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El 22 de julio, casi un mes después del doble terremoto que estremeció el norte de Venezuela, un contingente de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), miembros de organizaciones no gubernamentales israelíes y personal diplomático, una treintena de personas, terminó su misión de ayuda en el país, enviada tras el desastre que dejó más de 6,100 personas fallecidas y miles más desaparecidas. Su misión les valió elogios públicos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de la presidenta de facto venezolana, Delcy Rodríguez.
Ambos gobiernos presentaron la misión como un paso para restablecer las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2009. La misión también fue instrumentalizada para generar propaganda humanitaria a favor del Estado israelí, de cara a un creciente repudio internacional y procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio y crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Este acercamiento diplomático tiene precedentes, pues la relación del liderazgo chavista con Israel ha sido más contradictoria de como se le suele presentar. La tentativa de normalización también debe ubicarse en el marco del alineamiento de Delcy Rodrìguez, tras la intervención militar estadounidense, con los objetivos políticos del gobierno de Trump.
La ayuda humanitaria como herramienta de blanqueo
Las fuerzas armadas, ONGs y empresas israelíes tienen una larga trayectoria en el uso de la ayuda humanitaria durante emergencias para procurar legitimación internacional en la región. Las FDI y el Foro Israelí para la Ayuda Internacional (IsrAID) se han desplegado tras terremotos en México y Haití, tras el mortìfero colapso de una presa en Brasil en 2019 y otros desastres.
Ahora, en el contexto de un genocidio, este esfuerzo de relaciones públicas se ha acelerado al máximo.
Las fuerzas armadas, ONGs y empresas israelíes tienen una larga trayectoria en el uso de la ayuda humanitaria durante emergencias para procurar legitimación internacional en la región.
Es destacable la participación de la organización ZAKA. Fundada en la década de 1990 por Yehuda Meshi-Zahav, un ex miembro de la organización terrorista ultraortodoxa Keshet, ZAKA se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, abusos, así como por sus mentiras al servicio de la propaganda oficial, ampliamente refutadas, sobre decapitaciones de bebés, violaciones masivas y el uso de hornos durante las acciones militares de las facciones de la resistencia palestina el 7 de octubre de 2023, propaganda que sirvió a la actual campaña de tierra arrasada de Israel en Gaza.
Una delegación de ZAKA llegó a Venezuela el 29 de junio. Su director para América Latina, Yosef Garmon, había publicado previamente un video en español desde las ruinas de Gaza en el que invocaba el apoyo de los sionistas cristianos, alegando que las guerras de agresión de Israel benefician a los cristianos perseguidos. En Caracas, Garmon pronunció un discurso religioso sobre «el pueblo elegido» en la Universidad Central de Venezuela, donde organizaciones estudiantiles de derecha habían instalado una carpa con la bandera israelí.
Garmon declaró a la prensa israelí que un sobreviviente del terremoto le pidió que realizara ritos religiosos sobre el cuerpo de su madre y que el mismo hombre describió a la misión israelí como la que trajo «más luz y esperanza», a pesar de contar con menos personal y menos equipo que las de otros países.
Empresas israelíes también aprovecharon la situación para lavar su imagen. Tal es el caso de XTEND, cuyos drones se desplegaron en La Guaira en julio; drones de esta misma empresa se han utilizado ampliamente en la campaña militar en Gaza.
“Reconstruyendo ruinas y relaciones”
Desde el principio, la misión de ayuda ha sido presentada como un paso hacia el restablecimiento de las relaciones entre los dos países.
Aunque los medios estatales venezolanos y la prensa israelí informaron que la delegación israelí se dedicó a evaluar los daños a la infraestructura, los esfuerzos diplomáticos y de relaciones públicas ocuparon un lugar central. “Sobre los países con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas (…) aspiro a que esto abra nuevos caminos y puertas, como se lo he dicho a muchos de los gobernantes con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas”, reafirmó Delcy Rodríguez en una conferencia de prensa el 2 de julio. Miembros de la delegación israelí atribuyeron al actual ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plascencia, haberles asegurado que las relaciones diplomáticas efectivamente se restablecerían.
En una videollamada el 9 de julio con el jefe de la delegación israelí, el general de brigada Elad Edri, del Comando del Frente Interno de las FDI, y el embajador designado para México, Yoed Magen, Netanyahu elogió los logros de la misión que llegó a Venezuela el 1 de julio. “Están reconstruyendo ruinas y relaciones. Le están mostrando al pueblo de Venezuela, y también al gobierno, el verdadero rostro del Estado de Israel (…) están demostrando lo bueno que es tener relaciones con Israel”, dijo Netanyahu, haciendo hincapié en la importancia del “frente diplomático” y “el vínculo humano entre las naciones”.
Medios israelíes informaron que, a petición del gobierno venezolano, el personal militar israelí prolongó su presencia en el país y preparó un plan de reconstrucción nacional.
La complicada relación del chavismo con Israel
Mientras que la relación de la derecha venezolana con Israel es bastante obvia, dado que el partido de María Corina Machado firmó un acuerdo de cooperación con el partido Likud de Netanyahu en 2020 y ella ha prometido abrir una embajada venezolana en la Jerusalén ocupada si llega al poder, el chavismo tiene una relación más complicada con Israel. Las relaciones diplomáticas se rompieron en enero de 2009, cuando el entonces presidente Chávez condenó la “Operación Plomo Fundido“, que Israel lanzó contra Gaza, dando muerte a más de 1,400 palestinos. Chávez cerró la embajada israelí en Caracas, expulsó a sus diplomáticos y, tres meses después, reconoció a la Autoridad Nacional Palestina.
Bajo el mandato del ex presidente Nicolás Maduro, la relación fue más pragmática de lo que parecía.
Bajo el mandato del ex presidente Nicolás Maduro, la relación fue más pragmática de lo que parecía.
En 2021, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar alardearon de haber adquirido un equipo de espionaje para telefonía celular UFED, provisto por la empresa israelí Cellebrite. Altos funcionarios del gobierno también mantenían vínculos de negocios con empresarios de la comunidad israelí-venezolana. Ya en 2011, un cable interno del Departamento de Estado de EE. UU. publicado por Wikileaks identificó a Isaac Sultán Cohen como un supuesto testaferro de Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda y actualmente ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El grupo empresarial Binian —cuya junta directiva incluye a personas que también han ocupado puestos de liderazgo en la Asociación Israelita de Venezuela (AIV)— también habría estado vinculado a empresarios relacionados con el gobierno en importantes proyectos de infraestructura en Caracas.
Isaac Cohen, rabino principal de la AIV, fue condecorado por Maduro en 2018. Recientemente, la presidenta interina Delcy Rodríguez le agradeció por su mediación con el gobierno de Netanyahu, que dio lugar al despliegue de la misión israelí tras los terremotos. Ya se habían cruzado antes; en 2017, Cohen declaró públicamente que Rodríguez, entonces canciller, le había expresado su intención de “establecer relaciones plenas con el Estado de Israel“.
Pocos días después del ataque del 3 de enero, Nicolás Maduro Guerra, llamó a restablecer relaciones diplomáticas con Israel. Maduro Guerra, hijo del ex gobernante, además de miembro de la Asamblea Nacional, es vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, y ha desarrollado vínculos con las iglesias protestantes que militan un sionismo cristiano.
La subordinación política a EE. UU.
Estos gestos de acercamiento del gobierno venezolano se intercalaron con críticas, especialmente tras el inicio de la campaña genocida israelí en Gaza en 2023. Lo decisivo en este último acercamiento es un realineamiento más amplio con EE. UU. y su política exterior.
Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero, en el que las fuerzas invasoras mataron a 82 personas y secuestraron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Aunque Rodríguez afirmó que la operación tenía un «tinte sionista» en su primer discurso público tras el ataque, rápidamente cambió de tono.
En las semanas siguientes, el gobierno venezolano restableció las relaciones diplomáticas con EE. UU. —interrumpidas desde 2019— y recibió visitas de varios funcionarios de alto nivel, entre ellos, el director de la CIA, John Ratcliffe; el jefe del Comando Sur, Francis Donovan; y el secretario de Energía, Chris Wright. Como resultado de estas visitas, y a petición del gobierno de Trump, las leyes de hidrocarburos y minería se reformaron rápidamente, sin discusión pública, para adaptarse mejor a los intereses de las empresas estadounidenses. Venezuela incluso cedió a EE. UU. la comercialización de sus exportaciones de petróleo, que han generado aproximadamente 13 mil millones de dólares este año.
El acercamiento entre ambos países y la ostentosa presencia militar Israelí en Venezuela generaron indignación entre los movimientos sociales y de solidaridad con Palestina.
En los últimos meses, Delcy Rodríguez incluso autorizó un ejercicio de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Caracas y un ataque aéreo estadounidense en territorio venezolano contra un supuesto líder de una banda criminal.
Esta sumisión a los objetivos políticos de Trump también es evidente en materia de política exterior. Se suspendieron los envíos de petróleo a Cuba, que durante mucho tiempo mantuvieron a la isla a flote, y, por primera vez desde mediados de 2020, se envió petróleo venezolano a Israel. El nuevo gobierno también ha dejado de lado casi totalmente su retórica antiimperialista. Cuando EE. UU. e Israel atacaron a Irán en febrero, los representantes del gobierno respondieron inicialmente con una declaración ambigua en la que lamentaban que se hubiera adoptado una «vía militar», aunque la borraron al poco tiempo. Delcy Rodríguez también criticó la respuesta de Irán, su antiguo aliado, y expresó su solidaridad con Catar, donde una base estadounidense fue blanco de un ataque.
El gobierno venezolano incluso se sumó a la campaña de EE. UU. contra la CPI, anunciando su decisión de retirarse del Estatuto de Roma el 24 de julio de este año. Esta campaña se inició en respuesta a las órdenes de aprehensión emitidas por la CPI contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024, por crímenes de guerra en Gaza , incluyendo el uso del hambre como método de guerra y los ataques intencionales contra la población civil, entre otros crímenes. El gobierno de EE. UU. intensificó sus amenazas contra la CPI e instó a otros gobiernos a retirarse de ella. Aunque Delcy Rodríguez justificó la retirada aludiendo a la persecución desproporcionada de la CPI contra países africanos y latinoamericanos, el momento del anuncio no pasó desapercibido y el Departamento de Estado aplaudió la “colaboración del gobierno venezolano en los esfuerzos liderados por EE. UU. para desmantelar la corrupta e inútil CPI”.
Protestas contra la normalización
El acercamiento entre ambos países y la ostentosa presencia militar Israelí en Venezuela generaron indignación entre los movimientos sociales y de solidaridad con Palestina.
La periodista palestino-venezolana Dima Khatib llamó la atención sobre el historial de algunos delegados, como el militar uruguayo-israelí Roni Kaplan, portavoz de las FDI para los países de habla hispana. El 29 de mayo, fue denunciado penalmente en Uruguay por organizaciones sociales que solicitaron una investigación en su contra por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Las organizaciones de la oposición de izquierda venezolana, agrupadas en el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, también criticaron la presencia israelí en una declaración, señalando que sus funciones, al igual que las de los militares estadounidenses, iban más allá de la respuesta inmediata al desastre. El Partido Socialismo y Libertad declaró que «un Estado que ataca a quienes rescatan vidas en Palestina y ejecuta el genocidio del pueblo palestino, no puede presentarse como salvador en Venezuela».
Muchos de estos ataques, como han señalado sus críticos, se han dirigido deliberadamente contra los trabajadores humanitarios. Según cifras publicadas por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, entre octubre de 2023 y julio de 2026, el ejército israelí mató a 595 trabajadores humanitarios palestinos, a 145 miembros de la Defensa Civil durante operaciones de rescate y a más de 1.700 trabajadores de la salud en Gaza. En una de las masacres más atroces, las FDI mataron a quince trabajadores humanitarios palestinos el 23 de marzo de 2025 en Tel al-Sultan.
El 25 de julio, chavistas disidentes protestaron en la Plaza Bolívar de Caracas contra la presencia militar estadounidense e israelí. El portavoz militar Kaplan se refirió a este tipo de críticas, describiéndolas como la retórica de «extremistas de extrema izquierda (…) que emplean la narrativa del radicalismo islámico de estilo yihadista».
El camino de la subordinación trazado por Delcy Rodríguez será difícil de alterar: es el eje de su estrategia para mantenerse en el poder. Así, en medio de las ruinas de La Guaira, que inevitablemente nos recuerdan las ruinas de Gaza, parece emerger una nueva relación entre el gobierno títere de Delcy Rodríguez y el régimen genocida de Netanyahu.
Simón Rodríguez es un periodista e investigador independiente en la República Dominicana.