El 11 de octubre de 2024, Donald Trump se paró frente a un mitin en el suburbio de Aurora, Colorado, flanqueado por fichas policiales de personas que él mismo calificó como “pandilleros inmigrantes ilegales de Venezuela”. Tras una presentación de su actual asesor principal, Stephen Miller—quien señaló los carteles y preguntó a la multitud si “estos son los vecinos que quieren”—Trump subió al escenario para anunciar una promesa de campaña que bautizó “Operación Aurora”. Bajo este plan, prometió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que autoriza deportar a ciudadanos de países en guerra con EE.UU., para llevar a cabo deportaciones masivas si resultaba reelegido.
La decisión de bautizar su programa de deportaciones masivas con el nombre de este suburbio de Colorado fue un guiño directo a la narrativa dominante de la derecha, según la cual la pandilla venezolana Tren de Aragua se había apoderado de complejos de apartamentos en Aurora donde vivían principalmente migrantes de ese país. La acusación, desatada por un video viral, fue inmediatamente refutada por los inquilinos y las autoridades locales, que señalaron a CBZ Management, una multimillonaria empresa inmobiliaria, como la culpable de haber difundido la mentira para desviar la atención de su propia negligencia. Aun así, un año después, el mito de Aurora sigue desempeñando un papel clave en un círculo vicioso más amplio en el que los informes de la policía local, difundidos por las agencias federales y los medios de comunicación de derecha sin contexto, crean enemigos imaginarios que sirven como soporte ideológico para una agenda etnonacionalista.
Tal y como prometió, el 15 de marzo Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando que el Tren de Aragua está operando “en colaboración” con el presidente venezolano Nicolás Maduro para “invadir” el país en un “complot contra Estados Unidos”. Aunque no está respaldada por pruebas—y ha sido rechazada por la propia comunidad de inteligencia estadounidense—, la declaración se ha convertido ahora en el pretexto legal para suspender de forma generalizada derechos al debido proceso y para la criminalización de los venezolanos dentro y fuera del país. Esta realidad quedó plasmada en la detención, deportación y eventual tortura de 238 migrantes venezolanos en la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Desde entonces, el mismo paradigma de seguridad se ha desplegado en las aguas caribeñas de Venezuela como justificación política de lo que el Secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, bautizó recientemente como “Operación Lanza del Sur”. La operación, basada en débiles acusaciones de tráfico de drogas, ha llevado al despliegue de la mayor concentración de fuerzas navales y aéreas estadounidenses en la región en 20 años y a bombardeos extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes que han matado al menos a 83 personas en el Caribe y el Pacífico oriental.
Inscrita en este mismo paradigma de seguridad, el caso de Aurora resalta cómo la arquitectura del imperialismo estadounidense se infiltra en la vida doméstica y expone la naturaleza contradictoria del expansionismo estadounidense. Los migrantes venezolanos—atrapados en el nexo entre la Guerra contra el Terror, la Guerra contra las Drogas y la Guerra contra los Migrantes—son a la vez creados y criminalizados por la política estadounidense, mientras la histeria mediática dicta quién pertenece, quién es peligroso y quién puede desaparecer sin dejar rastro.
El chivo expiatorio de un casero sin escrúpulos
La narrativa sobre la invasión de Aurora por parte del Tren de Aragua se sembró antes de que se difundieran los videos virales que la alimentaron. El 28 de julio de 2024, la entonces concejal de Aurora, Danielle Jurinsky, afirmó falsamente que una fiesta para observar los resultados de las elecciones venezolanas, realizada en un estacionamiento de Target, terminó en “agresiones, robo” y un “auto de policía baleado”. Aunque la Policía de Aurora desmintió de inmediato sus acusaciones, el alcalde Mike Coffman amplificó la retórica de Jurinsky, afirmando que “los residentes merecían una disculpa de la comunidad inmigrante venezolana”.
Mientras se desataba esta tormenta política, una crisis más silenciosa alcanzaba su punto álgido para la empresa CBZ Management, con sede en Nueva York. La empresa inmobiliaria, propietaria de tres complejos en Aurora, se enfrentaba a repercusiones legales por parte de la ciudad debido a numerosas infracciones, entre las que se incluían moho, plagas, daños en los servicios públicos y condiciones inseguras documentadas desde 2020. Para mediados de 2024, enfrentando multas crecientes y posibles cargos penales, la empresa estaba al borde de un ajuste de cuentas legal.
En realidad, aunque los inquilinos habían sufrido delitos violentos y condiciones inseguras, no había evidencia de que los complejos hubieran sido “tomados” por pandillas—mucho menos por el grupo venezolano.
El 29 de julio, solo un día después del evento electoral, los abogados de la ciudad enviaron a CBZ una propuesta de acuerdo que incluía una sentencia de 60 días de cárcel para su dueño, Zev Baumgarten, alegando negligencia crónica. En menos de una semana, CBZ contrató a una firma de relaciones públicas que dio un giro a la narrativa difundiendo una noticia sensacionalista en los medios locales: sus propiedades habían sido “tomadas por el Tren de Aragua”.
En realidad, aunque los inquilinos habían sufrido delitos violentos y condiciones inseguras, no había evidencia de que los complejos hubieran sido “tomados” por pandillas—mucho menos por el grupo venezolano. Sin embargo, había un vínculo revelador en la historia: cada afirmación viral de una “toma” por parte del Tren de Aragua que surgió durante este periodo podía vincularse a propiedades pertenecientes a CBZ. “Vemos que se repite un patrón similar aquí, ya que poseen varias propiedades a menos de 10 minutos unas de otras”, dijo Nate Kassa, un organizador de inquilinos que brindó ayuda a los residentes afectados por la historia de la supuesta toma por el Tren de Aragua. “Todas son esencialmente tugurios”.
Fueron los inquilinos quienes, en última instancia, tuvieron que responder por las malas acciones de su casero negligente. En agosto de 2024, alrededor de 200 residentes fueron desalojados de una propiedad de CBZ en Aurora con tan solo 24 horas de preaviso, mientras que a los inquilinos de las otras dos propiedades—The Edge at Lowry y los apartamentos Whispering Pines—se les ofreció un indemnización de 1,200 dólares para que se marcharan bajo amenaza de desalojo. En un patrón que se repetiría en todo el país, aquellos que decidieron quedarse, citando las dificultades económicas del traslado, vieron cómo agentes federales armados realizaron, en esencia, el trabajo de desalojo en Aurora.
Las redadas en Aurora y la resistencia comunitaria
En las primeras horas de la madrugada del 6 de febrero de 2025, un convoy militarizado compuesto por docenas de vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración de Control de Drogas (DEA), descendió sobre residencias en Denver y Aurora, incluyendo los complejos Edge at Lowry y Whispering Pines. La operación, lanzada dos semanas después de la toma de posesión de Trump, fue diseñada como un espectáculo vistoso.
Agentes federales armados con rifles y armas de asalto irrumpieron en los complejos de apartamentos, acompañados por un equipo de Fox News que transmitió las redadas en tiempo real en redes sociales. Con granadas aturdidoras y balas de goma, los funcionarios afirmaron que estaban buscando a más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua.
Algunos residentes, acusados de ser integrantes de pandillas a partir de pruebas insustanciales, fueron finalmente detenidos y deportados al CECOT.
Sin embargo, según organizadores comunitarios, la realidad fue distinta. La administración Trump había prometido públicamente redadas masivas en los apartamentos durante meses, y una robusta red de activistas de la Red de Respuesta Rápida de Colorado (Colorado Rapid Response Network, CORRN) ya estaba en alerta máxima. En Edge at Lowry, los activistas dormían en sus coches. “Sabíamos que ICE tenía a ese edificio como objetivo, así que nos acercamos a la gente que vivía ahí y juntos elaboramos una estrategia de organización”, explicó Sophia Morrow*, maestra, madre y miembro de CORRN desde hace cinco años. A medida que los agentes federales iban puerta por puerta, manifestantes con megáfonos se desplegaron, gritaron información de “Conozca Sus Derechos” en inglés y español, e informaron a los residentes que no estaban obligados a abrir sus puertas sin una orden judicial.
El resultado fue un fracaso estrepitoso. Aunque ICE se mostró reacio a compartir las cifras oficiales de detenciones, FOX reportó después que solo 30 personas fueron detenidas en toda la operación. En declaraciones ante la Casa Blanca, el “zar fronterizo” Tom Homan culpó falsamente a filtraciones mediáticas del fracaso de la operación y amenazó a activistas diciendo que “muy pronto podrían encontrarse con un par de esposas puestas”. La verdad, sin embargo, era mucho más simple: una red coordinada de defensa comunitaria demostró ser más fuerte que la fuerza de cientos de agentes federales armados.
Sin embargo, para quienes se vieron afectados por la campaña de represión, las consecuencias fueron graves. Algunos residentes, acusados de ser integrantes de pandillas a partir de pruebas insustanciales que, en gran medida, equiparaba su nacionalidad venezolana con la criminalidad, fueron finalmente detenidos y deportados al CECOT.
Las redadas continúan
Si bien las redadas de febrero—y la resistencia contra ellas—provocaron un torbellino mediático, la maquinaria de control migratorio ha continuado. Lo ha hecho de maneras tanto más rutinarias como más insidiosas.
Para Jorge*, un joven venezolano que recibió Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2023, esta realidad se hizo patente cuando una entrega de un televisor lo llevó a la base militar de Fort Carson, en Colorado Springs. Aunque su corazón latía con fuerza al acercarse a la instalación militar, tenía un permiso de trabajo válido y le habían dado una licencia de conducir mientras su caso de asilo se resolvía.
En la entrada, un guardia tomó su identificación, le entregó un formulario de visitante y le dijo que esperara mientras se tramitaba el papeleo. Jorge obedeció, pero pronto fue rodeado por once soldados armados. Confundido, preguntó si lo estaban deteniendo. “Solo necesitamos revisar su documentación”, le aseguró un oficial en español. Momentos después, Jorge fue esposado, colocado en un vehículo sin distintivos y llevado al centro de detención de ICE en Aurora para ser deportado—todo ello mientras el soldado que había encargado el televisor llegaba tranquilamente a recogerlo. La transacción continuó con normalidad mientras la vida de Jorge se convertía en una pesadilla.
Hablando con Jorge en el centro de GEO ICE en Aurora, a través de los teléfonos montados en la pared, luchó para entender lo que había ocurrido. Más tarde, Sophia explicó su detención. “Es un error pensar que ICE necesita una razón para detener a la gente”, dijo. En efecto, la sección 237(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 otorga a ICE la autoridad para arrestar y detener a los no ciudadanos en espera de audiencias de inmigración, incluso si no han cometido ningún delito.
La comunidad de Jorge ha caído en un estado de terror permanente. En el plazo de un mes, uno de sus amigos fue detenido en un control obligatorio del ICE, dejando a sus compañeros de casa—entre ellos uno que cuida de un niño pequeño—prisioneros en su propio hogar, aterrorizados ante la posibilidad de que una visita al supermercado pueda ser su último momento de libertad.
El manual imperial
La historia de Jorge encapsula la lógica circular y viciosa del imperialismo estadounidense. Huyendo de la agitación política y económica de Venezuela—una crisis agravada por la política exterior estadounidense y las sanciones—fue alentado a migrar hacia el norte bajo la protección que prometía el TPS. Le dijeron que la ciudad “sería un lugar seguro”, y finalmente se instaló en Denver como uno de los 40,000 migrantes venezolanos que llegaron a Colorado entre 2022 y 2024. Sin embargo, para muchos de estos migrantes, el TPS resultó ser un pacto faustiano.
De la noche a la mañana, personas que habían estado protegidas pasaron a ser reclasificadas como “ilegales” y atacadas
Su situación, que ya era precaria, se hizo añicos el 7 de noviembre, cuando el TPS fue eliminado formalmente por la administración Trump, ayudada en parte por un fallo reciente de la Corte Suprema. Unos 250,000 venezolanos quedaron por fuera del programa. De la noche a la mañana, personas que habían estado protegidas pasaron a ser reclasificadas como “ilegales” y atacadas. Ahora están siendo deportadas de regreso a su país de origen, que enfrenta nuevas amenazas de intervención militar estadounidense—una medida que conlleva la amenaza de un nuevo ciclo de desplazamiento humano masivo.
Este patrón de sufrimiento no es aleatorio ni nuevo. Se sostiene por un consenso bipartidista y una coalición de políticos agresivos estadounidenses y sectores de derecha venezolanos. Aunque los estudios demuestran que las sanciones estadounidenses son una de las causas fundamentales de la crisis migratoria venezolana, esta realidad se omite sistemáticamente en los informes de prensa. Como resultado, el éxodo en sí mismo se instrumentaliza para criminalizar a los migrantes y socavar la soberanía política de Venezuela.
Atrapados en este ciclo infinito de violencia imperial, los venezolanos son castigados en su país por las políticas estadounidenses que paralizan su nación con bombas y sanciones, castigados por huir de la crisis bajo el pretexto estadounidense de amenazas a la seguridad, y castigados en suelo estadounidense como chivos expiatorios por el deterioro de las condiciones de vida.
Nota editorial: Los nombres de Jorge y Sophia han sido cambiados para proteger su identidad.
Isabel María Villalón es investigadora independiente y especialista en América Latina. Actualmente, cursa la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su trabajo reciente se centra en las intersecciones entre neoliberalismo, trabajo y migración en Centroamérica.