El 11 de diciembre del 2025, se desplegó la alfombra roja en San Salvador para el estreno de la tan esperada película Luciérnagas en El Mozote. La película, que narra los acontecimientos de El Mozote, una de las masacres más violentas cometidas por un estado en la historia moderna de América Latina, se estrenó 44 años después de la matanza. Entre los asistentes se encontraban miembros de la industria cinematográfica del país, representantes del sector privado y funcionarios del gobierno salvadoreño que apoyaron el rodaje de la película.
Mientras los invitados al evento, vestidos de gala, sonreían a las cámaras sobre la alfombra iluminada, los miembros de la comunidad de El Mozote celebraban la noticia de que el caso de la masacre finalmente sería llevado a juicio. El anuncio marcó una victoria monumental para los activistas que han luchado desde la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en 1993. No obstante, la noticia del juicio estuvo notablemente ausente en el gran estreno de la película.
La evasión por parte del evento de los temas más delicados relacionados con la masacre, junto con la narrativa presentada por la película, se debe a la participación del estado salvadoreño en la producción. Desde su llegada al poder en 2019, el presidente de derecha Nayib Bukele ha intentado reinterpretar el conflicto armado de la década de 1980, promoviendo una narrativa que absuelve a las fuerzas armadas del país de las atrocidades cometidas durante los doce años de la guerra civil (1980-1992).
Una película que narra un momento tan oscuro de la historia salvadoreña podría esperarse que rindiera homenaje a las víctimas de la masacre. En cambio, celebró un punto de inflexión en la historia del cine salvadoreño, promoviendo las infinitas posibilidades de rodar una producción de esta magnitud en el “nuevo” El Salvador de Bukele, el cual ha logrado mantener la seguridad a costo de graves abusos contra los derechos humanos.
La masacre
En la tarde del 11 de diciembre de 1981, en medio del brutal conflicto armado entre el estado salvadoreño y la guerrilla de izquierda conocida como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el Batallón Atlacatl, entrenado por los Estados Unidos, ingresó al pueblo de El Mozote, ubicado en el departamento oriental de Morazán, en busca de guerrilleros. A lo largo de 48 horas, el batallón masacró a aproximadamente 1,000 hombres, mujeres y niños.
Tras la masacre, el batallón abandonó el pueblo, dejando atrás a Rufina Amaya, una sobreviviente cuyo relato permitió conocer los detalles iniciales de la masacre. En los días siguientes, el FMLN recibió la noticia de que los militares habían arrasado con todo un pueblo. Carlos “Santiago” Consalvi, la voz de la emisora rebelde del FMLN conocida como Radio Venceremos, se enteró de lo ocurrido el 17 de diciembre y poco después transmitió en vivo las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Aunque Washington recibió noticias sobre la masacre pocos días después, la administración Reagan guardó silencio y finalmente negó los informes con el fin de continuar financiando al ejército salvadoreño con más de mil millones de dólares durante el conflicto armado. No fue sino hasta el 26 de enero de 1982, cuando el Washington Post y el New York Times publicaron artículos al respecto, que la noticia llegó al conocimiento del público general en los Estados Unidos.
A lo largo de 48 horas, el batallón masacró a aproximadamente 1,000 hombres, mujeres y niños.
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, Tutela Legal, una oficina legal de derechos humanos afiliada a la Arquidiócesis de El Salvador, presentó una denuncia penal formal ante las Naciones Unidas por violaciones al debido proceso en el caso de El Mozote. Tutela Legal que ganó el caso y que logró que se invitara a un equipo forense argentino a realizar excavaciones en El Mozote. Sus hallazgos fueron publicados en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, el cual confirmó que el Batallón Atlacatl llevó a cabo la masacre de hasta 1,000 civiles en El Mozote y los caseríos circundantes. El informe también proporcionó mayores detalles sobre el conflicto armado y concluyó que el ejército salvadoreño fue responsable del asesinato de más del 85 por ciento de las 75,000 personas que murieron durante el conflicto.
La trama y la producción de la película
Luciérnagas en El Mozote narra una historia diferente de los acontecimientos ocurridos en diciembre de 1981. La película comienza con la masacre perpetrada por el ejército salvadoreño; pero en este caso, el único superviviente es un niño de 8 años que es rescatado por guerrilleros no identificados. A continuación, la película se centra en el niño y en una audaz operación guerrillera que, aunque basada en hechos reales, pone en duda su inocencia y se aparta de la historia real de Rufina Amaya.
Tras varios enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, los guerrilleros organizan una trampa para asesinar al coronel Montenegro —basado en la figura de Domingo Monterrosa— mediante la colocación de una bomba en un transmisor falso de Radio Venceremos y permitiendo que los soldados salvadoreños lo descubran tras una emboscada. A instancias de los guerrilleros, el niño desempeña un papel clave en la operación, al identificar el helicóptero de Montenegro y, finalmente, detonar el artefacto. En las escenas finales de la película, el niño se da cuenta de que los guerrilleros no son diferentes de los militares, y se muestra a ambos bandos como perpetradores de la violencia contra personas inocentes en todo el país.
Esta visión parcial del conflicto sorprendió a los miembros del equipo de rodaje. “El Chele”, un miembro del equipo cuyo nombre omito por temor a repercusiones profesionales y políticas, dijo que el equipo de producción creía inicialmente que la película sería fiel a la verdadera historia. “Nos sorprendió ver que el gobierno tenía manos en la película. Estando en el set y en contar con el apoyo de las fuerzas armadas y militares, ahí ya te dice que va por el punto de vista de ellos”.
El Estado salvadoreño participó en todas las etapas de la creación de la película.
El Estado salvadoreño participó en todas las etapas de la creación de la película. Durante la producción, el director Ernesto Melara, quien falleció en marzo de 2025, los productores y los actores fueron invitados al palacio presidencial. En un video publicado por el gobierno salvadoreño sobre la visita, Melara se jactó de rodar la película en El Salvador, diciendo: “Lo más importante y la razón principal por la que podemos realizar esta producción en el país es por el clima de seguridad que se ha logrado en este gobierno”. Los productores y actores de la película hicieron eco de este mensaje, desviando la atención de la horrible masacre de El Mozote, y centrándose en la seguridad del país.
En una entrevista conLa Tribu FM, un programa de radio salvadoreño, el productor Elías Axume afirmó que el presupuesto de la película fue de $1,4 millones y señaló que “podría costar $5 millones en otro país”. Dejó claro que la película no se habría podido realizar sin el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto no se comunicó al equipo de la película. Según El Chele, “nos dimos cuenta de que Elías tenía contactos en el gobierno cuando nos dieron acceso gratuito al Parque Nacional Deininger y aparecieron las fuerzas armadas porque también es difícil grabarlos”. De acuerdo con Axume, las Fuerzas Armadas proporcionaron helicópteros, soldados que hicieron de extras y seguridad, mientras que el Ministerio de Cultura y Turismo proporcionó transporte gratuito y acceso a los parques nacionales de todo el país. En este sentido, Luciérnagas en El Mozote fue un proyecto para “proyectar el país” y, como dijo el productor Carlos Figueroa a La Tribu FM, “promover El Salvador como un destino para [futuras] producciones”.
Una larga lucha en busca de justicia
La comercialización de la masacre como medio para promocionar El Salvador como destino cinematográfico, así como el papel directo de las Fuerzas Armadas en la producción de la película, no fueron bien recibidos por los salvadoreños que han luchado para que el estado rinda cuentas por su violencia. Esta lucha se ha prolongado durante décadas.
En 1993, cinco días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el Parlamento salvadoreño aprobó la “Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz”. El proyecto de ley concede amnistía a los soldados responsables de crímenes de guerra, incluyendo las atrocidades cometidas contra la población de El Mozote. La ley fue rechazada por activistas legales que continuaron luchando para que los tribunales nacionales e internacionales reabrieran el caso.
En julio de 2016 hubo un avance importante hacia la justicia, cuando la Corte Suprema de El Salvador anuló la ley de amnistía y la declaró inconstitucional. La decisión respondió a una impugnación constitucional presentada en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, con sede en San Salvador. La sentencia se produjo tras el fallo de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que la ley de amnistía no se aplicaba al caso de El Mozote y ordenó a El Salvador investigar la masacre y buscar justicia. A partir de entonces, Jorge Guzmán, juez de primera instancia de San Francisco Gotera, reabrió la investigación con fines penales, recabando pruebas y testimonios orales de los sobrevivientes de los caseríos circundantes.
No obstante, la esperanza duró poco. En 2019, el panorama político en torno al caso de El Mozote cambió drásticamente tras la elección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. A pesar de prometer total transparencia en los archivos militares, en 2020 Bukele le negó al juez Guzmán el acceso a los documentos militares relacionados con la masacre. También se esforzó por cuestionar la narrativa tradicional de la masacre y por replantear la interpretación general del conflicto armado en sí mismo.
Durante la primera visita del presidente a El Mozote con motivo del trigésimo noveno aniversario de la masacre en 2020, Bukele se presentó ante las familias de las víctimas y dijo que “no vengo a pedir perdón… tampoco vengo a llorar.. que pidan perdón los asesinos que cometieron esa masacre”. En cambio, acusó a los gobiernos anteriores de utilizar la masacre para obtener beneficios económicos y electorales. También puso en duda el proceso de paz del país, afirmando que los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno salvadoreño y el FMLN eran una “farsa”. Según la versión de Bukele, las víctimas de El Mozote y la guerra en general fueron daños colaterales en una batalla entre dos bandos opuestos.
En 2021, el poder legislativo, controlado por el partido Nuevas Ideas de Bukele, aprobó la Ley de Carrera Judicial, que destituyó al juez Guzmán, lo que detuvo temporalmente los esfuerzos para llevar el caso de El Mozote a juicio. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2025, la reconocida ONG de derechos humanos Cristosal informó que el tribunal judicial de San Francisco Gotera decidió llevar el caso a las etapas iniciales de un juicio. Se esperaba que durante la audiencia comparecieran el ministro de Defensa, Guillermo García, identificado como el máximo responsable, y 12 oficiales del Batallón Atlácatl. Sin embargo, unas semanas después, el tribunal de San Francisco Gotera anunció que los abogados defensores de los militares habían apelado la decisión, lo que supuso un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y dejó la decisión final en manos del Tribunal Penal de San Miguel. A la fecha de publicación, el Tribunal no se ha pronunciado sobre la apelación.
Un avance histórico
La película, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para marzo de 2026, ha sido acogida con entusiasmo y ha recibido el apoyo del estado salvadoreño. Mientras tanto, los sobrevivientes y activistas siguen esperando que se haga justicia, y se ven obligados a convivir con un sistema que durante mucho tiempo les ha negado justicia. Sin embargo, según Cristosal, el avance hasta llegar a la fase del juicio, ha sido “profundamente histórico” para las víctimas. En lugar de un esfuerzo impulsado desde arriba por el gobierno, la historia de El Mozote “la escribieron las víctimas y las organizaciones que las acompañaron…Es una conquista de quienes convirtieron el duelo en fuerza moral”.
El avance en el caso marca un punto de inflexión en la memoria colectiva de El Salvador. Abre la puerta a la esperanza de que aún se pueda lograr la rendición de cuentas. Como señala Cristosal, este momento es “un recordatorio de que incluso en los capítulos más oscuros de la historia salvadoreña, la dignidad puede abrir una grieta por donde entra la luz”.
Kevin Ramírez es candidato a doctor en Historia de América Latina y el Caribe en la Universidad de Nueva York, donde estudia las comunidades indígenas salvadoreñas en el siglo XX.