El domingo 16 de noviembre, los ecuatorianos rechazaron de manera contundente el intento del presidente Daniel Noboa de llevar al país por un rumbo aún más autoritario y derechista. En la práctica, el referendo se convirtió en un voto de desconfianza hacia un gobierno conservador estrechamente alineado con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Los resultados se dieron en un contexto regional volátil. La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe la semana pasada apunta a que Estados Unidos podría estar preparando un ataque militar contra Venezuela. Al mismo tiempo, en Chile, la primera vuelta de las elecciones presidenciales otorgó una estrecha ventaja a la candidata progresista Jeannette Jara, abriendo la puerta a una victoria del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, en la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.
En Ecuador, la intensificación de la crisis de inseguridad, alimentada por la violencia de los carteles, el aumento de las tasas de homicidios y una respuesta militarizada que no ha logrado frenar la violencia, fueron el telón de fondo de la votación del domingo. Todos estos factores han erosionado la confianza de la población en el enfoque de mano dura de Noboa.
Las preguntas
Noboa presentó tres preguntas para el referéndum y una para la consulta popular. Todas fueron planteadas como medidas para hacer frente al crimen organizado y acelerar su programa económico neoliberal.
La primera pregunta habría levantado la prohibición a la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador establecida en la Constitución de 2008. Este cambio habría abierto la puerta al regreso del ejército estadounidense a la base aérea Eloy Alfaro en Manta, un lugar conocido por abusos contra los derechos humanos, el acoso a activistas comunitarios y las opacas actividades de inteligencia llevadas a cabo por Estados Unidos durante su estancia anterior.
El objetivo de Noboa era sustituir la Constitución progresista de 2008, redactada bajo el mandato de Rafael Correa, y redactar una nueva carta magna más acorde con su agenda neoliberal.
La segunda pregunta pretendía eliminar la financiación pública de los partidos políticos, una medida que habría debilitado gravemente a las organizaciones más pequeñas y de izquierda, mientras consolidaba el poder de los partidos respaldados por las empresas, capaces de recurrir a la financiación privada. La tercera habría reducido el tamaño de la Asamblea Nacional de los 151 legisladores a 73.
La última pregunta proponía convocar elecciones para una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución. El objetivo de Noboa era sustituir la Constitución progresista de 2008, redactada bajo el mandato de Rafael Correa, y redactar una nueva carta magna más acorde con su agenda neoliberal.
Los votantes rechazaron las cuatro propuestas por un margen significativo de aproximadamente un 60 por ciento en contra y 40 por ciento a favor. La derrota más estrecha fue la relativa a la reducción del tamaño de la Asamblea Nacional, rechazada por el 53 por ciento de los votantes. La oposición más firme —con el 62 por ciento en contra— fue a la convocatoria de una asamblea constituyente.
La derrota de Noboa se produjo a pesar de la gran ventaja del gobierno en cuanto a recursos y presencia en redes sociales. Algunos reportes afirman que su administración gastó casi diez veces más en la campaña que los movimientos sociales, las organizaciones indígenas y los grupos de izquierda.
Aunque el “sí” contó con importantes recursos y cobertura mediática, el “no” reflejó una conciencia social y de clase popular más que una campaña de oposición bien coordinada. La resistencia más fuerte vino de las comunidades indígenas, como las de Imbabura, que se habían movilizado recientemente contra las políticas extractivistas de Noboa, y de provincias como Manabí, un bastión tradicional del partido progresista Revolución Ciudadana de Correa.
Los resultados también evocan una derrota previa. En abril de 2024, Noboa intentó, sin éxito, eliminar algunas disposiciones constitucionales progresistas clave. Los ecuatorianos volvieron a mostrar su desencanto con su gestión y su deseo de preservar los aspectos progresistas de la Constitución de 2008.
A sus 37 años, Noboa es el descendiente de la familia más rica de Ecuador. Su padre, el magnate bananero Álvaro Noboa, construyó un inmenso imperio empresarial y está estrechamente vinculado a la clase dirigente de derecha a nivel mundial. Daniel Noboa surgió inesperadamente en 2023 para completar el mandato truncado del expresidente Guillermo Lasso. Derrotó a Luisa González, de Revolución Ciudadana, y volvió a hacerlo en 2025 consiguiendo un mandato completo de cuatro años.
Una victoria en las elecciones del domingo habría reforzado tanto el proyecto político de Noboa como los intereses económicos de su familia, que ya han sido objeto de cuestionamientos por conflictos de intereses, entre ellos sus profundos vínculos financieros con una empresa minera canadiense. El negocio bananero de la familia también se ha visto implicado en incautaciones de cocaína, creando una tensión entre la lucha contra el narcotráfico y el potencial perjuicio a las empresas de su familia.
Seguridad, pandillas e injerencia estadounidense
No cabe duda de que Ecuador ha sufrido un aumento dramático de la violencia generada por las pandillas en los últimos años. Por mucho tiempo, el país fue considerado un oasis de paz entre Colombia y Perú, ambos afectados por décadas por el narcotráfico y las insurgencias guerrilleras. Sin embargo, tras el cierre de las rutas de tráfico de drogas por el Caribe, que redirigieron los flujos hacia el sur y el oeste a través de Ecuador y hacia el Pacífico, el papel del país en el narcotráfico ha crecido.
A medida que se ha intensificado la competencia entre los carteles, Ecuador está en camino a registrar la tasa de homicidios más alta de su historia, y la más alta del hemisferio. La política estadounidense bajo Trump ha agravado la inestabilidad. La estrategia del gobierno de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes en el Caribe se ha enfocado cada vez más en embarcaciones que salen de la costa occidental del Pacífico ecuatoriano. Al igual que con los ataques a lanchas venezolanas, el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones.
Noboa llegó al poder prometiendo una respuesta dura y militarizada contra el crimen. Seis meses después, la violencia solo ha aumentado. El rechazo de los votantes a sus propuestas puede leerse como un repudio a una estrategia de seguridad que ha producido violaciones de los derechos humanos, un creciente número de víctimas y poco alivio para los ecuatorianos que se enfrentan a una inseguridad cada vez mayor, a la militarización y al aumento del costo de la vida.
Noboa llegó al poder prometiendo una respuesta dura y militarizada contra el crimen. Seis meses después, la violencia solo ha aumentado.
El debate sobre la seguridad es inseparable del renovado interés de Estados Unidos por restablecer su presencia militar en el país. Desde la toma de posesión de Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han realizado múltiples viajes a Ecuador para impulsar la instalación de una base militar estadounidense en la región. Estados Unidos operó instalaciones militares en Ecuador en dos ocasiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo bases en Salinas, en la costa del Pacífico, y en las islas Galápagos. Ambas fueron cerradas tras continuas protestas debido a prácticas laborales abusivas, la percepción de violación de la soberanía ecuatoriana y el temor a verse inmersos en los conflictos de la Guerra Fría.
En 1999, el presidente Jamil Mahuad permitió a Estados Unidos establecer una base de operaciones avanzada (Forward Operation Location, FOL) en la base aérea de Manta, en la costa del Pacífico, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas en Colombia. Los detractores afirmaron que su verdadero objetivo era la vigilancia contrainsurgente de los movimientos guerrilleros de izquierda en ese país. Las protestas populares llevaron a Correa a rechazar la renovación del contrato de arrendamiento en 2009, declarando que Ecuador solo acogería una base estadounidense si Washington permitía una base ecuatoriana en Miami.
La propuesta de Noboa de levantar la prohibición constitucional de las bases militares extranjeras reavivó una antigua disputa sobre la soberanía, que los votantes rechazaron claramente.
Retroceso constitucional
Aunque se plantearon como una respuesta a la inseguridad y la violencia de las pandillas, tres de las cuatro preguntas del referéndum buscaban revisar y reescribir disposiciones constitucionales.
A diferencia de Estados Unidos, los países latinoamericanos renuevan sus constituciones con regularidad. De hecho, las 20 constituciones de Ecuador en dos siglos solo son superadas por las 27 de Venezuela. Redactar una nueva constitución cada 20 años es algo común. En cierto modo, redactar una nueva constitución para una nueva era tiene lógica. Como han argumentado algunos constitucionalistas, no es más racional aferrarse a una constitución anticuada que enseñar con un libro de texto de 200 años de antigüedad o realizar una cirugía guiándose por un texto médico de la misma edad.
El auge de los gobiernos de la Marea Rosa a principios de este siglo impulsó constituciones progresistas en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Líderes de izquierda como Hugo Chávez argumentaron que las políticas económicas neoliberales quedaban relegadas al basurero de la historia. Sin embargo, con el resurgimiento de una derecha fortalecida, ahora parece que esta predicción fue prematura.
Muchos observadores también criticaron la propuesta de reducir el tamaño de la Asamblea Nacional como una medida antidemocrática.
Para Noboa, cuyos intereses económicos familiares se beneficiarán, reescribir el texto fundacional de Ecuador prometía un retorno a una era político-económica anterior. Su objetivo no era la modernización, sino el retroceso: desmantelar los aspectos más progresistas de la Constitución de 2008 promulgada bajo el mandato de Correa. Entre sus disposiciones innovadoras, la Constitución actual otorga derechos a la naturaleza, promueve un modelo económico basado en el sumak kawsay (buen vivir) que privilegia el bienestar colectivo sobre el poder corporativo, refuerza las protecciones laborales y prohíbe las bases militares extranjeras como parte de la declaración de Ecuador como tierra de paz.
Muchos observadores también criticaron la propuesta de reducir el tamaño de la Asamblea Nacional como una medida antidemocrática. Noboa la presentó como una forma de frenar el gasto público, pero habría quitado representación de forma desproporcionada a las provincias rurales y menos pobladas y eliminado la presencia de los partidos políticos pequeños. Esto habría llevado a Ecuador hacia un modelo bipartidista al estilo estadounidense, una de las formas menos democráticas de organizar un sistema parlamentario.
Acción Democrática Nacional (ADN), el partido de derecha de Noboa, y Revolución Ciudadana, el partido progresista de Correa, las dos fuerzas que ya dominan el panorama político cada vez más polarizado de Ecuador, habrían sido los principales ganadores. En términos de apoyo popular, ambos partidos tienen un techo bajo y un suelo alto, lo que deja a muchos votantes en busca de alternativas.
Irónicamente, el proceso de tres pasos que dio lugar a la Constitución de 2008 —la aprobación para convocar una asamblea, la elección de delegados y la ratificación del borrador final— se aprobó con márgenes similares o superiores al voto negativo del domingo.
Protestas y poder indígena
El referendo se celebró tras un mes de protestas contra el plan de Noboa de recortar los subsidios a la gasolina, una política que habría perjudicado de manera desproporcionada a las comunidades pobres y rurales que dependen del transporte público. Ante la movilización sostenida liderada por organizaciones indígenas, Noboa finalmente dio marcha atrás y mantuvo parcialmente los subsidios.
El domingo, las zonas de mayoría indígena que lideraron las protestas también fueron las que rechazaron con más fuerza las propuestas de Noboa. Para muchos, la votación confirmó que su movilización no había sido en vano.
Por ahora, los ecuatorianos han optado por defender los derechos de los trabajadores, las comunidades indígenas y el medio ambiente, y por bloquear el intento de Noboa de consolidar un giro autoritario y neoliberal alineado con la agenda hemisférica de Washington.
Marc Becker es autor de los libros Indians and Leftists in the Making of Ecuador’s Modern Indigenous Movements (2008) y Pachakutik: Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador (2011), entre otras obras. Actualmente está escribiendo un libro sobre Philip Agee y la CIA en Ecuador a principios de la década de 1960. Fue observador en las elecciones ecuatorianas de 2025 con una delegación de los Socialistas Democráticos de América (DSA).