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Como activista de derechos humanos, Angélica Macario estaba acostumbrada a los gritos y la música de las protestas y a ver a su pueblo llevar su clamor por la justicia desde las montañas de El Quiché hasta las calles de Ciudad de Guatemala. Sin embargo, durante los últimos 20 años, ha continuado ese legado que comenzó con su padre y decenas de otros activistas comunitarios en la década de 1980 de otra manera: desde 2003, ha resguardado los archivos de las Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), una organización comunitaria fundada en 1988 para resistir el genocidio promovido por el estado.
Angélica creció en Chulumal Cuarto, una aldea de Chichicastenango, en el departamento de El Quiché, en las tierras altas del país. En aquel entonces, el departamento era el centro de una brutal contrainsurgencia respaldada por el estado. Según el informe de la comisión de la verdad patrocinada por la ONU, Memoria del Silencio, se produjeron más de 344 masacres en El Quiché y el 45 % de los abusos contra los derechos humanos registrados durante los 36 años del conflicto armado interno ocurrieron en el departamento. Memoria del Silencio también reportó que más de 200.000 civiles fueron asesinados y más de un millón fueron desplazados entre 1960 y 1996, casi en su totalidad a manos de agentes estatales, y concluyó que el estado de Guatemala había cometido un genocidio contra los grupos indígenas mayas.
El archivo del CERJ narra la historia de la resistencia maya a este genocidio estatal en más de 80 cajas (más de 23 metros lineales) de actas de reuniones, informes policiales, volantes y panfletos. En conjunto, el archivo documenta los esfuerzos del grupo por instaurar la democracia en Guatemala, exhumar cementerios clandestinos y brindar ayuda directa a los sobrevivientes de la violencia genocida. Actualmente, Angélica y sus compañeros procesan y digitalizan el Archivo Histórico del CERJ para rescatar y preservar el legado del grupo y continuar la lucha por la memoria histórica y la justicia social en Guatemala, a pesar de los obstáculos institucionales y personales.
CERJ: Resistencia indígena a la dictadura
Angélica creció inmersa en la tradición de la resistencia indígena y la resiliencia comunitaria. De niña, asistió a las reuniones y protestas del CERJ junto a su padre, Don Eusebio Macario. En ese entonces, protestaban contra la contrainsurgencia respaldada por el estado, conocida como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Las PAC fueron creadas por los generales Lucas García y Ríos Montt a principios de la década de 1980 para combatir los movimientos insurgentes del país. Sin embargo, pronto se convirtieron en un mecanismo clave del genocidio.
El archivo del CERJ narra la historia de la resistencia maya a este genocidio estatal en más de 80 cajas de actas de reuniones, informes policiales, volantes y panfletos.
Los líderes militares obligaron a todos los hombres indígenas entre los 15 y 65 años a participar en turnos semanales de 24 horas para patrullar el campo en busca de “subversivos”, una categoría que para los los militares contenía una gran variedad de personas, desde miembros de la guerrilla hasta catequistas católicos y líderes cooperativos, y eventualmente, grupos étnicos enteros. Bajo la amenaza de los comisionados militares, los miembros de la comunidad se vieron obligados a torturar y asesinar a sus vecinos y familiares. Negarse a participar en las patrullas daba lugar a sospechas de inclinaciones subversivas o incluso a la ejecución inmediata.
Como respuesta, a finales de la década de 1980, Don Eusebio cofundó el CERJ junto con otros líderes de la comunidad maya k’iche’ para oponerse a las PAC, organizando protestas y marchas en un momento en que el estado no toleraba ningún tipo oposición. El CERJ colaboró con organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) para reabrir la sociedad civil y exigir que el estado rindiera cuentas por sus crímenes. Los líderes y miembros del CERJ fueron constantemente vigilados y amenazados por agentes estatales. En 1989, los miembros del CERJ, Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis fueron secuestrados y desaparecidos por agentes estatales.
El defensor de derechos humanos Amílcar Méndez colaboró con Don Eusebio Macario para fundar y dirigir la organización. Para Don Amílcar, “CERJ fue una especie de defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, quienes fueron la población que realmente sufrió durante el conflicto armado”.
“CERJ surgió de una gran necesidad; nació del miedo y el terror que experimentaban. Querían defenderse de alguna manera”, agregó. Junto con otros líderes de CERJ, fueron reconocidos por su importante labor en derechos humanos por el Centro Robert F. Kennedy y por el Premio Carter-Menil de Derechos Humanos. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, CERJ continuó su lucha, trabajando para obtener reparaciones para los sobrevivientes del genocidio y para protestar contra las continuas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la firma de los Acuerdos no trajo la paz.
El 27 de septiembre de 2003, Don Eusebio fue asesinado por exlíderes del PAC presuntamente vinculados al partido político de Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco. Amnistía Internacional informó que, antes de su asesinato, Don Eusebio había recibido amenazas y publicó una alerta urgente por la seguridad de Angélica, Don Amílcar y otros miembros del CERJ. Tras el asesinato de Don Eusebio, el CERJ cerró sus oficinas y Angélica tomó posesión del archivo. Hoy, Don Amílcar continúa luchando por la justicia para sus compañeros a través del sistema legal, incluyendo casos en curso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En noviembre de 2024, la CIDH declaró al estado guatemalteco culpable de la desaparición forzada de cuatro líderes del CERJ en 1989. En una ceremonia en el Palacio Nacional en diciembre de 2025, el presidente Arévalo ofreció disculpas formales por las desapariciones.
La lucha sigue
Para Angélica, su lucha constante por la justicia y la rendición de cuentas honra la memoria de su padre. “Estaba consciente de lo que tenía la organización, de lo que eran los documentos. Que podrían ser útiles para la próxima generación, que no sabe lo que hemos pasado”, dijo. “Me di cuenta de que ni siquiera los maestros contaban estas historias, a diferencia de mi casa, donde hablamos de todo lo que ha sucedido en este país”, añadió.
Para Angélica, su lucha constante por la justicia y la rendición de cuentas honra la memoria de su padre.
Desde 2003, Angélica ha trabajado con miembros de la comunidad y ONG aliadas para preservar el archivo del CERJ. Marcia Esparza, profesora asociada del John Jay College of Criminal Justice, la ha apoyado en estas iniciativas. La Dra. Esparza, quien trabaja en memoria histórica, elogió la importancia del archivo. “Son un testimonio de que el ejército cometió genocidio”, afirmó. La Dra. Esparza también está escribiendo un libro infantil titulado “La Historia de Angélica”, para educar a las futuras generaciones sobre el conflicto interno y la lucha de las comunidades indígenas por la justicia.
Tras muchos años de inestabilidad, pasando por estrechas habitaciones y húmedos garajes, el archivo se encuentra ahora en las oficinas de una reconocida organización de derechos humanos en Guatemala. Si bien no es permanente, esta estabilidad ha permitido al equipo iniciar la ardua labor de organizar, preservar y digitalizar esta pieza vital de la historia guatemalteca.
En 2024, el equipo del Archivo CERJ, junto con la Fundación Suiza para la Paz, recibió una Beca para Archivos en Peligro de la UCLA para financiar la organización y digitalización del archivo. Esperan poner estos valiosos documentos a disposición de sobrevivientes del genocidio, académicos y futuras generaciones de guatemaltecos interesados en aprender sobre el Conflicto Armado Interno, el proceso de paz, los derechos humanos, la resistencia indígena y campesina, y las violaciones de derechos humanos promovidas por el estado en Guatemala.
La Memoria Histórica en Guatemala
Los esfuerzos del Archivo CERJ han sido particularmente oportunos. Tras el descubrimiento en 2005 del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) que contenía millones de páginas de evidencia vital sobre crímenes de Estado durante el conflicto interno en un edificio abandonado de una base policial en la Ciudad de Guatemala, , los activistas lucharon con éxito por su preservación y uso en los juicios por abusos de derechos humanos. Estos registros fueron evidencia esencial en las condenas exitosas de exlíderes militares de alto rango como el exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García.
Sin embargo, en los últimos años, el AHPN ha sido prácticamente silenciado. En 2018, los militares tomaron control del archivo, lo que llevó al despido de la mayoría del personal y al cierre de facto de la colección para investigadores y activistas. Junto con otros acontecimientos preocupantes, como el procesamiento y encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora, la represión del AHPN se ha convertido en un indicador de lo que muchos observadores han caracterizado como un retroceso de los esfuerzos de memoria histórica en el país.
Ante la retirada del AHPN, el Archivo del CERJ espera continuar con su legado. De hecho, tres de los cuatro empleados del Archivo del CERJ comenzaron en el AHPN. Para Ana Virginia Lucero, una de ellas, “el AHPN fue un campo de entrenamiento para especialistas en archivos de derechos humanos”. El espacio creado por el cierre del archivo del AHPN, afirmó, está siendo cubierto por otros, como el archivo histórico del CERJ.
Las dificultades que enfrenta el archivo del CERJ llegan, en cierto modo, en un momento sorprendente: por primera vez en décadas, el país tiene un gobierno progresista. En 2023, el diputado de centroizquierda Bernardo Arévalo, ganó la presidencia en una de las victorias electorales más sorprendentes de los últimos tiempos. Si bien su administración ha realizado importantes avances para corregir errores históricos, se ha visto continuamente obstaculizada por los constantes ataques de la Fiscal General, Consuelo Porras contra los procesos y las estructuras democráticas.
Desde que asumió el cargo en mayo de 2018 y fue reelegida en 2022, Porras ha atacado a instituciones como el AHPN, facilitando la toma militar del archivo de derechos humanos. Esta amenaza constante se cierne sobre activistas e instituciones de derechos humanos a pesar de los continuos esfuerzos de Arévalo. El proceso para nombrar al próximo fiscal general debe concluir en los próximos meses, pero los resultados están lejos de ser seguros, lo que deja vulnerables al archivo del CERJ y a sus aliados.
En este contexto, el archivo ha seguido enfrentándose a intimidaciones y dificultades financieras. Otro beneficiario de Archivos en Peligro, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, fue allanada y saqueada por desconocidos en febrero de 2024, lo que envió un mensaje escalofriante a toda la comunidad de derechos humanos a pocas semanas de la toma de posesión de Arévalo. Angélica, sin embargo, no es ajena a las amenazas. En 2008, sobrevivió a un intento de linchamiento mientras colaboraba en la exhumación de víctimas del conflicto armado en Chichicastenango. A pesar de todo esto, ha seguido abogando por el archivo y por la preservación de la memoria histórica en Guatemala.
Junto con otros miembros del Archivo CERJ, Angélica continúa buscando justicia para su padre y otras víctimas del conflicto armado interno. “A pesar de todo lo que he vivido, no he dejado de luchar, porque aunque son experiencias difíciles, al mismo tiempo es realmente hermoso poder ayudar a los vecinos”, dijo.
El Archivo del CERJ está abierto a investigadores, activistas de derechos humanos y sobrevivientes del genocidio. Se puede contactar con ellos en cerj.2023@hotmail.com
Emily Taylor es candidata a doctorado en Historia Latinoamericana en UNC Chapel Hill. Su investigación se centra en las luchas por la ciudadanía y el género en la Guatemala del siglo XX.
Angélica Macario es una activista maya k’iche’ por los derechos humanos que vive entre Chichicastenango y la ciudad de Guatemala.
CERJ agradece el apoyo financiero de la Embajada de Suiza en Guatemala, la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Swisslos-Fonds Baselland y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza