Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Conversation.
El 1 de septiembre de 2026, un juez hondureño desestimó un caso de lavado de activos y fraude contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Fue el más reciente golpe de suerte para Hernández.
Hernández volvió a Honduras a finales de julio, después de cuatro años agitados fuera del país. En 2022, fue extraditado a Estados Unidos tras una investigación bipartidista de varios años. En 2024 fue declarado culpable de tráfico de cocaína y otros delitos relacionados y condenado a 45 años de prisión. Pero después de cumplir apenas 18 meses de su condena, Hernández fue indultado por el presidente Donald Trump.
Hernández sigue siendo un poderoso operador político detrás de escena en el actual gobierno hondureño, encabezado por el presidente Nasry Asfura, del Partido Nacional, de derecha.
Sin embargo, como académica especializada en política latinoamericana, considero que el regreso de Hernández a Honduras y sus éxitos eludiendo la justicia son emblemáticos de algo más amplio que la impunidad de las élites: su caso demuestra la lucha por la soberanía en un país que enfrenta una renovada forma de intervención estadounidense.
La política bajo la sombra de la intervención
El regreso de Hernández a Honduras el 26 de julio fue simbólico. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, que comparte su pista con la Base Aérea Soto Cano, utilizada desde hace décadas como plataforma para las intervenciones estadounidenses en Honduras.
Aunque Hernández fue recibido por simpatizantes del Partido Nacional, para muchos hondureños su indulto y regreso al país representan un revés para las esperanzas de justicia y es un factor perjudicial para el proceso político.
Aunque Hernández fue recibido por simpatizantes del Partido Nacional, para muchos hondureños su indulto y regreso al país representan un revés para las esperanzas de justicia y es un factor perjudicial para el proceso político.
Trump anunció sus planes de indultar a Hernández en vísperas de las elecciones hondureñas de noviembre de 2025. En otra señal de injerencia desde Washington, Trump avaló a Asfura y amenazó con suspender la asistencia económica a Honduras si Asfura—quien había quedado atrás en las encuestas— no ganaba.
Al día siguiente a las elecciones, el 1 de diciembre, mientras Asfura y el político de centroderecha Salvador Nasralla permanecían en un empate técnico, Trump otorgó un indulto total a Hernández. Funcionarios estadounidenses se apresuraron entonces para brindarle protecciones migratorias especiales, y un equipo táctico especializado lo trasladó desde una prisión de West Virginia hasta el lujoso hotel Waldorf Astoria de Manhattan.
En Honduras, el indulto fue visto como una “luz verde para que el Partido Nacional manipulara el voto,” dijo un exdiplomático estadounidense de alto rango a ProPublica. Las acciones de Trump enviaron el mensaje de que Washington respaldaba la participación del Partido Nacional en la manipulación electoral, algo que, según observadores electorales y expertos académicos, ocurrió en 2017 con la reelección de Hernández a un segundo mandato presidencial inconstitucional.
Tras semanas de retrasos sospechosos y denuncias de fraude, Asfura fue declarado ganador el 24 de diciembre de 2025 por un margen inferior al 1 por ciento.
Un legado de impunidad en Honduras
Aunque quedó en libertad en el sistema de justicia estadounidense, Hernández aún podría haber enfrentado cargos en Honduras.
El 9 de diciembre, el fiscal general de Honduras reactivó una orden internacional de captura contra Hernández por cargos de fraude y lavado de activos.
Estos cargos forman parte del caso de corrupción conocido como Pandora, una trama que malversó 12 millones de dólares de fondos públicos, los cuales presuntamente fueron desviados hacia campañas políticas, incluida la campaña presidencial de Hernández en 2013.
Procesos anteriores del caso Pandora implicaron a importantes figuras del Partido Nacional, pero durante la presidencia de Hernández una corte especial de apelaciones desestimó los casos. Sin embargo, en 2023, durante el gobierno izquierdista de Xiomara Castro (2022 – 2026), Honduras acusó formalmente a los expresidentes del Partido Nacional Hernández y a su predecesor, Porfirio Lobo.
Hernández permaneció en Estados Unidos hasta que se suspendió la orden de captura y regresó a Honduras poco antes de su audiencia inicial. El 12 de agosto de 2026, el Ministerio Público confirmó los cargos contra Hernández y presentó 48 piezas de evidencia. Sin embargo, dos semanas después, el tribunal desestimó los cargos en su contra.
Con el Partido Nacional nuevamente en el poder, pocos creían que Hernández pudiera rendir cuentas ante la justicia en Honduras, particularmente porque el sistema judicial hondureño está marcado por una violencia selectiva que socava el Estado de derecho.
De hecho, para los ricos y poderosos, la impunidad está prácticamente garantizada. Y eso es algo que Hernández contribuyó a asegurar. Durante su presidencia, Honduras aprobó reformas legales destinadas específicamente a reducir las penas por lavado de activos y a proteger a políticos de investigaciones por malversación de fondos. Adelantándose al resultado del juicio de Hernández, Lobo fue absuelto pocos días antes del regreso del expresidente.
El avance de la derecha en la región
Aunque el juicio de Hernández ha terminado, la controversia en torno a su regreso continúa. Esto se debe, en parte, a nuevas y explosivas acusaciones que salieron a la luz en mayo de 2026.
El medio español Canal Red difundió 37 mensajes de audio presuntamente enviados por políticos, entre ellos Asfura y Hernández. Según las grabaciones filtradas, un escándalo conocido como HondurasGate, el regreso de Hernández es solo una parte de un plan internacional para debilitar los gobiernos latinoamericanos de izquierda y ampliar la militarización extranjera en Honduras.
Las personas implicadas rechazan las filtraciones, alegando que son propaganda generada por inteligencia artificial. Aunque análisis independientes sugieren que los audios podrían ser auténticos, algunas fuentes independientes ponen en cuestión su veracidad.
Independientemente de la autenticidad de los audios de HondurasGate, la mayoría de lo que describen refleja preocupaciones más amplias sobre las presiones externas que están reconfigurando la política de la región y expandiendo la militarización.
Independientemente de la autenticidad de los audios de HondurasGate, la mayoría de lo que describen refleja preocupaciones más amplias sobre las presiones externas que están reconfigurando la política de la región y expandiendo la militarización.
Trump ha expresado abiertamente su intención de conseguir aliados de derecha en todo el continente americano. Semanas después de indultar a Hernández por sus delitos de narcotráfico, el gobierno de Trump realizó una incursión en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro por presuntos cargos relacionados con tráfico de drogas.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa utilizando las sanciones contra Cuba en un agresivo intento por propiciar un cambio de régimen en la isla y ha ejercido distintos grados de influencia para intentar incidir en elecciones desde Colombia hasta Brasil.
En Honduras, el Partido Nacional —y Hernández en particular— ha sido un socio dispuesto a vincular sus prioridades nacionales con las de Estados Unidos y sus aliados cercanos, entre ellos Israel.
Hernández cultivó su importancia estratégica como aliado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de Trump. Israel y Estados Unidos llevan mucho tiempo proporcionando tecnología militar y asistencia en materia de seguridad a Honduras, y ambos están ampliando su participación militar en el país.
Recientemente, Honduras firmó un memorando para ampliar la cooperación de defensa militarizada con Israel, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció acuerdos para realizar operaciones militares conjuntas en territorio hondureño, colombiano y guatemalteco, similares a las realizadas en Ecuador.
Un frenesí corporativo extranjero
La motivación detrás del apoyo de Trump a la elección de Asfura y al regreso de Hernández también está relacionada con el impulso de las controvertidas zonas conocidas en Honduras ZEDE, o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
Los aliados de Trump en Silicon Valley, entre ellos Peter Thiel, de PayPal y Palantir, están entre los principales inversionistas de Próspera, una de las ZEDE.
Aprobadas en 2013 durante el gobierno de Hernández, las ZEDE son un experimento sociopolítico sumamente controvertido: crean espacios de gobernanza privatizada dentro de Honduras que, en la práctica, ceden soberanía hondureña a magnates tecnológicos estadounidenses que buscan refugios frente a la regulación y supervisión gubernamentales.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales durante el gobierno de Castro, lo que llevó a los inversionistas multimillonarios de Próspera a demandar a Honduras por casi $11.000 millones. Ahora, con el Partido Nacional nuevamente en el poder, hay un renovado impulso empresarial y las ZEDE avanzan rápidamente, incluso en territorios afroindígenas.
Una advertencia para la región
En definitiva, el caso de Hernández demuestra hasta qué punto la visión de la derecha está ganando terreno en Honduras y, según los críticos, los riesgos que esa visión representa para la gobernabilidad democrática y la soberanía.
El caso de Hernández demuestra hasta qué punto la visión de la derecha está ganando terreno en Honduras.
Mientras que empresas y multimillonarios extranjeros acceden a los recursos hondureños, los hondureños enfrentan cada vez más dificultades. Se han producido despidos masivos y politizados en el sector público. Médicos del sistema de salud pública llevan meses sin pago desde que el presidente Asfura —quien además se nombró a sí mismo secretario de Salud— asumió el cargo. Mientras tanto, empresas privadas de salud y del sector agroindustrial han recibido contratos gubernamentales por varios millones de dólares.
Al mismo tiempo, las medidas represivas de Estados Unidos contra la migración están perjudicando a la economía hondureña, que depende en gran medida de las remesas. Si bien Hernández pudo permanecer en Estados Unidos hasta que fuera seguro regresar a Honduras, los miles de hondureños que están siendo deportados, a menudo pese a sus temores de sufrir violencia, no han tenido la misma suerte.
Mientras los hondureños enfrentan una creciente inseguridad, incluido el aumento de homicidios y desapariciones, Hernández cuenta con protección especial.
Ese es el entorno de privilegio político que Hernández construyó a lo largo de su carrera y del que vuelve a beneficiarse directamente tras su regreso al país.
Laura Blume is an Assistant Professor of Political Science at the University of Nevada, Reno. Her work focuses on criminal governance and violence in Central America. She is leading the Violence Against Public Figures project, for which she won a 2022 Harry Frank Guggenheim Distinguished Scholar Award.