
El 30 de mayo de 2026, simpatizantes de Revolución Ciudadana, el mayor partido de oposición de izquierda de Ecuador, se reunieron en Canuto, una parroquia agrícola de la provincia occidental de Manabí, para rifar una moto, electrodomésticos y animales de granja por 5 dólares por boleto. Canuto es el hogar de Luisa González, la candidata presidencial del partido en 2023 y 2025. El dinero se destinó a pagar una multa de $18,000 que el tribunal electoral del país impuso a Estefanía Molina, la tesorera de su campaña de 2023, y de la que González y su fórmula vicepresidencial, Andrés Arauz, fueron considerados responsables solidarios. El 5 de junio, González anunció que había pagado la multa y, el 24 de junio, el tribunal declaró el caso cerrado.
Meses después, en la madrugada del 22 de octubre, policías armados entraron a la casa de González en Canuto y la detuvieron por cargos relacionados con la misma campaña de 2023. Esa noche, en una audiencia cerrada al público celebrada por videoconferencia, la fiscalía la acusó formalmente de lavado de dinero vinculado a la financiación de la campaña ante la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. El 23 de octubre, el juez Harry Navarrete accedió a la solicitud de la fiscalía de mantenerla en prisión preventiva durante los 90 días que durará la investigación. González fue trasladada bajo custodia armada a la prisión de mujeres de Riobamba, aunque, según su abogado, el juez había accedido a la petición de la defensa de que permaneciera en Quito, cerca de su hijo pequeño y de su padre, quien padece una enfermedad renal.
Tres personas más fueron imputadas junto a González. Wendy Onofre se entregó a las autoridades de Guayas ese mismo día, y el juez ordenó su prisión preventiva. Es secretaria del Movimiento Renovación Total (RETO), un partido aliado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien fue detenido en febrero por un caso separado. El juez dictó la misma orden para Santiago Díaz Asque, antiguo director de campaña de González, quien ya se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 29 años. Estefanía Molina, la tesorera de la campaña, fue detenida el 22 de octubre, pero quedó en libertad con un dispositivo de monitoreo; tiene a su cargo un niño enfermo. Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia para 2023, también figura en una orden de detención, pero abandonó el país el 8 de octubre. “No es un caso de financiamiento ilegal de campaña”, me dijo en un mensaje de voz desde el exterior. “Es un caso de persecución política”.
Los arrestos se produjeron cinco semanas antes de las elecciones municipales, prefecturales, concejales y de juntas parroquiales del 29 de noviembre. Revolución Ciudadana, partido suspendido en marzo, ya está inhabilitado. Las detenciones vienen tras un año de persecución judicial contra la izquierda ecuatoriana y sus movimientos populares: un proceso legal utilizado con fines que la ley no autoriza, en este caso, para dejar a la oposición fuera de la contienda electoral.
De multa electoral a caso de crimen organizado
El caso, conocido como “caso Laberinto“, comenzó en el Tribunal de Contencioso Electoral (TCE). En noviembre de 2025, Diana Atamaint, entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó una denuncia sobre las cuentas de la campaña de Revolución Ciudadana de 2023. Con base en su propio monitoreo, el consejo estimó que la campaña había omitido declarar $174,930 en publicidad y cuestionó dos pequeños aportes que carecían de documentación. Aun sumando esa cantidad, según el fallo, la campaña gastó mucho menos de lo permitido por la ley. El 7 de abril, el juez del TCE Guillermo Ortega multó a Estefanía Molina con $18,000 y declaró a Luisa González y Andrés Arauz responsables solidarios. Asimismo, remitió el expediente a la Fiscalía General para que investigara el origen de las dos contribuciones sin respaldo documental y cómo el consejo había llegado a la cifra de $174,930.
La Fiscalía llegó mucho más lejos. En el momento de las detenciones, la Fiscalía General afirmó que estaba investigando el presunto desvío de unos $500.000 hacia la campaña a través de una red de empresas. En la audiencia, señaló que la campaña se había financiado “con recursos ilícitos de la comercialización ilegal de hidrocarburos”. A la mañana siguiente, el medio Primicias, citando el expediente del caso, reportó que una hoja de cálculo interna asignaba a la campaña $725,933 procedentes de Ternape Petroleum, una empresa de combustibles perteneciente a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Ahí es donde el caso de Alvarez se cruza con el de González. Los “hidrocarburos” son diésel subvencionado, no drogas. En agosto, un tribunal de Quito condenó a Alvarez por desviar diésel subvencionado a través de las empresas de su familia, una condena que aún puede apelar. La Fiscalía afirma ahora que el dinero de esas empresas se utilizó para financiar la campaña de González. El tribunal electoral resolvió la controversia con una multa, pero la fiscalía la reformuló como un delito de lavado de dinero relacionado con el crimen organizado, un cargo que conlleva cárcel y que se juzga a puerta cerrada en un tribunal especial creado para el crimen organizado y la corrupción.
El tribunal electoral resolvió la controversia con una multa, pero la fiscalía la reformuló como un delito de lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.
Las pruebas del expediente contra González provienen de José Ricardo Cevallos, exfuncionario estatal de control de combustibles que, en 2021, pasó a ser director financiero de las empresas de Álvarez que él mismo había supervisado anteriormente. En diciembre de 2025, Cevallos entregó sus celulares y su computador a la fiscalía y se convirtió en testigo protegido. En agosto, un tribunal lo declaró culpable como cómplice en el caso del diésel; el 6 de octubre, un juez suspendió su condena y actualmente está en libertad. Su testimonio, tal y como lo publicó El Universo el 26 de octubre, describe chats entre el personal de Álvarez y sus proveedores. No menciona la participación de González en ninguno de ellos.
El segundo testigo es Santiago Díaz Asque, el exdirector de campaña de González, condenado en mayo a 29 años de prisión por violar a una niña de 12 años. Desde enero, ha declarado ante la fiscalía, en un caso independiente, el de la “Caja Chica”, que sostiene que la misma campaña de 2023 se financió con dinero procedente de Venezuela. Mientras la audiencia de González aún estaba en curso, el portavoz presidencial, José Julio Neira, afirmó que esa hipótesis seguía en pie. El Estado cuenta ahora con dos versiones sobre el origen del dinero —Venezuela o una empresa de combustible de Guayaquil— y dos testigos con motivos para cooperar. Uno ya quedó en libertad. El otro cumple una condena de 29 años.
La legislación ecuatoriana prevé una medida correctiva si la empresa de un alcalde aliado pagó el material de campaña, y el tribunal electoral la aplicó en abril. Ese mismo tribunal nunca ha sancionado al presidente Daniel Noboa. El medio Wambra contabiliza 20 denuncias electorales en su contra: 19 han sido archivadas y una no fue admitida a trámite. Por un lado, la financiación de campañas es ahora competencia del tribunal de crimen organizado. Por otro lado, las denuncias quedan archivadas.
Despejando el terreno
Las detenciones en el caso Laberinto son las últimas de una serie de medidas que el Gobierno ha tomado contra la oposición durante el último año. Las elecciones locales estaban previstas para febrero de 2027, pero el CNE las adelantó al 29 de noviembre. El 6 de marzo, el juez del TCE Joaquín Viteri suspendió a Revolución Ciudadana a raíz de una denuncia del fiscal general en funciones en el caso de lavado de dinero de Caja Chica. El 26 de abril, el consejo disolvió a Unidad Popular, un partido de izquierdas, y a Construye, el movimiento que presentó a Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en 2023. Un tribunal restableció a Unidad Popular en junio. El 17 de julio, el TCE suspendió a Amigo, el movimiento a través del cual los candidatos de Revolución Ciudadana tenían previsto presentarse a las elecciones locales, y el consejo excluyó a González de la lista de candidatos a prefecto de Manabí. El 21 de octubre, la Fiscalía allanó las oficinas del alcalde de Quito, Pabel Muñoz —miembro de Revolución Ciudadana que se presentaba a la reelección— a raíz de una denuncia por malversación contra su equipo.
El Gobierno adelantó los detalles del caso. El 19 de octubre, tres días antes de las detenciones, el portavoz presidencial José Julio Neira habló en la radio y, citando investigaciones de la Fiscalía General, vinculó a Revolución Ciudadana con fondos del crimen organizado. Pabel Muñoz describió esta dinámica en una publicación en redes sociales: “Lo que no pueden ganar en las urnas, intentan ganarlo en los tribunales”. González ya había sido advertida. En junio, González señaló que el ministro del Interior, John Reimberg, había declarado en una reunión celebrada en la gobernación de Manabí que, si se presentaba a prefecta, perdería sus derechos políticos e iría a la cárcel. Un día después de los arrestos, Reimberg dejó claro cuál sería el siguiente paso: “Hay algunos más que faltan”.
Guerra jurídica contra los movimientos
Los mismos instrumentos de persecución judicial se han utilizado contra los movimientos que se opusieron al expresidente Rafael Correa. Su reacción muestra lo que está en juego a nivel nacional en el caso de González. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) pasó una década enfrentada al Gobierno de Correa. La tarde en que González fue detenida, su consejo directivo emitió un comunicado titulado “Sin justicia independiente, no hay democracia”. “Hoy puede ser una organización política”, decía; “mañana, cualquier otro partido o movimiento”.
Simón Velasco, dirigente de comunicación del Consejo de Gobierno, me dijo que el pronunciamiento fue deliberado. “Dentro de las bases de la CONAIE existe un buen grupo de personas—varios dirigentes incluso—con una posición marcada anticorreísta”, explicó, pero una línea, “sobre todo cuadros más jóvenes y de izquierda”, considera que, “por los tiempos en los que vivimos—que empiezan a rayar en lo fascista—, es necesario, por lo menos, hacer el intento de generar un marco de unión con otros sectores de la izquierda del país”. “Si bien hemos tenido problemas con la RC [Revolución Ciudadana] y creo que aún quedan muchos temas por resolver entre ambos”, dijo, “este pronunciamiento es una muestra de la voluntad política de buscar esa unión”.
Por un lado, la financiación de campañas es ahora competencia del tribunal de crimen organizado. Por otro lado, las denuncias quedan archivadas.
La CONAIE tiene sus propias razones. La Policía y los militares reprimieron su paro nacional de septiembre y octubre de 2025 contra la eliminación del subsidio al diésel. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos contabilizó tres manifestantes muertos y 473 heridos, y en tres de cada cuatro incidentes que documentó, las denuncias señalaban a la Policía o a las Fuerzas Armadas. En agosto, una jueza de Ibarra ordenó la captura de Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (FENOCIN) por paralización de servicios públicos durante el paro. El 23 de octubre, Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), mencionó a Perugachi y a González: la prisión preventiva, dijo, “no puede convertirse en un instrumento de castigo anticipado”.
YASunidos, el colectivo que enfrentó a Correa por la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y ganó la consulta popular de 2023 para dejar ese crudo bajo tierra, también ha sido golpeado. En abril, el TCE multó a dos de sus voceros con $9.000 cada uno por una irregularidad de 39 centavos que, según el colectivo, estaba justificada. En noviembre de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dirigida entonces, según Wambra, por Neira, congeló las cuentas bancarias de organizaciones y dirigentes sociales, indígenas y ambientalistas, entre ellos el coordinador de YASunidos, Pedro Bermeo, por sospecha de lavado de activos. Dos jueces anticorrupción ordenaron el desbloqueo de 19 de ellas, incluida la de la CONAIE, porque la UAFE no había mostrado indicios concretos de transacciones sospechosas. El día de la detención de González, YASunidos denunció “el uso político de la justicia contra la Revolución Ciudadana”.
¿De quién es el Estado, de quién es la ley?
El presidente Noboa es heredero de la mayor fortuna de exportación bananera del país. Noboa gobierna bajo un programa del FMI de $5.000 millones que exige ajuste fiscal, y además eliminó el subsidio al diésel que sacó a la Sierra a las calles. La oposición organizada a ese programa tiene dos formas: Revolución Ciudadana en las urnas y la CONAIE en las vías. Este año, los procesos judiciales han golpeado a ambos.
Ese vocabulario convierte una disputa sobre cuentas de campaña y subsidios a los combustibles en “narcoterrorismo”, y el narcoterrorismo en motivo para audiencias cerradas y prisión preventiva.
El Gobierno lo llama todo delincuencia. El 26 de octubre, Noboa dijo a Radio Sucre que “hay indicios” contra González y que el dinero del narcotráfico y del crimen organizado se usa “para financiar la oposición de este gobierno”. Ese vocabulario convierte una disputa sobre cuentas de campaña y subsidios a los combustibles en “narcoterrorismo”, y el narcoterrorismo en motivo para audiencias cerradas y prisión preventiva.
Para la familia del presidente rige otra vara. A fines de 2020 e inicios de 2021, según una investigación de OCCRP y sus aliados, narcotraficantes escondieron 535 kilos de cocaína en contenedores de banano enviados a Europa por Noboa Trading, empresa de la familia del presidente. OCCRP no encontró pruebas de que la empresa supiera del cargamento. Noboa afirma que la empresa colaboró con los investigadores y que sus directivos quedaron libres de responsabilidad. A la empresa de su familia se le presumió inocente. González, por la palabra de dos testigos cuestionados, terminó en la cárcel.
Lo que viene
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida esta semana en Panamá, abordó la institucionalidad democrática y el espacio cívico en Ecuador el 27 de octubre, y la independencia judicial el 28 de octubre. Revolución Ciudadana pidió a la Comisión que decretara medidas cautelares. En el país, González apeló la prisión preventiva en la misma audiencia, y su abogado ratificó la apelación por escrito el 25 de octubre; todavía no hay fecha para la audiencia. Arauz dice que presentará una acción constitucional para su liberación. Su argumento, que la defensa planteó en la audiencia, es que, como vocero registrado de la oposición, solo puede juzgarlo una Corte Provincial, lo que le quitaría el caso al juez Harry Navarrete. El juez siguió adelante contra ella de todos modos, aunque resolvió que solo una corte así podía procesar a Arauz.
En el exterior, la izquierda ha respondido. El Grupo de Puebla, foro de líderes progresistas latinoamericanos, advirtió que una democracia que persigue a su oposición “corre el riesgo de convertirse en una dictadura encubierta”. El Servicio Paz y Justicia, que encabeza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, calificó la detención de arbitraria e inconstitucional, y partidos como Morena, de México, y el Frente Amplio, de Chile, la condenaron. En Washington, el congresista Chuy García la calificó de “una vergonzosa escalada de la represión”. Human Rights Watch expresó su preocupación. Sin embargo, hasta el 27 de octubre, ningún gobierno se había pronunciado, ni siquiera los gobiernos de izquierda de México y Brasil.
El 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán alcaldes y prefectos. Luisa González y su partido no estarán en la papeleta. Salvo que un tribunal la libere antes, la mujer que fue dos veces candidata presidencial pasará el día de las elecciones en una celda en Riobamba. El gobierno de Noboa no tendrá que derrotarla en las urnas. Los tribunales ya la sacaron de la papeleta.
Blair Goodman es escritor e investigador y reside en Cotacachi, Ecuador. Escribe sobre política ecuatoriana y política estadounidense en el hemisferio en blairgoodman.substack.com.
