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En enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó una intervención militar en el sistema penitenciario como respuesta a una serie de ataques coordinados. El anuncio continuó la estrategia de gobiernos anteriores que, desde 2019, han recurrido a intervenciones policiales y militares temporales para controlar un sistema penitenciario cada vez más sobrepoblado, violento y anárquico. Sin embargo, el decreto de Noboa de 2024 convirtió al ejército en una fuerza de ocupación, suplantando el control civil sobre el sistema carcelario.
Las denuncias de abusos homófobos contra mujeres trans, restricciones en el suministro de agua, privación intencionada de alimentos, tortura, proliferación de casos de tuberculosis sin tratar y golpizas y abusos diarios no tardaron en salir a la luz y continúan hasta hoy.
La campaña de Noboa pretendía desmantelar el control criminal dentro de las cárceles, reducir la violencia y las muertes entre los reclusos y establecer el control burocrático oficial sobre el sistema penitenciario. Sin embargo, más de dos años después, la estrategia ha fracasado en todos los aspectos. Las muertes bajo custodia han alcanzado niveles históricos, la mayoría de las prisiones siguen estando en gran medida fuera del control del Estado, y numerosos informes indican que las bandas carcelarias han logrado corromper a los militares.
Una respuesta rápida y popular
Varios países de Latinoamérica, como Honduras, Brasil y El Salvador, han llevado a cabo iniciativas similares de militarización dentro de las prisiones. Otros países de la región, como Guatemala, Costa Rica y Ecuador, han anunciado planes para construir centros similares al CECOT, la gigantesca prisión de máxima seguridad de El Salvador, para enfrentar el crimen organizado. En noviembre de 2025, el gobierno ecuatoriano anunció la construcción de una de estas prisiones en un intento por limitar el control de las bandas sobre el sistema penitenciario.
Estas agresivas políticas de seguridad ayudan al presidente Noboa a afirmar que está cumpliendo sus promesas de adoptar políticas de mano dura contra la delincuencia en respuesta al aumento de los índices de violencia en Ecuador. Los réditos políticos de las visibles y dramáticas intervenciones militares y de la construcción, ampliamente publicitada, de su nueva prisión de máxima seguridad se hicieron evidentes de inmediato. Un mes después de los anuncios, su índice de popularidad se disparó hasta el 80 por ciento. Sin embargo, todavía no está claro si estas políticas tendrán éxito a largo plazo. Al mismo tiempo, el número de víctimas mortales y las violaciones a los derechos humanos siguen aumentando. Como parte de mi investigación doctoral sobre el sistema penitenciario de Ecuador durante los últimos tres años, he recopilado datos de diversas fuentes que muestran un claro aumento de las muertes en prisión desde la militarización en 2024.
El 2025 registró un número récord de muertes dentro de las cárceles. Al menos 732 personas perdieron la vida en un sistema que alberga a casi 37,000 reclusos. En otras palabras, casi el 2 por ciento de la población carcelaria falleció el año pasado. 2025 fue el año más mortífero para el sistema penitenciario en la historia reciente de Ecuador, incluso peor que 2021, cuando el colapso de la banda criminal de los Choneros provocó repetidas masacres en las cárceles.
Esta nueva ola de muertes se debe en gran medida a la tuberculosis, una enfermedad que no es imprevisible ni inevitable. Con el tratamiento adecuado, la tuberculosis no suele ser mortal. Sin embargo, dentro de las prisiones del país, las malas condiciones sanitarias, la falta de acceso a medicamentos básicos y, sobre todo, la escasez de alimentos, han causado la muerte de cientos de personas. El sistema penitenciario ecuatoriano no ha garantizado estos derechos básicos y constitucionalmente garantizados a las personas privadas de libertad bajo su custodia. Los tribunales ecuatorianos han subrayado repetidamente la responsabilidad del sistema penitenciario y han exigido cambios. Sin embargo, no han logrado una mejora significativa. En el Ecuador de Noboa, con su política de mano dura contra la delincuencia, las muertes de las personas privadas de libertad no importan o son intencionadas. En 2024, el presidente le dijo al periodista de The New Yorker, Jon Lee Anderson, que “las condiciones podrían ser mucho peores”.
“Poco a poco los están matando”
Decenas de madres de personas privadas de la libertad –algunas de las cuales han fallecido en prisión– hablaron sobre las condiciones que sus seres queridos enfrentan. Todas hablaron bajo condición de anonimato, pues temen ser víctimas de acoso o represalias por parte de funcionarios estatales.
“Los quieren terminar a todos. Poco a poco los están matando”, dijo Rosa Vera, cuyo hijo sufre de tuberculosis y es víctima de extorsión en la sobrepoblada prisión del Litoral. “No dándoles una buena alimentación. Quitándoles sus beneficios, como, por ejemplo, lo que sus familias les depositan para el [economato] sol market… Eso es lo que quiere el gobierno: matar a todas las personas privadas de libertad.”
La calidad y la cantidad de la comida son atroces. La inacción del Estado provoca desnutrición sistémica, lo que, en algunos casos, es un factor clave en la muerte de personas con tuberculosis.
Todavía no está claro si estas políticas tendrán éxito a largo plazo.
“Creen que son animales, les ponen panes que ya están caducados, verdes, con nada más. Y vienen los yogures pasados”, dijo María Zabrano, madre de dos hermanos encarcelados. En 2024, uno de sus hijos murió de desnutrición y tuberculosis. Contó que, poco antes de su muerte, su hijo estaba “tan flaquito, delicado, que no podía caminar”. Ahora teme que su único hijo vivo muera de la misma manera.
Rosa Vera comparte este temor. Ha visto de primera mano las consecuencias de la desnutrición. Al hablar de su hijo, dijo: “Cuando él recién ingresó, estaba en un peso de 59 kilos; hoy apenas pesa 42 kilos”. La atención médica ha sido insuficiente. “Después de 5 meses viene a recibir atención de un médico en el policlínico de la cárcel. Los síntomas de lo que es vómito, coágulos de sangre, diarrea, fiebre, escalofríos”, dijo Rosa.
Ana Morales, líder del Comité de Familiares por una Vida Digna dentro y fuera de Cárceles, explicó que los recientes traslados de reclusos enfermos a centros con mejores servicios de salud y menos hacinamiento han ayudado en la lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, estos cambios han sido lentos, y tiene claro que son el resultado de años de presión constante por parte de los familiares. “No es que realmente ellos hayan abierto un diálogo directamente con el Comité de Familiares por una Vida Digna. Nosotros los hemos buscado directamente para hablar con ellos, para poder canalizar directamente con ellos. Pero ellos no nos han escuchado. Tuvimos que llegar a demandas legales al estado”, dijo.
La militarización engendra violencia
Además de las muertes por enfermedades, el sistema penitenciario ecuatoriano sigue siendo increíblemente violento.
En 2025 se registraron al menos 119 muertes violentas, continuando una tendencia que viene desde 2024. Las masacres en las prisiones controladas por el ejército continuaron y, desde 2024, repetidos motines y asesinatos en una prisión gestionada por la policía obligaron a las autoridades a cerrarla a mediados de marzo de 2026.
La militarización del sistema penitenciario no detuvo la violencia. Por el contrario, los soldados han sustituido a las bandas criminales y se han convertido en los principales responsables de la tortura, los abusos y la extorsión dentro de las prisiones.
“Las cárceles que no están militarizadas no tienen ese problema. Pero en las que sí… existen las torturas, los tratos crueles e inhumanos por parte de los militares”, explicó Liz, la esposa de un exrecluso. “Me duele porque es un ser humano y no merecía nada de lo que le había pasado”, dijo.
En la cárcel de El Rodeo, en la provincia de Manabí, las familias se quedaron esperando afuera cuando los militares entraron por primera vez. “Lo sacaban bien de mañanita. Nosotros, como familiares, desde una parte alta podíamos ver cómo gritaban ellos”, relató María al hablar de la muerte de un interno a manos del ejército. “El niño se murió porque los militares se suben a la espalda y en la barriga y saltaban en el pecho del chico”, dijo. “Botaba sangre, pensaban que era tuberculosis y no era tuberculosis…le habían reventado los pulmones al chico”.
“Es un infierno desde que vas ingresando”
La violencia entre reclusos, motivada por rivalidades entre bandas o crímenes relacionados con deudas, continúa bajo la vigilancia de las fuerzas armadas. En noviembre de 2025, Noboa anunció la inauguración de una nueva prisión de alta seguridad, llamada “El Encuentro”, en la provincia de Santa Elena. La medida estuvo impulsada por el fracaso de su política de seguridad para frenar la violencia en el país.
Los funcionarios estatales pensaron que, al reunir a los líderes de las bandas carcelarias en el nuevo centro, donde no podrían comunicarse, las condiciones en otras prisiones mejorarían. En realidad, la falta de un control estatal efectivo que sustituyera la gobernanza criminal luego de los traslados permitió el ascenso de nuevos líderes con menos experiencia. El resultado fue una competencia por el poder, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario, en todo el país. En otras palabras, atacar a los líderes criminales desestabilizó y fragmentó las redes criminales, creando violentos vacíos de poder que han empeorado la tasa de homicidios durante los últimos años.
En otras palabras, atacar a los líderes criminales desestabilizó y fragmentó las redes criminales, creando violentos vacíos de poder que han empeorado la tasa de homicidios durante los últimos años.
Las autoridades también esperaban que la posibilidad de ser trasladados a esta nueva prisión hiciera que las pandillas carcelarias se comportaran mejor. Sin embargo, un mes después de la inauguración de El Encuentro, se produjo una masacre en una prisión del sur de Ecuador que dejó 13 muertos. El plan del Estado de desmantelar las bandas atacando a sus líderes y aterrorizando psicológicamente a los reclusos para que acaten las normas bajo la amenaza de traslado no parece estar funcionando. Mientras tanto, las condiciones en El Encuentro están plagadas de abusos contra los derechos humanos.
Desde principios de 2025, la administración carcelaria de Ecuador ha trasladado a cientos de personas a la nueva prisión. Una vez allí, son controlados de forma brutal. La prisión no permite visitas familiares ni ninguna comunicación con el mundo exterior. Los reclusos permanecen encerrados casi todo el día. Comen, hacen ejercicio e incluso utilizan el baño dentro de las celdas, que comparten con otras tres personas.
“Es un infierno desde que vas ingresando”, afirmó una defensora de los derechos humanos especializada en la prisión de El Encuentro. Describió la falta de ventilación y luz solar, las escasas porciones de comida que se dan a los reclusos y la prohibición de artículos personales tan básicos como cepillos de dientes y almohadas. “Lo que los mata son las torturas emocionales, físicas, que son todos los días. No hay día que no haya ese tipo de torturas”, añadió.
El abuso es una compleja combinación de maltrato psicológico y físico. La experta explicó cómo los guardias amenazan con abusar sexualmente de los detenidos. “Ellos cogen y los desnudan y les van pasando [los bastones] por la parte de atrás… No los penetran, solamente es como para que cojan miedo, por así decirlo. Y ahí les van dando una tunda”.
Soldados corruptos
Las condiciones dentro de El Encuentro continúan siendo inhumanas, y el Estado ecuatoriano tiene poco que mostrar a cambio. Las pandillas carcelarias que antes controlaban todo el sistema siguen ejerciendo influencia tras las rejas, sobornando a los guardias y extorsionando a las personas que no pertenecen a ellas. Peor aún, esto ha expuesto a otra institución estatal a una nueva forma de corrupción criminal. Con el tiempo, los militares asignados para prevenir la extorsión y la corrupción se han convertido en los que extorsionan a los presos e introducen mercancías de contrabando a las prisiones.
“Las extorsiones existen [dentro de la prisión]. Y no existen de los GDO [Grupos Delincuenciales Organizados], como suele decir el Estado”, observó Liz. “[Viene] de los mismos militares y de los mismos guías penitenciarios y de los mismos policías”. Explicó que este es un resultado inevitable para cualquier guardia que no cuente con la supervisión suficiente: “Las extorsiones siempre van a existir, porque por más que uno quiera ser correcto, siempre va a existir la tentativa para ellos. El dinero siempre les va a deslumbrar… Mientras exista el dinero y la ambición de ellos y un sistema que no es un sistema de rehabilitación, esto va a existir siempre”.
Las investigaciones de los medios apuntan a lo mismo. Aunque a los soldados se les asigna en cada prisión por un máximo de tres meses para evitar la corrupción, muchos logran permanecer en estos puestos durante mucho más tiempo. En un infame incidente, oficiales militares ayudaron al líder de una de las bandas más peligrosas del país a escapar por la puerta principal de la prisión vestido con uniforme militar.
Noboa utilizó al ejército para intervenir en el sistema penitenciario porque se les consideraba dignos de confianza, disciplinados y menos corruptos que otras fuerzas. Ahora los soldados están involucrados en las mismas redes criminales a las que debían enfrentarse. La militarización de las prisiones en Ecuador ha fracasado, y el Estado debería pasar rápidamente a políticas más eficaces basadas en reducir el hacinamiento y mejorar la rehabilitación real de los reclusos.
John Henry Murdy es candidato a doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y ha estudiado el sistema penitenciario ecuatoriano mediante un extenso trabajo de campo, entrevistas detalladas a personas de todos los ámbitos del sistema penitenciario y análisis estadísticos.
Traducido al español por Lara Loaiza.