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En junio, decenas de buques se toparon con largas filas de espera a su llegada al Puerto Quetzal, en el Pacífico de Guatemala. La limitada infraestructura somete a las embarcaciones a semanas de espera para desembarcar. Presionado a darle un giro al puerto, en octubre del 2024 el presidente Bernardo Arévalo fue más allá de la cooperación usual con Estados Unidos y pidió que la modernización fuera evaluada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). Estos acercamientos, que comenzaron bajo la administración de Joe Biden, se aceleraron con la administración de Donald Trump, que abrazó las proyecciones de obras portuarias que se estiman por encima de los 700 millones de dólares. Como resultado, Puerto Quetzal es el único puerto en América Latina que depende del ejército de Estados Unidos para actualizar su infraestructura.
En enero del 2025, cuando Trump llegó a la Casa Blanca por segunda ocasión, muchos en Guatemala especulaban sobre cómo cuajaría la relación entre el presidente estadounidense y Arévalo, un socialdemócrata de un pequeño país centroamericano. Poco después, los efectos de la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina se comenzaron a sentir en Guatemala, donde los militares desplazaron a los diplomáticos de corbata como los principales interlocutores con Washington.
La participación del USACE en el proyecto portuario demuestra el renovado interés de Estados Unidos en mantener una presencia militar en la región. En menos de un año, el gobierno de Guatemala le otorgó al USACE una serie de contratos multimillonarios; a cambio, Estados Unidos levantó el embargo de armas contra Guatemala, vigente desde 1977. Los nuevos contratos de infraestructura, sumados a las recientes compras de armas por parte del gobierno de Guatemala, han consolidado la influencia de Washington en el país para la próxima década.
Los contratos de la USACE
Los primeros reportes de contacto entre autoridades portuarias y el USACE se remontan a septiembre del 2024, durante el gobierno de Joe Biden. Pero con la llegada de Trump estas pláticas pasaron de ser incipientes a un proyecto concreto. Guatemala fue parte de la primera gira internacional del Secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero del 2025. Y tres meses después, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala anunció la formalización de estudios de viabilidad y diseño del Puerto Quetzal con el USACE.
Las cartas de Oferta y Aceptación (LOA) de las obras presentadas por el Ministerio de Defensa de Guatemala demuestran la extensión de los proyectos. La LOA firmada en mayo de 2025 abarca 63 millones de dólares e incluye los estudios de diseño y viabilidad de la ampliación del Puerto Quetzal con un plazo de 32 meses; una adenda a la misma por 10 millones de dólares apuntala los mismos estudios para una red ferroviaria y estación logística.
Las cartas de Oferta y Aceptación (LOA) de las obras presentadas por el Ministerio de Defensa de Guatemala demuestran la extensión de los proyectos.
Además, una LOA en enero de 2026 contrató a la USACE para un paquete de seis obras viales por $100 millones, a realizarse en 6 meses. Esto supone que los ingenieros militares de Estados Unidos estarán inmiscuidos en obras dentro de las estrechas avenidas de la Ciudad de Guatemala y de otras ciudades. El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, justificó la asignación de las obras al USACE por la falta de recursos en Guatemala, pese a contar con ingenieros militares guatemaltecos.
“Somos un ejército reducido después de la firma de la Paz [en 1996]. Nosotros fuimos más allá de los números de reducción y entonces las capacidades técnicas de equipamiento son limitadas. Con esta realidad era impensable que en términos de tiempo normal sacáramos un proyecto de esa envergadura”, dijo Saenz.
Aunque el monto de la ejecución de las obras aún no es oficial, estimaciones lo colocan en el orden de los 600 millones de dólares, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Lo claro es que estas obras serán encargadas al USACE y que Guatemala deberá buscar mecanismos de endeudamiento para poder cubrirlas.
“Es una ecuación única, porque toda la vida ha sido al revés. Estados Unidos nos da dinero, [pero ahora] nosotros le pagamos al gobierno de Estados Unidos“, resaltó Renzo Rosal, politólogo y catedrático de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala.
Más inversión en armas e infraestructura
De acuerdo con el ministro Sáenz, el país es hoy el quinto inversor militar más grande de Latinoamérica en la industria militar estadounidense. Sin embargo, estas declaraciones del ministro no pudieron verificarse, ya que no existe un índice que agrupe el gasto en infraestructura y en armamento. Las ventas de armas y equipamiento de Estados Unidos a Guatemala rondan los 31 millones de dólares, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos difundidas por el Center for International Policy.
El rearme de Guatemala se produce después de que el gobierno de Trump levantara el embargo de armas contra Guatemala, que había estado vigente durante 47 años. El embargo fue establecido inicialmente por el gobierno de Jimmy Carter para evitar que las armas estadounidenses se utilizaran en violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del país.
El rearme de Guatemala se produce después de que el gobierno de Trump levantara el embargo de armas contra Guatemala, que había estado vigente durante 47 años.
A lo largo de este periodo, las ventas de armas a Guatemala han sido intermitentes. En 1983, Ronald Reagan autorizó la venta de ciertas armas y piezas de helicópteros, pero las suspensiones se reanudaron en la década de 1990. En algunos casos, tanto armas y dinero han llegado a Guatemala de manera clandestina. Según Sáenz, el ejército había adquirido armas de Colombia e Israel anteriormente.
En agosto, el país recibió el primer lote de fusiles de asalto M4 y en el resto del año y de 2027 recibirá un paquete de 2 lanchas patrulleras tipo Island para intercepciones contra el narco en el mar, 2 aviones tipo Twin Otter para interceptar narcotraficantes por medio de paracaidistas, tres aviones Thrush 710 para combatir incendios.
Estas compras aumentaron el gasto en defensa, pero lo que finalmente consolidó el compromiso de Guatemala con el gasto militar fue su decisión de confiar la modernización de su infraestructura al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), clasificándolos como proyectos de seguridad nacional. “Estos son proyectos de nación que vinieron a sumar, que no los teníamos en el radar como defensa, pero que ellos lo van a gestionar en el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos y entonces lo toman como defensa y eso nos suma y nos sube a que seamos el quinto lugar en inversión en defensa para Estados Unidos”, dijo Sáenz.
Estados Unidos consolida su influencia regional
Para el analista Roberto Wagner ha sido evidente que ocupar espacios que podrían interesar a China es uno de los principales incentivos para que el USACE aceptara estos contratos.
En las primeras dos décadas de este siglo, el gigante asiático aceleró sus inversiones en infraestructura en Latinoamérica. En Centroamérica la presencia de varias empresas chinas en puertos alrededor del canal de Panamá ha traído tensión a la región por los reclamos de Estados Unidos. Y en el caso guatemalteco, conectar ambos océanos es un atractivo geoestratégico.
“Precisamente esa ruta del Atlántico al Pacífico y viceversa, es una alternativa al canal de Panamá”, dijo Wagner, sobre la importancia de un corredor seco que sea una alternativa comercial.
Hoy Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con China y es uno de los 12 países que reconocen a Taiwán. Sin embargo, importa 18 veces más productos de China que de Taiwán en términos de valor, según datos de 2023.
Cuestionado sobre si fue siquiera una opción considerar a otros países como posibles ejecutores del proyecto, el ministro Saenz expuso:“Yo hice la gestión con Estados Unidos porque fue la instrucción que recibí”.
Sáenz también señaló que la actual administración considera que estos contratos son la mejor forma de protegerse de la corrupción que prevalece en los puertos y los proyectos de infraestructura. El gobierno argumenta que, dado que el USACE no es una empresa sino un cuerpo de ingenieros militares, confiarles el proyecto reducirá el riesgo de corrupción. Al mismo tiempo, otro objetivo del acuerdo es proteger al puerto del tráfico ilegal de drogas, un tema clave para la administración de Trump, dijo el ministro de Defensa. Confirmó que, tras la modernización, espera que haya menos incautaciones de drogas, basándose en la lógica de que estas disminuirán porque el puerto será más seguro.
Concesiones que aseguran la gobernanza interna
El 1 de julio el presidente Bernardo Arévalo se presentó al foro “Guatemala se Transforma”, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, un evento de la iniciativa privada centrado en la infraestructura y la conectividad. Ante un público lleno de empresarios habló sobre la ampliación del Puerto Quetzal y la construcción de líneas ferroviarias en el país. Las obras fueron aplaudidas por empresarios, un sector receloso de su gestión.
“Se están presentando como si fuera el legado de infraestructura de este gobierno”, dijo Wagner. Previo al cierre de estos acuerdos la lista de obras del gobierno de Arévalo se encontraba deslucida. Así los acuerdos con el USACE han servido para disuadir a detractores del presidente, en un país donde la política gira en un eje conservador.
Previo al cierre de estos acuerdos la lista de obras del gobierno de Arévalo se encontraba deslucida.
“En el planteamiento hoy discursivo-narrativo dicen, si usted está en contra de todo eso, entonces no le interesa los puertos, no le interesa el desarrollo del país, no le interesa la competitividad del país, está en contra de esto, entonces te desarma”, dijo Rosal.
De esta forma los compromisos del puerto y los ferroviarios brindan certezas. El ministro de la defensa asegura que los estudios y el encargo de la obra del puerto al USACE tienen asegurado su futuro, incluso si mañana el siguiente gobierno deseara echar para atrás la obra, pues se trata de un acuerdo de Estado.
La militarización de la diplomacia
Estados Unidos no ha asignado un embajador en Guatemala desde hace ocho meses. Para Rosal, que no haya apuro en nombrar a un nuevo embajador es grave, pues denota que no hace falta negociación para cumplir con los intereses de Estados Unidos.
La influencia del ejército en la agenda internacional se ha vuelto difícil de negar, algo que quedó perfectamente demostrado con el caso de la Cumbre del “Escudo de las Américas”, celebrada en marzo en Miami. Aunque el presidente Arévalo no estuvo presente, el ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, representó al país junto a sus homólogos del Comando Sur de los Estados Unidos. “El Ministerio de Defensa está jugando un papel más importante de lo que debería estar jugando el Ministerio de Relaciones Exteriores”, apuntó Roberto Wagner, internacionalista guatemalteco especialista en geopolítica.
Los acuerdos militares, las compras de armas y los contratos multimillonarios tampoco han impedido que Estados Unidos interfiera en los asuntos internos de Guatemala. En marzo, el New York Times reveló un presunto acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para llevar a cabo operaciones conjuntas de lucha contra el narcotráfico. Una fuente del gobierno de Arévalo le dijo a El País que Estados Unidos quería convertir las operaciones en un espectáculo televisado.
Los acuerdos militares, las compras de armas y los contratos multimillonarios tampoco han impedido que Estados Unidos interfiera en los asuntos internos de Guatemala.
A pesar de que el gobierno guatemalteco negó rotundamente que tales operaciones vayan a llevarse a cabo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha mantenido la presión para que Guatemala participe en su campaña “antidrogas”. En la entrevista, Sáenz aclaró que hay personal militar estadounidense presente en Guatemala —incluidos mecánicos de aeronaves, personal que brinda capacitación en ciberseguridad y contingentes que entrenan a las fuerzas especiales guatemaltecas—, pero que los únicos que “realizan operaciones militares en territorio nacional son el Ejército de Guatemala”.
Aunque Arévalo pidió una consulta para aclarar la situación al Departamento de Estado, no hubo respuesta. Por su parte Barret dijo públicamente que iban a respetar los procesos de elección.
La intervención también se ha producido en el ámbito político. En marzo, justo cuando el Congreso se preparaba para elegir a los magistrados de la máxima corte del país, John Barrett —el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos— llamó a los legisladores guatemaltecos para expresar su apoyo al magistrado Roberto Molina Barreto. Aunque Arévalo solicitó una aclaración al Departamento de Estado, no recibió respuesta. Por su parte, Barrett declaró públicamente que respetarían los procesos electorales.
“Dejó muy mal parado al presidente”, dijo Wagner sobre el suceso. En esa tesitura, los analistas consultados tampoco descartan que, pese a las concesiones de obras de Guatemala, Trump alce la voz por algún candidato en las elecciones presidenciales de 2027.
“¿Aquí también va a respaldar a [un] Nasry Asfura como lo hizo en Honduras? No lo sé. Pero aquí de momento hay varios que están levantando las dos manos y si tuvieran tres serían las tres, diciendo yo quiero ser el respaldado [por Trump]”, dijo Rosal.
Juan Luis García ha sido reportero en Guatemala y México cubriendo temas de militarización, política y migración. Ha sido fellow de los programas Reham Al Farra de las Naciones Unidas, de la Fundación Alfred Friendly (Misuri) y de la Kiplinger Fellowship (Ohio).