Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2026 de nuestra revista trimestral la NACLA Report.
“Por aquí ya no vienen migrantes que quieran llegar a los Estados Unidos, el cruce por la selva se acabó”, nos cuenta doña Jacinta, residente de Necoclí, municipio costero del departamento de Antioquia, Colombia. “Quienes llegan son los devueltos, pero en Necoclí no se quedan, se van derecho. No sé si a otros lugares en Colombia o a otros países, pero aquí ya no están. Todo ha cambiado.” Doña Jacinta es copropietaria de uno de los tantos hoteles que proliferaron hace algunos años para atender la masiva presencia migrante. Con estas palabras nos describía, en julio de 2025, cómo la dinámica del cruce por la selva del Darién hacia Estados Unidos se transformó abruptamente.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no solo ha tenido consecuencias brutales en su país, sino también en el ámbito externo, incluido un giro radical en las dinámicas de movilidad y control en los corredores migratorios del continente.
Los cambios se sienten en el corredor Región Andina–Centroamérica, especialmente en la frontera entre Colombia y Panamá en las regiones de Urabá y el Darién, donde Necoclí ha desempeñado un papel clave. Este territorio, conector de flujos poblacionales y comerciales desde tiempos precoloniales, se convirtió durante la segunda década del siglo XXI en uno de los principales cruces irregularizados hacia el norte del continente.
Entre 2010 y 2019, unos 109.203 migrantes de más de 70 países del Caribe, Sudamérica, África, Asia y Europa del Este atravesaron el Darién. Para 2023, esa cifra alcanzó un récord de más de 520.000 personas. Tan solo un año después inició el declive: en 2024 transitaron 302.203 personas. Para junio de 2025, tras el regreso de Trump, el desplome fue total: hasta el mes de noviembre solo se habían registrado 29 cruces de sur a norte, según las últimas estadísticas panameñas.
Como advirtió doña Jacinta, los cruces por la selva parecerían haber cesado. En cambio, aumenta —aunque lentamente— los tránsitos de regreso a Sudamérica. Entre febrero y agosto de este año, unas 14.000 personas —2.333 al mes; 77 por día— recorrieron esa ruta. A ellas, doña Jacinta y otros actores locales las llama “los devueltos”.
¿Cómo ha transformado la arremetida antimigrante de la administración de Trump los tránsitos desde el sur hacia Norteamérica por el Darién? ¿Cómo se han reconfigurado las trayectorias y subjetividades migrantes? ¿Cómo se reacomodan los habitantes de la frontera entre Colombia y Panamá a estas circulaciones de regreso al sur? A partir de una inmersión etnográfica multisituada en localidades costeras del Caribe panameño y colombiano, mostramos cómo estas movilidades rearticulan relaciones sociales, economías locales y dispositivos de control fronterizo a lo largo del corredor migratorio Región Andina–Centroamérica. Como estrategia de protección de nuestras y nuestros interlocutores, todos los nombres que figuran en este escrito son seudónimos.
La exacerbación anti-migrante
El declive de los tránsitos por el Darién desde 2024 responde a una convergencia geopolítica regional. Al giro de la administración de Joe Biden hacia medidas cada vez más restrictivas en la frontera sur se sumó la agenda del presidente panameño José Raúl Mulino; una de cuyas primeras acciones (más que todo simbólica), una vez electo en mayo de 2024, fue “alambrar la entrada a la selva”. Esta tendencia se profundizó en 2025 con el regreso de Trump, quien buscó asegurar “aliados” regionales mediante presiones económicas y políticas. En ese marco, Panamá aceptó recibir personas deportados desde Estados Unidos y reforzar su política de contención, accediendo a sostener programas de detención y expulsión de quienes ingresaran a su territorio sin autorización.
Entre las estrategias inauguradas durante la era Trump 2.0 se encuentra la extraterritorialización de la deportación: la expulsión de migrantes a terceros países —incluyendo a Panamá— como parte de un dispositivo de control regionalizado. Paralelamente, se ha espectacularizado la detención de migrantes: los medios han puesto a circular imágenes de migrantes “cazados” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), filmado en vivo por el gobierno. Cientos de ellos han sido enviados a la base de Guantánamo o a prisiones de máxima seguridad en El Salvador, consolidando un régimen punitivo transnacional.
La producción del miedo opera como una tecnología de control que intensifica la deportabilidad, racializa la presencia migrante y empuja retornos forzados hacia Sudamérica a través de corredores migratorios marcados por la precariedad, las esperas prolongadas y múltiples formas de violencia.
Esta política, abiertamente racista, ha difundido el miedo en las comunidades migrantes. Gladys, una mujer venezolana de 41 años a quien conocimos en el albergue para migrantes en Capurganá, lo expresa con claridad: “Estábamos bien con mi esposo. Yo trabajaba limpiando oficinas y mi esposo como barbero. Llegó Trump y todo cambió.” Ambos decidieron retornar a Venezuela desde Nueva York. “Vivíamos aterrorizados: encontrar a ICE en la calle, que nos detengan, nos encarcelen y sobre todo que envíen a mi esposo al infierno de El Salvador. No, no, es demasiado lo que se vive en ese país”, relató. “Están en contra de nosotros, los migrantes. Por eso nosotros decidimos irnos como vivimos: caminando de regreso a Venezuela”.
Su testimonio no es excepcional; por el contrario, condensa una experiencia compartida. La producción del miedo opera como una tecnología de control que intensifica la deportabilidad, racializa la presencia migrante y empuja retornos forzados hacia Sudamérica a través de corredores migratorios marcados por la precariedad, las esperas prolongadas y múltiples formas de violencia. En este contexto de terror migrante, además, la frontera entre México y Estados Unidos ha sido aún más militarizada; el programa CBP One —una plataforma digital del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza lanzada en octubre de 2020 para permitir a solicitantes de asilo programar citas desde México y Centroamérica— ha sido cancelado y, en la práctica, el derecho al asilo ha sido cancelado. Todo ello ha generado reverberaciones inmediatas a miles de kilómetros al sur, especialmente en nodos globales del tránsito como la frontera Colombia–Panamá.
“Nunca pensamos que los migrantes dejarían de venir”
Como efecto de esta reconfiguración política, entre los habitantes de Necoclí se comentaba que la “bonanza migrante” había cesado abruptamente. “Nunca pensamos que los migrantes dejarían de venir. ¡Si todos querían irse a EE.UU.! Desde 2020, recibimos miles y miles de extranjeros, y todos nos beneficiamos”, nos dijo Kevin, quien trabajaba enviando dinero y enganchando migrantes para la ruta marítima y de la selva. Como él, otros actores recordaban la magnitud del fenómeno. “Hubo un momento en que la población se duplicó, todo por el boom migrante”, señaló Teresa, lideresa comunitaria, empresaria hotelera y excandidata a la alcaldía.
Ese “boom” tuvo impactos económicos súbitos. Entre el 2021 y el 2024, abrieron hostales, casas-hotel y hoteles como el de Doña Jacinta; proliferaron restaurantes, panaderías y pequeños comercios. Las aceras se llenaron de ventas de “kits para cruzar la selva” —botas de caucho o Crocs, mochilas, fundas impermeables, repelente, linternas y pequeños calentadores— mientras dólares y euros circulaban en el pueblo.
En las calles se escuchaban inglés, árabe, chino, hindi, créole, portugués y múltiples acentos latinoamericanos. La demanda para adentrarse en la selva, rumbo a Estados Unidos, fue tan alta que se construyó un segundo muelle y las compañías lancheras ampliaron su flota para cubrir la ruta hasta Capurganá, puerta de entrada al Darién. El negocio era tan rentable que, según habitantes locales, “La Empresa” —como se conoce al Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país— tomó el control y organizó el cruce migrante, obteniendo réditos incalculables. Paralelamente, creció la presencia humanitaria. Las primeras en brindar asistencia fueron organizaciones locales como la Pastoral Social de Apartadó, financiada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entre 2019 y 2020. La llegada de agencias internacionales se intensificó, hasta que el municipio llegó a albergar más de 28 entidades dedicadas a atender las masivas oleadas de migrantes.
Desmontes, persistencias y novedades
Para julio de 2025, las calles de Necoclí se habían vaciado. El malecón, antes campamento improvisado para miles de migrantes, ahora está silencioso, apenas ocupado por turistas locales. Los “kits de la selva” quedaron almacenados sin compradores. Los hoteleros reportan habitaciones vacías; ya no circulan dólares ni euros, solo pesos colombianos. Lancheros, buseros y taxistas, que antes multiplicaban sus ganancias, han reducido drásticamente sus viajes y dependen nuevamente de turistas nacionales y algunos extranjeros.
“Porque llegó Trump… ya nadie cruza la selva; ahora la gente se regresa por mar. El negocio se acabó y nos toca buscarnos qué hacer”, nos dijo un habitante de Capurganá que trabajaba moviendo migrantes. Con el desplome de la “bonanza migrante”, cientos de habitantes de Capurganá, Necoclí y otras localidades de Urabá y el Darién han vuelto a actividades como la pesca, la agricultura, el comercio y el turismo local. Otros han sido empujados hacia economías ilícitas —incluyendo el tráfico de drogas, el contrabando y la trata de personas— como las que controla el Clan del Golfo para sostenerse.
Para julio de 2025, las calles de Necoclí se habían vaciado. El malecón, antes campamento improvisado para miles de migrantes, ahora está silencioso, apenas ocupado por turistas locales.
Lo mismo ha ocurrido con varias personas empleadas en organizaciones humanitarias, muchas de las cuales suspendieron sus operaciones. Esto se debió, en parte, a la eliminación de fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), que debilitó la arquitectura humanitaria regional—otra medida de la era Trump 2.0 como parte de su giro político-ideológico que cuestiona el multilateralismo y el humanitarismo como pilares de la política exterior de Estados Unidos, privilegiando enfoques de seguridad, control migratorio y contención. A ello se sumó el abrupto decrecimiento de los tránsitos al norte, que había justificado la presencia de estas organizaciones en la zona. Esta contracción evidencia la fragilidad estructural de la ayuda humanitaria, dependiente de agendas y financiamientos externos, y muestra cómo las oscilaciones políticas del norte global reconfiguran de forma súbita las posibilidades de supervivencia en los espacios de tránsito del sur.
En esta nueva realidad, persisten dos dinámicas. Una es la circulación a cuentagotas de migrantes procedentes de China y del sur de Asia, que insisten en avanzar hacia el norte por rutas cada vez más costosas a través del Caribe colombiano. La otra, más visible, es el movimiento de regreso hacia el sur. Si bien habitantes de Necoclí recuerdan que incluso durante la “bonanza” siempre hubo personas que, en medio de su trayecto hacia Estados Unidos, decidían regresar o quedarse para “probar suerte” allí, lo decisivo en 2025 ha sido la abrupta contracción del cruce al norte y sus profundos efectos económicos y sociales sobre los territorios que antes sostenían —y eran sostenidos por— el tránsito migrante.
Infraestructuras Fantasmagóricas
En los municipios y corregimientos del Darién panameño, la política de “mano dura” impulsado por los Estados Unidos y Panamá frenó los tránsitos irregularizados por Bajo Chiquito, Lajas Blancas y Metetí, así como las travesías en piragua por el río Chucunaque. “Como ya no vienen migrantes, dejamos de vender y regresamos a la agricultura”, señaló el cacique de la comarca Emberá-Wounaan de Lajas Blancas, con quien pudimos dialogar. Según este líder, hasta finales del 2024 miembros de su comunidad ofrecían comida, bebida y transporte en piragua alrededor de la Estación de Recepción Temporal Migratoria (ERTM) de Lajas Blancas, construida por el gobierno panameño en 2020. El cese abrupto de llegadas desmanteló los quioscos, canceló la ruta fluvial, devolvió a muchas familias a la agricultura y llevó a que varios jóvenes que trabajaban allí retomaran sus estudios.
La reducción del 99 por ciento en el arribo de migrantes a esta estación —según datos de Migración Panamá— también precipitó la retirada de la cooperación internacional. Como en Necoclí, la salida de USAID selló la disolución del entramado humanitario: al desmontarse las carpas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACNUR y la Cruz Roja quedó un vacío tanto físico como social. Los terrenos de la Estación de Recepción Temporal, antes marcados por un intenso dinamismo social, cultural y económico, hoy lucen desiertos, casi fantasmagóricos. Apenas dos años atrás recibían a más de 3.000 migrantes diarios: adultos y menores de edad provenientes de Sudamérica, África, el Caribe y Asia convivían por días en un babel de lenguas, economías informales y esperas.
El silencio narra lo ocurrido: restos de lonas blancas, baños portátiles y andamios de antiguas barracas persisten como infraestructuras espectrales. Este terreno revela cómo la transformación física opera como metáfora de la transformación geopolítica del presente.
Los que regresan
“Los devueltos”, como decía doña Jacinta, son adultos y menores de edad que viajan en familia, en pareja o solos. Van en esa ruta colombianos, ecuatorianos y, en su mayoría, venezolanos. En nuestra inmersión etnográfica durante el mes de julio de 2025, solo conversamos con personas adultas venezolanas, un grupo con variados perfiles. Varias de esas conversaciones con migrantes en reversa las mantuvimos en el albergue para migrantes de Capurganá, el poblado del lado colombiano desde el que partían varias rutas para cruzar la selva del Darién en dirección a Panamá.
Entre los venezolanos con quienes conversamos, algunos lograron entrar a Estados Unidos, pero fueron detenidos y expulsados rápidamente a México. Es el caso de Miguel, a quien conocimos en Capurganá: “Pude entrar por Texas, pero me detuvieron… luego me deportaron a México, y desde allí vengo”, relató. Otros nunca lograron cruzar la frontera y quedaron varados en México durante meses, puesto que no pudieron acceder a la aplicación CBP One o vieron frustrada su ruta por la violencia y la extorsión al intentar avanzar hacia el norte.
‘Cruzar la selva del Darién fue duro, pero cruzar México fue peor, mucho peor que esa selva, porque ahí la gente abusa mucho de nosotros. Es muy duro estar en México’.
Sandra y su familia, por ejemplo, fueron asaltados tras subirse al “Tren de la Muerte” y desviaron su ruta hacia Ciudad de México, donde pasaron semanas en un campamento improvisado en el céntrico Parque de la Soledad, rehaciendo planes. “Cruzar la selva del Darién fue duro, pero cruzar México fue peor, mucho peor que esa selva, porque ahí la gente abusa mucho de nosotros. Es muy duro estar en México”, nos contó. Agotados por la hostilidad social y la violencia estatal, decidieron regresar al sur.
Otros lograron asentarse temporalmente en Estados Unidos —en ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles— durante la administración Biden, pero antes de ser cazados, detenidos o deportados, optaron por retornar por cuenta propia. Ese fue el caso de Gladys y su esposo, a quienes introdujimos antes: vivieron y trabajaron durante dos años en Nueva York pese a tener una orden de deportación. Debido al terror constante de la deportación, empacaron sus pertenencias y enviaron por barco una mudanza a Caracas con los ahorros de su trabajo. “Llevamos dos semanas en ruta por tierra. Ya estamos en Colombia; falta poco para llegar a mi país… Ojalá lleguemos antes que la mudanza”, nos dijo Gladys, entre alivio y optimismo. Junto a ellos pernoctaban en el albergue alrededor de cien personas.
Advertimos diferencias marcadas en las experiencias y afectos de las personas venezolanas que viajaban hacia el sur. Quienes fueron deportados o quedaron varados en México suelen expresar frustración, desconsuelo o ira; otros, en cambio, viven el retorno como una forma de reapropiarse del rumbo, sin arrepentirse del camino recorrido. Quienes decidieron volver por cuenta propia mostraban un optimismo altivo, una sensación de control frente a un contexto cada vez más hostil. En todos los casos, ponerse en movimiento permitía sostener la vida lejos del epicentro del odio migrante: Estados Unidos. Pese a sus trayectorias diversas —deportación, inmobilidad forzada o retorno autónomo—, compartían el llevar años en tránsito por múltiples países y el presente común de regresar a Sudamérica buscando nuevos horizontes de vida.
Transitar en reversa
Quienes viajan en reversa parten de México y recorren Centroamérica hacia el sur por tierra. Unos regresan con sus mascotas —compañeras, guías y escudos en ruta— que cruzaron el Darién, llegaron a México y ahora vuelven con ellas. Viajan familias con adolescentes que atravesaron la selva siendo niños, y con niños nacidos en distintas etapas del recorrido: uno en Colombia, otro en Chile, otro en México. Algunas mujeres, embarazadas, no saben si darán a luz en Panamá o en Colombia. Retornan al sur y habitan la incertidumbre, pero en territorios que conocen mejor, donde ya vivieron y saben cómo moverse. Aunque también hay hostilidad, Suramérica se siente más habitable, incluso “más casa”.
La mayoría de esos viajeros no cuentan con cédula u otra documentación. Algunos tienen residencias o estatus de refugio en países sudamericanos, lo que posibilita un retorno más promisorio a lugares donde ya vivieron. Así como descifraron la ruta al norte por el Darién mediante redes sociales y saberes migrantes, así delinearon sus tránsitos de reversa.
Conversamos con personas que habían cruzado la frontera sur de México —muchas por Tapachula— y avanzaron hacia el sur por Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica “pidiendo cola” o viajando en autobús, durmiendo donde fuera posible. En lugar de seguir nuevamente hacia la selva del Darién, estos venezolanos optaron por ruta marítima. Al llegar a Costa Rica, cruzaron la frontera y pagaron entre 260 y 300 dólares para ser llevados hasta Colón, en la costa panameña. Continuaron por tierra hasta Miramar y luego navegaron hacia Puerto Obaldía, desembarcando finalmente en La Miel, última localidad fronteriza panameña, desde donde caminaron a Capurganá.
Allí suelen pasar una o dos noches en el albergue para luego tomar una lancha a Necoclí y continuar rumbo al sur. Hay una continuidad evidente en la política panameña de circulación: durante el pico de los tránsitos hacia el norte, el objetivo era evitar que los migrantes permanecieran en el país. Ahora, aunque en dirección opuesta, la estrategia es similar: impedir que queden varados y promover el desplazamiento hacia Sudamérica.
En el albergue de Capurganá, muchas personas relataban la travesía marítima con temor: “volvemos sin ninguna seguridad”, “son horas de incertidumbre”. Al riesgo de morir en el mar se suman la frustración y el desconsuelo de no haber logrado llegar al norte. Al mismo tiempo, en pueblos pesqueros como Miramar, varias personas recordaban gestos de solidaridad —agua, comida, descuentos para menores— que contrarrestaban la hostilidad de la ruta. Solo unos pocos, con pasaporte, acceden a asistencia de la OIM para retornar en avión desde Ciudad de Panamá a Caracas, casos que reafirman su función histórica: facilitar los “retornos voluntarios” a países de origen.
En estas evocaciones se revela una geografía afectiva del tránsito, donde la movilidad se convierte en una forma de valorar lo que tuvieron antes y de evaluar la posibilidad.
Ya en Sudamérica, en un Necoclí transformado, quienes van al sur, deben sopesar con cautela entre varios destinos, muchos ya conocidos. Algunos tenían planes más definidos que otros. Unos buscaban volver a Venezuela, aunque sin certeza de permanecer allí. Otros pretendían regresar a ciudades donde ya habían vivido —Medellín, Bogotá, Quito, Lima, Santiago— o a localidades intermedias como Santa Elena, Piura o Iquique. Algunos incluso proyectan regresar a Venezuela para intentar luego migrar a España. Según muchos, tocaba esperar: “A ver qué pasa; con Donald Trump no se puede entrar, pero cuando se vaya, quizá volvamos a intentar”.
La decisión sobre el próximo destino dependía de redes previas —amigos, familiares, conocidos— o de memorias valoradas en lugares donde ya habían vivido. “Mis hijos fueron a la escuela en Ecuador”, “me atendieron en Colombia”, “tengo residencia en Perú”, “en Chile comía todos los días”. En estas evocaciones se revela una geografía afectiva del tránsito, donde la movilidad se convierte en una forma de valorar lo que tuvieron antes y de evaluar la posibilidad.
En este ir y venir, volver a ponerse en movimiento se vuelve una forma central de resistencia. Alejandro, un venezolano de 22 años a quien conocimos en el muelle de Capurganá y con quien cruzamos en lancha el Golfo de Urabá en ruta a Necoclí, lo expresó con claridad: “Ahora hay que regresar; voy de vuelta a Ecuador, donde está mi hijo de un año. No se pudo cruzar la frontera y allá —en Estados Unidos— no podemos estar. Por lo menos ahora no. Entonces uno sabe eso y hay que irse a buscar otra opción… Veámonos cómo nos va. Con la suerte de Dios, todo irá bien a mi regreso”
Acompañar su lucha
Los países sudamericanos enfrentan hoy violencias criminales, inestabilidad política, fragilidad económica y, en algunos casos —como Ecuador, Perú o Chile— un abierto giro a la extrema derecha y alineamiento con Washington que probablemente influya en sus políticas migratorias y en el futuro de estos retornos.
Aunque aún es temprano para dimensionar cuántas personas están en tránsito en reversa, esta movilidad ya está reconfigurando territorios y relaciones sociales. El corredor andino-centroamericano y el eje Darién-Urabá son hoy ejemplos emblemáticos de ello, donde las políticas de control externalizado muestran sus efectos más crudos.
El conocimiento acumulado tras años de habitar el tránsito les permite a estas personas saber moverse, tejer territorios de protección, leer y navegar las geografías y fronteras de las Américas. Así han vivido durante años, así han crecido sus hijos. En ese movimiento continuo se perfila una forma de pertenencia a una América Latina en desplazamiento permanente.
Mientras rehacen sus itinerarios, resta ver si las sociedades de acogida, tránsito, expulsión y devolución —ya transformadas por estas vidas migrantes— estaremos a la altura de acompañar su lucha. En sus cuerpos en movimiento se escribe la geografía viva de nuestro continente.
Tomar el pulso de estos tránsitos —a través de un trabajo etnográfico colectivo, en diálogo con las personas migrantes y con los actores locales que encarnan esta experiencia contemporánea— es apenas un gesto mínimo frente a lo que aún queda por hacer. Quienes se mueven resisten al autoritarismo, sostienen la vida y reclaman su derecho básico a habitar un lugar digno donde vivir, sea en Sudamérica, Centroamérica o cualquier rincón de las Américas.
Su desplazamiento es, a la vez, denuncia y reivindicación política en un continente marcado por desigualdades históricas y fronteras que se reconfiguran para controlar —y, aun así, no detienen sus vidas y luchas en movimiento.
Una versión previa y mas extensa de este artículo fue publicada en español en la columna (In)Movilidad en las Américas de Revista Común en agosto de 2025. Ha sido revisada y reformulada para esta edición del NACLA Report.
Soledad Álvarez Velasco es antropóloga social y geógrafa humana. Acompaña la lucha de migrantes en tránsito por más de una década para desentrañar la compleja intersección entre movilidad, control y transformación espacial en las Américas. Es profesora de la Universidad de Illinois en Chicago.
Jonathan Echeverri Zuluaga es profesor titular en el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, Colombia. Su principal tema de interés es la movilidad humana. En su trayectoria investigativa, desarrolla el concepto de errancia como una alternativa para entender las historias de viaje de africanos que buscan mejores horizontes en las Américas.
Henry Esquivel Babilonia es comunicador y productor audiovisual con más de ocho años de experiencia documentando para medios nacionales e internacionales el tránsito de migrantes por la ruta del Darién entre Necoclí y Panamá. Es co-creador del primer Festival de las Artes y la Cultura por la Integración “Sin Pasaporte” realizado en agosto del 2024 en el Municipio de Necoclí.