La reforma agraria de Colombia está en juego

Read this article in English.

La música aún sonaba cuando los primeros cuerpos cayeron al suelo. La sangre se esparció bajo los pies de los bailarines. Momentos antes, cuando los vehículos se acercaron a la casa y apagaron las luces, el ganado se movió en la oscuridad. Pocos escucharon el ruido de sus pasos. La banda siguió tocando cuando los hombres armados irrumpieron en la fiesta. Les habían pagado para que tocaran hasta la madrugada. Años más tarde, el artista Fernando Botero reimaginaría la escena en forma de cuerpos apilándose en medio de la pista de baile.

La masacre de Mejor Esquina en 1988, en el departamento de Córdoba, suele considerarse la primera masacre paramilitar en el Caribe colombiano. El asesinato de 28 campesinos durante una fiesta de Domingo de Resurrección, había sido anunciado días antes. En las paredes de las casas cercanas habían comenzado a aparecer carteles que advertían de una limpieza de guerrilleros.

Aunque los asesinos desaparecieron sin dejar rastro, la masacre fue un presagio de lo que vendría después: el terror paramilitar, respaldado por el Estado y financiado por el narcotráfico, contra la población civil con el objetivo de facilitar la apropiación de tierras.

Hoy en día, Mejor Esquina es un presagio de algo más. A través del ambicioso programa de reforma agraria de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país, las comunidades rurales están recuperando las tierras que antes controlaban las redes que las aterrorizaban. Sin embargo, el futuro del programa sigue siendo incierto. Colombia está a puertas de una segunda vuelta presidencial, y el destino de la reforma pende de un hilo. Mientras que el candidato de izquierda, Iván Cepeda, ha llamado a profundizar lo que describe como una “revolución agraria“, su rival, Abelardo de la Espriella, ha optado por una política de mano dura asociada con la era de la expansión paramilitar, una postura que resulta menos sorprendente dados sus conocidos vínculos con estos grupos.

La historia de Mejor Esquina demuestra lo que está en riesgo. Para muchas comunidades rurales, las próximas elecciones no son simplemente una contienda entre proyectos políticos. En cierto sentido, es una elección entre la vida y la muerte.

La concentración de la tierra y la resistencia

Si la arraigada desigualdad en el acceso a la tierra en Colombia hizo que el conflicto armado fuera inevitable, la abundancia de Córdoba hizo de la región uno de sus epicentros. Todo comenzó con el acaparamiento de tierras. Las élites de la nueva república —descendientes de los colonos— acumularon territorio aprovechando sus conexiones políticas y la privatización de la violencia. Una estrategia que sería recurrente en los años siguientes. Los campesinos desplazados empacaron lo poco que podían llevar y se aventuraron en busca de nuevas tierras, empujando la frontera agrícola cada vez más hacia afuera.

En lugar de abordar el problema de la concentración de la tierra, el Estado colombiano fomentó la colonización. El impulso de las familias sin tierra por encontrar terrenos en regiones remotas superó la capacidad del Estado para llegar a ellas con sus instituciones. A medida que la selva retrocedía, surgían nuevos asentamientos improvisados. La violencia era frecuente en estas regiones marginadas, y su volatilidad resultaba imposible de controlar desde Bogotá.

Pero los campesinos despojados no siempre huían. Algunos se defendieron del despojo. Su lema era sencillo: la tierra es de quienes la trabajan. En las montañas de Tolima, intentaron convertir esas palabras en realidad. El gobierno respondió con bombas, lanzando la “Operación Marquetalia” en 1964 y atacando los enclaves rebeldes con la furia de quien intenta acabar con una idea. La idea sobrevivió. También lo hicieron los futuros combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Poco después se les unirían otras insurgencias de izquierda.

El auge de las guerrillas de izquierda permitió a las élites difuminar la línea entre el activismo campesino y la insurgencia, optando por declarar la guerra al primero. Córdoba se convirtió en el centro de una cruzada paramilitar que diezmó a los sindicatos, las organizaciones campesinas y los partidos políticos de izquierda, aplastando cualquier resistencia al despojo y al orden rural desigual. Masacres como la de Mejor Esquina no siempre llevaron a la apropiación inmediata de tierras. Sin embargo, crearon las condiciones para el despojo. Las comunidades rurales estaban desprotegidas: detrás de los asesinos se encontraban las élites locales, las fuerzas de seguridad, funcionarios complacientes y aliados políticos cuyo poder llegaba hasta Bogotá. Bajo esa protección, las tierras robadas se legalizaron, mientras que sus antiguos propietarios desaparecieron no solo de sus fincas, sino también de los registros mismos.

Mientras millones de colombianos eran desplazados, las fincas se hacían más grandes, las pequeñas propiedades se reducían y los orígenes legales de los títulos se volvían cada vez más opacos. Esta situación sigue hasta el día de hoy. Colombia sigue siendo el país más desigual de América Latina en cuanto a la distribución de la tierra: el uno por ciento de las explotaciones agrícolas controla más del 81 por ciento de la tierra y casi la mitad de los grandes terratenientes del país no pueden establecer claramente los orígenes legales de sus propiedades. Durante el auge del conflicto, al menos seis millones de hectáreas fueron desocupadas por la fuerza.

En medio de este panorama desolador, más del 60 por ciento de la población rural sigue sin tener tierras propias, mientras que casi la mitad vive por debajo del umbral de la pobreza. En Colombia, la tierra sigue siendo una herida abierta.

La tierra cambia de manos

En la noche de la masacre, es probable que los asesinos partieran de un campamento de entrenamiento paramilitar cerca a Mejor Esquina. Muchos campamentos de este tipo habían comenzado a aparecer en las extensas fincas de Córdoba. Financiados con dinero del narcotráfico y protegidos por las élites locales, estos servían como bases operativas, lugares de tortura y laboratorios para el procesamiento de drogas.

A pocos kilómetros de Mejor Esquina, por una carretera de tierra, se encuentra Caballo Blanco. Ubicada justo debajo de la costa Caribe, la finca tenía su propia pista de aterrizaje para el envío de cocaína. Se decía, casi en burla, que en su mejor momento el tráfico aéreo de la propiedad competía con el del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. A finales de la década de 1980, Caballo Blanco era administrada por César Cura Moya, un ganadero local convertido en narcotraficante y comandante paramilitar. Fue él quien pagó a la banda para que tocara mientras sus asesinos llevaban a cabo la matanza.

Durante mucho tiempo, los secretos de Caballo Blanco estuvieron bien guardados. Se decía que quienes se acercaban a la finca desaparecían. Ahora, la misma tierra que alguna vez fue el bastión del proyecto paramilitar tiene nuevos dueños. La finca está en manos de cincuenta y tres familias rurales de la región. Apenas queda algo de la pista de aterrizaje bajo la hierba alta.

La entrega forma parte de la reforma agraria de Colombia, reactivada por el presidente Gustavo Petro tras años de retraso en la implementación del acuerdo de paz de 2016, que identificó la desigualdad en la distribución de la tierra como una de las causas fundamentales del conflicto armado. El acuerdo prevé la entrega de tres millones de hectáreas en un plazo de 12 años. Hasta la fecha, el gobierno de Petro ha redistribuido alrededor de 700,000 hectáreas y ha formalizado la entrega de un millón más.

La redistribución de tierras es material y simbólica. Las tierras que en su momento se acumularon mediante la violencia ahora se entregan a quienes fueron expulsados de ellas: familias campesinas, comunidades indígenas y afrocolombianas, y mujeres cabezas de familia. En regiones marcadas desde hace décadas por el conflicto, las tierras que antes estaban en desuso vuelven a ser cultivadas.

El Magdalena Medio, cuna del paramilitarismo, se ha convertido en un bastión de la reforma agraria. Entre las propiedades restituidas se encuentra la Hacienda La Fe, una finca de 346 hectáreas que en su momento fue utilizada por el mercenario israelí Yair Klein para entrenar a los primeros paramilitares.

“El campesinado en Colombia cumple una función social”, afirmó Gustavo Petro en un evento de entrega de tierras. “Transformar la tierra en alimento, que es lo mismo que transformar la tierra en vida. Ustedes son fuerza de la vida y, por tanto, son nuestro aliado fundamental”. Finca tras finca, los símbolos del violento pasado de Colombia se convierten en garantes de su futuro.

En Buenavista, Córdoba, donde las redes criminales controlaban la mayor parte de las tierras, las comunidades campesinas están comenzando a recuperar el territorio. Una finca que antes se utilizaba para procesar drogas ahora se usa para cultivar alimentos para una comunidad considerable. Cuando los campesinos se reúnen en Caballo Blanco, el ambiente es cordial, casi alegre. Cuando hablan de sus nuevas tierras, lo hacen con una reverencia silenciosa.

“Nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos futuro. Vemos el fruto de nuestro trabajo. Vemos que sí valió la pena el empeño de cada quien, los hombres que están alrededor, los que se ven, incluso los que no están aprovechando eso por lo que nuestros antepasados estuvieron luchando”, dijo Astrid.

Muchas de las personas reunidas aquí son víctimas del conflicto. María, que ya tiene más de setenta años, pasó la mayor parte de su vida en el exilio, tratando desesperadamente de proteger a sus hijos del horror de la guerra. Para ella, los años de desplazamiento, por fin, han terminado.

“Yo cuando hice la primera cosecha, yo me senté en la casa así, yo lloraba. Decía ‘Señor, gracias’. Y ahora me siento orgullosa con lo que Petro está haciendo, porque me llenó mi vida. Lo que yo sufrí es me lo está llenando en el campo ahora”, dijo.

Desde que la música se detuvo aquella noche sofocante del Domingo de Resurrección, la gente de Mejor Esquina se ha preguntado cómo seguir adelante. Durante 37 años, la resistencia fue solitaria. Tras décadas de lucha por el reconocimiento y las reparaciones, en 2024, el gobierno de Petro les otorgó El Sambo, un terreno que antes estaba en manos de los paramilitares. Para las víctimas, fue como si, por primera vez, el gobierno finalmente hubiera visto a Mejor Esquina.

La tierra de los sobrevivientes

Al llegar a Mejor Esquina, hay un pequeño claro al pie de un viejo y frondoso mango. En otro tiempo, se alzaba allí una choza de palma con piso de tierra, aunque hoy quedan pocos rastros. El umbral de la casa, sin embargo, sigue siendo el mismo que los campesinos atravesaron mientras los conducían a la muerte. En lo alto del mango, bajo el cual quedaron sus cuerpos, cuelgan frutos que crecen silvestres, sin recoger y de sabor amargo.

Mientras caminamos bajo el sol abrasador entre las hileras de jóvenes plantas de yuca en El Sambo, los miembros de la asociación campesina recorren con sus ojos la tierra de la que ahora son orgullosos propietarios. Entre ellos se encuentran los sobrevivientes de la masacre: un hombre que sobrevivió porque los muertos cayeron sobre él, una mujer que recuerda las balas atravesando la oscuridad, otro que tenía apenas once años cuando vio cómo le disparaban en la cabeza a un hombre que tenía las manos en alto.

Sus manos agrietadas recorren el campo mientras discuten qué cultivarán aquí: sandías, frijoles, arroz. Casi 500 familias dependen de ello. Si tan solo tuvieran maquinaria pesada. Muchos ya son mayores, sus cuerpos están desgastados. Y hay tantas hectáreas de tierra por trabajar.

Pero, sea cual sea el sacrificio que esta tierra les exija, lo sienten como algo secundario. “No quepo en los pantalones del gozo, la alegría y el entusiasmo”, se ríe Jaime, el líder de la asociación. “Yo le digo a los compañeros ‘¡Gracias, Dios mío! Miren, comemos arroz sambero. Yo le digo arroz sambero porque lo cultivamos acá”.

Se vuelve hacia los demás, ahora con tono solemne. “Pero todo esto se hace con esfuerzo. Mire, sobreviviente. Pero aquí estamos. Ya el miedo se nos perdió. Ahora tenemos un coraje. Tenemos es unas ganas de vivir y que estamos viviendo lo que no habíamos podido despertar en una pesadilla”.

Mirando hacia el futuro

Petro tiene prisa. El temor a una contrarreforma es real: es probable que el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, ponga fin a la restitución de tierras, pues representa los intereses de las élites terratenientes. Si bien Cepeda, el candidato de izquierda, se comprometió a profundizar la reforma agraria de su predecesor, si las encuestas son ciertas, la extrema derecha parece destinada a volver al poder.

Sin embargo, estos avances históricos no se revierten tan fácilmente. La creciente conciencia política que menciona Jaime —millones de personas que descubrieron sus derechos— está cambiando el equilibrio de poder.

Esta transferencia de tierras va mucho más allá de la propiedad en sí misma. Es quizás el gesto más tangible de reparación para quienes sufrieron la violencia en Colombia. El acceso colectivo a la tierra puede proteger a comunidades enteras de la desaparición física o cultural, y en un país donde se derramó tanta sangre por la tierra, es también una apuesta por la paz.

Uno de los campesinos de Caballo Blanco lo expresó de manera más sencilla: “Si todos los gobiernos que han habido anteriormente hubieran hecho lo que este gobierno está haciendo, no hubiera la violencia que hay”.

A medida que la tarde cambia el cielo de El Sambo, los fardos de paja de arroz recién cortada se secan al viento. Ante la posibilidad de un cambio de rumbo, Jaime se mantiene firme: “En este momento nosotros somos sujetos de derecho ante el Congreso de la República, porque somos reconocidos ”.

Deja que su mirada recorra el campo, donde ahora las golondrinas revolotean en lo alto, antes de agregar: “Aquí queremos estas tierras y estas son nuestras tierras”.

Piotr Wójciak-Pleyn es escritor y politólogo y escribe desde Colombia sobre el conflicto, la construcción de la paz y la memoria. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona.