Los manifestantes de Perú expresan una mezcla de agotamiento, tristeza, miedo y rabia. Cuando miles de personas salieron a las calles de Lima y de otras treinta ciudades peruanas el 15 de octubre —una de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos tiempos, tras la caída de la presidenta Dina Boluarte y la llegada al poder de José Jerí—, las historias que contaban eran similares. Estaban cansados de la brutalidad policial, pero decididos en su lucha.
Aunque la violencia policial letal forma parte desde hace tiempo del repertorio del Estado para controlar las protestas, en los últimos años ha aumentado. Desde el año 2020, 54 personas han muerto en el país a manos de la policía durante protestas, mientras que otros cientos han resultado gravemente heridos. La represión policial es ahora un instrumento de gobernanza en Perú y se ha vuelto cada vez más común que esta provoque a los manifestantes, dispare perdigones de goma y de metal a quemarropa, e incluso use armas de fuego. Todo ello contradice las directrices oficiales de la policía sobre el mantenimiento del orden público. El 15 de octubre, Eduardo Ruiz, rapero de 32 años conocido como Trvko, murió tras recibir un disparo de un policía encubierto.
Estas movilizaciones, que han continuado desde la caída de Boluarte, están encabezadas por la “primera línea”, una red de activistas que se ha enfrentado a las formas más agudas de la violencia policial. El papel esencial de la primera línea es admirado por sus compañeros manifestantes, pero desestimado y criminalizado por las élites políticas, que han realizado grandes inversiones en material antidisturbios y han tildado a los manifestantes de “terroristas”. Pese a ello, esta resistencia organizada no se rendirá fácilmente: el establecimiento de la primera línea tiene sus raíces en las crisis superpuestas de inseguridad, extorsión, inestabilidad política y erosión de la democracia en Perú. Los manifestantes no confían en que el mero traspaso del poder presidencial resuelva estos problemas enquistados.
Las crisis políticas del Perú
Aunque el catalizador del último estallido de protestas ha sido la indignación ante la corrupción y la inseguridad, las organizaciones sociales del Perú se enfrentan a problemáticas profundamente arraigadas en la historia del país.
Según Reynaga Segundo, activista del hip-hop, los jóvenes de hoy se enfrentan a las secuelas de la dictadura de Alberto Fujimori, que gobernó el país con mano dura de 1990 a 2000. “El régimen de Fujimori destruyó las organizaciones sociales”, explica. Como consecuencia, muchos peruanos y peruanas perdieron la fe en las protestas y en la acción colectiva. “Era triste ver que durante las marchas, después de una o dos bombas lacrimógenas, la gente se dispersaba y la protesta terminaba.”
En la última década, los manifestantes han intentado recuperar parte de la militancia de protestas y de movimientos sociales anteriores. La reencarnación más reciente de la “primera línea” se remonta a 2014, cuando el gobierno de Ollanta Humala aprobó la Ley Pulpín, que proponía reformas laborales presentadas como esfuerzos para impulsar el empleo juvenil, pero que, en la práctica, permitía a los empleadores contratar a trabajadores jóvenes eximiéndolos de los beneficios laborales estándar. Harto de la precariedad, los peruanos más jóvenes salieron a las calles con una intensidad que parecía haber permanecido latente en la capital.
Las protestas de 2014 sirvieron como momento de despertar político para muchos de los activistas actuales. Scrolli, un joven que se identifica como anarquista, empezó a desactivar botes de gas lacrimógeno en 2015. Su trabajo en primera línea cambió por completo su percepción de los manifestantes. “Antes pensaba que todos los que estaban en primera línea eran violentos, pero luego me di cuenta de que la policía es abusiva, criminal y asesina”, explica. La violencia dirigida a sus compañeros le hizo reflexionar sobre formas más radicales de protestar. “Al ver caer a mis compañeros a mi lado, me decidí a organizarme y defenderme”.
El Perú ha tenido ocho presidentes en la última década.
Desde entonces, la democracia en Perú se ha erosionado tanto que el país se considera ahora un “régimen híbrido”, marcado por el “autoritarismo legislativo”, el aumento de la pobreza y la mayor tasa acumulada de mortalidad por COVID-19 per cápita del mundo. El Perú ha tenido ocho presidentes en la última década.
La indignación por estas crisis se ha hecho sentir cada vez más en los espacios públicos, en particular en las protestas de 2020, 2022 y 2023, que siguieron a un autogolpe fallido y a la caída del poder del líder de izquierda Pedro Castillo. Las manifestaciones a nivel nacional fueron violentamente reprimidas, especialmente en Ayacucho, Apurímac y Puno, donde la policía masacró a manifestantes predominantemente aymaras, quechuas y de sectores económicamente marginados.
Auto-defensa y contraataque
La resistencia de los manifestantes ante la violencia policial pretende contrarrestar una narrativa oficial clave: la de que las políticas estatales no generan indignación. Como recuerda Pantera Rosa, una activista estudiantil que actúa como escudero y desactivador en las protestas, el papel de la policía es “despejar el camino”, desmantelar la protesta antes de que pueda influir en la opinión pública. Ocupar las calles es un acto de contestación en sí mismo, que conlleva costes inmensos.
En la primera línea, cada uno tiene un papel específico que desempeñar: algunos en roles defensivos y de mitigación de riesgos, otros como una “fuerza de choque”. Además de mantener el impulso de las protestas, la primera línea se coordina para proteger a los manifestantes. Una de sus funciones centrales es desactivar las bombas de gas lacrimógeno que la policía lanza. Esta tarea, excepcionalmente peligrosa, se vuelve más arriesgada cuando el Estado utiliza botes de gas caducados, que resultan más dañinos.
A medida que la violencia del Estado se ha intensificado, también lo ha hecho la preparación de los manifestantes de primera línea. Hoy en día, la primera línea incluye a voluntarios de salud como Alma, estudiante y miembro de la brigada. “Atendemos a los heridos, llamamos a las ambulancias, nos quedamos con la gente en los hospitales y hacemos seguimiento de los heridos después de la movilización”, explica.
Los medios de comunicación independientes —especialmente los fotoperiodistas— también desempeñan un papel vital en primera línea. Su trabajo va más allá de la documentación al producir pruebas visuales para defender los derechos de los manifestantes y cuestionar las narrativas dominantes. Como narra el fotoperiodista José Rubio, sus fotos le han ayudado a demostrar la inocencia de manifestantes, como en el caso de Aida Aroni, una manifestante indígena acusada de resistirse violentamente a la detención, que sólo había gritado a la policía que dejara de disparar. “El material que yo había documentado ayudó a demostrar su inocencia”, señaló.
No cualquier manifestante puede llegar a la primera línea. Según Scrolli, para formar parte de esta hay que demostrar autocontrol y lealtad. “A veces tiemblas de rabia ante lo que ves. Necesitas mucho control para presenciar eso y no salir a hacer alguna locura.”
¿Quiénes están en la primera línea?
La primera línea de Lima es principalmente de clase trabajadora y de sectores populares de la capital. Según Vegueta, un activista con ocho años como escudero, “el noventa por ciento de los que estamos en primera línea procedemos de las llamadas barriadas de Lima. Todos hemos experimentado desventajas y épocas en las que nos han cortado la electricidad y el agua”. Estas angustias colectivas han servido para pulir un inmenso compromiso con la causa. “Soportamos el tráfico de hasta tres horas solo para llegar a los sitios”, detalla.
Lo que les une no es la edad, sino un sentimiento compartido de conciencia política formado fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, a través de iniciativas de izquierda y anticoloniales, la organización anarquista, el activismo universitario, la cultura hip-hop, el antifujimorismo y el feminismo.
Aunque la mayoría de los manifestantes son jóvenes, lo que sitúa las manifestaciones de Perú dentro de la ola más amplia de los llamados estallidos de la “Generación Z”, quienes están en primera línea proceden de múltiples generaciones. Algunos son activistas experimentados, mientras que otros pertenecen a la Generación Z. Lo que les une no es la edad, sino un sentimiento compartido de conciencia política formado fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, a través de iniciativas de izquierda y anticoloniales, la organización anarquista, el activismo universitario, la cultura hip-hop, el antifujimorismo y el feminismo.
Como explica Scrolli, la primera línea está formada por gente común y corriente, “normal”, con diversas responsabilidades cotidianas; gente como él, que hizo carrera en informática y tiene una hija. Admite sentir rabia cuando les llaman vándalos, pero rápidamente añade: “Tampoco somos superhéroes”.
La composición de la primera línea de estas protestas es similar a la de otras que han recorrido América Latina, como en los levantamientos de Chile en 2019, Colombia en 2020 y Ecuador en 2022, en los que la represión policial resultó en la muerte de manifestantes.
Los activistas peruanos en primera línea conocen las tácticas de movimientos anteriores en el continente y se motivan con sus resultados. Vegueta reflexionó sobre el levantamiento de Chile como fuente de inspiración y señaló que le sorprendió saber que existía un Museo del Estallido Social. Al ser entrevistado, me mostró cuidadosamente sus artefactos de lucha: su escudo de MDF y los botes de gas lacrimógeno vacíos que ha desactivado en estos años. “Guardo estas cosas porque quizá algún día nosotros también podremos contar nuestra historia.”
“Luchamos para no tener que luchar más”
A corto plazo, los activistas de primera línea exigen que el nuevo gobierno garantice el derecho a la protesta, resuelva la grave problemática de la inseguridad ciudadana y restablezca el equilibrio de poder en Perú. Pero sus visiones también se dirigen a una reconstrucción a más largo plazo del Estado y de la sociedad peruanos.
Activistas como Reynaga Segundo critican duramente la persistente desigualdad y el modelo económico de Perú. “El neoliberalismo ha avanzado por encima de nuestros derechos”, afirma. Este no es sólo un sistema económico formalizado en los años noventa, sino también un sistema de creencias que ha desempeñado un papel crucial en la legitimación del régimen político peruano. Muchos entrevistados se centraron en la necesidad de una asamblea constituyente para reformar el capítulo económico vigente de la Constitución nacional, que institucionaliza el principio de subsidiariedad estatal.
La indignación es acorde con la magnitud de la crisis. Sin embargo, aunque dispuestos a enfrentarse a una violencia inmensa, los manifestantes se apresuraron a señalar que no protestan porque sea divertido. Como explicó Scrolli: “¿Quién demonios quiere pasarse la vida luchando? Habría que estar loco para querer eso. Luchamos para que un día no tengamos que luchar más”.
Los manifestantes de primera línea experimentan a menudo una angustia emocional aguda después de las protestas, incluso cuando regresan a casa sanos y salvos. “No es normal caminar por una calle y sentir, de repente, un escalofrío, que se me ponga la piel de gallina, porque ahí viví la represión en los meses anteriores”, dijo Pantera Rosa.
No tienen deseos de morir. “No quiero que me conviertan en un homenaje ni que la gente estampe mi cara en una camiseta, porque he muerto”, se hizo eco Vequeta.
Sin embargo, no todo es miedo y dolor. “A veces es gratificante”, afirma Nadia Rain, una fotógrafa que documenta las protestas desde 2020. “Lo que me conmueve es la sensación de colectividad, algo que no encuentro en mi trabajo formal. La sensación de que hay gente que piensa como yo, con la que me siento comprendida.”
Hoy en día, el deseo de permanecer en las calles también se ve impulsado por la necesidad de honrar a quienes han muerto protestando. Para Alma, “Sus muertes no han sido en vano. Siempre vivirán en nuestra memoria mientras sigamos aquí”. Haciendo eco de este compromiso, Scrolli demuestra la misma persistencia: “He oído hablar varias veces a Trvko. ¿Qué pensaría si diéramos un paso atrás?” Juntas, sus palabras expresan no solo duelo, sino también la firme resolución de seguir resistiendo.
Las identidades de algunos entrevistados y los colectivos a los que pertenecen se han ocultado o se han presentado bajo seudónimos para garantizar su seguridad.
Raisa Ferrer Pizarro es comunicadora y académica interdisciplinaria. Actualmente es investigadora doctoral en sociología en la Universidad de Bielefeld e investigadora en el Instituto de Estudios Peruanos. Más allá del ámbito académico, participa en proyectos de escritura creativa e iniciativas audiovisuales, como Cartas Sonoras Feministas, un proyecto documental basado en archivos orales del que es cofundadora.