Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2026 de nuestra revista trimestral la NACLA Report.
Son pasadas las diez de la noche y la oscuridad cubre el paisaje desértico, apenas interrumpida por algunas luces de la torre de control del Aeropuerto Internacional Chacalluta, en Arica, la ciudad más al norte de Chile. Una vía ferroviaria cruza la carretera que une este recinto con la zona urbana. Entre los rieles, una hilera con una centena de personas cruza sin dejar rastro ni sombra, en una caravana silenciosa que aparece en ese camino de tierra improvisado para los peatones. Son migrantes indocumentados que ingresan al país por una de las vías no autorizadas, a solo unos metros del control formal por donde transitan quienes cuentan con pasaportes y visas.
Es mayo de 2023 y escenas como esta se repiten cada día. Las autoridades locales de la frontera saben lo que sucede, pero la mayor parte del tiempo miran para otro lado. Cada tanto, una redada de rutina llega para controlar la zona cargando linternas y equipos policiales.
Meses después, el flujo comienza a invertirse. A fines de 2023, los ojos del país están puestos nuevamente en la frontera norte, esta vez por la llegada de familias que intentan hacer el recorrido inverso y regresar a sus países de origen. En medio del desierto de Atacama, en la llamada Línea de la Concordia, militares y policías se reparten entre ambos lados mientras madres, niños pequeños, jóvenes y adultos mayores intentan sin resultados esquivar el potente sol que lo cubre todo. Apenas unas carpas de ayuda humanitaria se erigen como refugio frente a las temperaturas extremas que acompañan el desierto.
Van con lo puesto. Funcionarios del gobierno de Chile y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llegan para repartir alimentos y tratar de coordinar alguna ayuda. Muchas de estas personas llevaban meses o años en Chile. Ahora, quedan atrapadas, sin posibilidad de avanzar ni de volver.
Muchas de estas personas llevaban meses o años en Chile. Ahora, quedan atrapadas, sin posibilidad de avanzar ni de volver.
Unos meses antes, el presidente de centroizquierda Gabriel Boric había anunciado el endurecimiento de las medidas para los migrantes que se encontraban irregulares en el país. La presión social, el alto costo de la vida y la advertencia de expulsiones masivas habían llevado a que muchos migrantes —sobre todo venezolanos, haitianos y colombianos— decidieran volver a su país natal. Sin embargo, al llegar a la frontera se encontraron con un cordón militar que prohibía el paso a todos aquellos que no portaran la documentación al día, es decir, la mayoría.
En enero de 2024, el número de personas que intentaban salir del país era casi equivalente al de quienes aún buscaban ingresar. Sin embargo, pese a no ser bienvenidos en tierras chilenas, la salida tampoco era una opción viable. El bloqueo bilateral convirtió la frontera en una especie de limbo entre dos países, terreno fértil para redes de tráfico, extorsión y corrupción policial. Los migrantes varados quedaron ante una única disyuntiva: pagar sobornos de hasta 100.000 pesos chilenos (unos $115) a policías peruanos para poder cruzar, o seguir esperando indefinidamente a que Chile y Perú alcanzaran algún acuerdo que permitiera su movilidad.
Han pasado más de dos años desde aquel intento de huida de cientos de migrantes. Durante las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre de 2025, volvieron las aglomeraciones con familias desesperadas por salir antes de que se cumplan nuevas amenazas de expulsión. En unas semanas, un gobierno de extrema derecha asumirá el poder. “Quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas, si es que las tienen, y salir de Chile”, declaró el presidente-electo José Antonio Kast el 3 de diciembre, durante el penúltimo debate presidencial antes del balotaje. Kast ha prometido expulsar a unas 334 mil personas migrantes en situación irregular, sin importar sus contextos o trayectorias. Durante su campaña, presentó el llamado Plan Escudo Fronterizo, que en duros términos señalaba que “Chile enfrenta una crisis migratoria sin precedentes. Nuestra frontera norte, abandonada por años, se ha convertido en una franja sin ley por donde ingresan cientos de miles de ilegales, arrastrando consigo delincuencia, narcotráfico, trata de personas, de armas y explotación laboral. El Estado ha perdido el control, pero eso está por cambiar.”
En algún momento, la ciudad de Arica –un paso abierto por el que transitaban personas de todos los rincones y históricamente un espacio de intercambio y encuentro entre chilenos, bolivianos y peruanos– se transformó en la primera o última parada de un país dividido entre dos posibilidades opuestas: comenzar una vida nueva, si en el mejor de los casos se consiguen papeles, un trabajo y algo de estabilidad, o abandonar la esperanza luego de intentarlo todo y entender que no eres bienvenido.
Lo que se despliega en la frontera norte de Chile no es un episodio aislado ni una emergencia coyuntural, sino la consolidación de un modelo de gobierno que criminaliza la movilidad humana. En los últimos años, y con especial intensidad desde 2023, el Estado chileno ha profundizado un enfoque securitario que asocia migración con delito, refuerza el control militar y policial de las fronteras y normaliza la exclusión de personas migrantes, en sintonía con un giro global hacia políticas de mano dura. Este proceso —impulsado tanto por gobiernos de centroizquierda como por la extrema derecha— ha reconfigurado la frontera como un espacio de castigo, abandono y espectáculo, con consecuencias concretas para quienes intentan habitar, atravesar o abandonar el país.
El giro a la derecha llega a Chile
Kast fue elegido en una segunda vuelta electoral el 14 de diciembre con 58 por ciento del voto, frente al 41 por ciento de la candidata comunista Jeannette Jara. Abogado, diputado de la República durante 16 años y tres veces candidato a la presidencia, Kast proviene de una familia alemana que se instaló en Chile a mediados del siglo pasado y que no ha estado exenta de controversia: su padre perteneció al partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Nazi) y tanto él como sus hermanos respaldaron activamente la dictadura de Augusto Pinochet. El propio Kast apareció en su juventud en un spot televisivo para promover la campaña del Sí en el plebiscito de 1988, que buscaba extender la dictadura de Pinochet por ocho años más. Desde sus primeros años activo en política, comenzó a militar en el Partido Demócrata Independiente (UDI), partido de derecha pinochetista, donde se mantuvo por al menos dos décadas, antes de fundar el partido Republicano, ubicado en la extrema derecha.
Durante la campaña presidencial, Kast aseguró que impulsaría un “corredor humanitario” desde Chile a Venezuela, en colaboración con países vecinos. Sin embargo, el presidente peruano, José Jeri, ha descartado esa posibilidad pues dice que podría agravar la supuesta crisis de inseguridad. A medida que los debates televisivos avanzaban Kast fue ajustando su discurso ante los cuestionamientos sobre la viabilidad legal y logística de su plan de expulsiones “sin precedentes”. Pero después de la primera vuelta, el 16 de noviembre pasado, endureció el tono y comenzó a pronunciar una cuenta regresiva dirigida a las personas sin papeles, anunciando cuántos días les quedaban en este territorio sudamericano antes de que asumiera la presidencia el próximo 11 de marzo de 2026.
Su actuar forma parte de un giro a la derecha en buena parte del mundo, que viene acompañado no solo de una narrativa que criminaliza la movilidad humana, sino también de políticas represivas que atacan directamente a este grupo de la población.
Tal como lo han hecho Donald Trump en Estados Unidos o Viktor Orbán en Hungría, Kast ha posicionado su campaña antiinmigración como parte central de su liderazgo, que se instala en momentos de altas manifestaciones xenófobas, haciendo eco de medidas populistas que apuntan a los migrantes como parte fundamental del descontento ciudadano. Su actuar forma parte de un giro a la derecha en buena parte del mundo, que viene acompañado no solo de una narrativa que criminaliza la movilidad humana, sino también de políticas represivas que atacan directamente a este grupo de la población. La postura del presidente electo chileno rompe con la tradición histórica del país con respecto a la migración, que hasta hace pocos años no concebía la movilidad humana desde un enfoque de seguridad, y será clave tanto a nivel de políticas internas como en su comportamiento, acuerdos y posibles choques con los países de la región.
La fórmula no es nueva: Kast ya la utilizó en sus candidaturas pasadas y el expresidente Sebastián Piñera la aplicó durante su segundo mandato (2018-2022), con una puesta en escena en la que organizó expulsiones masivas, vistiendo a las personas migrantes con overoles blancos con planos cinematográficos donde se les veía abandonar el país, ordenados, en fila, subiendo al avión que los llevaría de vuelta a su tierra.
El presidente electo ha indicado que su plan de control migratorio Escudo Fronterizo se desarrollaría en tres fases: la primera busca reducir en un 50 por ciento los cruces ilegales en tres meses y en un 90 por ciento en seis. El plan promete duplicar las reconducciones —el procedimiento mediante el cual la policía devuelve de inmediato a la frontera a quienes ingresan irregularmente—, vigilar el 100 por ciento de los puntos vulnerables a los seis meses, disminuir a la mitad el tráfico de drogas, armas y personas, y alcanzar un 50 por ciento de cobertura tecnológica fronteriza en tres meses. En su narrativa de relacionar inseguridad con migración, ha propuesto expulsiones masivas y vuelos chárter para “devolver” a los migrantes a sus respectivos países. “El año más exitoso de expulsiones va a ser el año 2026 después de que nosotros asumamos el gobierno”, dijo Kast durante uno de los debates presidenciales.
Narrativas de criminalización
Según una encuesta de Ipsos divulgada en octubre pasado, casi dos de cada tres chilenos adultos señalan el crimen y la violencia como su principal preocupación, por sobre países como México y Colombia, donde estos índices son objetivamente más altos. Los medios de comunicación, las redes sociales y, en el último tiempo, las campañas electorales han señalado como origen de la delincuencia a la presencia de migrantes en el país. Aunque la criminalidad ha aumentado en Chile en los últimos años, igual que en otros países de la región, la sensación de inseguridad, que no se condice con los índices reales de peligrosidad, ha ido subiendo de manera exponencial.
La relación migración-criminalidad no se ajusta a las estadísticas. Sin embargo, la creencia popular sostiene que la supuesta falta de seguridad fronteriza habría provocado un aumento de la peligrosidad. “Es un discurso centrado en el control de las fronteras, asociándolas con un lugar vulnerable por donde penetra el crimen organizado transnacional”, dice Fernanda Stang, investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la Universidad Católica Silva Henríquez. “Y ahí queda establecida esa conexión con el migrante criminal de manera explícita”.
La relación migración-criminalidad no se ajusta a las estadísticas. Sin embargo, la creencia popular sostiene que la supuesta falta de seguridad fronteriza habría provocado un aumento de la peligrosidad.
Stang subraya que ninguna de las propuestas de los últimos candidatos a las presidenciales incluyó políticas de integración. En su lugar, los discursos políticos han tendido a enfrentar a sectores precarizados entre sí, desviando la atención del debate central sobre políticas públicas. “Esto no es una competencia de calamidades”, reafirma Stang.
Ryszard Kapuscinski, periodista y escritor polaco, explica en su libro Encuentro con el otro las distintas aproximaciones que ocurren con procesos migratorios históricos que han acercado a culturas e identidades, pero al mismo tiempo asegura que muchas de estas sociedades, que reciben a estos nuevos habitantes como en este caso la chilena, “al sentirse perdidas, aumenta su susceptibilidad a dejarse llevar por las insinuaciones de nacionalistas y racistas que les incitan a ver en el Otro una amenaza, un enemigo, la causa de sus atormentadores miedos y frustraciones”. Kapuscinski habla de China, la India o países africanos, pero su análisis va más allá de un caso aislado: describe cómo la desorientación y el miedo social vuelven a las personas más vulnerables a la manipulación de líderes nacionalistas y racistas, quienes explotan esa inseguridad para señalar a un otro, un extranjero, una minoría. Un modelo repetido por Trump, Javier Milei en Argentina y ahora Kast.
“Creo que el peor momento para discutir políticas de seguridad pública es cuando hay elecciones. Efectivamente, es un tema que se utiliza de manera muy populista y los candidatos tratan de destacarse”, explica Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y exdirector de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior de Chile durante el primer gobierno de la socialista Michelle Bachelet. Araya dice que debido a que el asunto de la seguridad se ha transformado en la principal preocupación de los ciudadanos, los candidatos de todos los sectores políticos consideran que sus votos dependen de cuán empoderados están con el tema. “Y ahí empieza una especie de competencia por quien dice la frase más rimbombante. La promesa más destacada”.
El modelo Bukele y los medios de comunicación
Hablar de “mano dura” ha sido un eje central del discurso de Kast. En su primer mensaje como presidente electo, volvió a insistir que el suyo será un Gobierno de Emergencia. Para Araya, este enfoque responde a una lógica populista que ofrece soluciones rápidas a problemas complejos.“ Se dice que los problemas de la migración, de inseguridad y delincuencia se van a acabar rápido y que van a aplicar mano dura. Se ha visto que eso no da resultado en otros países y no tendría por qué darlo acá en Chile”, dice Araya.
Ese populismo punitivo tiene un referente claro: el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El futuro presidente de Chile ha expresado en reiteradas ocasiones su admiración por su “guerra contra las pandillas” que ha implicado graves abusos de los derechos humanos y el encarcelamiento de más de uno por ciento de la población salvadoreña. Kast no solo invitó a Bukele a su ceremonia de cambio de mando para el próximo 11 de marzo, sino que durante toda su campaña elogió su modelo y hasta aseguró que “todos los chilenos elegirían a Bukele si estuviera en la papeleta”.
Su fascinación por las políticas de mano dura no es aislada y las comparte con otros líderes de la extrema derecha en la región. Su par estadounidense fue más allá: A principios de 2025, Trump envió a El Salvador a cientos de venezolanos a una mega cárcel de alta seguridad, pese a la orden de un juez estadounidense que prohibía dichas deportaciones. Bukele celebró la operación en sus redes sociales, afirmando que recibía a presuntos criminales ligados a la banda venezolana Tren de Aragua —una acusación no sustentada con pruebas—. Muchas de estas personas fueron sometidas a condiciones de detención extremas y denunciaron torturas sistemáticas durante su encarcelamiento en El Salvador.
En Chile, esa idea fue tomada por Johannes Kaiser, uno de los candidatos de la ultraderecha a la presidencia durante la primera vuelta, quien planteó no sólo expulsar a migrantes, sino enviarlos a las famosas cárceles salvadoreñas. Por su parte, Kast dio una señal concreta en 2024: viajó para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel del país centroamericano. Y en noviembre pasado, dos semanas después de la primera vuelta, se reunió con Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno Bukele, uno de sus aliados regionales. A fines de enero, volvió a recorrer el complejo penitenciario, haciendo alusión a la idea de implementar el modelo salvadoreño y reforzando la asociación entre migración y crimen organizado.
Kast inició su gira centroamericana por República Dominicana, donde visitó la llamada “verja inteligente”, una barrera construida para evitar la migración desde Haití, a través de una infraestructura con tecnología de punta: combina drones, cámaras de seguridad, sensores de movimiento. “Quiero agradecer al presidente por haber dispuesto las medidas para poder conocer en terreno lo que ustedes han hecho y mostrarnos lo que es una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una verja, con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo como de control físico, con un despliegue importante del Ejército“, dijo Kast en un breve punto de prensa.
El recorrido continuó por Europa, visitando a sus aliados políticos como Viktor Orban, en Hungría, donde aplaudió su modelo migratorio –que incluye también una valla de seguridad– y prometió que tomaría estas medidas como ejemplos para aplicar a su Plan Escudo Fronterizo. Su agenda figura además una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Todos estos liderazgos comparten no solo una estética política, sino una misma concepción de la migración como amenaza a la estabilidad nacional. Ninguno – sin excepción– ha abordado el tema desde la integración ni desde políticas públicas con enfoque de derechos humanos o antirracistas.
Sin embargo, esta narrativa de criminalidad choca con la evidencia empírica. Al menos en Chile el origen de los grupos criminales es nacional, dice Araya, lo que estaría ligado a un fenómeno de bandas chilenas que se vienen consolidando desde hace dos décadas. Sin embargo, los medios de comunicación suelen construir una realidad muy distinta que parece influir en la percepción ciudadana. “También tiene que ver con el abuso que hacen los medios de comunicación al hablar de la seguridad”, explica el académico, “y con una pulsión política en el sentido de que la derecha en Chile es bastante dura y siempre ha utilizado el tema para atacar a los gobiernos de centroizquierda que ha habido en el país”.
La Red de Periodistas Migrantes subraya que tanto las políticas migratorias como su cobertura en los medios de comunicación impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a comunidades migrantes.
Según estudios como “Immigration, Crime, and Crime (Mis)Perceptions”, realizado por los académicos Nicolás Ajzenman, Patricio Domínguez y Raimundo Undurraga, el arribo de migrantes no está asociado con un aumento en el crimen. Lo que sí documenta es una mayor visibilidad mediática de delitos que involucran a personas extranjeras. Los académicos hacen hincapié en la importancia de la búsqueda de evidencia en relación con las dinámicas migratorias en Chile y toda América Latina, así como comprender cómo las personas forman sus ideas en relación con este fenómeno relativamente nuevo pues “es un tema crucial para futuros debates de las políticas, sobre todo para el diseño de políticas de inmigración no discriminatorias y bien equilibradas”.
En este sentido, La Red de Periodistas Migrantes subraya que tanto las políticas migratorias como su cobertura en los medios de comunicación impactan a la sociedad en su conjunto, no solo a comunidades migrantes. Durante el segundo encuentro anual de la red, celebrada en junio de 2024, su fundador y coordinador David Arboleda aseguró que “cuando hablamos de migración y refugio, no nos referimos solamente al otro. También lo hacemos como sociedad, la cual no es ajena a la movilidad humana, y donde se construye historia y memoria con nosotros. Lamentablemente, con la proliferación de los discursos de odio se construyen percepciones que terminan violentando a las comunidades en su conjunto”.
Ilegalidad, infancia y deshumanización
Uno de los efectos más graves de esta narrativa es la normalización del término “migración ilegal”. Aunque la ley chilena no considera que una persona sin papeles sea ilegal, el presidente electo de Chile ha insistido en usar esa categoría y ha sugerido incluso modificar la ley para institucionalizarla. Durante la campaña llegó a afirmar que podría expulsar a familias cuyos hijos hubieran nacido en el país y, por lo tanto, tuvieran la nacionalidad chilena. “El padre tendría que optar si va a jugarse por su hijo o le va a entregar el cuidado de su hijo al Estado”, dijo Kast en una entrevista mediática en noviembre.
Stang concuerda en que esta criminalización de las infancias y de las personas migrantes se ha instalado no sólo en Chile, sino a escala global. La investigadora hace un puente entre la narrativa de odio y racismo hacia las personas migrantes y los acontecimientos de los últimos tres años en los territorios palestinos, en que el avance de la deshumanización del otro ha sido tal que se lleva a cabo un genocidio televisado y transmitido por redes sociales 24 horas al día. “Es un nivel de deshumanización muy grande y uno de los principales grupos afectados de este proceso son las personas migrantes”, afirma Stang. Quienes tienen la hegemonía del poder aplican políticas que reducen a poblaciones vulneradas hasta despojarlas de su carácter humano y, por lo tanto, de sus derechos inalienables.
Durante las campañas por la presidencia, varios de los candidatos y candidatas hablaron de “niños ilegales”, poniendo en ellos la responsabilidad y decisión de haber cruzado una frontera. “Hay también ahí un juego muy perverso con la palabra ilegal, porque cuando la persona no conoce cómo son los procesos migratorios, que no ha estado en la frontera, que no ha escuchado los testimonios de las personas, por qué la gente cruza por un paso no habilitado, asume que ilegal es alguien que comete un delito. Entonces hay una asociación y así funciona la criminalización”, reflexiona Stang.
La mayoría de las personas en situación irregular lo están por razones administrativas, no penales. Detrás de esas historias humanas hay diversas razones que los llevan a entrar por un paso no habilitado, con todos los riesgos a los que se exponen, siendo muchas veces víctimas de estafas y otros peligros. “Así que decir que los niños son ilegales es de un nivel de irresponsabilidad tremendo”.
Pero más allá de un grupo etario, el estigma se instala en quien ejerce la acción de migrar por un paso no habilitado o que por diferentes circunstancias ha quedado irregular en el país, incluso cumpliendo con la mayoría de los requisitos exigidos. Mientras Chile discutía reformas a su ley de Migración y Extranjería, vigente desde 2021 y con un nuevo reglamento en 2025, salieron a la luz una serie de irregularidades administrativas que ralentizaron o impidieron la normalización o vigencia de los documentos de identidad de miles de personas extranjeras. Esto significó la reconstrucción de datos de miles de personas que figuraban en los registros entre los años 1993 y 2021. Algunos fueron recuperados desde archivos de otras entidades públicas, pero no existe certeza de que se hayan podido restaurar todos los datos.
Frente a un proceso entorpecido por las fallas administrativas y estructurales, miles de personas permanecen a la espera de saber cuál será su futuro a corto o mediano plazo en Chile.
Ante aquella incertidumbre y frente a un proceso entorpecido por las fallas administrativas y estructurales, miles de personas permanecen a la espera de saber cuál será su futuro a corto o mediano plazo en Chile. La administración supuestamente progresista de Gabriel Boric (2022 – 2026) no logró revertir esta situación, sino que optó por endurecer su discurso migratorio como parte de un cálculo político orientado a recuperar apoyo ciudadano en un contexto de baja popularidad y creciente presión por la agenda de seguridad. Cuando apenas llevaba un año en el gobierno, Boric endureció su discurso, apuntando a frenar la migración irregular y expulsar a aquellos que vienen con ánimo de delinquir. El mandatario anunció en marzo de 2023 que “proteger la frontera para asegurar una migración regular, segura y ordenada” será “una prioridad” del Gobierno.
María Belén Bravo, coordinadora jurídica de Amnistía Internacional, destacó en al encuentro anual de La Red de Periodistas Migrantes que Boric en varias ocasiones ha mezclado referencias a la inmigración ilegal con temas de crimen organizado. “Cada vez que escuchamos en prensa sobre migración, escuchamos también sobre crimen organizado” dijo Belén Brazo. “Esto hace que se englobe a todo el movimiento migrante con violencia”.
Es una visión que comparte Catalina Bosch Carcuro, directora y fundadora de la organización Migrantas. “Esa relación que se ha hecho causal y directa es infundada, muy peligrosa e irresponsable”, explica Bosch, quien con su organización trabaja en territorios complejos donde ha visto cómo las bandas criminales operan desde mucho antes de que aumentara la presencia de personas provenientes de otros países. El vínculo impuesto entre la migración y la criminalidad, dice Bosch, ha contribuido a generar estigmatización, afianzar prejuicios de la población y rechazo, pues se sitúa a la población migrante en un lugar de amenaza y de peligro. “En esa perspectiva nuestro diagnóstico es que la actual coalición de gobierno [Boric] ha contribuido muchísimo a afianzar esa mirada sobre la migración. Son sumamente responsables de haber contribuido a generar esa perspectiva sobre ella y, evidentemente, han entregado de alguna manera en bandeja a la derecha y a la extrema derecha, una sociedad que ya aprecia la migración desde ese lugar”.
Bosch, quién también es miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y vicepresidenta de Amnistía Internacional Chile, sabe de lo que habla. No sólo por su experiencia profesional sino también como una persona que ha vivido el exilio y la migración. Dice que la derecha no tiene ningún problema en hacer uso de esa bandeja y aprovecharla de la peor manera posible, sin escrúpulos, cruel y despiadadamente, con propuestas que van compitiendo a ver cuál de todos es más cruel en lo que propone. “Pero toda la clase política tiene una gran responsabilidad en la situación que estamos viviendo como personas migrantes”, agrega.
Un limbo ante el abismo
A fines de noviembre de 2025, Perú decretó estado de emergencia y militarizó su frontera con Chile. Al mismo tiempo, la cuenta regresiva del nuevo presidente de Chile se acerca al plazo anunciado. Retrocede el tiempo y con él los derechos de movilidad humana, pese a que la extrema derecha aún no asume el poder. Pero el escenario actual no se explica solo po lo que viene, , sino también por lo que deja el gobierno saliente de Boric: expectativas incumplidas, la continuación de una política basada en el espectáculo y la criminalización, y más de 180 mil personas migrantes que esperaban regularizar su situación —acudiendo incluso de manera voluntaria al empadronamiento biométrico— sin recibir respuesta del estado a su solicitud de documentos.
El período de transición entre la centroizquierda y la extrema derecha es también otro limbo. Un espacio de suspensión y incertidumbre, donde el poco avance en materia migratoria podría retroceder por completo si se cumplen las promesas del programa de gobierno de Kast.
Ningún presidente electo en Chile ha viajado tanto como Kast antes de asumir el cargo. Su gira internacional, apenas semanas antes de asumir el mandato, no han sido solo visitas simbólicas o fraternales. Son una reafirmación ideológica y una manera de consolidar sus redes en el exterior, ya sea para imitar políticas migratorias o crear alianzas que refuercen su proyecto de gobierno, basado en posicionar al “otro” como amenaza. Migrantes presentados como criminales que no merecen habitar el mismo territorio, como la causa de los males más dañinos de la sociedad: mafias, drogas, asesinatos, secuestros. Siempre acompañadas de imágenes estigmatizantes y de nacionalidades de países que pertenecen al Sur Global.
Detrás del gesto calmo y sonriente con el que se presenta frente a los medios, Kast insiste en que, apenas asuma, expulsará a todos aquellos que “no quieran aportar al país”. Un populismo punitivo que en el inicio ha dado frutos en sus aliados y referentes como Trump o Bukele, pero que en la práctica demuestra las consecuencias que la deshumanización generalizada trae consigo, no solo para las migraciones racializadas, sino para la sociedad en su conjunto. Para cualquiera que se oponga a este proyecto populista de la extrema derecha, sea o no considerado ciudadano.
Yasna Mussa es reportera independiente y corresponsal internacional para medios escritos y radios. Su trabajo ha aparecido en publicaciones de América Latina, Europa y Estados Unidos. Ha centrado sus coberturas en temas relacionados con derechos humanos, migraciones, medioambiente y feminismo. Es autora del libro de crónicas Palestina Infinita (Ariel, 2025).