En la mañana del 11 de junio, el día de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, la Ciudad de México amaneció más agitada que de costumbre. Aficionados con camisetas de la selección mexicana tocaban vuvuzelas y desfilaban con banderas. Pero, disputando espacio con la fiesta, otras imágenes tomaban los puntos más emblemáticos de la ciudad: carteles con fotos de desaparecidos, grafitis y pancartas cargadas por familiares que no están dispuestos a dejar que el fútbol opaque la crisis humanitaria del país.
Madres, padres, hermanos, esposos y esposas de diversos estados, aprovecharon los reflectores del Mundial de Fútbol de 2026 para llevar al mundo una denuncia que arrastran desde hace dos décadas: más de 133 mil personas siguen desaparecidas en el país, según datos oficiales.
La movilización no comenzó con el mundial. Días antes, grupos de Madres Buscadoras ya dominaban los titulares. En la víspera de la inauguración, organizaron una marcha fúnebre alrededor del Estadio Azteca — una imagen que atravesó la burbuja de la euforia futbolística y llegó a las pantallas del mundo entero.
El día de la inauguración, los colectivos compartían las calles con maestros, jubilados, profesionales de la salud y agricultores, cada grupo con sus propias reivindicaciones. Entre todas las voces, la de los familiares de desaparecidos sonaba más fuerte. “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! ¿Hasta cuándo los buscaremos? ¡Hasta encontrarlos!” Horas más tarde, en el Paseo de la Reforma, los aficionados celebraban bajo una tormenta torrencial. Una pantalla gigante había sido instalada entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Palma, rebautizada por los movimientos sociales como “Glorieta de los Desaparecidos”. Ambos monumentos estaban cubiertos de fotos y nombres. En el centro, el escenario y la fiesta. Alrededor, los rostros de los ausentes.
Gabriela Alonso, de 42 años, era una de las manifestantes. Hace dos años fundó el Colectivo Luciérnagas Buscadoras, que apoya familiares de desaparecidos en la Ciudad de México y en otros estados como Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Alonso sostenía un cartel con la foto de su hermano, Yudhistira Piña Villarruel, de 27 años, desaparecido el 30 de septiembre de 2024 en el barrio Gustavo A. Madero, en la capital mexicana. Había sido captado por conocidos a través de grupos de Facebook con la promesa de un empleo en la venta de terrenos — táctica común de grupos criminales para atraer a jóvenes vulnerables. En los días siguientes, dejó de contestar llamadas y comenzó a enviar mensajes a amigos pidiendo dinero, diciendo que su vida corría peligro. 15 días después, su familia encontró su cuerpo en un Instituto Médico Forense en el Estado de México. “Ni siquiera pudimos despedirnos de él”, cuenta Alonso. Hasta hoy, las investigaciones no logran explicar qué ocurrió entre su desaparición y su muerte.
Para ella, el caso de su hermano es parte de un patrón. “No le pasa a cualquiera. Siempre les pasa a los mismos: los más pobres, los más marginados, los jóvenes que viven en los barrios más periféricos. El crimen organizado se los lleva porque puede, porque saben que van a quedar impunes”, afirma.
Un gobierno sin datos
Según un informe de Amnistía Internacional de 2025, México acumuló un total de 133.500 personas desaparecidas y no localizadas hasta diciembre de 2025 — un aumento del 10,5 por ciento con respecto al año anterior. La organización señala además que el 88 por ciento de los registros de desapariciones desde 1950 ocurrieron entre 2006 y 2024, período que coincide con la militarización de la seguridad pública en el país.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), una base de datos oficial mantenida por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, el 78 por ciento de los desaparecidos son hombres, casi todos entre los 30 y 59 años, y el 22 por ciento son mujeres, la mayoría entre los 18 y 29 años. Las motivaciones detrás de los casos, sin embargo, no constan en los registros oficiales.
Para Rita Balderas, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, esa laguna es intencional. “El gobierno nos entrega datos muy opacos para no generar un escándalo nacional. Lo que hacen es ‘patear el balón’ — evadir la responsabilidad, pasando el problema a otra instancia para no tener que lidiar con él”, dice.
Quienes buscan a los desaparecidos son las propias familias, mayoritariamente madres.
Ante la falta de datos públicos, Balderas realizó una investigación con muestra representativa en todo el país. A lo largo de nueve meses, recopiló 801 testimonios de familiares de personas desaparecidas. El retrato obtenido fue uniforme: quienes buscan a los desaparecidos son las propias familias, mayoritariamente madres. Nueve de cada diez lo hacen solas, mientras enfrentan estigma social y son revictimizadas por el Estado.
Los datos del estudio revelan que la crisis va más allá de la narrativa oficial. La mitad de los casos están relacionados con el crimen organizado. Balderas distingue dos tipos de desaparición en estos casos. La voluntaria, cuando personas se afilian a grupos criminales, y la forzada. “El narcotráfico es una industria — y no solo de sicarios o de actividades ilícitas. También necesitan personas que limpien sus casas y realicen otro tipo de servicios”, explica la investigadora.
Según su estudio, otro 40 porciento de los casos está vinculado a la violencia contra las mujeres. Cuatro de cada diez mujeres que sufren violencia desaparecen y son encontradas muertas, lo que sitúa a los feminicidios como factor determinante en las estadísticas de desaparición. El tercer factor, responsable del 10 por ciento restante, es uno de los menos debatidos públicamente: la violencia intrafamiliar. El estudio muestra que jóvenes entre 14 y 20 años abandonan sus hogares para escapar de abusos domésticos, pero las familias los registran como desaparecidos.
Desaparecer personas: un oficio que se perfecciona
Muchas de las desapariciones siguen un patrón que, según Balderas, se ha consolidado como una práctica sistemática. Los responsables conocen los puntos ciegos de las ciudades, saben qué cámaras no funcionan y actúan en los momentos en que las fiscalías estatales están cerradas. En muchos casos, las víctimas desaparecen los jueves — antes del fin de semana, cuando los órganos de investigación no operan. “Las desapariciones se han convertido en un oficio”, afirma.
Liliana Meza, del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco — uno de los más activos e influyentes del país, con más de 500 integrantes — lo vivió en carne propia. En la noche del 22 de octubre de 2020, un grupo armado irrumpió en su casa, en la región de Guadalajara, presentándose como agentes de la policía y del Ministerio Público. Sin dar explicaciones, se llevaron a la fuerza a su hijo mayor, Carlos Maximiliano, de 18 años. Meza intentó impedirlo y le apuntaron con una pistola a la cabeza. La orden de arresto que alegaban tener nunca existió. Cinco años y medio después, Carlos Maximiliano sigue desaparecido — y las imágenes que podrían comprobar su secuestro fueron borradas, como ocurre en muchos casos similares.
El mecanismo más común detrás de las desapariciones es el reclutamiento forzado. El perfil de las víctimas es variado, pero en la mayoría de los casos son hombres jóvenes sin ningún vínculo con el crimen. Según la cofundadora del colectivo, el destino de estas personas es perturbador. Hay jóvenes enviados a enfrentamientos entre facciones y a narcolaboratorios, pero muchos son obligados a trabajar en cosechas o en servicios domésticos — formas de esclavitud moderna. El control se mantiene mediante el terror: los secuestrados son llevados a campamentos en sierras aisladas, estratégicamente ubicados en las fronteras entre estados. Cuando la policía de un estado se acerca, los grupos simplemente cruzan al estado vecino, donde esa jurisdicción no tiene alcance.
Fiscalías: inoperancia, corrupción y colusión
En el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado de México y la Ciudad de México registraron el mayor número de nuevas desapariciones del país: 2.011 y 1.915 casos, respectivamente, según el RNPDNO. En marzo del año pasado, Sheinbaum presentó una “Declaración sobre Personas Desaparecidas” que fue duramente criticada por 158 colectivos de familiares, que la acusaron de demostrar “un enorme desconocimiento del fenómeno” y de haber excluido a las víctimas en la elaboración del documento. El problema, sin embargo, sigue creciendo — y no parece haber acciones concretas para enfrentarlo.
En México, la mayoría de investigaciones sobre desapariciones recaen en las Fiscalías o Procuradurías estatales. El problema es que estas instituciones no tienen recursos, capacidades o personal suficiente. Las unidades especializadas en búsqueda de desaparecidos tampoco cumplen su función. La situación es tan grave que la propia Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, reconoció públicamente que las instituciones no funcionan y necesitan ser fortalecidas. En abril de 2026, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) fue más lejos: identificó indicios de que las desapariciones ocurren en algunos casos con participación directa de servidores públicos y, en otros, con su autorización o aquiescencia.
La situación es tan grave que la propia Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, reconoció públicamente que las instituciones no funcionan y necesitan ser fortalecidas.
La burocracia y la falta de coordinación entre estados frenan aún más el avance de los casos. El del hermano de Alonso ilustra bien el impasse: vivía en la Ciudad de México, pero desapareció en el Estado de México — y ninguno de los dos gobiernos avanzó en las investigaciones. Cuando las autoridades identificaron el problema, informaron que necesitarían enviar una solicitud de colaboración con un plazo de más de 15 días. Hasta hoy, la investigación no ha avanzado. “Esa falta de coordinación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona desaparecida. Deberían ser nuestros aliados, no un obstáculo en el camino”, lamenta Alonso.
La mayoría de las Madres Buscadoras consultadas para este reportaje afirma tener más miedo de las autoridades que de los propios criminales — y muchas relataron amenazas e intentos de extorsión al tratar de buscar a sus familiares.
Una de ellas es Alonso. Ella y el padre de su hermano solicitaron medidas de protección a la Fiscalía del Estado de México — y hasta hoy no han recibido respuesta. “Empecé a recibir mensajes de alguien que decía tener el celular de mi hermano y quería ‘cobrar’. La amenaza era clara: si no pagaban, le pasaría lo mismo a la familia. Luego vinieron las extorsiones: ‘Yo sé lo que le pasó — dame dinero y te cuento'”, relata. Ambos tuvieron que cambiar de casa y de número de teléfono.
En este escenario de amenazas y abandono institucional, las propias familias asumen el papel del Estado. “Las Madres Buscadoras saben buscar a los desaparecidos mejor que las propias fiscalías, que terminan cumpliendo apenas un papel de observadoras en estas búsquedas”, afirma Balderas. Para la investigadora, lo que está en juego va más allá de cada caso individual: “¿Cómo vas a combatir algo si las autoridades no lo reconocen como un problema? Las Madres Buscadoras hacen que las y los desaparecidos no sean olvidados. Si ellas desaparecen, sería una desaparición doble: física y pública”, advierte.
Pequeños avances
Fue exactamente esa presión constante — de las manifestaciones en las calles y en los noticieros — la que comenzó a forzar cambios. En Jalisco, estado que concentra el mayor número de desaparecidos del país — el Colectivo Luz de Esperanza fue el primero en lograr avances concretos.
El más significativo fue la aprobación, en noviembre de 2025, de la ley “Familias Buscadoras, Familias Prioritarias” por el Congreso estatal — la primera de su tipo en el país y en América Latina—, que reconoce a las familias de los desaparecidos como grupo prioritario, garantizándoles acceso a programas de educación, salud y bienestar social.
Fue exactamente esa presión constante — de las manifestaciones en las calles y en los noticieros — la que comenzó a forzar cambios.
En abril de 2024, el caso de Carlos Maximiliano, hijo de Liliana Meza, se convirtió en el primero en Jalisco reconocido como desaparición forzada por un juez federal, generando jurisprudencia aplicable a casos similares.
También hubo un cambio de postura del gobierno estatal de Jalisco. En diciembre de 2024, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció abiertamente la gravedad de la crisis, abrió mesas de trabajo y permitió que los colectivos participaran en la elección de los responsables de las instituciones de búsqueda.
Para Balderas, es necesaria la reforma de las fiscalías estatales: “El sistema judicial está profundamente dañado por la inoperancia, la corrupción y la colusión, y eso tiene que cambiar”. Para Alonso, la salida exige una transformación aún más profunda. “Necesitamos desmilitarizar el país y crear una política de justicia transicional — que ofrezca una salida real para los jóvenes que están dentro de los grupos criminales. Es posible reconstruir un país cuyo tejido social está tan destruido. Pero para eso se necesita voluntad política”, afirma. Mientras esa voluntad llega, su fuerza viene de otro lugar: “Nuestra lucha depende de las autoridades porque ellas tienen los recursos y las herramientas, pero encuentro fuerzas en la colectividad, en la organización de las familias”.
Liliana Meza, que lleva cinco años y medio buscando a su hijo, no renuncia a la esperanza. “Estoy segura de que esta lucha que nosotros comenzamos va a traer resultados, y que este período terrible por el que hemos pasado durante décadas va a quedar, en algún momento, en los libros de historia de nuestro país”, concluye.
Nota: La Secretaría de Seguridad Pública federal, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no respondieron a nuestras solicitudes de entrevista. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco se negó a conceder entrevista.
Augusta Lunardi es una periodista brasileña que reside en Brasilia. Su trabajo se ha publicado en France 24 y otras cadenas francesas (TF1, Arte, France 24), medios brasileños como Agência Pública y Piauí, y en Reuters. Cubre temas relacionados con los derechos humanos y las crisis institucionales en América Latina, y ha escrito sobre la masacre de Penha en Río de Janeiro (2025) y el bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba (2026).