Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2026 de nuestra revista trimestral la NACLA Report.
El 22 de septiembre de 2025, William Rojas fue detenido hacia las 18:15 por la policía en el parque de diversiones de la ciudad de Otavalo, en Ecuador. Mientras trabajaba vendiendo boletos para los juegos, cuidaba de Deysimar, su hija de dos años, quien le fue arrancada de los brazos en instantes. Esa tarde, William fue una de las 30 personas capturadas en supuesta flagrancia en el marco de un paro nacional contra las políticas de hambre impuestas por el FMI y obedecidas por el presidente Daniel Noboa, que habían encendido tensiones en la provincia de Imbabura, territorio ancestral de los pueblos kichwas Karanki, Otavalo, Kayambi y Natabuela. En los siguientes días, el gobierno acusó a decenas de personas de un ataque a las instalaciones de la Policía Judicial de Otavalo, tesis que el Ministerio Público sostuvo durante varias semanas, y razón por la cual a algunas de ellas se les formularon cargos por terrorismo o paralización de servicios públicos.
William fue el único detenido venezolano confirmado; lo acusaban de ser parte del grupo delictivo Tren de Aragua. Esta banda, de origen venezolano y formada en la prisión de Tocorón, es conocida por su “independencia” respecto del control del Estado, especialmente desde que Trump la publicitó como imagen de referencia para sus políticas antimigración. En marzo de 2025, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para criminalizar la nacionalidad venezolana, entre otras, al hacerla sinónimo de terrorismo. Esta postura tiene ecos en Ecuador: junto con William fue detenido Jonathan Anchundia, un migrante interno proveniente de la provincia costera de Manabí. Ambos jóvenes fueron perfilados: uno por ser venezolano y el otro, por parecerlo.
Ecuador y Venezuela no sostienen relaciones diplomáticas. En abril de 2024, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de su misión en Ecuador. Un año más tarde, Noboa puso fin a un periodo de una amnistía migratoria que regía para la ciudadanía venezolana. En octubre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que ahora endurecen el control migratorio en Ecuador. Entre sus cambios más alarmantes destacan la reapertura de centros de detención para personas migrantes y procedimientos más expeditos para la deportación de personas extranjeras, siguiendo las políticas expulsoras de Trump, a cuyo poder el gobierno de Noboa se ha sometido bajo el tapujo de la cooperación.
En conjunto, estas políticas de Estado han construido una serie de enemigos internos con los que la administración de Noboa justifica hoy su profundización de la cooperación con Estados Unidos y la intensificación de su guerra contra el pueblo.
Si bien son regímenes muy distintos entre sí, en Venezuela, Ecuador y Estados Unidos rige hoy un populismo del espectáculo bélico: fervor patriótico, culto a los militares, heroización de los elementos del Estado encargados de la represión y bonos especiales. En julio de 2025, Kristi Noem, la ahora exsecretaria de seguridad nacional de Estados Unidos, hizo público en su cuenta de X un atractivo paquete de incentivos para quienes se enlistan en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Noboa entregó un bono llamado “Legado de honor” a policías y militares. Maduro, antes de su destitución del cargo el 3 de enero a manos de las fuerzas estadounidenses, había aprobado constantes incrementos salariales para los militares, quienes además controlan la minería y otros sectores estratégicos. Noboa ha querido promover “la moda” del culto cotidiano al ejército, llamando a agradecer a los militares por su valor cuando los veamos en el supermercado. En julio pasado, su Ley de Solidaridad activó beneficios de impuestos para empresas que realizan donaciones a las Fuerzas Armadas, algo totalmente ajeno a las costumbres del país. La guerra con reflectores y héroes crea el escenario perfecto para colocar allí al enemigo terrorista que se fabrica en medio de estas relaciones.
En diciembre, el régimen de Trump presentó su Estrategia de Seguridad Nacional. El llamado “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe esboza un plan intervencionista para el Hemisferio Occidental. “Bajo nuestra nueva Estrategia de Seguridad Nacional”, declaró Trump apenas horas después de que Estados Unidos invadiera Venezuela, “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”. El plan busca garantizar su “acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave” a través de lo que denomina “enlist and expand”. Al igual que en un ejército, reclutará a líderes regionales para cerrar fronteras y actuar de tapón de la suya a fin de “detener la migración ilegal”, y expandirá sus redes interviniendo en las relaciones que los Estados “amigos” sostengan con otros países.
De este modo, las políticas antimigración y la externalización de la frontera de Estados Unidos en Ecuador no pueden verse como un programa acotado a la movilidad humana, sino integrado a un plan intervencionista de mayor envergadura. Entre las medidas de la intervención estadounidense en el país están la sumisión al Fondo Monetario Internacional, la represión de la protesta social mediante tácticas militares israelíes bajo un modelo gazatí que conocemos demasiado bien, así como prácticas de ocupación y expulsión dirigidas contra comunidades indígenas. En conjunto, estas políticas de Estado han construido una serie de enemigos internos con los que la administración de Noboa justifica hoy su profundización de la cooperación con Estados Unidos y la intensificación de su guerra contra el pueblo.
La fabricación del enemigo interno
El 2 de septiembre, 20 días antes de que estallara el paro en Ecuador, Estados Unidos inició una operación extrajudicial en el Caribe cuyo supuesto objetivo era bloquear rutas del narcotráfico y el tráfico de combustible del gobierno de Maduro, así como desmantelar presuntas operaciones marítimas del Tren de Aragua. Según reportes de prensa, entre el 2 de septiembre y el 3 de enero de 2026, los ataques de estadounidenses en el Caribe dejaron 36 embarcaciones destruidas y al menos 123 muertos. En esas mismas semanas, el contraalmirante Jeffrey Randall visitó Ecuador para ejecutar acciones antidrogas en el ámbito marítimo, para lo cual se dirigió a las Islas Galápagos con autoridades ecuatorianas.
En octubre, Trump declaró a los carteles “combatientes ilegales” y afirmó que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado no internacional” con ellos. El 13 de noviembre, Pete Hegseth, secretario de guerra, anunció en su cuenta de X la operación Southern Spear, una nueva misión ordenada por Trump contra supuestas redes criminales en el Caribe. El primer día de su segunda administración, el presidente había firmado una orden ejecutiva para facilitar que las organizaciones criminales y los carteles de narcotráfico fueran nombrados “organizaciones terroristas extranjeras”. Entre ellas está el Tren de Aragua, así como aparecen Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador, declaradas así por el secretario Marco Rubio durante su visita a Ecuador en septiembre.
Igual que Estados Unidos respecto a Venezuela, el tráfico de combustible fue la narrativa del gobierno ecuatoriano para justificar la brutal represión del amplio paro indígena y popular iniciado el 22 de septiembre. Su desencadenante fue el decreto 126, que liberalizó el precio del combustible, antecedido por ajustes permanentes y una violencia inédita en el país: en el primer semestre de 2025, se registraron 4.619 homicidios intencionales, 47 por ciento más que el mismo periodo en 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, iniciativa financiada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos. En ese mismo mes, Trump y Noboa desarrollaron distintas operaciones basándose en la existencia del Tren de Aragua como cartel, hasta ahora no demostrada, y tomando el contrabando de combustible como excusa para ataques desproporcionados contra la población civil, sin debido proceso.
William Rojas fue liberado el 24 de octubre. El juez a cargo dictaminó que no existían elementos de convicción, pues no encontró indicios de terrorismo. Sin embargo, William ya había sufrido un mes encarcelado en la prisión de Esmeraldas, una de las más peligrosas del país, que además vivió una masacre apenas un día después de su traslado allí. Como William, Jonathan recibió medidas sustitutivas. La tesis del Tren de Aragua formulada por el Estado se derrumbó sin pena ni gloria.
El 13 de febrero de 2026, la Fiscalía General decidió no presentar cargos contra 18 acusados en el caso de los “Otavalo 12”, citando falta de pruebas. Aun así, el grado de represión en que se inscribió su detención fue inédito. Noboa ordenó en Otavalo un operativo combinado de fuerzas militares y policiales que llegó a sumar 10.000 elementos. Durante cuatro semanas, desfilaron por las noches cientos de tanquetas militares a lo largo de la vía Panamericana, gaseando a los manifestantes hasta la madrugada y sembrando terror en las comunas. La gente sufrió cortes de electricidad, inhibición de la señal de internet y comunidades enteras durmieron ocultas en quebradas, incluidos los niños. El comunero Efraín Fuérez fue ejecutado por una bala militar el 28 de septiembre. El 14 de octubre, José Alberto Guamán fue asesinado por otra bala del Estado.
El carácter racista de este operativo de represión se expresó en humillaciones a comuneros como cortes de cabello, por lo menos en dos casos. Tras una de las marchas solidarias en Quito, yo misma vi el profundo shock en que se encontraba un joven a quien los militares habían intentado violentar de la misma manera al querer cortarle su trenza. Además, Noboa decidió gobernar desde Imbabura varias veces en ese mes, imponiendo simbólicamente su presencia. En uno de sus discursos pronunciados desde el epicentro del paro, afirmó: “Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros los expulsamos de todo el país”. A su propaganda antiterrorista se sumó ahora una amenaza de expulsión de las comunidades de sus territorios ancestrales. La pensadora kichwa-Otavalo y luchadora histórica Blanca Chancosa llamó la atención sobre esto: “¿Acaso los pueblos indígenas no somos ecuatorianos?”, interpelando a un ejecutivo que ignora 533 años de resistencia.
El 28 de octubre, el ministro de Defensa ecuatoriano, Giancarlo Loffredo, y el embajador de Israel, Tzach Sarid, se reunieron para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad. El 31 de octubre, varias autoridades recibieron en Quito al coronel Amit Guy, agregado de defensa de Israel concurrente para Ecuador. Sus reuniones se enmarcaron en la seguridad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El ataque en son de guerra contra territorios ancestrales coincide con estos acercamientos. En paralelo, Trump ha ordenado a ICE centrarse en el “antiamericanismo” en las solicitudes migratorias, lo cual incluye la defensa de Palestina. Noboa, por su parte, declaró a los manifestantes pacíficos de Imbabura como traidores a la patria y terroristas.
La asesoría israelí recibida por Noboa fue evidente durante el paro: asedio y ocupación de los territorios, militarización de una ciudad principal, humillaciones a la cultura y la espiritualidad kichwas. Incluso, María Paz Jervis, una de las empresarias simpatizantes del presidente y hoy funcionaria del Estado, se atrevió a cuestionar el carácter plurinacional de Ecuador, llamando a desconocer la diversidad étnica constituyente de la nación: “No hay tal cosa como una expresión de prácticas ancestrales o de plurinacionalidad. El Ecuador no alberga varios estados con jurisdicciones propias”.
A la pretensión de expulsar a los pueblos de Imbabura de sus territorios con asesoría israelí, se suma la imposición de Noboa de despachar desde Otavalo y disponer que su vicepresidenta haga lo mismo. María José Pinto es heredera de una de las mayores textileras del país. Sus bisabuelos compraron tierra en Otavalo y, a inicios del siglo XX, procesaban algodón del Valle del Chota, cosechado por personas esclavizadas. Hijos de dos familias millonarias explotadoras que ahora heredan cargos políticos por un viejo poder, “recuperan” Imbabura, amenazan con desplazar a su población y realizan una caza de jóvenes venezolanos mientras se someten a medidas del Fondo Monetario Internacional.
Las políticas antimigración y la externalización de la frontera son secciones de un programa mayor. El triángulo de “cooperación” Israel-Ecuador-Estados Unidos muestra claramente la voluntad de ocupación territorial mediante la guerra y la expulsión de quienes resulten inoportunos para su orden. El migrante es ahora terrorista y su perfil se amplía hacia jóvenes kichwas, mujeres acusadas de ser aliadas de terroristas, defensores de derechos humanos señalados como encubridores. Los rostros del enemigo interno se multiplican, exponiéndolo como el enemigo por excelencia.
Pero la población, al parecer, no quedó convencida. El 16 de noviembre, Ecuador votó en un referéndum convocado por el gobierno. Una de las preguntas planteaba: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente… para elaborar una nueva Constitución de la República?” La Constitución ecuatoriana de 2008 reconoce el principio de ciudadanía universal, que establece que todas las personas en su suelo, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, gozan de los mismos derechos humanos. Casi el 62 por ciento de la población rechazó la instalación de una constituyente para elaborar una nueva Constitución; sin embargo, otras leyes de menor jerarquía continúan siendo promovidas en dirección antimigratoria.
Una nueva frontera sur de Estados Unidos en Ecuador
Una revisión de las cuentas de X e Instagram de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador muestra su intensa campaña de 2025: “Quédate en tu país”. En abril, mostraron a una persona promocionando la aplicación CPB Home para autodeportarse. El texto dice: “¿Vives en EE. UU. y no tienes papeles? La app CBP Home te ayuda a regresar a tu país de forma segura y rápida. Si sales ahora voluntariamente, tendrás más posibilidades de regresar legalmente en el futuro”.
Además, en enero de 2025, al cancelarse abruptamente el programa Movilidad Segura, que funcionaba desde Ecuador para admisión en Estados Unidos, quedaron varadas en el país personas de nacionalidad colombiana que ya estaban inscritas en el programa. Sin que existiera aún ningún acuerdo de tercer país, esto sucedió de facto: quienes no habían logrado obtener asilo se vieron sin salida cuando estos procesos fueron suspendidos por 90 días iniciales, plazo que dio paso a un cierre permanente. Mi propio amigo A. (nombre reservado para proteger su privacidad) se quedó con su maleta hecha, obsequio que le dimos en su fiesta de despedida. Hoy sigue varado. Ecuador nunca adoptó medidas para estas personas, que quedaron en estado de indefensión. Puede ser que población de otras nacionalidades haya quedado en la misma situación, pero no existen estadísticas ni preocupación institucional al respecto.
Noem ha visitado Ecuador dos veces para tratar asuntos de seguridad. En su segunda visita, el 6 de noviembre, presidió una cabalgata para definir posibles ubicaciones para bases militares. La aprobación de la presencia de bases fue la primera pregunta de la consulta popular del 16 de noviembre: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución?” El rechazo de la población fue contundente: 60,84 por ciento votó por el NO. Sin embargo, Noem ya había realizado su visita. Aunque la magnitud de la presencia de bases depende de acuerdos específicos, en general se considera una cesión de soberanía, sobre todo cuando fuerzas extranjeras operan con independencia del Estado que las recibe.
En 1942, Ecuador autorizó a Estados Unidos a establecer una base aérea en Galápagos para defender el Canal de Panamá, que funcionó hasta 1945. En 1952, ambos países firmaron un convenio militar que permitió la presencia de elementos estadounidenses desde 1960. La base de Manta, operativa entre 1999 y 2009, fue la más lesiva. Su presencia trajo violencia sexual, empobrecimiento y tragedias como la del barco Jorge IV: el 5 de junio de 2002, 18 pescadores zarparon del puerto de Manta y no volvieron más. Sus familias y organizaciones de derechos humanos sostienen hasta el día de hoy que el barco fue hundido por la marina estadounidense como parte de una operación antidrogas. El cierre de esta base marcó un hito en la política de no intervención. Actualmente, la Constitución prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras.
En su visita a Ecuador en septiembre, el secretario estadounidense Rubio discutió asuntos de seguridad, comercio y migración con Noboa, para los cuales ofreció 19,5 millones de dólares. También se abordó la cooperación de Ecuador para detener la migración irregular. El 14 de noviembre, ambos gobiernos firmaron un acuerdo para establecer el mecanismo de tercer país seguro, que permitirá el traslado a Ecuador de solicitantes de asilo en Estados Unidos, para que esperen allí la resolución de sus peticiones. Según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el acuerdo garantizará “el traslado digno, seguro y oportuno desde Estados Unidos a Ecuador de los nacionales de terceros países que puedan solicitar protección internacional”.
Ecuador recibiría hasta 300 personas migrantes por año en este acuerdo de asilo cooperativo, en el cual el gobierno se compromete “a no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el gobierno de Estados Unidos a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva”. El contenido del acuerdo se publicó en el Registro Federal estadounidense el 17 de noviembre.
Movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y expertos en movilidad coinciden en que este acuerdo busca instrumentalizar el asilo cooperativo para permitir la intromisión de Estados Unidos en el territorio ecuatoriano y en sus fronteras. Para este reporte consulté a la abogada de derechos humanos Verónica Potes, integrante de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos que trabaja a escala nacional. “La instalación concreta de una base militar no es la única manera de que Estados Unidos intensifique su presencia en Ecuador”, señalo la abogada. “Hay muchas otras, por ejemplo, estrechar la cooperación y buscar otros modos de cesión de soberanía”. El 17 de diciembre, la embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que elementos de su Fuerza Aérea arribaron al país para participar en una operación temporal con sus pares ecuatorianos en la ciudad de Manta. A pesar de su derrota en la consulta popular, Noboa introdujo a estos elementos en el territorio ecuatoriano.
Movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y expertos en movilidad coinciden en que este acuerdo busca instrumentalizar el asilo cooperativo para permitir la intromisión de Estados Unidos en el territorio ecuatoriano y en sus fronteras.
El acuerdo de tercer país no ofrecerá protección cabal a solicitantes de asilo. Algunas ciudades de Ecuador figuran entre las más violentas del mundo. La violencia sexual, económica y racista sufrida por miles de personas refugiadas colombianas en Ecuador —igual que migrantes de Haití, Venezuela o Cuba— muestra que la hospitalidad ha sido crecientemente aplastada por la hostilidad, promovida además por perfilamientos raciales provenientes del Estado. William Rojas es prueba de ello.
Respecto de las deportaciones desde Estados Unidos, movimientos sociales y sectores preocupados por las movilidades hemos recibido sin cesar noticias sobre personas y familias en riesgo de expulsión tras haber vivido hasta 20 años en Estados Unidos. Ecuador no ha generado medidas sustanciales para recibir a las personas deportadas, con excepción del programa “Ecuador es tu hogar”, que ofrece un bono de $470 mensuales durante tres meses. Según cifras de prensa, 620 personas se beneficiaron del programa en 2025, y está previsto que alcance únicamente a 416 personas en 2026. Sin embargo, Estados Unidos deportó a cerca de 4.000 migrantes ecuatorianos solo en el primer semestre de 2025, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de Ecuador. Entre 2019 y 2024, fueron deportadas 47.130 personas de nacionalidad ecuatoriana.
Al 30 de enero de 2026, el sitio web del programa gubernamental “Ecuador es tu hogar” estaba fuera de servicio. No es posible completar el formulario para recibir beneficios ni consultar las cifras. Mientras tanto, no existen políticas ni programas para estas cerca de 50.000 personas, sin contar con las que seguirán llegando. El gobierno ecuatoriano ha aceptado colaborar con Estados Unidos para impedir la migración irregular, pero no ha ofrecido hospitalidad ni asistencia a sus nacionales; por el contrario, se ha centrado en una política de expulsión.
A partir del 25 de julio, Ecuador expulsó de manera masiva a 603 ciudadanos colombianos privados de libertad, en un proceso opaco que se detuvo días después. Hombres detenidos aparentemente firmaron notificaciones de salida, muchas veces sin leerlas, iniciando procesos de excarcelación/expulsión. El gobierno llegó al punto de dejar buses llenos de personas excarceladas en la frontera norte del país para que Colombia se hiciera cargo de ellas. El gobierno colombiano protestó más de una vez por procesos sin coordinación e irrespetuosos de la vecindad entre ambos países. Un proceso similar se proyectaba para personas de Venezuela pero no arrancó, entre otras razones, porque Ecuador y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas. Es imposible conocer estas acciones a cabalidad por el secretismo con que opera el gobierno. La información que se puede obtener proviene de comités de familiares de personas privadas de libertad, prensa que accede a ciertos datos u organizaciones de derechos humanos que persisten en la defensa de derechos en las prisiones.
La Ley de Integridad Pública, aprobada en junio de 2025, permite la deportación de personas extranjeras privadas de libertad y, en contextos de conflicto armado, exime al Estado de cumplir garantías procesales como la existencia de una sentencia firme. La espectacularizada expulsión de julio fue un mensaje claro de la voluntad de Noboa de profundizar sus políticas antimigrantes. Al anunciar estas expulsiones, vinculó a las migraciones con el crimen organizado y el conflicto armado, exacerbando la xenofobia.
Hospitalidad convertida en arma
La externalización de la frontera de Estados Unidos en Ecuador no consiste en una forma de cooperación exclusiva del ámbito de la movilidad humana. Las políticas de expulsión, deportación y ocupación conforman un modelo de gestión estatal orientado a restaurar el orden nacional por medio de operaciones de guerra. Los pueblos kichwas en resistencia no son sujetos bélicos; tampoco lo son los jóvenes migrantes, las poblaciones rurales o los campesinos. Sin embargo, son tratados como tal e integran un cada vez más largo índice de “terroristas” que se confunden con bandas delictivas convertidas en combatientes o pandillas convertidas en carteles. Los grandes carteles, en cambio, parecen quedar intocados. Como Trump en el mar caribeño, Noboa también declaró un “conflicto armado no internacional” en Ecuador el 9 de enero de 2024. Ninguno ha presentado evidencias de haber eliminado “al enemigo”; por el contrario, las tasas de violencia aumentan sin cesar.
William Rojas y Los 12 de Otavalo tuvieron que presentarse semanalmente ante la Fiscalía durante cuatro meses. Por esta razón, William tuvo que dejar su trabajo en el parque de diversiones, que es itinerante. Todas las personas judicializadas se hallan atadas a procesos injustos que las han privado de trabajo y libertad. Esto, sin contar los cientos de heridos que dejó la represión militar, que sufrieron amputaciones o daños que les costarán años de recuperación. El 27 de diciembre, falleció el comunero Edison Farinango luego de permanecer dos meses hospitalizado por el impacto de dos balas militares.
Otro joven, Ángel, a quien entrevistamos en 2023 la periodista María José Gutiérrez y yo, es de la ciudad de Gualaceo, donde la migración sostiene a todas las familias. Ángel había sido deportado desde Estados Unidos en 2021. Nos contó que muchos jóvenes llegan a su casa y se esconden durante semanas para evitar a los coyotes, las deudas y la vergüenza. Muchas veces, sus padres son los primeros en reprenderlos: “Mi papá se enojó porque mi cruce le costó $10.000. Intenté 10 veces, fueron 10 caídas. Me dijo que soy un cobarde. Yo quise rendirme muchas veces, pero mi papá me hizo pensar en la deuda, así que tuve que ‘endurarme’ y aguantar”. Cerca de 50.000 personas volverán con una deuda impagable, sin poder traer su casa ni lo poco o mucho que habrán logrado en Estados Unidos. En Ecuador, les esperan realidades tan duras como la violencia organizada, extorsiones de bandas, endeudamiento, soledad y vergüenza.
Ecuador será un tercer país cuando no ha podido ser el primero para su propia población ni para las migraciones que ha recibido.
El gobierno de Noboa se ha encargado de expulsar a la ciudadanía venezolana, de amenazar a los pueblos kichwas y expulsarlos de su territorio, así como de abandonar a las zonas más violentas del país, condenando a la población al confinamiento por el terror a salir de casa. Ecuador será un tercer país cuando no ha podido ser el primero para su propia población ni para las migraciones que ha recibido. William no tiene trabajo; las comunas kichwas, profundamente heridas, no terminan de recuperarse ni de sanar a sus 475 heridos; la población venezolana y colombiana privada de libertad, igual que sus familias, vive sin saber cuándo aparecerá del otro lado de la frontera. No hay, por ahora, horizonte de hospitalidad.
Al tiempo que desconoce la territorialidad ancestral, Noboa naturaliza la militarización de la vida para justificar el protagonismo del ejército frente al enemigo interno que ha fabricado: “el terrorista”, el manifestante indígena, el joven migrante. Son sujetos convertidos en combatientes de una guerra que el Estado libra al servicio de Estados Unidos. Del otro lado, la externalización de la frontera es parte de la expansión de Estados Unidos en el continente, también por medio de una narrativa contrainsurgente que va calando en nombre de la seguridad. En estas condiciones, el asilo cooperativo se presenta como un modo de facilitar la cesión de soberanía de Ecuador, es decir, convertir una de las prácticas más antiguas de la humanidad, la hospitalidad, en arma de una guerra contra la población civil.
Cristina Burneo Salazar es escritora, traductora e investigadora académica. También es cofundadora del colectivo Corredores Migratorios, que trabaja por la justicia migrante desde 2018. Sus áreas de trabajo son las escrituras bilingües y ligadas a las migraciones los estudios culturales de matriz transfeminista y las relaciones entre escritura y justicia.