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En América Latina, el avance de proyectos políticos autoritarios está generando daños que desbordan el funcionamiento formal de las instituciones de gobierno y alcanzan dimensiones menos visibles, aunque igualmente decisivas, de la vida democrática. En Argentina, el debilitamiento de los sistemas públicos de ciencia y tecnología se configura como una de las formas más claras de erosión. El desfinanciamiento de la ciencia compromete la capacidad de la sociedad para producir conocimiento crítico, sostener debates públicos informados y diseñar políticas basadas en evidencia.
La asunción de Javier Milei a la presidencia en 2023 reveló un giro sobre el rol del saber científico público en el país. Luego de una campaña política centrada en el recorte vía motosierra, la ciencia y la tecnología fueron redefinidas como gastos prescindibles dentro de una lógica de ajuste fiscal. El recorte presupuestario, la paralización de programas de investigación, el congelamiento de ingresos a la carrera científica y la desarticulación de agencias estatales deterioraron las condiciones materiales de investigadores y afectaron las bases institucionales que garantizan la autonomía del conocimiento.
Desde el desarrollo de tecnologías satelitales hasta la producción de bioetanol orientado a una matriz energética más limpia y con mayor valor agregado local, pasando por innovaciones como el recubrimiento de semillas para mejorar la productividad agrícola, la labor que lleva a cabo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Argentina articula la producción de conocimiento científico con demandas sociales concretas. Por ejemplo, investigadores/as del organismo han diseñado y asesorado proyectos de digitalización de archivos de organismos de derechos humanos —entre ellos, Abuelas de Plaza de Mayo— incorporando herramientas de inteligencia artificial para profundizar la búsqueda de menores apropiados durante la dictadura en Argentina. Estas experiencias posicionan a la institución como una pieza estratégica para el desarrollo nacional con un profundo sentido de justicia social.
Los recortes llevados a cabo por el gobierno ponen en peligro este tipo de investigaciones y dificultan el conocimiento soberano de la Argentina. La política del gobierno se inscribe en un paradigma de Estado mínimo que desconfía del saber experto y de toda forma de producción del conocimiento que no se subordine a criterios de rentabilidad inmediata.
Medir la pérdida
La magnitud de los recortes es rápidamente perceptible. Argentina actualmente enfrenta una de las etapas de mayor desfinanciamiento del sistema científico en la historia reciente del país.
La inversión en ciencia y tecnología cayó al 0,15 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo registrado y muy por debajo de los mínimos establecidos por la Ley N.º 27.614 que fija pisos mínimos de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) por parte del Estado. En consecuencia, el gobierno incumple con la normativa vigente. Además, el presupuesto del sector disminuyó un 30,3 porciento en 2024 y continuó cayendo en 2025 en términos reales, acumulando una reducción cercana al 50 porciento en comparación con años anteriores.
La política del gobierno se inscribe en un paradigma de Estado mínimo que desconfía del saber experto y de toda forma de producción del conocimiento que no se subordine a criterios de rentabilidad inmediata.
Los recortes tuvieron un efecto en cascada en todo el sistema. Los fondos formalmente asignados en 2022 a programas de investigación no fueron ejecutados, lo que llevó a la suspensión de proyectos en curso. Los laboratorios se vieron obligados a reducir o detener sus actividades, y los equipos de investigación tuvieron dificultades para sostener, incluso, operaciones básicas, como el pago de servicios de electricidad y agua.
Entre fines de 2023 y 2025 se perdieron aproximadamente 4.000 puestos de trabajo debido a la paralización de los mecanismos de ingreso a la carrera científica y la reducción de becas doctorales y posdoctorales. Además, se interrumpió un mecanismo histórico de renovación de plantel —las altas por bajas, mediante el cual las jubilaciones habilitaban nuevos ingresos—, situación que profundizó el estancamiento del organismo. A este escenario se sumó una caída de los salarios científicos estimada en torno al 30–35 por ciento en términos reales, producto de la inflación y la ausencia de actualizaciones. Dado que las remuneraciones que brinda el CONICET no son suficientes para sostener una economía familiar, esto ha obligado a investigadores/as a buscar empleos adicionales sin declarar –aún cuando el sistema exige exclusividad en el cargo–, reduciendo su dedicación a proyectos estratégicos y ralentizando la producción de conocimiento.
Llos laboratorios están despoblados y los sueldos son bajísimos. Realmente es indigno. Hay investigadores que están haciendo comidas en su casa para vender, o hacen de Uber, se la están rebuscando, y directamente te dicen que no llegan a fin de mes. Se complica para quienes tienen familia y son sostén de hogar”, afirmó una Doctora en Biología, investigadora del CONICET y docente de la la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)-Argentina, que habló bajo condición de anonimato, pues teme represalias por parte del gobierno.
Ajustar hoy, depender mañana
El debilitamiento del sistema científico erosiona la capacidad para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, favoreciendo la adopción de decisiones guiadas por criterios ideológicos o por simplificaciones reductivas frente a problemas complejos.
A nivel regional, estas dinámicas se inscriben en un patrón más amplio. En diversos países de las Américas, gobiernos con tendencias autoritarias han mantenido relaciones tensas o abiertamente hostiles con universidades, instituciones científicas y comunidades académicas. Estos conflictos suelen estar acompañados por retóricas anti-intelectuales que presentan a los científicos como élites desconectadas, desestimando sus aportes al debate público. En algunos casos, el ataque a la ciencia suele acompañarse de posturas negacionistas frente a problemas como el cambio climático o la desigualdad social.
En diversos países de las Américas, gobiernos con tendencias autoritarias han mantenido relaciones tensas o abiertamente hostiles con universidades, instituciones científicas y comunidades académicas.
Las consecuencias de estas dinámicas son difíciles de revertir. Construir capacidades científicas requiere décadas de inversión sostenida en la formación de investigadores/as, la mantención de infraestructura y el desarrollo de redes de colaboración internacional. Una vez desmanteladas, estas redes no pueden reconstruirse fácilmente en el corto plazo. Mientras tanto, se acelera la fuga de cerebros y la expulsión de jóvenes científicos/as hacia otros segmentos laborales, profundizando la dependencia.
A propósito de esto, la bióloga del CONICET menciona que en el laboratorio en donde tiene lugar de trabajo cuentan con poco personal, pues, en sus palabras, “los estudiantes no quieren sumarse a los laboratorios, estudiantes que por lo general hacen su tesina o sus prácticas ni siquiera se están acercando porque no es una perspectiva que luego puedan tener una salida laboral”.
Leticia Medina, Doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Secretaria General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNC (ADIUC) resaltó los efectos que tiene la falta de financiación sobre áreas que requieren viajes a diferentes zonas: “En conversaciones con colegas de la Facultad de Ciencias Exactas comentaban que se modificaron las prácticas que se vienen realizando habitualmente de viajes al campo con estudiantes”, comentó. “Han tenido que suspender muchos de estos viajes, cambiar las zonas, es decir, se pierde la posibilidad de tener un contacto directo con los objetos de estudio”.
Asimismo, la experta en biomedicina agregó que los cortes han impactado la compra de materiales de investigación. “A pesar de que el gobierno diga que se liberaron las importaciones no hay aporte de fondos, o fondos que ya estaban aprobados llegan con retrasos, que además se abonan en pesos y que se dejaron de actualizar por inflación”, comentó. Asimismo, afirmó que los efectos del cierre de líneas de investigación tendrá efectos a futuro: “Si hoy en Argentina se pierde una línea de un animal para estudiar una enfermedad o para estudiar una proteína que permita develar mecanismos relacionados a patologías de interés médico es algo que es una capacidad perdida para el país”.
Otro caso que ilustra esta situación es la paralización de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), dependientes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D), que fue reestructurada por el gobierno en 2025. Estos fondos son clave para equipos del CONICET, y mientras que los PICT 2022 ya habían sido evaluados y solo restaba adjudicar los subsidios, los de 2023 no alcanzaron a ser examinados. Lejos de afectar únicamente al sistema científico, esta situación también impacta al sector privado. Al interrumpirse los PICT, se frena la generación de conocimiento y capacidades que suelen transferirse a desarrollos tecnológicos, empresas o startups. Esto debilita la innovación local, incrementa la dependencia de tecnologías importadas y genera un escenario en el que los privados tienden a imponer agendas en detrimento del desarrollo científico estratégico de largo plazo.
La falta de presupuesto ha obligado a algunas universidades a buscar fondos privados, explicó la docente de la UNC. Sin embargo, agregó que esta estrategia deja por fuera varios tipos de investigación que no son de interés del mercado. “Es muy cuestionable como política de financiamiento de la universidad y el sistema científico público”, dijo. Si bien algunas áreas logran sostenerse a través de financiamiento privado, ese apoyo es selectivo y depende de los intereses de rentabilidad o aplicación inmediata de accionistas, lo que deja desatendidos campos estratégicos como la investigación básica o estudios sociales y ambientales.
Una alarma a nivel nacional
Los sindicatos que representan a trabajadores del CONICET y a docentes universitarios denunciaron la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, la paralización al acceso a la planta permanente y los drásticos recortes presupuestarios. En respuesta, se llevaron a cabo diversas acciones de protesta, como las Marchas Federales Universitarias —huelgas simultáneas a lo largo del país—, clases abiertas y ferias científicas en la vía pública. Estas acciones buscan defender no solo las condiciones laborales del personal, sino también a la ciencia como bien público y la universidad como instrumento clave de movilidad social.
“Durante estos dos años hemos desarrollado una cantidad innumerable de acciones, movilización y concientización de la comunidad científica y universitaria por un lado, y de visibilización pública de la situación a nivel social por otro lado”, dijo Leticia Medina. “A lo que estamos asistiendo no es sólo a un recorte de los salarios, sino a una política justamente de vaciamiento que hoy se expresa, entre otras cosas, en el cierre o desmantelamiento de institutos de investigación científica”, agregó.
El desmantelamiento del sistema científico público también plantea interrogantes sobre el acceso y la inclusión. Cuando los/as investigadores/as son expulsados, las sociedades pierden también la capacidad de generar conocimiento soberano. Las carreras científicas, que en Argentina históricamente han sido accesibles mediante concursos públicos y sistemas basados en el mérito, se vuelven cada vez más restringidas.
Cuando los/as investigadores/as son expulsados, las sociedades pierden también la capacidad de generar conocimiento soberano.
Los recortes presupuestarios también limitan la participación de la comunidad académica en la producción de conocimiento. De este modo, el Estado renuncia a fortalecer instituciones clave para comprender, debatir y disputar el rumbo del país al limitar la pluralidad de voces autorizadas a intervenir en la definición del interés público. El resultado es un estreñimiento del espacio público. Menos actores/as pueden contribuir a la producción de conocimiento y menos voces son reconocidas como legítimas.
El desafío consiste en construir un equilibrio entre ciencia y política. Un sistema en el que el conocimiento experto domina la toma de decisiones políticas puede reducir problemas sociales complejos a cuestiones técnicas. Al mismo tiempo, un sistema que margina el conocimiento científico corre el riesgo de reemplazar el debate informado por ideología o imperativos de mercado. La gobernanza democrática requiere de las dos: la capacidad de producir conocimiento riguroso y de tomar decisiones sobre sus implicancias.
Cuando el Estado se retira de la producción de conocimiento, la democracia se vuelve más frágil. Sin la capacidad de pensar colectivamente, la Nación deja de proyectarse como una construcción compartida y se reduce a la mera administración de lo dado. Revertir esta tendencia exige un compromiso con las instituciones públicas dedicadas a la ciencia y tecnología y una apuesta por involucrar a esta población y ampliar la participación al momento de delinear políticas públicas en este aspecto.
Camila Sapp es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Argentina.