Desde que Rodrigo Paz tomó posesión como presidente de Bolivia hace tres semanas, la chakana, o cruz andina, ha desaparecido del escudo presidencial. La bandera indígena wiphala ya no está en la banda presidencial y el “Reloj del Sur” –que antes giraba en sentido contrario, para representar la descolonización– se ha invertido. En un eco del último gobierno conservador del país, la Biblia y el crucifijo reaparecieron en la Cámara de Diputados, a pesar de que la Constitución del país define al Estado como laico.
Pero las señales de lo que traería el primer gobierno conservador en Bolivia en dos décadas eran evidentes meses antes. Apenas unos días después de que la primera vuelta de las elecciones asegurara la victoria de la derecha, los líderes conservadores de la oposición, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, encarcelados por su participación en las masacres de Senkata y Sacaba en 2019, fueron liberados de prisión.
Asimismo, el 8 de noviembre, dos días antes de la toma de posesión de Rodrigo Paz, la expresidenta interina Jeanine Áñez y otras 12 personas acusadas de la masacre también quedaron en libertad. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, siempre complaciente con el gobierno de turno, revocó sentencias anteriores y determinó que el juicio de Áñez había violado sus derechos constitucionales. Aunque, en teoría, los procesos judiciales pendientes deberían continuar, Camacho, Pumari y Áñez permanecerán fuera de la cárcel.
Las rápidas acciones del gobierno de Paz para absolver a estos líderes de su responsabilidad por crímenes respaldados por el Estado han sido devastadoras para quienes lucharon por llevarlos ante la justicia. Pero la impunidad no es el único rasgo distintivo de este joven gobierno. Las tensiones entre Paz y su popular vicepresidente Edmand Lara –disimuladas temporalmente durante la campaña– se han vuelto públicas, poniendo en duda la viabilidad del nuevo gobierno a largo plazo.
Giro hacia la derecha
En sus primeras dos semanas de gestión, el gobierno de Paz, en línea con su promesa de reducir el Estado, introdujo un presupuesto de austeridad para 2026 que disminuye el gasto público en un 30 por ciento. El plan disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, incorporando sus funciones a otra cartera, y puso al ejecutivo agroindustrial Fernando Romero al frente de esta. Paz también actuó con rapidez para reducir los impuestos a las empresas y a los más ricos, al tiempo que eliminó los subsidios a productos básicos como el pan. Luego, su administración cerró el Ministerio de Justicia, informando a la prensa de que “se acabó el Ministerio de la persecución”.
Paz no tardó en acercarse a los Estados Unidos, cuyo vínculo con Bolivia se había enfriado desde que el expresidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense y a la Administración para el Control de Drogas
Los conservadores bolivianos sostienen desde hace tiempo que el anterior gobierno de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS) utilizó el Ministerio de Justicia para perseguir a sus opositores. Sin embargo, los analistas señalan que los gobiernos de todo el espectro político han instrumentalizado el Ministerio para fines partidistas. “Ese ministerio es como una herramienta para el poder político que le permite poner un pie en la justicia”, dijo el expresidente interino Eduardo Rodríguez Veltzé, que también ocupó el cargo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Paz no tardó en acercarse a los Estados Unidos, cuyo vínculo con Bolivia se había enfriado desde que el expresidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense y a la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2008, acusándolos de fomentar la inestabilidad en el país. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, encabezó la delegación estadounidense en la toma de posesión de Paz y prometió que Washington quiere ser un “buen socio” de Bolivia y que pronto se designaría un nuevo embajador.
Paz y su “zar antidrogas” también han señalado que se espera que la DEA regrese a Bolivia, especialmente al Chapare, la región cocalera del oriente de Cochabamba, donde el narcotráfico ha crecido en los últimos años. Los cultivadores de coca –en su mayoría campesinos de origen indígena, algunos de los cuales se han involucrado en el tráfico de drogas– y su líder, Morales, rechazan la idea del regreso de la DEA a las tierras bajas del Chapare. Temen que la violencia asociada a las políticas de erradicación de la coca impulsadas por Estados Unidos en la región entre 1980 y 2006 se repita.
Feroces disputas internas
A corto plazo, estos importantes cambios hacia la derecha palidecen en comparación con la lucha de poder cada vez más caótica que se está librando entre Paz y Lara, un ex capitán de policía y famoso TikToker que se incorporó al tarjetón en el último momento.
Lara fue elegido por Paz debido a su postura anticorrupción y sus orígenes de clase media baja, que contrastaban con los antecedentes de élite blanca del propio Paz. La medida ayudó a Paz a ganar el apoyo de los desanimados votantes del MAS, que se mostraban reacios a apoyar a cualquier miembro de la vieja guardia reciclada de políticos de derecha de Bolivia. Lara, muchos de sus seguidores, y otros observadores, insisten en que Paz no habría podido ganar sin él.
Un factor clave en el ascenso de Lara fue su atractivo como figura externa al sistema, derivado de su expulsión de la policía en 2023 tras denunciar la corrupción generalizada en la institución. Sin embargo, su imagen de abanderado en la lucha contra la corrupción lo llevó a desafiar abiertamente a su compañero de fórmula durante la campaña. En agosto, declaró: “yo soy la garantía: si Rodrigo Paz no cumple, yo lo aprehendo”.
Las tensiones entre Lara y Paz, exacerbadas por la vena autoritaria del vicepresidente y los supuestos esfuerzos de Paz por excluirlo de las reuniones del gabinete, han estallado en las últimas semanas. El 22 de noviembre, Lara denunció a Paz como un “mentiroso” y un títere de Samuel Doria Medina, un empresario y antiguo candidato presidencial que perdió de manera decisiva este año en su cuarto intento por liderar el país. Lara acusó a Doria Medina de dirigir el gobierno “desde las sombras” y resucitar el poder tradicional de la élite. Hay algo de verdad en la acusación: José Luis Lupo, excandidato a la vicepresidencia de Doria Medina, ahora es el poderoso ministro de la Presidencia.
Parece que Lara podría estar posicionándose para sustituir a Paz. Recientemente anunció que su propio partido político, Nuevas Ideas con Libertad (NUIL), presentará candidatos en las próximas elecciones municipales y regionales a pesar de no estar registrado. Además, afirmó que más de dos docenas de miembros actuales de la legislatura le son lo suficientemente leales como para desintegrar la coalición gobernante. Mientras tanto, apenas se le ha visto en Bolivia. Viajó primero a la COP30 en Belém y luego a la Copa Sudamericana de fútbol en Paraguay.
En respuesta a los ataques de Lara, algunos han pedido una reforma constitucional que permita destituir al vicepresidente. Otros, entre ellos al menos un senador, han pedido el “divorcio” entre ambos.
Las amargas luchas internas han llevado a algunos simpatizantes a cuestionar su voto por Paz y Lara. Zuleyka Pinto, una química farmacéutica que hizo campaña por la dupla y cuya hermana fue elegida diputada por su partido, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), es una de esas votantes.
Aunque el día de las elecciones dijo que creía que el estilo apasionado de Lara complementaba los años de experiencia de Paz como concejal, alcalde y senador, se ha desilusionado en las últimas semanas. “Imaginé que el señor Lara llegaría a tener un mejor comportamiento debido a que su estatus ya se elevó a de una autoridad nacional e internacional”, afirmó. “No debería actuar como chiquillada, como si fuera un TikToker”.
María Condori Nina, una mujer aymara del barrio popular de Senkata, en El Alto, también votó por Paz y Lara porque creía que Lara lucharía por la clase obrera y la población indígena. Pero ya ha empezado a perder la esperanza de que este gobierno defienda a personas como ella. “Imagínese”, dijo, “yéndose el vicepresidente del partido de fútbol al Paraguay – ¿el pueblo dónde está en eso?”
Vuelve la impunidad con toda su fuerza
La frustración de María Condori Nina va mucho más allá de las luchas internas del gobierno. La liberación y la impunidad de los artífices de las masacres de 2019 la han afectado directamente: su hijo, Rudy Cristhian Vásquez Condori, fue asesinado a tiros por el ejército y la policía en los enfrentamientos de Senkata, que dejaron 10 muertos y 100 heridos. Para ella, la liberación de Áñez, Camacho y Pumari fue “muy indignante”.
La masacre de Senkata ocurrió cuatro días después de que 11 personas fueran asesinadas por las fuerzas estatales en Sacaba durante las protestas contra Áñez, una fundamentalista de derecha que asumió la presidencia de forma ilegal en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales ante protestas masivas sobre la legitimidad de su victoria electoral. Desde entonces, Condori Nina y otras familias han exigido reparaciones con un éxito limitado. “Hay dos Bolivias: hay un Bolivia de ricos y hay otra Bolivia de pobres”, afirmó.
Si bien la liberación de Camacho, Pumari y Áñez correspondió al poder judicial, el gobierno de Paz ha mostrado su intención de ignorar estas historias de violencia.
Thomas Becker, abogado de derechos humanos que trabaja con las familias de las víctimas de 2019, señaló que “lamentablemente, en Bolivia las decisiones del poder judicial suelen basarse menos en la ley y más en los caprichos políticos de los gobernantes”.
Si bien la liberación de Camacho, Pumari y Áñez correspondió al poder judicial, el gobierno de Paz ha mostrado su intención de ignorar estas historias de violencia: Áñez recibió una invitación oficial a la toma de posesión y Camacho también asistió al evento.
Los defensores de derechos humanos temen que las recientes decisiones judiciales puedan suponer un retorno a la represión racista de los anteriores gobiernos de derecha. “Las decisiones judiciales politizadas inevitablemente abrirán la puerta a más violencia similar a las masacres supervisadas por Áñez”, afirmó Becker.
Aunque la liberación de Áñez es una profunda afrenta para las víctimas de sus crímenes, algunos han argumentado que su juicio estuvo plagado de irregularidades. Los casos en su contra también se vieron afectados por dificultades técnicas, disputas jurisdiccionales y, como ocurre con la mayoría de los detenidos bolivianos, una detención preventiva excesiva.
Las familias de las víctimas, incluida Condori Nina, también han argumentado que el gobierno de izquierda de Luis Arce (2020-2025) no reparó adecuadamente el daño causado por el Estado. Aunque se creó un fideicomiso financiado por el gobierno para proporcionar indemnizaciones y becas a las víctimas, los representantes del gobierno de Arce estuvieron ausentes en el quinto aniversario de la masacre de Senkata el año pasado.
Arce tardó hasta los últimos días de su administración en firmar una ley que proporcionaría reparaciones integrales a las víctimas de 2019, aunque su aplicación bajo la nueva administración sigue siendo incierta. “Las medidas estatales han sido importantes, pero todavía insuficientes y fragmentadas”, dijo Jan Jarab, de las Naciones Unidas, en la reunión de noviembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Miami.
Condori Nina y otros familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata asistieron a las reuniones de la CIDH, donde instaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA a que siguiera apoyándolos. “Pedimos al estado boliviano y le exigimos la reapertura inmediata de los casos de Senkata y Sacaba sin manipulación política”, dijo Gloria Quisbert, cuyo hermano fue asesinado en Senkata. “Han vuelto a vulnerar nuestros derechos”.
El gobierno de Paz no parece estar tomando en serio estas preocupaciones. Los representantes de la nueva administración no estuvieron presentes en la conmemoración de los seis años de los asesinatos de Senkata en noviembre. “Me genera una enorme pena y un sentimiento de frustración que los hechos de Sacaba y Senkata todavía no hayan sido juzgados”, afirmó Rodríguez Veltzé, y “que en mi país, donde he sido juez mucho tiempo e incluso presidente accidental, haya este nivel de impunidad”.
¿Qué sigue?
“No creo que vaya a durar seis meses este gobierno”, dijo Condori Nina. Es posible que se forme una alianza entre una facción del antiguo MAS y Lara, construida en torno al rechazo compartido de la élite neoliberal blanca representada por Paz y al compromiso común de defender a los pobres, aunque desde extremos opuestos del espectro político.
Bolivia es más frágil de lo habitual en casi todos los frentes. Su economía está al borde del colapso, sus líderes se están destrozando entre sí, sus sueños de salvación a través del litio están hechos trizas y el país sufre una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Sin duda, los ajustes económicos recaerán con mayor fuerza sobre los pobres, lo que probablemente llevará a los conocidos y combativos movimientos sociales de Bolivia de vuelta a las calles. Nadie sabe cómo logrará el país atravesar el próximo año.
Aun así, la importancia de cierto grado de respeto por la práctica democrática en Bolivia no debe subestimarse. El país es un lugar que ha experimentado uno de los mayores números de golpes de Estado del mundo desde 1945. Según Rodríguez Veltzé, las últimas cuatro décadas han sido “el periodo democrático más largo de toda nuestra historia de 200 años”. “Es muy importante”, añadió.
Linda Farthing es periodista y académica independiente, coautora de cuatro libros sobre Bolivia. Ha escrito extensamente sobre América Latina, entre otros medios, para The Guardian, The Nation, Al Jazeera y Ms. Magazine.
Benjamin Swift es periodista radicado en La Paz, Bolivia. Sus artículos se centran en el cambio climático, el medio ambiente y temas LGBTQIA+. Para más información, visite www.bswiftcreative.com.