga más, denunciando las deficiencias del decreto, presionando para que se apruebe una legislación más estricta y lanzando nuevas campañas para que el gobierno rinda cuentas.
Una conferencia en Bogotá
Formado en enero de 2025 bajo los auspicios de la Internacional Progresista, el Grupo de La Haya convocó su “Conferencia de Emergencia” mientras el número de muertos en Gaza —60.000— sigue aumentando. Presidido por Colombia y Sudáfrica, el Grupo de La Haya se ha convertido en un foro para el liderazgo multilateral del Sur Global ante la incapacidad de la comunidad internacional para detener el genocidio y la complicidad occidental en la campaña militar de Israel.
Repitiendo una advertencia que había lanzado hace casi dos años, calificó la violencia de Israel como un anticipo de lo que las naciones ricas pueden hacer a quienes se atreven a rebelarse.
En el período previo a la reunión en Bogotá, Petro hizo un llamado a los países para que actuaran como “protagonistas juntos” en lugar de “suplicantes por separado”. Repitiendo una advertencia que había lanzado hace casi dos años, calificó la violencia de Israel como un anticipo de lo que las naciones ricas pueden hacer a quienes se atreven a rebelarse.
La conferencia de dos días celebrada del 15 al 16 de julio en Bogotá dio como resultado un plan de acción de seis puntos firmado por 12 gobiernos participantes. Este incluye compromisos para bloquear la transferencia de armas a Israel, denegar el acceso a los puertos a barcos que se sospechan de transportar armas y evitar el uso de buques con bandera propia para transferir armas. También se comprometieron a revisar los contratos públicos para garantizar que ningún fondo estatal apoye la ocupación ilegal de Israel, garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves según el derecho internacional y apoyar los mandatos de jurisdicción universal que permitirían enjuiciar a los funcionarios israelíes por sus delitos fuera de Israel. Si bien el nivel de coordinación supuso un avance diplomático, los signatarios representaban menos de la mitad de los 32 países participantes, así como algunas de las economías menos poderosas de la cumbre.
Una lucha por la soberanía
Fuera de los círculos de poder, los activistas colombianos del BDS celebraron una semana de eventos paralelos en bares y sedes sindicales que, aunque apoyaban los esfuerzos del Grupo de La Haya, repetían una y otra vez el mismo mensaje: aún queda mucho por hacer. En un evento titulado “Embargo militar y energético a Israel”, los panelistas hicieron hincapié en que las declaraciones del Grupo de La Haya solo tendrían impacto si se aplicaran plenamente, lo cual es una tarea difícil dada la reciente experiencia con los vacíos jurídicos en la prohibición del carbón de Petro. Maren Mantovani, miembro del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino de BDS y especialista en América Latina, destacó que estos esfuerzos forman parte de una lucha más amplia. “Colombia, como Estado, tiene que luchar por la soberanía sobre sus propios recursos y sobre dónde van y dónde no van”, dijo, situando la prohibición del carbón en el contexto de la autonomía económica y política.
Un tema recurrente fue el poder de las empresas multinacionales como Glencore y Drummond, dos compañías mineras que Petro ha señalado por desafiar su prohibición. Ambas empresas han seguido exportando carbón a Israel desde que se dictó la prohibición, pero afirman que lo hacen de forma legal y con el conocimiento del gobierno, citando las excepciones recogidas en el decreto. Para subsanar estas lagunas, el gobierno anunció el 29 de julio una modificación del Decreto 1047, cuyo objetivo es garantizar que la prohibición de las exportaciones de carbón se aplique “sin excepción”.
El gobierno de Petro se ha visto parcialmente paralizado debido al tratado de libre comercio (TLC) del país con Israel, que entró en vigor en 2020. El acuerdo, que provocó un enorme auge en el comercio entre ambos países, ha resurgido como un punto álgido en las últimas semanas, ya que Petro ordenó a la Armada bloquear los envíos de carbón a Israel y amenazó con modificar unilateralmente las concesiones del país a estas empresas. Los críticos de la medida de Petro han planteado la posibilidad de represalias legales, argumentando que sus acciones violan el TLC.
Mantovani rechazó ese argumento. “La excusa de que no podemos dejar de exportar carbón debido al acuerdo comercial con Israel es una tontería”, afirmó durante el evento. “Existen leyes internacionales que dejan claro que hay obligaciones ante el genocidio. Teniendo esto en cuenta, estos acuerdos no son válidos”. Petro ha reforzado esa postura en las últimas semanas. Durante un discurso en una conferencia dedicada a la financiación de la transición energética de la región, argumentó que los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio contienen un lenguaje que invalida todos los tratados firmados con un país que infringe el derecho internacional.
Rompiendo los lazos militares con Israel
Todas estas cuestiones se debatieron intensamente en el evento culminante de la semana, la Asamblea BDS celebrada en la sede de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). Coincidiendo con el 20º aniversario del movimiento global BDS, el evento reunió a miembros sindicales y organizadores solidarios con Palestina para debatir el estado de las campañas del movimiento y formular estrategias para el futuro en sesiones de grupos. Entre los objetivos actuales se encuentran la empresa tecnológica estadounidense Hewlett-Packard, que suministra infraestructura digital a la ocupación israelí, y Drummond y Glencore, cuyas operaciones de extracción de carbón en el norte de Colombia siguen suministrando combustible a Israel para la guerra a pesar del embargo.
Además de poner de manifiesto las deficiencias del embargo del carbón, el movimiento BDS colombiano ha pedido al Gobierno que rompa por completo los lazos militares con las empresas israelíes.
Además de poner de manifiesto las deficiencias del embargo del carbón, el movimiento BDS colombiano ha pedido al Gobierno que rompa por completo los lazos militares con las empresas israelíes. El 1 de marzo de 2024, Petro anunció que Colombia suspendía todas las compras de armas a Israel. Sin embargo, desentrañar la larga relación militar entre ambos países ha sido más complejo que promulgar un decreto y buscar nuevos proveedores.
Las Fuerzas Militares de Colombia dependen de equipos israelíes que van desde armas de servicio hasta aviones de combate y drones, los cuales requieren mantenimiento y repuestos de empresas israelíes. En diciembre de 2024, Colombia firmó un acuerdo de 7 millones de dólares con Israel Aerospace Industries Ltd. para el mantenimiento de su flota de aviones Kfir. El grupo antimilitarista Tadamun Antimili ha pedido la cancelación de este contrato, junto con un acuerdo de 131 millones de dólares firmado en 2022 para el sistema de defensa aérea Barak MX, cuya entrega está prevista para 2026.
Colombia también mantiene contratos con la empresa israelí de tecnología militar Elbit Systems, blanco habitual de las campañas internacionales de BDS. Un mes después del anuncio de Petro sobre la suspensión de las armas, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia renovó un contrato de 200 millones de dólares con Elbit para el mantenimiento del sistema de vigilancia Target 360. Mientras tanto, el Gobierno tiene un pedido pendiente de 18 obuses ATMOS comprados a Elbit por 102 millones de dólares en abril de 2023, cuya entrega está prevista para los próximos ocho años.
Igual al intento de Petro de prohibir el carbón, la situación de estos contratos de armas con empresas israelíes pone de relieve los imperativos contrapuestos del derecho internacional y el derecho mercantil. Si bien los Estados están obligados por el derecho internacional a dejar de apoyar a los regímenes genocidas —un principio que se refleja en el compromiso del Grupo de La Haya de revisar los contratos públicos—, la adopción de medidas más amplias para romper los lazos comerciales con Israel podría dejar a países como Colombia expuestos a demandas ante tribunales internacionales de inversión.
Resistencia al genocidio en Colombia y Palestina
A lo largo de la semana, los panelistas enfatizaron el papel fundamental de los sindicatos en responsabilizar a Israel por su genocidio. Como era de esperar, muchos de los actos de la semana se celebraron en las sedes de los poderosos sindicatos colombianos.
Los asistentes sintieron de cerca la conexión entre el movimiento sindical y el genocidio de Israel. “En las salas de uno de los sindicatos más antiguos del país, hablemos también del genocidio contra los sindicalistas”, dijo un miembro del influyente sindicato de trabajadores petroleros de Colombia, que organizó uno de los paneles. La violencia contra los sindicalistas colombianos, como mencionaron con frecuencia los asistentes, fue facilitada por mercenarios israelíes en las décadas de 1980 y 1990. “Este espacio siempre estará abierto a eventos como este”, añadió.
En la Asamblea del BDS, representantes de la ADE, el sindicato de docentes que organizó el evento, anunciaron su declaración del sindicato como “Espacio Libre de Apartheid” —una campaña clave del movimiento BDS— y hablaron de cómo su propio trabajo como educadores les obliga a oponerse al genocidio en Palestina.
“Nosotros, como docentes, no aceptamos la neutralidad”, afirmó un representante de la junta directiva del sindicato. Otro docente recordó cómo su sindicato había recibido una llamada telefónica de sindicatos palestinos expresando su solidaridad con la huelga masiva de docentes de Colombia en 2017.
Los sindicatos colombianos han desempeñado un papel fundamental en la movilización de la solidaridad con Palestina desde el inicio de la guerra. Ya en noviembre de 2023, el sindicato de trabajadores del carbón de Colombia, SINTRACARBÓN, pidió el fin de las exportaciones de carbón a Israel como una respuesta a los llamados de los sindicatos palestinos. La federación sindical de Colombia más grande, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se ha mantenido firme en su expresión de solidaridad con Palestina, pidiendo que se eduque a sus trabajadores sobre el tema y animando a sus miembros a llevar banderas palestinas en las manifestaciones sindicales. En las últimas semanas, los trabajadores del carbón han vuelto a dar un paso al frente, advirtiendo al Gobierno de que se está incumpliendo la prohibición de exportar carbón.
La solidaridad con Palestina también ha tenido un gran impacto en los movimientos indígenas y afrocolombianos de Colombia. Esto se debe a que el carbón extraído de sus territorios —el mismo carbón que alimenta las fuerzas militares de Israel— ha devorado sus bosques, envenenado sus aguas y amenazado su supervivencia. En sus propias campañas contra Glencore, la empresa suiza propietaria de la mina Cerrejón y otros yacimientos extractivos en Colombia, las comunidades indígenas han argumentado que la destrucción de sus tierras constituye un genocidio. En 2009, un tribunal colombiano argumentó que un grupo indígena que vivía cerca de las explotaciones mineras de carbón corría el riesgo de extinción debido a la contaminación de sus tierras.
Colombia a la vanguardia
El compromiso inquebrantable de las comunidades indígenas y los sindicatos de Colombia con la causa palestina ha comenzado a recibir la atención que merece por parte del presidente. Mientras Petro ha luchado para garantizar que “ni una sola tonelada” de carbón colombiano llegue a Israel, ha recurrido a la sociedad civil colombiana en busca de apoyo. Cuando los trabajadores del carbón de La Guajira alertaron a las autoridades de que un barco cargado de carbón se dirigía a Israel, Petro respondió convocando reuniones con los sindicatos del carbón y los grupos indígenas de la región para supervisar y hacer cumplir la prohibición. Incluso fue un paso más allá: instó a los wayuu a bloquear las operaciones de la mina Cerrejón si persistían las exportaciones a Israel.
Esta colaboración entre sindicatos, grupos indígenas y movimientos sociales progresistas en Colombia ofrece al mundo un ejemplo atractivo de cómo un país del Sur Global puede intentar responsabilizar a un país más poderoso por sus crímenes. Al mismo tiempo, los límites de esa lucha son igualmente instructivos, ya que ponen de manifiesto cómo las jerarquías imperiales y la inercia institucional están arraigadas en los marcos jurídicos internacionales, los acuerdos comerciales e incluso el derecho humanitario.
La posición firme de Petro sobre esta cuestión lo ha posicionado como uno de los principales defensores de la causa palestina, la soberanía del Sur Global y la supervivencia del multilateralismo mismo.
Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que, en palabras de Mantovani, Israel no tenga “combustible para sus máquinas de guerra”.
Abigail Kret es una artista y escritora que vive en Colombia y cuyo trabajo se centra en la historia de los movimientos de izquierda de finales del siglo XX.
Gabe Levine-Drizin es editor web de NACLA y estudiante de doctorado en Historia en la Universidad de Nueva York, donde estudia la reforma agraria colombiana y las ocupaciones de tierras en los años sesenta y setenta.