Este artículo fue publicado en inglés en la edición de otoño de 2025 de nuestra revista trimestral la NACLA Report.
El concepto predominante de desarrollo y progreso ha sido moldeado por el colonialismo, un sistema monocultural de dominación que sigue dictando nuestras interacciones con los ecosistemas y entre nosotres. La colonialidad impregna todas las dimensiones de la vida social, incluido el discurso sobre el clima. Lo que llamamos cambio climático no es un mero fenómeno medioambiental; es un proceso histórico, enraizado en las violentas transformaciones que comenzaron con la colonización europea de Abya Yala/América Latina y se globalizaron a lo largo de siglos de expansión imperial. Hoy en día, los escenarios y las narrativas climáticas dominantes – en particular las que circulan a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) – perpetúan acciones climáticas basadas en principios coloniales de escasez, binarismo y extractivismo, en lugar de abrir vías para una transformación genuina.
En la COP30 que se celebrará en Brasil el próximo mes de noviembre, movimientos sociales, gobiernos, empresas y actores de la sociedad civil se reunirán con grandes expectativas una década después del Acuerdo de París. Traerán exigencias que entran en conflicto en un escenario tenso en el que la ONU se ha mostrado cada vez más incapaz de cumplir su misión de prevenir los genocidios y el apartheid climático en todo el planeta. La conferencia en Belém, en el corazón de la Amazonia, es en sí misma una victoria parcial ganada por los movimientos locales que insisten en que sus luchas por la soberanía indígena y la integridad territorial estén en primera línea de los debates sobre el clima.
El camino hacia la COP30 ha estado marcado por contradicciones y retrocesos. Siguen sellándose acuerdos climáticos injustos a costa de los pueblos y territorios que llevan mucho tiempo exigiendo una justicia climática de manera radical. La coexistencia de promesas de “transición” con más extracción de petróleo es un ejemplo de ello, mientras el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva sigue adelante con sus planes de perforar en busca de petróleo en la desembocadura del río Amazonas. Sin embargo la resistencia persiste, como en las comunidades urbanas periféricas y ribeirinhas (ribereñas). Suane Barreirinhas, activista de la biblioteca comunitaria itinerante Vila da Barca Literaria, declaró en una protesta en Belém en febrero de 2025: “Es hora de que utilicemos la COP30 para hacer eco de las voces de quienes sienten la crisis climática en su piel: pescadores, los pueblos ribereños y les niñes. […] Que este espacio, nuestro río, sea el escenario de nuestra lucha contra este “desarrollo” que nos afecta. Ya hemos visto el desastre de la presa de Belo Monte, y no aceptaremos perforaciones en la desembocadura del Amazonas”.
En este artículo analizamos tres narrativas climáticas hegemónicas que dan forma y limitan el sistema de las conferencias de la ONU sobre el clima, las COPs: la tecnología, la transición verde y las finanzas. Exploramos cómo estos marcos refuerzan mutuamente las lógicas coloniales tanto dentro como fuera de las negociaciones internacionales sobre el clima. Nuestro análisis se basa en nuestra experiencia vivida asistiendo a las conferencias de la CMNUCC como parte de grupos interconectados de la sociedad civil, y en nuestra investigación sobre la justicia climática y el decrecimiento a través de enfoques decoloniales, queer, feministas e interseccionales. Centramos las voces y las prácticas de agentes históricos y actualmente subyugados, a la vez que (re)tejemos nuevos mundos de justicia, comunidad y dignidad para todes.
Descolonizando narrativas y mecanismos climáticos en un mundo colonizado
El filósofo Olúfẹ́mi O. Táíwò identifica los siglos XVII a XIX como la época en que las potencias europeas establecieron el “Imperio Racial Global”, un orden económico mundial en el que los países imperialistas aprovechan el dominio geopolítico para extraer recursos de manera barata del Sur Global. Este sistema se materializa a través del intercambio desigual de materias primas, energía, tierra y mano de obra. Sin embargo, a menudo se ignora que este intercambio desigual se sustenta en la explotación del trabajo de cuidados, incluido el trabajo de subsistencia y doméstico que realizan las mujeres, las personas de género disidente, migrantes, campesinos/as y trabajadores/as empobrecidos/as, especialmente las poblaciones negras e indígenas. Estas formas de trabajo constituyen algunas de las mayores subvenciones históricas al capitalismo neoliberal. Estas dinámicas extractivistas mantienen a los países del Sur Global en la parte inferior de la cadena de valor mundial, privándoles de los recursos y bienes comunes necesarios para construir condiciones de vida dignas para todes. En su lugar, recursos se movilizan en torno al mantenimiento del consumo y el dominio geopolítico en el Norte Global
Numerosos informes rastrean este legado extractivista. Los siete mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero se encuentran también entre los diez países que mayor gasto realizan en militarismo a nivel mundial. Entre 2013 y 2021, las naciones ricas gastaron 9,45 billones de dólares de los EEUU en sus ejércitos, superando ampliamente los 243.900 millones destinados a la financiación climática. Solo en 2022, las subvenciones a los combustibles fósiles alcanzaron los 7 billones de dólares de los EEUU, casi el doble de lo que se gasta a nivel mundial en educación. Esta inversión persistente en la guerra y el extractivismo amenaza la dignidad humana a la vez que devasta a las comunidades marginalizadas, convirtiendo sus territorios en zonas de sacrificio racial: regiones que se vuelven inseguras o inhabitables debido a la degradación medioambiental. Como destaca en sus informes la ex relatora especial de la ONU E. Tendayi Achiume, estas zonas albergan en su inmensa mayoría a grupos marginalizados por motivos raciales, étnicos o nacionales: Pueblos Indígenas, territorios ocupados por la colonización y barrios segregados racialmente en el Norte Global.
Esta inversión persistente en la guerra y el extractivismo amenaza la dignidad humana a la vez que devasta a las comunidades marginalizadas, convirtiendo sus territorios en zonas de sacrificio racial.
El capitalismo racista patriarcal, impulsor de la violencia genocida desde Palestina hasta Nicaragua, ha servido como principio organizador del apartheid climático. Ha forjado cadenas de dependencia que permiten la subordinación racista del Sur. Las/los/les defensoras/es del territorio pagan con su vida. Según Global Witness, casi 2.000 fueron asesinadas/os/es entre 2012 y 2022. Colombia sigue siendo el país más mortífero, y las/os/es defensoras/es Indígenas y Afrodescendientes – especialmente en la Amazonia – se enfrentan a amenazas desproporcionadas, tortura y violencia como parte de sus realidades cotidianas. Aun así, la resistencia persiste. Como afirma Shruti Suresh, codirectora de campañas de Global Witness: “A pesar de estar amenazadas por acciones irresponsables de empresas y gobiernos, este movimiento mundial de personas, unidas por la determinación y el compromiso de defender sus hogares y comunidades, se mantienen firmes, y no pueden ser, ni serán, silenciados.”
El proceso que solidificó el “Imperio Racial Global” no es sólo material, sino también epistemológico y ontológico. Las formas en que vemos, nos relacionamos y soñamos con nuestros mundos están conectadas con las realidades materiales de la explotación, el saqueo, los ecocidios, los etnocidios, los genocidios y los epistemicidios, todas ellas consecuencias interrelacionadas del capitalismo racista patriarcal. La colonialidad persistente del poder, del conocimiento, del género y de la naturaleza es un medio para mantener la distribución desigual de materiales y mano de obra dentro de las naciones y entre ellas, evidenciada por la hegemonía de las visiones coloniales del mundo en la actualidad, desde las instituciones estatales hasta las normas y discursos culturales.
Nuestra visión de nosotres mismes, de nuestras especies hermanas y de los territorios que habitamos sigue estando confinada por la lógica binaria que la colonización infligió, no sólo a los pueblos colonizados sino también a los colonizadores. Este marco de oposición para organizar nuestros (eco)sistemas fomenta la separación, debilita nuestra interdependencia y cuidado con otras especies y comunidades, reduce las posibilidades de reparación y justicia en el presente y en el futuro, y agota las fuentes imaginativas de los mundos que necesitamos para florecer y vivir con dignidad. En su lugar, se nos deja sobrevivir con las escasas gotas que el capitalismo raciona: el binario de género que viola y mata a los cuerpos de género disidentes; el mito de la eficiencia de los recursos que agota nuestro descanso, creatividad y cuidado mutuo al servicio del lucro; las persistentes estructuras de supremacía blanca que empoderan a los beneficiarios de la esclavitud mientras criminalizan las vidas afrodescendientes y migrantes que buscan la libertad más allá de las ficciones coloniales de las prisiones y fronteras que desgarran las formas colectivas de experimentar el mundo. Este es el terreno sobre el que se construyen las narrativas climáticas, disfrazando el apartheid climático de soluciones justas. Pero cuando miramos más de cerca, detectamos en ellas diversos mecanismos de colonialidad.
Las tecnologías climáticas y la nueva cara del colonialismo del carbono
Bajo la aceleración del capitalismo, el mundo corre contrarreloj a través de una visión de túnel del carbono, centrándose estrechamente en las emisiones mientras ignora las conexiones sistémicas entre el apartheid climático y el empeoramiento de crisis globales como la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el agotamiento de los recursos y la desigualdad, al tiempo que ignora los límites planetarios. La “métrica del carbono” ha surgido como una herramienta de cuantificación limitada, creando una ilusión de progreso a través del comercio de emisiones mientras continúa la degradación medioambiental real.
En los últimos años, varias tecnologías se han popularizado y comercializado como contrapartidas positivas para lograr cero emisiones netas (net zero emissions). Pero muchas de ellas son distracciones peligrosas: riesgosas, no comprobadas y que a menudo requieren grandes extensiones de tierra. Algunos ejemplos incluyen técnicas de geoingeniería como la gestión de la radiación solar y la fertilización de los océanos, la captura y almacenamiento de carbono en bioenergía, las soluciones basadas en la naturaleza (Nature based Solutions – NbS) y los mercados de carbono.
En la práctica, los planes de cero emisiones netas significan que las emisiones – y los sistemas extractivistas y explotadores que la producen – continuarán, con la promesa de que se compensarán en otros lugares, lejos de los imperios globales. En esencia, se trata de una licencia para “quemar ahora y pagar después”, en la que los costes se externalizan a las comunidades del Sur Global. Estas compensaciones de carbono a menudo se traducen en desplazamientos forzosos, violaciones de los derechos territoriales colectivos y un continuo olvido de la desproporcionada apropiación histórica de los bienes comunes atmosféricos. Esta convicción de que la tecnología puede resolver todos los problemas de la sociedad, también conocida como “tecnochovinismo”, refuerza la excesiva confianza en las soluciones basadas en el mercado como respuesta al cambio climático.
El gobierno del estado anfitrión de la COP30, Pará, se ha apresurado a sellar acuerdos de colonialismo del carbono que pueden parecer verdes a los ojos del mundo. En 2024, el gobernador Helder Barbalho acordó vender 180 millones de dólares en créditos de carbono dentro de Pará a la coalición LEAF, formada por multinacionales contaminantes como Amazon, Bayer y la Fundación Walmart, junto con los gobiernos de Noruega, Reino Unido y Estados Unidos. El mercado del carbono está alimentado por consumidoras/es privilegiadas/os que caen ignorantemente en la trampa de la compensación del carbono, y por la codicia de multinacionales y países altamente emisores, que se alían con las autoridades locales para imponer a las comunidades forestales contratos abusivos de captura de carbono. Celebrado por los medios de comunicación neoliberales como un hito de preservación sin precedentes, el acuerdo ha sido duramente criticado por los grupos de pueblos indígenas y forestales afectados y las ONG socioambientales por su falta de transparencia. En 2025, el Ministerio Público Federal recomendaron la anulación del acuerdo. Como protestó la líder indígena Alessandra Korap Munduruku: “No se consultaron a nuestros liderazgos, nos vendieron como una mercancía”.
Las narrativas corporativas de la transición verde y el continuo colonial
Para 2050, se prevé que la demanda de determinados minerales aumente casi un 500%, especialmente los que se concentran en las tecnologías de almacenamiento y transmisión de energía, como el litio, el grafito y el cobalto. Esto convierte a África y América Latina, especialmente, en las despensas de estos llamados minerales críticos, o estratégicos, necesarios para mantener el statu quo en el Norte Global. Alrededor del 50-60% de las reservas mundiales de litio se encuentran en el llamado “Triángulo del Litio”, que abarca el norte de Argentina, el sur de Bolivia y Chile. El extractivismo verde adopta muchas formas, como la deforestación para la exportación masiva de madera de balsa utilizada en la construcción de palas de aerogeneradores y la minería para la producción de baterías de vehículos eléctricos.
La clasificación de los minerales como “críticos” o “estratégicos” refleja el tecnochovinismo imperialista. Mercantiliza territorios enteros para su explotación bajo la justificación de que estos recursos son esenciales para el funcionamiento de las tecnologías, las economías y los ejércitos de potencias hegemónicas como Estados Unidos y la Unión Europea. Siguiendo con los patrones coloniales, los países imperialistas y las corporaciones monopolísticas aprovechan su dominio geopolítico para firmar nuevos acuerdos que perpetúan la dinámica del intercambio desigual. Las grandes multinacionales extraen de los países de la “periferia” minerales esenciales que consumen principalmente los países “centrales”, lo que refuerza los discursos sobre el “subdesarrollo” y la dependencia de las exportaciones de materias primas.
Los países del Norte se posicionan como vanguardistas en la reducción de las emisiones y prohibición de las industrias contaminantes dentro de sus fronteras, mientras aumentan las importaciones de combustibles fósiles del Sur.
Esta transición “verde” corporativa – centrada en soluciones tecnológicas, cambios en la matriz energética y la electrificación de la economía – pretende mantener los niveles de consumo imperialista al tiempo que perpetúa la falacia del crecimiento económico infinito. Irónicamente, los países del Norte se posicionan como vanguardistas en la reducción de las emisiones y prohibición de las industrias contaminantes dentro de sus fronteras, mientras aumentan las importaciones de combustibles fósiles del Sur. Como señala el académico y activista Hamza Hamouchene: “Desplazar los costes de una industria tan destructiva del Norte al Sur es una estrategia del capital imperialista en la que el racismo ambiental se une al colonialismo energético”.
El “Manifiesto de los Pueblos del Sur – Por una Transición Energética Justa y Popular”, formulado por movimientos de base y grupos ecologistas de todo Abya Yala, lo expresa sin rodeos: “Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños, sin mencionar la vida no humana. Las mujeres, especialmente en sociedades agrarias, están entre las más afectadas. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, para los países del Norte”.
La deuda ecológica e histórica que el Norte tiene con el Sur crece al tiempo que queda oculta por las arquitecturas financieras construidas por el propio Norte. Esto empuja a los gobiernos del Sur hacia el extractivismo depredador y la expansión de las exportaciones para pagar deudas impagables en moneda extranjera, creando un círculo vicioso de destrucción y dependencia. Romper este orden económico abusivo exige descolonizar nuestros sistemas de creencias y de poder y, sobre todo, nuestras relaciones con los bienes comunes: la tierra, el sol, el viento, el agua, otras especies y las comunidades. Una verdadera transformación requiere no sólo un cambio en el discurso, sino en la acción, en la forma en que nos acercamos a la “naturaleza” para reconocer nuestra dependencia y nuestra parte intrínseca dentro de “ella”. Una visión feminista queer de una Transición Justa reconoce nuestra interdependencia ecosistémica con otras especies y comunidades. Dignifica el trabajo haciendo visibles y valiosas todas sus formas, sin discriminación ni divisiones binarias basadas en el género, la raza, el estatus migratorio o el acceso a los recursos.
Las raíces coloniales de la financiación del clima
Los mecanismos financieros desempeñan un papel crucial en el apoyo a la acción por el clima. Sin embargo, el panorama actual de la financiación climática, dominado por los préstamos en lugar de las subvenciones, perpetúa un ciclo de deuda y dependencia para los pueblos y territorios más afectados por el apartheid climático. La financiación climática opera bajo una narrativa colonial de caridad, en la que los colonizadores se transforman a sí mismos de saqueadores a salvadores benévolos – donantes – que marcan el ritmo y califican lo que es progreso y desarrollo. Los discursos sobre la financiación climática enmarcan las obligaciones de los países del Norte en la caridad y no en la responsabilidad histórica por la deuda ecológica. El Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, proporciona la mayor parte de la financiación climática en forma de préstamos y celebra habitualmente “la generosidad de los países contribuyentes” en lugar de reconocer sus obligaciones históricas.
De 2011 a 2020, aproximadamente el 95 por ciento de la financiación climática pública y privada se proporcionó con la expectativa de un retorno, principalmente a través de préstamos. En 2021, los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mostraban que la financiación pública para el clima de los países desarrollados, proporcionada bilateralmente y a través de canales multilaterales, alcanzó los 73.100 millones de dólares, de los cuales el 72% se emitió como deuda.
Instituciones como el Banco Mundial – creado en 1944, cuando la mayor parte de África seguía estando colonizada – ejercen un poder significativo sobre los mecanismos y la distribución de la financiación para el clima. Estas instituciones mantienen sus raíces coloniales a través de la toma de decisiones antidemocráticas y las condicionalidades de los préstamos. Sus programas de austeridad priorizan los objetivos fiscales sobre el bienestar humano – y no humano-, exigiendo recortes salariales y de inversiones sociales en nombre de la “sostenibilidad de la deuda”.
La creación de nuevos paquetes de préstamos condicionados para los países empobrecidos altamente endeudados exige reducir las partidas presupuestarias destinadas a programas de protección social, maternidad y cuidado infantil, programas de apoyo a las víctimas de la violencia de género, subsidios alimentarios o energéticos sostenibles y servicios públicos básicos como educación, salud, vivienda, agua y saneamiento. Estos recortes perjudican de forma desproporcionada a las personas de género disidentes, a las mujeres no blancas, y a inmigrantes sin papeles, que viven al margen de nuestra sociedad neoliberal y se ven obligadas/os/es a realizar trabajos domésticos e informales no remunerados para sobrevivir. Debido a su papel predominante en la reproducción social, estructurada por divisiones sexuales, raciales y geográficas del trabajo, su trabajo invisibilizado se convierte en un “amortiguador” de los recortes en los servicios públicos. Este sistema de financiación “verde” prioriza el pago de la deuda sobre la transformación ecosocial que puede tratar las injusticias y el cambio climático al mismo tiempo.
Caminos hacia la justicia climática decolonial
A partir de esta crítica interseccional sobre el peso de la deuda, las tecnologías corporativas y las presiones extractivistas asociadas a las narrativas coloniales de transición, pasamos a las propuestas radicales de justicia climática comprometidas con la abolición del capitalismo racista patriarcal y sus lagunas coloniales: reparaciones, desvinculación (delinking), decrecimiento y cancelación de la deuda.
Reparaciones
Desde 1492, el Imperio Racial Global ha generado desplazamientos forzosos, genocidios, la extinción de especies no humanas, guerras, encarcelamientos, contaminación y pandemias, por nombrar sólo algunos de sus efectos nocivos. Reconocer el legado colonial significa ir más allá de lo que el académico martiniqués Malcom Ferdinand denomina de “simpatía sin conexión”: la conciencia de las injusticias globales sin reconocer cómo los privilegios en un lugar están históricamente ligados a las injusticias en otros lugares. Ferdinand señala la persistente exclusión de las reivindicaciones antirracistas, antipatriarcales y decoloniales de los movimientos ecologistas hegemónicos, predominantemente blancos, en el Norte Global.
Comprender los vínculos histórico-estructurales entre el pasado y el presente que conforman nuestras diferencias coloniales de hoy significa reconocer que los colonizadores responsables de lo que ahora llamamos “pérdidas y daños” tienen una deuda inconmensurable con los pueblos, territorios y seres desposeídos y explotados. Estos daños son tanto cuantificables como incuantificables, permanentes e irreversibles. Incluyen la pérdida de seres queridos, culturas, lenguas y ecosistemas, dilapidados a lo largo de la construcción y el mantenimiento del Imperio Racial Global.
Aunque sea imposible asignar un valor monetario a estas pérdidas, hacer frente al apartheid climático exige que los países históricamente responsables y las multinacionales respondan a sus obligaciones con una mayor responsabilidad. Además de las reparaciones monetarias, es posible construir nuevos mundos más allá del Imperio Racial Global, construir, como escribe Táíwò en Reconsidering Reparations, “un mundo en el que las personas puedan relacionarse entre sí en términos de no dominación y no en los términos de dominación que hemos heredado”.
Desvinculación hacia la soberanía
Es esencial fortalecer la interacción y el intercambio entre los movimientos populares, pasando de un papel pasivo en el consumo de bienes y servicios al ejercicio de la dignidad colectiva. Esta visión subyace en propuestas como el Buen Vivir, arraigadas en la convivialidad y el bienestar relacional. Una visión colectiva hacia la soberanía se extiende a cuestiones financieras, energéticas y alimentarias. La desvinculación, como propone el teórico Samir Amin, es un enfoque selectivo y no aislacionista que pretende afirmar un mayor control sobre las prioridades locales y regionales. Hace hincapié en la autosuficiencia económica, los salarios justos y el acceso equitativo a los bienes comunes para reducir la dependencia de los mercados y la inversión extranjeros.
Esta soberanía implica repensar las formas de conocimiento técnico-científico a disposición del capital y avanzar hacia un intercambio entre sistemas de conocimiento populares, ancestrales y científicos. También implica reivindicar la noción de una transición justa, basada en la energía como bien común, como parte de una transformación hacia una distribución equitativa y solidaria de las responsabilidades. La verdadera transición no consiste en nuevos derechos individuales enmarcados en alternativas de consumo y tecnologías electrificadas, sino sobre todo en una transformación de los sistemas ideológicos que justifican la hegemonía política, económica y militar mediante una organización patriarcal, racista y colonial. En palabras de la socióloga Sandra Rátiva-Gaona, “es cambiar definitivamente las condiciones de existencia de la vida misma”.
Movimientos y organizaciones sociales de toda América Latina y el Caribe están uniendo fuerzas para fortalecer la Cúpula de los Pueblos hacia la COP30. Este espacio colectivo promueve la solidaridad transnacional y caminos reales hacia la justicia frente al fascismo, los fundamentalismos, las guerras y la financiarización de la naturaleza. Su manifiesto reclama: “una transición justa, popular e inclusiva; el derecho a la tierra y territorio mediante la reforma urbana, agraria y fundiaria; la demarcación, titulación y regularización de los territorios indígenas, quilombolas, pesqueros y tradicionales”.
Decrecimiento y cancelación de la deuda
Para erradicar sistemas coloniales como el capitalismo y el apartheid climático, debemos abordar siglos de violencia contra las formas creativas, comunitarias y solidarias de vida en la Tierra. Desmantelar este sistema generador de escasez requiere contraestrategias sostenidas y complejas y, sobre todo, la intersección de las luchas descoloniales por la liberación, desde el Sur Global hacia el Norte.
El decrecimiento ofrece un marco para una rápida descarbonización mediante la reducción de las formas de producción destructivas e innecesarias y la reorientación de la actividad económica para satisfacer las necesidades colectivas.
El decrecimiento ofrece un marco para una rápida descarbonización mediante la reducción de las formas de producción destructivas e innecesarias y la reorientación de la actividad económica para satisfacer las necesidades colectivas. Esto incluye la detención de sectores como los combustibles fósiles, la publicidad, la moda rápida, la aviación y las industrias del lujo, además de acabar con la obsolescencia programada. Simultáneamente, el decrecimiento exige el acceso universal a servicios públicos de calidad, la introducción de garantías laborales e ingresos universales para el cuidado, y la reducción del tiempo de trabajo, no solo para reducir las emisiones de carbono, sino también para liberar tiempo para el cuidado y las actividades que fomentan el bienestar colectivo, como el descanso y el ocio.
De igual manera, la justicia de la deuda exige la cancelación de las deudas ilegítimas en el Sur Global que perpetúan el legado de la explotación colonial y obstruyen la justicia climática. Un mayor endeudamiento implica una mayor presión sobre los países del Sur para que sobreexploten los bienes comunes naturales para el pago del servicio de la deuda, facilitando así el acceso corporativo a la tierra para obtener lucros extractivos. Esto acelera el apartheid climático al profundizar las pérdidas y los daños en países incapaces de responder a las catástrofes sin incurrir en más deuda.
El año 2025 marca el 72º aniversario del llamado “milagro económico” alemán, posibilitado por el Acuerdo de Londres, que canceló gran parte de las deudas alemanas de antes y después de la guerra. Este precedente nos recuerda que el alivio de la deuda es una opción política que podría permitir a los países del Sur liberar margen fiscal para invertir en el bienestar de su territorio y sus pueblos. Este acto de solidaridad, firmado por muchas naciones colonizadas que ahora experimentan una grave desigualdad económica, facilitó la reconstrucción económica de Alemania. Hoy, ese mismo gesto debe extenderse no como una cuestión de caridad, sino justicia.
Del apartheid climático a la justicia climática
Ante los procesos multilaterales que no logran cambiar el curso del apartheid climático, hemos desenmascarado los intereses imperialistas arraigados en la CMNUCC y las dinámicas injustas que imponen en los territorios de primera línea. Desde los legados históricos del colonialismo hasta las dinámicas contemporáneas del capitalismo global, la explotación del trabajo, las tierras y los bienes comunes en el Sur Global continúa sirviendo a los intereses del Norte y las élites a nivel mundial. Estas desigualdades arraigadas se ven agravadas por narrativas y prácticas dentro de los marcos del cambio climático, como las COP, que perpetúan la colonialidad mediante falsas soluciones como los créditos de carbono, las soluciones tecnológicas, las prácticas extractivas bajo la apariencia de transición y las finanzas condicionadas. Para lograr una verdadera justicia climática, debemos exigir reparaciones materiales y simbólicas por el daño histórico y continuo, la condonación de la deuda y el desmantelamiento de los sistemas económicos imperialistas. Solo a través de la descolonización de nuestro conocimiento, gobernanza y economía podemos esperar fomentar un futuro donde la justicia ambiental y social sean genuinamente priorizadas, trascendiendo los legados de la explotación y allanando el camino para vidas dignas y equitativas para todes nosotres en nuestra diversidad, y para nuestras especies hermanas también.
gina cortés valderrama es activista, defensora y académica colombiana que aboga por la justicia racial, económica, climática y de género desde las intersecciones del feminismo, la desvinculación y el decrecimiento. Es co-coordina del grupo de trabajo sobre Transición Justa del Grupo de Mujeres y Género de la CMNUCC.
Isadora Cardoso es estudiante de doctorado en sociología en Berlín, con raíces en Pindomara/Brasil. Le interesan los enfoques decoloniales, interseccionales y queer sobre los conocimientos, escritos, activismos y la construcción de mundos.