Encaramado en la ladera de una montaña a quinientos metros (unos 1600 pies) sobre el amplio y árido valle de Oaxaca, en el sur de México, se perciben por todos lados las huellas de una de las empresas forestales más innovadoras del mundo. El aserradero local, la fábrica de muebles, la cooperativa de crédito, la gasolinera, la tienda de comestibles, la planta embotelladora de agua, y el hotel ecoturístico —todos ubicados en o cerca del bullicioso pueblo de Ixtlán de Juárez— dan testimonio de los beneficios de su negocio forestal sostenible y controlado por la comunidad, conocido como Empresas Forestales Comunitarias (EFC).
El control local de Ixtlán sobre sus recursos se remonta a la Revolución Mexicana hace poco más de un siglo. En oleadas sucesivas a lo largo de 70 años, alrededor del 60 por ciento de los bosques del país pasaron de propiedad privada a propiedad comunitaria y, a menudo, indígena, como es el caso de Ixtlán. Este nivel de control local no tiene igual en todo el mundo. Además de fomentar la toma de decisiones colectivas en la comunidad, las EFC han contribuido a la creación de empleos, la reducción de la pobreza y la preservación de la biodiversidad forestal.
Tras la revolución, la población local aprovechó la oportunidad para tomar control de sus bosques, con el apoyo intermitente del gobierno federal mexicano mediante equipo y capacitación en el sector maderero. Hoy, de las 21,000 comunidades locales que han recuperado el control de sus bosques, alrededor de 1,600 gestionan EFC sostenibles, que abarcan más de 17 millones de acres de bosque.
Gobernando por la Comunidad, para la Comunidad
En Ixtlán, el gobierno mexicano otorgó a una empresa privada una concesión maderera en la década de 1940, lo que desencadenó una lucha de 40 años que obligó al gobierno nacional de México a incumplir el contrato en 1982. Ixtlán estableció entonces su propia EFC, en consonancia con sus estructuras de gobernanza locales de base indígena. Estos usos y costumbres están consagrados en la Constitución Mexicana de 1917 y se basan en siglos de toma de decisiones comunitaria en la cultura zapoteca local. Dicha gobernanza está profundamente arraigada en los valores del servicio obligatorio y la participación, esenciales para la pertenencia a la comunidad.
Este sistema tradicional se rige por una Asamblea General de todos los comuneros reconocidos y es la máxima autoridad de la EFC y de todo el gobierno local. Está compuesta principalmente por hombres, ya que el rol se hereda de generación en generación a través de los hijos. “Yo no soy comunera; mi padre sí lo es, mi abuelo lo fue y mi hermano sí”, señala la científica conservacionista local Guadalupe Pacheco Aquino. “Pero el número de mujeres está aumentando porque los padres deciden con mayor frecuencia dejar en manos de sus hijas tanto los derechos como las obligaciones que conlleva”.
Estas obligaciones son considerables e implican un compromiso de tiempo considerable para participar en la toma de decisiones y asumir cargos de liderazgo en la gestión de las empresas comunitarias. Sin embargo, el cumplimiento de estas responsabilidades otorga prestigio y estima a los miembros de la comunidad por parte de sus vecinos.
El énfasis en la toma de decisiones se centra en el consenso, priorizando siempre al grupo sobre las necesidades individuales y venerando el conocimiento y la experiencia de la gente mayor. Las reuniones de la asamblea pueden durar horas hasta que se llega a un acuerdo. “La asamblea involucra a todos los comuneros y autoridades electas y utiliza tanto la votación como el consenso para tomar sus decisiones”, explica Pacheco Aquino.
La clave del éxito de la asamblea es la prohibición de la participación directa de los partidos políticos, que, históricamente en todo México, se ha basado en la hegemonía política, el clientelismo y la marginación de la oposición. A nivel local, el otro elemento clave en cada decisión importante es la inclusión de representantes expertos en silvicultura de todas las familias prominentes de la comunidad. “Esto puede requerir mucho tiempo”, señala Pacheco Aquino. “Pero garantiza que todos los que deben ser escuchados, lo sean”.
Para Dexter Melchor Matías, empleado de la tala de EFC, puede ser difícil adaptarse a trabajar con tantos jefes. “Pero poco a poco te acostumbras y las ventajas para la comunidad compensan la mayor cantidad de tiempo que implica”, afirma.
“El enfoque de las EFC no es la ganancia, sino la creación de empleos locales decentes”, señala el experto forestal David Bray, residente en México. “Esto significa que responden al mercado, pero no se dejan llevar por él”. Las ganancias de las EFC y otras empresas se reinvierten en la comunidad mediante inversiones en infraestructura local, como escuelas y carreteras, así como mediante la repartición de utilidades a los miembros de la comunidad. Para lograrlo, Ixtlán se ha beneficiado de políticas estatales y federales de apoyo, así como de una mayor demanda y precios de la madera. “Sin embargo, existe una tensión permanente entre las relaciones jerárquicas comunes en las empresas y la gobernanza comunitaria democrática y participativa de Ixtlán”, señala Bray.
La fábrica de muebles local está dirigida por la ingeniera forestal Noemí Cruz Hernández, quien tiene a su cargo a cuarenta empleados. Las mesas, bancos y sillas que producen con pino local de alta calidad se destinan principalmente a mobiliario escolar adquirido por el gobierno del estado de Oaxaca. Cruz Hernández espera que la tienda que han abierto en la ciudad de Oaxaca les permita reducir su exceso de dependencia de los contratos gubernamentales.
Los trabajadores ganan el salario mínimo del país, que más que dobló durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). “Los empleos con salarios razonables son escasos en las zonas rurales de México”, explica Bray. Según Pacheco Aquino, el modelo de la EFC ha ayudado a muchas personas de la región a salir de la pobreza mediante la creación de empleos en el sector forestal y los negocios derivados, como la posada ecoturística y la gasolinera.
Una propuesta beneficiosa para los bosques y la economía local
El éxito de la gestión forestal comunitaria también se refleja en los esfuerzos de reforestación en la Mixteca Alta, otra zona de Oaxaca. Allí, las iniciativas impulsadas por una gobernanza comunitaria eficaz basada en los usos y costumbres indígenas fueron un factor clave en la recuperación forestal del 71 por ciento entre 1990 y 2018, lo que revirtió siglos de deforestación y degradación forestal. Sin embargo, en todo México, los beneficios de la integración vertical en las EFC siguen siendo limitados hasta la fecha: en 2017, solo 294 de las 1600 comunidades del país con permisos de tala operaban sus propios aserraderos.
Con un tamaño similar al de Indiana, el estado de Oaxaca, al sur de México, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. También es el segundo estado más pobre de México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Canadá, y Estados Unidos en 1994, afectó gravemente a la agricultura local. Esto ha impulsado la emigración. Cruz Hernández señala que la fábrica de muebles de Ixtlán tiene dificultades para retener al personal. “Invertimos tiempo y recursos en capacitar a la gente y luego se van porque creen que pueden hacerlo mejor en otro lugar”.
En parte para combatir la pérdida de personal, Ixtlán fundó una universidad local en 2005 para capacitar a jóvenes en silvicultura y conservación. Actualmente, la emigración es menor en comparación con otras zonas de Oaxaca. El conductor de ecoturismo Joaquín Aquino comentó que, si bien muchos de sus compañeros de preparatoria se fueron y él tuvo la oportunidad de ir a Canadá, “el proyecto forestal comunitario me permitió quedarme para cuidar a mi padre enfermo”. Aquino también señaló que el proyecto ha generado crecimiento económico en la comunidad. Cabe destacar que la pobreza extrema en Ixtlán ha disminuido drásticamente a menos de la mitad de lo que era antes de 2010.
Sin embargo, algunos lugareños aún enfrentan dificultades. Samuel Bautista, de dieciséis años, no ha terminado la preparatoria porque los escasos ingresos que su madre y su hermana mayor obtienen vendiendo almuerzos en una esquina lo obligan a trabajar. Bautista tuvo que dejar la escuela tres años antes, pero ahora tiene un trabajo remunerado como guía turístico. “Quiero seguir estudiando”, dice, “concentrándome en todos los hongos comestibles que tenemos en nuestra zona”.
Además de reducir la pobreza en la última década, la deforestación ha sido menor en Ixtlán que en las áreas de conservación estrictamente protegidas de México. Se almacena más carbono en los bosques comunitarios, ya que este se deposita principalmente en la madera utilizada en la construcción y la fabricación de muebles. “La conservación por sí sola no funcionará bien en las zonas pobres del mundo, ya que la gente necesita los ingresos de sus bosques. Sin abordar el desarrollo local, no podemos frenar la deforestación”, señala Bray. En lugares donde el respeto por las leyes vigentes suele ser precario y la capacidad gubernamental para aplicarlas es aún más frágil, las áreas protegidas son taladas o taladas al ras del suelo de forma rutinaria e ilegal para la agricultura. La gestión forestal comunitaria puede cambiar todo esto.
Este enfoque contrasta marcadamente con las plantaciones forestales, que retienen menos carbono y dañan los hábitats y los suelos. Si bien solo constituyen el tres por ciento de los bosques del mundo, las plantaciones suministran alrededor de dos tercios de la producción anual mundial de madera, y se espera que esa cifra siga creciendo. Incluso cuando la tala rasa va seguida de la replantación de árboles, los bosques resultantes, a menudo compuestos por una o quizás dos especies comercialmente atractivas de la misma edad, dejan los ecosistemas gravemente comprometidos y más vulnerables a los incendios forestales de alta intensidad.
Competir con la madera de plantaciones representa un gran desafío para las EFC de Ixtlán y empresas similares. Los grandes compradores quieren madera certificada, pero Ixtlán no puede ofrecer grandes volúmenes de una sola especie a precios bajos. “Debido a nuestra forma de gestionar la silvicultura, nuestros costos son más altos”, explica Melchor Matías.
Los bosques comunitarios también pueden ayudar a limitar los incendios forestales. “Aquí nunca hemos tenido incendios graves”, continúa Melchor Matías, “pero debido a la sequía actual y al cambio climático, el ecosistema está muy estresado. En los últimos cinco años, simplemente no ha llovido lo suficiente”.
En contraste, la Sierra Sur de Oaxaca registra considerablemente más incendios forestales que la Sierra Norte, debido a que una mayor propiedad privada ha implicado menos monitoreo local y, en consecuencia, más incendios, según Bray. México ha sido anunciado como el ejemplo estelar impulsando una tendencia que ha llevado a los pueblos indígenas y las comunidades locales a gestionar una cuarta parte de los bosques del mundo. “Estos esfuerzos constituyen el régimen de propiedad comunal comercialmente lo más grande y exitoso del mundo”, afirma Bray.
La silvicultura comunitaria genera cierta prosperidad en lugares como Ixtlán, que sufría una emigración constante y la pobreza que la acompaña. El turismo continúa expandiéndose; recientemente, el gobierno mexicano ha iniciado un sendero para caminar, correr y andar en bicicleta que recorre el camino del presidente Benito Juárez del siglo XIX desde su aldea zapoteca, muy cerca de Ixtlán, a sus doce años en busca de una educación en la ciudad de Oaxaca. Ixtlán lleva con orgullo “de Juárez” en su nombre en honor al primer presidente indígena de México y Latinoamérica.
Ese orgullo es palpable cuando los lugareños hablan de su pueblo y sus logros. Si bien Cruz Hernández señala que Itxlán aún tiene mucho por hacer, afirma que sus esfuerzos colectivos por mejorar la comunidad la hacen feliz de vivir en Itxlán. Y, añade Joaquín Aquino, “Conservar los bosques como lo hemos hecho garantiza que dejaremos un legado positivo para nuestros hijos y nietos”.
Linda Farthing es educadora y escritora sobre Latinoamérica. Es coautora de cuatro libros sobre Bolivia y ha escrito para The Guardian, The Nation, Al Jazeera y Jacobin, además de ser editora y redactora de NACLA. También fue productora de campo de tres documentales.