Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2026 de nuestra revista trimestral la NACLA Report.
Escribo desde México, país inventado en las nostalgias de los millones de migrantes y sus descendencias. Actualmente, tan solo en la Ciudad de México viven casi 200 mil extranjeros, con y sin papeles en regla. Es una ciudad que a veces hace de santuario, como cuando recibe a redacciones completas de diarios u organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos por el régimen de Nayib Bukele en El Salvador, o la familia Ortega en Nicaragua. Y al mismo tiempo, México es también país expulsor de migrantes internacionales y escenario de un incalculado número de personas en desplazamiento forzado interno por las guerras contra el pueblo que suman ya casi dos décadas. Estas condiciones se superponen, y en ese cruce México dejó de ser solo un país de tránsito y se convirtió, sin haberlo decidido, en un país de destino bajo un régimen migratorio en profunda contradicción. Desde ahí escribo.
Escribo desde la rabia, el profundo cansancio, la incertidumbre y el duelo. El 2025 comenzó convulso y así termina este primer año de la administración Donald Trump 2.0, año 533 de la resistencia negra, indígena, migrante y popular contra el colonialismo en lo que Lélia González llamó Améfrica Ladina, y segundo año consecutivo del genocidio contra el pueblo palestino.
En el presente de las renovadas intervenciones militares en América Latina, México ocupa un lugar clave en la cartografía regional de la movilidad y el control por su historia migrante.
Convocada por las editoras de este dossier temático, esbozo aquí algunas pinceladas para compartir mis impresiones en torno a una hipótesis de trabajo central. En el presente de las renovadas intervenciones militares en América Latina, México ocupa un lugar clave en la cartografía regional de la movilidad y el control por su historia migrante; por su papel como país de tránsito y como país tapón, atravesado por múltiples violencias; y, más recientemente, por su configuración como lugar-hogar-refugio —tal vez temporal, tal vez definitivo y transgeneracional—, una condición que aún está por definirse.
Todo ello se inscribe en una paradoja sugerente. Un gobierno mexicano que se anuncia progresista y que, desde ese lugar, exige a su homólogo estadounidense respeto a los derechos de los migrantes mexicanos, pero que, al mismo tiempo, basa su “gestión” de las migraciones en la jerga derechohumanista y en aparatos legales e infraestructurales de control heredados de anteriores administraciones de corte centrista y derechista. No se trata solo de una incongruencia discursiva, sino de una forma concreta de gobernar.
Este trabajo es una suma de postales sobre la vida cotidiana en tiempos de odio, del “hacerse un lugar” de las comunidades migrantes y deportadas en México en la era del tecno-fascismo. En México llamamos era del tecnofascismo al actual periodo presidencial, lo que del otro lado del muro también se conoce como la Era Trump 2.0. Utilizamos este término porque, desde el inicio de la campaña electoral republicana que llevó al actual mandatario al poder, se consolidó una narrativa —especialmente en el plano multimedia— que fija en el imaginario colectivo la asociación entre las prácticas de extractivismo digital de las grandes corporaciones tecnológicas y las políticas de odio del actual gobierno estadounidense.
El texto fue escrito antes del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero de 2025 y del asesinato de Renée Nicole Good, poeta y activista del movimiento santuario, unos días después en Minneapolis. El escenario no solo no cambió, sino que se intensificaron las formas de guerra total contra las comunidades migrantes y sus familias en Estados Unidos. Mientras tanto, en México, quienes se dirigían hacia el otro lado del muro ensayan nuevas estrategias para hacerse un lugar habitable en este, su nuevo hogar.
Las formas de gobernar las migraciones en México
En Estados Unidos viven 12 millones de personas de origen mexicano. Es decir, somos un pueblo migrante: uno de cada 10 mexicanos hace la vida del otro lado del muro. Pareciera entonces que, en tiempos de un gobierno democráticamente electo y sostenido sobre todo por los sectores populares, este país tendría una política migratoria soberana, basada en la seguridad humana, en garantizar el derecho a una vida digna, tanto para quienes se van desde su territorio como para quienes transitan por él o se instalan a vivir aquí. Nada más lejos de eso.
Pero también, hay que aceptarlo, la constitución de México como un país tapón no es una creación del gobierno actual. Tiene un andamiaje complejo y su presente se configura a partir de una larga historia de subordinación a las políticas migratorias estadounidenses, intensificada desde que el Tratado de Libre Comercio de 1994 convirtió a las élites mexicanas en socias del proyecto neoliberal regional.
El gobierno de las migraciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con Claudia Sheinbaum en el poder ejecutivo y con mayoría en las cámaras legislativas, se basa en dos lógicas que también estructuran la política migratoria estadounidense: la securitización y la externalización de las fronteras. Es decir, México ejerce las mismas formas de gobierno de las migraciones que su homólogo del norte, al supeditarse a sus normas y convertir a la migración en un problema de seguridad nacional. De ahí que la detención y la deportación —en el caso mexicano de la transmigración que atraviesa su territorio— terminen siendo los ejes centrales de la política pública.
Reitero, esta supeditación no fue generada por los gobiernos actuales de Trump o de Sheinbaum. Ambos recibieron como herencia de anteriores administraciones el complejo industrial carcelario para detener migrantes, así como la infraestructura necesaria para deportar sin debido proceso a cientos de miles de personas —migrantes, solicitantes de refugio y demandantes de asilo político—. Y para muestra, basta un botón: no hay que olvidar que fue bajo la administración del anterior gobierno morenista, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que en México se quemaron vivos a 40 migrantes y solicitantes de asilo en la estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023. Encerrados bajo llave, murieron asfixiados sin que ninguna autoridad evitara las funestas consecuencias de ese crimen de Estado. Un crimen que, hasta hoy, permanece impune. Partamos de ahí.
A la vez, debemos reconocer que, además de expulsar históricamente al 10 por ciento de su población hacia Estados Unidos, México se ha convertido, desde la firma del Tratado de Libre Comercio en los años 90 y hasta el presente, en territorio de espera, de refugio y de permanencia para miles de familias que se quedaron atoradas en el tránsito hacia el norte. Esta transformación no fue planeada ni acompañada por una política pública orientada a la acogida. Y esa es la paradoja: la migración en México se gobierna haciendo eco de las políticas migratorias de odio y terror impulsadas por Estados Unidos, pero el país ahora enfrenta las consecuencias de esas políticas, al tener que acomodar en su territorio a nuevos vecinos de todas partes del mundo. Se trata de ciudadanos de 181 países del mundo, que suman entre 1.2 y 1.5 millones de personas, nacidas originalmente —sobre todo— en Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y Honduras. Estas personas forman parte de los movimientos migratorios que, entre 2018 y 2024, atravesaron o se atoraron en México. Migrantes que piensan a México como el tramo más infernal para alcanzar su norte, más letal incluso que la selva del Darién.
En ese contexto, México se consolida como territorio para el “retorno forzado”, la “deportación voluntaria” y la expulsión espectacularizada que viene después de la detención arbitraria y la reclusión por meses en los panópticos del complejo industrial carcelario estadounidense. Propongo la noción de porno-necropolítica para hacer referencia a las formas de representación mediática —en las redes sociodigitales y en los grandes medios— que convierten las experiencias migrantes en espectáculos de miseria y muerte. Es una variante de pornomiseria de la representación de ciertas subjetividades sociales que enfatiza las violencias sin narrar las prácticas de resistencia de las personas migrantes para seguir con vida.
En ese contexto, México se consolida como territorio para el “retorno forzado”, la “deportación voluntaria” y la expulsión espectacularizada que viene después de la detención arbitraria y la reclusión por meses en los panópticos del complejo industrial carcelario estadounidense.
Así es como colisionan muchas historias en un mismo territorio. Este es el tiempo de las redadas televisadas, de las detenciones de los adultos en familias de estatus legal mixto, de los anuncios entre una canción y otra en las plataformas de streaming que lanzan amenazas sobre “lo que puede pasar a los niños de esos padres que cruzan la frontera sin permiso”. Es también tiempo de la campaña “México te abraza”, basada en la instalación de carpas militares en la franja fronteriza norte, que simulan una versión mexicana de la Operación Acogida implementada en el norte de Brasil, un experimento de la industria humanitaria para la contención, vigilancia y confinamiento en un solo lugar a miles de migrantes venezolanos y haitianos desde 2018 y hasta la fecha.
Un experimento fallido, el de México te abraza, porque las carpas instaladas se quedaron semivacías esperando a los “cientos de miles” de deportados mexicanos desde Estados Unidos que prometió Trump, mientras la violencia institucional se desplazaba hacia el sursureste del país. Y es que la planeación de una respuesta del gobierno mexicano a las redadas y deportaciones de mexicanos se basa en las amenazas de Trump y no en la inteligencia de los albergues o defensoras de migrantes, que han denunciado la deportación masiva no solo de ciudadanos mexicanos —cerca de 150 mil personas desde enero de 2025—, sino de todo el mundo al sur sureste de México. En la ciudad de Villahermosa, por ejemplo, hoy viven cientos de personas a la intemperie: cuerpos viejos y jóvenes binacionales, calcinándose al sol del Villahermosa, en un Tabasco que, desde que empezaron los vuelos de deportación, registra un repunte en el número de casos de desapariciones. De las más de 133 mil personas desaparecidas en el México contemporáneo, Tabasco concentra en 2025 el mayor índice de crecimiento de desapariciones de mujeres y niñas.
Pero, ojo: los vuelos chárter estadounidenses no fueron los primeros en arrojar a los migrantes a esta novedosa forma de violencia institucional. Desde un año antes, el gobierno mexicano ya “removía” a los transmigrantes —sobre todo centro y suramericanos— que lograban llegar a su franja fronteriza norte hasta esta entidad, desprovista de infraestructura para recibir a estos contingentes de personas y que hoy el periodismo denomina la “tercera frontera de los migrantes”.
A esta planeación fallida para recibir a los mexicanos deportados, y a la reubicación de migrantes en tránsito desde el norte hasta el sur sureste de México por parte del gobierno morenista, se suma el debilitamiento de los albergues para migrantes sostenidos por la sociedad civil, hoy en crisis por falta de financiamiento. Primero, por instrucciones de Morena en su primer mandato de cortar subsidios a las organizaciones no gubernamentales; luego, por el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ya en la era Trump 2.0. A ello se añade la reducción drástica de personal en organizaciones de derechos humanos dedicadas al humanitarismo. Todo eso, junto con la necesidad urgente de construir una vida digna por parte de migrantes de todo el mundo, está convirtiendo a México en un país densamente habitado por poblaciones migrantes, sin que exista una política orientada a garantizar sus derechos.
Transformaciones del régimen fronterizo en el corredor norte de las Américas
Asistimos a un cambio gramatical en el paisaje migratorio del corredor norte de las Américas, estructurado a lo largo de las últimas tres décadas bajo el marco del Tratado de Libre Comercio. Comprenderlo y explicarlo es casi tan complejo como lo fue interpretar en tiempo real —cual cronistas— las caravanas migrantes de 2018. Si aquel momento de lucha encarnó una rebelión contra la gramática necropolítica de las leyes que extranjerizan a las poblaciones empobrecidas del mundo, hoy la manera en que la administración Trump 2.0 ha activado y radicalizado la legislación heredada de gobiernos anteriores —demócratas y republicanos— introduce una nueva torsión en esa gramática de control migratorio.
Según reportes de las propias autoridades estadounidenses, retomados por la BBC, los cruces irregulares en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron en 2025 sus niveles más bajos en casi 50 años. “Este tiempo sí que está cerrada la frontera”, repiten los migrantes cuando transmiten lo que les dicen los polleros, coyotes, caminantes y traficantes de personas al justificar el aumento de los costos para subir al norte.
Además de lo heredado, tanto en términos de instrumentos legales como en infraestructura carcelaria y para la deportación, Trump 2.0 ha cancelado los programas de regularización temporal que habían funcionado como parches humanitarios. Entre ellos, el Estatus de Protección Temporal (TPS), una figura que permitía a personas nacidas en el extranjero permanecer legalmente en Estados Unidos cuando no podían regresar a casa de manera segura. Hasta marzo de 2025, casi 1.3 millones de personas de 17 países diferentes contaban con este estatus. Desde enero de ese mismo año, el gobierno estadounidense ha intentado derogar los permisos de esa naturaleza otorgados a venezolanos, haitianos, hondureños y nicaragüenses, entre otras nacionalidades. Aunque organizaciones defensoras de derechos de las personas migrantes han logrado frenar parcialmente estas medidas en tribunales, hasta la fecha el gobierno trumpista ha eliminado el estatuto en cuestión para personas de al menos 10 países, lo que genera zozobra entre cientos de miles de familias de estatus legal mixto, es decir, con integrantes con residencia regular e irregular.
La hipermilitarización de la frontera, sumada a las redadas en centros de trabajo del otro lado del muro, ha tenido efectos inmediatos en México. Las remesas —uno de los principales sostenes económicos de millones de hogares— disminuyeron casi un 5 por ciento en este primer año de la deportabilidad como política migratoria, pedagogía de la crueldad y espectáculo fronterizo. Entre enero y noviembre de 2025, México recibió $56,469 millones en remesas, una reducción interanual del 5.1 por ciento, acumulando ocho meses consecutivos a la baja, según datos del Banco de México difundidos por Forbes a inicios de 2026. Además de las remesas, bajaron los grosores de la transmigración en y desde el territorio mexicano.
Nunca estaremos en tasa cero de migración; ya se encarga el propio Estado mexicano de promover la migración temporal a Canadá con programas de trabajo esclavo para la agroindustria. Pero la movilidad de ahora es “bastante raquítica” en relación a los 16 millones de transmigrantes de 181 países de América, África y Asia que atravesaron este país tapón intentando llegar a Estados Unidos entre 2019 y 2025, según reportes del Instituto Nacional de Migración (INM). Para diciembre de 2025, este mismo instituto reportó un descenso de 87 por ciento en los intentos de cruce fronterizo por México, atribuida casi exclusivamente a las políticas fronterizas del vecino del norte. En ese año, el INM detuvo a poco más de 141.000 migrantes en situación irregular: 97.530 hombres, 43.614 mujeres y más de 14 mil niñas, niños y adolescentes, la mayoría menores de 11 años.
Lo mismo afirma la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) en su informe anual sobre 2024, donde señala tres momentos clave en la intensificación de la externalización de las fronteras y de la agenda antiinmigrante impulsada por Trump: el periodo de la campaña electoral estadounidense, entre enero y octubre de 2024; su designación para un segundo mandato presidencial, en noviembre de ese año; y el inicio formal de su gobierno, en enero de 2025. A partir del análisis comparativo de los datos de 2024 respecto al año previo, así como de la experiencia documentada en los albergues que integran la red, REDODEM concluye que estos procesos “evidencian la manera en que los cambios en las políticas migratorias de la región y el uso político de la migración en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos tuvieron un impacto en el tránsito de las personas por México”.
En México, varias cronistas de la migración intuimos que las personas migrantes no están más en tránsito. Muchas se han instalado a buscarse la vida en las principales ciudades mexicanas —sobre todo en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México—, donde esperaban ser citados para comparecer ante jueces que eventualmente podrían otorgarles el derecho de asilo o parole humanitario. Estas citas se gestionaron hasta enero de 2025 a través de la plataforma CBP One, una tecnología del tecno-humanitarismo, como le llamamos Junek Vargas, Alma Lara y yo en nuestro artículo “El tecnohumanitarismo como dispositivo de gobierno de las migraciones en México. Postales de la era CBP One”.
En México, varias cronistas de la migración intuimos que las personas migrantes no están más en tránsito.
CBP One fue una aplicación diseñada para administrar las citas de personas demandantes de asilo que llegaban por tierra a las fronteras de Estados Unidos desde México. Una tecnología que no conseguía atrapar los fenotipos negros y morenos de manera clara, que se “caía” constantemente y cuyo uso estaba restringido geográficamente al centro y norte del país, en su etapa final desde el sureste mexicano. Se trató de un mecanismo de gerenciar la migración y el derecho de asilo por parte de Estados Unidos que tuvo una vigencia desde enero de 2023 hasta enero de 2025, y cuyo cierre dejó a miles de personas varadas sin horizonte jurídico claro.
Además, durante 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cerró oficinas en toda América Latina, consecuencia directa del recorte de fondos estadounidenses decidido por la administración Trump 2.0 en febrero de ese año. Este cierre resulta especialmente relevante en el caso mexicano, pues entre 2018 y 2025 ACNUR financió hasta el 60 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado (COMAR). Una institución desbordada de trabajo por el aumento exponencial en las peticiones de refugio en México —de 2.137 en 2014 a más de 140.000 en 2023— y crónicamente desfinanciada por el Estado que, incluso bajo los gobiernos de Morena, invierte cada año el 90 por ciento de los fondos anuales destinados a la gestión migratoria a tareas de contención, seguridad y deportación, principalmente a través de la Guardia Nacional.
Hacerse lugar: paradojas y desafíos del México migrante
Atestiguamos entonces la reconfiguración del complejo y mutante panorama migratorio de este lado del muro. México sigue siendo un país tapón, al que se le cuelan —por grietas cada vez más angostas— refugiados, exiliados, sobrevivientes del Darién y de Mesoamérica entera, así como migrantes “extra-continentales” provenientes de países cuyos nombres apenas aprendimos a pronunciar para aprobar geografía en la primaria. Muchas de estas personas ya no son transmigrantes: hoy son nuestros vecinos. Y esa, desde mi perspectiva, es una de las principales rupturas que se han vuelto evidentes desde la asunción del equipo trumpista del otro lado del muro.
Esta es la paradoja —y el desafío— que enfrenta hoy México bajo el gobierno de Morena. A la luz del giro hacia la derechización antimigrante y la fascistización de las fronteras en Estados Unidos, así como de la supeditación del gobierno mexicano a políticas de odio contra los migrantes mediante la externalización y la securitización de sus fronteras, queda abierta una pregunta central: ¿cómo se gestionará la capacidad de “hacerse lugar” que hoy performan, de muy diversas maneras, los nuevos vecinos llegados desde múltiples partes del mundo?
Habrá que mantenerse atentas a los diálogos y escenarios que se despliegan entre los distintos niveles de gobierno y las poblaciones migrantes, quienes —pese a las violencias institucionales y sociales de ambos lados del muro— siguen demostrando una notable capacidad de hacer ciudad desde abajo. De las resistencias, las solidaridades, las alianzas y las victorias de las comunidades migrantes, deportadas y retornadas, toca esperar que, una vez logren reponerse del viaje, sean ellas mismas quienes narren sus historias y sus luchas.
Amarela Varela-Huerta es profesora investigadora de la UACM y doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja en torno a las migraciones y los movimientos sociales que se producen en torno a esta movilidad. Forma parte del Seminario Narrando Fronteras desde los Feminismos y participa de redes y colectivos que estudian, defienden y acuerpan procesos de insurgencia migrante.