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El 17 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador modificó la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”. Dos días después, Ramona* reflexionaba sobre las consecuencias para su familia. La policía había detenido a su hijo y a su hermano en 2022 en el marco del Estado de Excepción, una medida del presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas. Al igual que miles de otros familiares preocupados, llevaba cuatro años sin saber nada de ellos. La policía acusó a los familiares de Ramona de “asociación ilícita”, un delito que implica la presunta pertenencia a una pandilla. Según la ley salvadoreña, los pandilleros pueden ser considerados terroristas, lo que los hace susceptibles de recibir sentencias de cadena perpetua en virtud de la nueva reforma.
“Los están haciendo ver como terroristas sin investigarlos”, dijo Ramona. Durante los primeros cuatro años del Estado de Excepción, la gran mayoría de los detenidos permaneció en prisión preventiva prolongada sin ser juzgados. En 2026, se iniciaron juicios masivos contra grupos de más de 400 personas. Fue a través de la prensa que familiares como Ramona identificaron a sus seres queridos, quienes, según ellos, no tienen ninguna relación con las pandillas. Además de permitir las condenas a cadena perpetua, las reformas del 17 de marzo incluyeron la creación de nuevos Tribunales Penales. Estos tribunales juzgarían juntos a presuntos pandilleros y a personas que no pertenecen a pandillas, lo que permitiría a los jueces condenar a cientas de personas a la vez a cadena perpetua.
Para justificar los cambios constitucionales, la Asamblea Legislativa argumentó que las condenas a cadena perpetua “se les hará justicia a las víctimas”. En cambio, lejos de brindar justicia, al permitir sentencias más severas y juicios grupales, estas reformas solo aumentan la probabilidad de que personas inocentes se conviertan en víctimas colaterales en un Estado cada vez más autoritario. También amplían drásticamente el sector de la población que ahora está vulnerable a desaparecer de por vida en el violento sistema penal del país.
Si bien el gobierno de Bukele inicialmente se enfocó en personas con presuntos vínculos con las pandillas, las reformas del 17 de marzo ahora amenazan a las mujeres y niñas acusadas de abortar, así como a niños de tan solo 12 años, con cadena perpetua. Con estos cambios, el ultraderechista Bukele ha ampliado su definición de “enemigo” o “el Otro” que debe ser eliminado de la vida pública. Su popularidad ahora está cobrando un precio aún más alto a los más vulnerables de la sociedad.
Un panorama sombrío para las mujeres
En particular, las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de ser condenadas a cadena perpetua. La combinación de la prohibición del aborto de 1998 en El Salvador y la decisión del 17 de marzo de tipificar el homicidio agravado como un delito punible con cadena perpetua representa una escalada en la guerra del país contra las mujeres. Antes del Estado de Excepción, los tribunales ya habían condenado a decenas de mujeres por homicidio agravado por abortos espontáneos, muerte fetal y abortos; ahora, como resultado de las reformas, una mujer podría ser sentenciada a cadena perpetua si las autoridades consideran que las complicaciones del embarazo constituyen un aborto intencional.
Las reformas constitucionales forman parte de un retroceso generalizado de los derechos de las mujeres bajo el gobierno de Bukele.
Las reformas constitucionales forman parte de un retroceso generalizado de los derechos de las mujeres bajo el gobierno de Bukele. El presidente Bukele ha recortado los servicios para mujeres y niñas en materia de prevención de la violencia, salud reproductiva y educación. Al mismo tiempo, la primera dama, Gabriela Bukele, ha promovido la iniciativa “Nacer con Cariño” para apoyar la salud de las mujeres durante el embarazo. Sin embargo, esta política apoya a las mujeres y niñas únicamente en su capacidad para ser madres. Las defensoras de los derechos de las mujeres en El Salvador han argumentado que la igualdad de género requiere fortalecer los derechos laborales de las mujeres, garantizar el derecho a vivir libres de violencia, ampliar el acceso a la educación y reconocer la vida de las mujeres más allá de su capacidad reproductiva.
Más allá de estos cambios en las políticas, el gobierno también ha atacado a las mujeres que se organizan en torno a la igualdad de género, los derechos de las mujeres y otros temas comunitarios. Algunas activistas feministas se han exiliado. Ruth López, una abogada de derechos humanos que investigaba casos de corrupción, lleva más de un año detenida sin juicio. En este contexto, los cambios constitucionales proporcionan un mecanismo más para castigar a las mujeres, en lugar de ampliar los servicios y las protecciones para las víctimas de violencia. Lejos de protegerlas, la reforma victimiza aún más a las mujeres a quienes el gobierno no ha brindado la atención necesaria.
Ataques contra los jóvenes
Las reformas constitucionales del 17 de marzo no establecen excepciones con respecto a la edad. De hecho, la Asamblea Legislativa modificó intencionalmente la Ley Penal Juvenil para permitir que niños de tan solo 12 años reciban condenas a cadena perpetua. La severidad de la pena va en contra de un creciente conjunto de investigaciones y políticas que recomiendan la no encarcelación y la rehabilitación de los jóvenes para abordar mejor las necesidades de los menores involucrados en delitos.
Cuando un niño o una niña está involucrado en un homicidio, una violación o un acto de terrorismo, a menudo no es la primera vez que experimenta violencia. Hay numerosas investigaciones que demuestran que los adolescentes involucrados en pandillas han sufrido abuso, abandono y exclusión social. Se trata de formas de violencia interpersonal y estructural que se superponen y se agravan mutuamente. Sin embargo, tratar a los adolescentes y preadolescentes como delincuentes desviados le permite al gobierno evitar tratarlos como ciudadanos por los cuales el Estado es responsable.
Argumentar que se deben respetar y restablecer los derechos de estos niños no significa sugerir que ellos, ni nadie más, deban quedar exentos de responsabilizarse y entregar reparaciones a la víctima por sus actos. Más bien, significa argumentar que el Estado debe responsabilizar y ofrecer reparaciones ante los jóvenes por permitir las condiciones en las que las pandillas y la violencia pueden prosperar, e incluso volverse atractivas. Si bien el anuncio del gobierno se esfuerza por enfatizar que muchos otros países, incluido Estados Unidos, permiten las condenas a cadena perpetua, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2012 que las condenas obligatorias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores de 18 años condenados por homicidio son inconstitucionales.
Si combinamos estos dos grupos, surge una posibilidad escalofriante. En la práctica, si un hombre viola a una niña de 12 años —en 2022 hubo 496 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años— y a ella se le acusa de haber abortado, lo cual puede ser tipificado como homicidio agravado, podría pasar el resto de su vida en prisión. Incluso en el improbable caso de que su violador sea juzgado y condenado, cuando analizamos las condenas a cadena perpetua en el contexto social, cultural y legal actual, rápidamente queda claro que esto no tiene que ver con la justicia para las víctimas.
Prisiones para el trabajo forzado
Con casi el 2 por ciento de su población en prisión —la mayoría detenida por presuntos delitos relacionados con pandillas desde 2022— y ahora susceptible de recibir sentencias de cadena perpetua, ¿qué hará el gobierno salvadoreño con todas estas personas? En marzo, hablé con los padres de salvadoreños que habían sido detenidos. Tras años de encarcelamiento de sus seres queridos, madres como Luisa me contaron que el gobierno había comenzado a utilizar a sus hijos para realizar trabajos forzados. Mientras navegaba por Facebook, Luisa me mostró una foto que había encontrado de su hijo, un estudiante universitario, con una camiseta amarilla y jeans: el uniforme de trabajo de la prisión. Luisa seguía sin poder visitarlo en la cárcel, pero las autoridades podían sacarlo para que trabajara.
La camiseta amarilla y los jeans son el uniforme de “Yo Cambio” (“Yo cambio”), un programa de reinserción carcelaria iniciado antes de la presidencia de Bukele. Anteriormente, el programa permitía a las personas que se encontraban en la “fase de confianza” de sus condenas salir de la cárcel para trabajar en proyectos de infraestructura y obras públicas, como la limpieza de playas. En ese entonces, este tipo de trabajo se justificaba como una forma de rehabilitación para preparar a las personas encarceladas para su regreso a la sociedad. Magali, una activista, señaló que las “personas que están privadas de libertad inocentes las tienen haciendo trabajos de esclavitud, cuando la familia está necesitando de ese recurso en sus hogares, los niños”. Sin embargo, con la legalización de las condenas a cadena perpetua, hay pocas expectativas de que muchos de estos presos lleguen a ser liberados. Independientemente de los fines rehabilitadores o punitivos del trabajo carcelario, defensores internacionales han argumentado que el trabajo forzado sin remuneración, sin importar el contexto, es esclavitud.
Mantener a tanta gente encarcelada, incluso en un sistema penitenciario público, es una fuente de mano de obra y lucro. Durante el gobierno de Bukele, las cárceles han sido una fuente de malversación de fondos y mano de obra para políticos corruptos como Osiris Luna, quien desvió millones de la tienda de la prisión y utilizó a los presos para construir un rancho en la playa para el socio comercial de su madre. La ONG salvadoreña Cristosal ha identificado otros posibles esquemas de corrupción relacionados con las prisiones, entre ellos sobornos a cambio de información o contacto con familiares, cobros por visitas no autorizadas y vínculos entre abogados y autoridades penitenciarias para extorsionar a las familias a cambio de información o visitas.
Astrid, cuya madre y hermano fueron arrestados por segunda vez durante el estado de excepción, confirmó que pagó sobornos de entre 5 y 10 dólares a los guardias de la prisión a cambio de información o contacto con sus seres queridos. Al igual que otras familias, también envía paquetes con alimentos, productos de higiene y ropa que cuestan hasta 200 dólares. Con un ingreso mensual de alrededor de 360 dólares por la venta de pan dulce y pan francés, el dinero solo le alcanza para entregar estos productos cada tres meses. Sin embargo, las familias también han denunciado que estos paquetes son confiscados o revendidos a las personas que se encuentran dentro. Tanto a pequeña como a gran escala, las prisiones se han convertido en una fuente de ingresos adicionales para quienes están dispuestos a explotarlas, y en un gasto considerable para las familias afectadas.
Recuperar la justicia
Las reformas del 17 de marzo, que aprueban las penas de cadena perpetua y se suman a años de políticas punitivas de “mano dura” son un retroceso para la justicia. Si bien el gobierno de Bukele ha descartado los enfoques basados en los derechos para abordar la violencia de las pandillas por considerarlos ineficaces y protectores de “criminales” y “terroristas” —una postura que ha contribuido a su popularidad—, enfoques anteriores, tanto a nivel estatal como de organizaciones no gubernamentales, intentaron abordar las causas estructurales de la violencia y promover la prevención a largo plazo.
Los programas de reintegración basados en los derechos, gestionados por las propias prisiones públicas y por ONG, estaban impulsados por un compromiso con las víctimas. Al trabajar con los agresores, cuyas propias experiencias incluían el haber sido víctimas, estos programas tenían como objetivo prevenir la violencia en el futuro. Aún de manera imperfecta, el sistema penitenciario de El Salvador trabajaba con jóvenes y, de manera limitada, con adultos, para este fin. Cuando entrevisté a un especialista en educación del sistema de justicia juvenil en 2021, se refirió constantemente a copias viejas de tratados sobre los derechos de los niños y los jóvenes. Hoy en día, los “derechos humanos” ya no forman parte del vocabulario para trabajar con jóvenes y adultos encarcelados. Antes del Estado de Excepción, El Salvador recibía múltiples delegaciones internacionales interesadas en sus innovadores programas de rehabilitación carcelaria. El artículo 27 de la Constitución aún establece que las prisiones tienen como objetivo “corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.
Cuando el objetivo era la rehabilitación, había argumentos a favor de tratar a las personas encarceladas como ciudadanos que se reintegrarían a sus familias y comunidades. Por sí solos, estos programas no podían ser la solución completa a la violencia generalizada de las pandillas, pero representaban un paso en la dirección correcta para tratar a las personas con dignidad, derechos y el potencial de transformación —algo que los jóvenes que se unen a las pandillas han experimentado muy poco en sus vidas. Las condenas a cadena perpetua impuestas de forma masiva hacen que los salvadoreños encarcelados —tanto inocentes como culpables— sean vulnerables a más maltratos, tortura y explotación.
La justicia para las víctimas de la violencia requiere reparación y responsabilidad de parte del victimario, servicios y prevención. Las condenas a cadena perpetua y las reformas del 17 de marzo no brindan nada de esto a los más vulnerables. Hacer responsables a los culpables de la violencia de las pandillas es esencial, pero el debate sobre cómo debe ser la justicia —y cómo prevenir la violencia futura— debe ir más allá de lo que se presenta como el “modelo Bukele”. Someter a las mujeres y a los niños a más violencia de Estado mientras se explotan las cárceles para obtener ganancias económicas no tiene cabida en ninguna visión de seguridad o justicia.
Anne Ruelle es candidata a doctorado en Trabajo Social, Políticas y Práctica en la Universidad de Chicago y cuenta con más de diez años de experiencia en investigación y trabajo en El Salvador.
*Debido a la represión continua contra los defensores de los derechos humanos y a la criminalización de los familiares de las personas encarceladas, se han cambiado todos los nombres.