Este artículo fue originalmente publicado en inglés en NACLA. Léelo aquí.
Para algunos, con solo quitar a Nicolás Maduro y sus aliados del poder a través de elecciones o por la fuerza, garantizaría en sí mismo una transición hacia un futuro mejor. No es difícil entender por qué. El gobierno de Maduro ha visto la sofocación de instituciones y de los procedimientos democráticos, un pésimo manejo económico, corrupción generalizada, represión y violaciones a los derechos humanos y crisis humanitaria. Su rechazo a soluciones democráticas e institucionales ha hecho que sus adversarios, muchos de ellos cuyo respeto por la democracia es también dudoso, concentren sus esfuerzos por derrocarlo a toda costa. Pero las consecuencias de esta jugada serían sumamente peligrosas para el futuro de la democracia en Venezuela.
Destituir a Maduro no en sí convertirá a Venezuela en una utopía tropical. El camino hacia una democracia duradera debe evitar soluciones violentas y de corto plazo. En vez, debe enfrentar los temas que han dividido a los venezolanos por largo tiempo, e imaginar nuevas configuraciones de poder dentro del complejo escenario socio-político del país.
Repartiendo el poder
A pesar de la enorme y creciente oposición a Maduro, una encuesta de diciembre de 2018 indica que casi el 30 por ciento de los venezolanos todavía se identifican como chavistas y confían en el gobierno (aunque es probable que esta figura haya disminuido desde entonces). Esta fuerza política no desaparecerá de repente con un simple cambio del gobierno. Por ende, cualquier transición política en Venezuela debe incluir un “acuerdo de reparto de poder” que le garantice a la fuerza política relacionada con Nicolás Maduro un rol en el futuro del país.
La crisis actual de Venezuela se caracteriza por décadas de estructuras políticas y económicas excluyentes que premian las victorias políticas de corto plazo mientras exacerban la polarización. Venezuela ha visto dos proyectos políticos de larga duración en los últimos 60 años. El primero, que duró casi 40 años, fue una democracia liberal representativa impulsada por élites políticas con una participación popular limitada, y sucesivamente altos niveles de exclusión social. Hugo Chávez presentó al país un proyecto de democracia participativa que prometía corregir los males e injusticias del período anterior. La redistribución de los ingresos del petróleo sustentó ambos proyectos. Sin embargo, el proyecto de Chávez fue excluyente con las clases medias y altas, creando así tensiones continuas en la sociedad venezolana. Bajo Maduro, el gobierno se ha vuelto cada vez más autoritario y tal exclusión se ha extendido hacia todos los grupos sociales. En medio de una crisis económica cada vez más profunda, las desigualdades sociales han aumentado considerablemente y la participación política ha disminuido.
Teniendo en cuenta las experiencias de exclusión y polarización del pasado reciente, debemos pensar más allá de las soluciones a corto plazo. Un primer paso para restablecer la normalidad política en el país podría ser un acuerdo de reparto de poder negociado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, actualmente representada por el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente del país. Este tipo de acuerdo ofrece mayores incentivos a los actores gubernamentales para que acudan a la mesa de negociación en primer lugar y garanticen su seguridad, su participación política e, incluso, su acceso a recursos económicos. Estudios en otros lugares del mundo han indicado que los acuerdos negociados pueden ayudar a estabilizar sociedades divididas y llevar a una paz duradera.
No obstante, dentro y fuera de Venezuela, los llamados a tomar represalias y medidas punitivas contra el oficialismo resuenan fuertemente. Una posible forma de avanzar es formular un acuerdo de reparto de poder como un “bien común” y no como un acomodo que sirva intereses individuales. De hecho, la reconciliación y la coexistencia pacífica de los grupos constituyentes en una sociedad profundamente dividida, es ciertamente más significativa a largo plazo que la supervivencia política y económica de un puñado de actores. Además, un acuerdo para compartir el poder que fuese el resultado de una negociación entre las dos partes, para nada significa una amnistía general. Algunos actores y grupos enfrentarían los castigos como parte de un proceso de justicia transicional, o de justicia de otro tipo, que las partes deberán acordar. El acuerdo también debe incluir disposiciones especiales para la reparación de víctimas de abusos de poder.
Un Gobierno Interino para Todxs
La pregunta clave, como en cualquier acuerdo de reparto de poder, es si el gobierno aceptará hacer ó participar en una transición de régimen. Esto es de suma importancia, dado que la oposición venezolana que apoya a Guaidó ha señalado intenciones que, de ser destituido Maduro, gobernaría de manera unilateral hasta que el país celebre una nueva elección presidencial (en un momento aún indefinido). Guaidó incluso ha presentado un plan para este período, lo que significa que su gobierno ya está estableciendo sus posiciones y prioridades programáticas. Esta parece ser una estrategia riesgosa y contraproducente, ya que ofrece a Maduro y a los que lo rodean, pocos incentivos para negociar y renunciar al poder.
En lugar de un gobierno interino que represente a un solo grupo, debe tener prioridad en las discusiones actuales la idea de un gobierno interino más ampliamente representativo que pueda implementar reformas políticas de fondo, fortalecer la economía del país, promover la reconciliación nacional y garantizar la heterogeneidad política. Un gobierno así pudiese ayudar a salir del impase actual.
Algunos académicos han argumentado que los períodos de transición son una buena oportunidad para que los líderes nacionales realicen una toma de decisiones de forma compartida, generen confianza entre ellos y abran la participación política a una amplia gama de stakeholders, creando así bases sólidas para compromisos democráticos a largo plazo. Por lo tanto, la participación de los representantes oficialistas en la toma de decisiones haría que la nueva realidad política fuera más admisible para sus seguidores, disminuiría la posibilidad de acciones no democráticas por parte del movimiento político "derrotado" y contribuiría al fortalecimiento democrático del país. La historia reciente de Libia e Irak muestra que la exclusión política, y la disolución de las fuerzas armadas durante los períodos de transición política, fragmentan y polarizan la sociedad e incluso pueden conducir a una guerra civil o al colapso de un estado.
Incluso, si se trata de un gobierno interino incluyente, este debería durar por un período limitado, y las reglas democráticas deberían restablecerse lo antes posible una vez que se alcancen los objetivos de estabilización señalados arriba. Los esfuerzos de algunos actores internacionales para llevar al país a nuevas elecciones presidenciales apuntan en esta dirección. Sin embargo, los cronogramas apretados y poco realistas podrían ser contraproducentes para la transición política del país. Abrir el escenario político a las elecciones es vital para el desarrollo democrático, pero las fuerzas políticas deben llegar primero a un acuerdo que garantice que el sistema electoral permita el acceso justo al poder a todas las fuerzas políticas.
Reforma de la política electoral
En el caso venezolano, el sistema electoral de representación mayoritaria implica un importante obstáculo institucional para que el país tenga un régimen democrático inclusivo y heterogéneo. Reformarlo es un elemento crucial, aunque poco recalcado, en el conflicto político de Venezuela.
Un sistema electoral mayoritario (donde el ganador se queda con todo) significa que el candidato que obtiene la mayoría de los votos es elegido, sin balotaje, para los puestos ejecutivos como la presidencia del país. Incluso, también este es el caso de la Asamblea Nacional, donde la Constitución exige una amplia representación y la proporcionalidad política, ya que los aspectos mayoritarios del sistema benefician de manera desproporcionada a la fuerza política más grande.
Los partidarios de los sistemas mayoritarios argumentan que estos contribuyen a la creación de gobiernos y mayorías parlamentarias fuertes, mientras que mantienen a los partidos minoritarios fuera de la política formal. Pero en el momento actual y en el futuro cercano de Venezuela, es probable que los mecanismos mayoritarios excluyan a los oficialistas del juego institucional y hagan poco probable que cedan a un posible reparto de poder.
Examinemos el mecanismo para obtener escaños en la Asamblea Nacional: el sistema electoral actual de Venezuela es mixto, combinando elementos de un sistema representativo por mayoría simple, con elementos de representación proporcional. Pero desde 2010 el gobierno de Hugo Chávez, montado en una ola de popularidad, fue contra de la tendencia global democrática hacia sistemas electorales más proporcionales y exacerbó las características mayoritarias del sistema sobre las proporcionales, un patrón común en democracias en retroceso con “polarización perniciosa” (“pernicious polarized” and democratic backsliding countries.).
Más de dos tercios de los diputados se eligen por mayoría simple en diferentes distritos electorales, mientras que el resto proviene de una complicada votación a nivel estatal, que en teoría pero no en la práctica, ofrece cierta proporcionalidad al sistema. En el 2015, en un contexto de aguda crisis económica después del colapso de los precios del petróleo, Maduro y sus aliados probaron su propia medicina. La oposición obtuvo una súper mayoría de dos tercios (66%) de escaños en el parlamento con el 57% de los votos.
La tentación de continuar con el sistema mayoritario es muy fuerte. Si las elecciones de la Asamblea Nacional se celebraran mañana, el chavismo probablemente estaría escasamente representado. Hoy, con solo un 30% de apoyo al chavismo, su representación en el parlamento sería solo unos pocos escaños. Pero los curules parlamentarios son útiles fichas en cualquier posible negociación y acuerdo de reparto de poder.
Los miembros del parlamento gozan de inmunidad parlamentaria, lo que implica que si hay una clausula en el acuerdo del reparto del poder, los oficialistas de alto nivel pueden competir electoralmente y obtener un escaño en el parlamento algo que significa que no enfrentarán procesamientos legales durante al menos cinco años (un término parlamentario). Además, ellos pueden permanecer políticamente activos dentro de la política formal. Esta sería en realidad una solución más institucional y menos controversial de lo que estipuló el acuerdo de paz en Colombia (2016), que garantiza 10 asientos en el Congreso para las FARC por dos períodos, independientemente de cómo se desempeñen en las elecciones. A pesar de que la inmunidad parlamentaria no ha sido suficientemente efectiva en los últimos años para proteger a los legisladores del enjuiciamiento y persecución política en Venezuela, esperamos que cualquier nuevo acuerdo entre la oposición y el oficialismo tendrá diferentes tipos de garantías, incluida la posibilidad de seguimiento y supervisión del acuerdo por organizaciones internacionales, para que funcione en la práctica. Esta práctica tiene similitudes con los compromisos hechos en otros acuerdos de paz en diferentes partes del planeta.
Finalmente, los cambios en el sistema electoral para la Asamblea Nacional son un tema parlamentario que no requiere una reforma o enmienda constitucional, lo que significa que los actores políticos no tendrán que participar en difíciles y complicadas discusiones de reforma constitucional para lograrlo. De hecho, incluso la propia Constitución habla de la necesidad de una representación proporcional.
La crisis política de Venezuela se ha convertido en un Nudo Gordiano que parece imposible de desenmarañar. Muchos piensan que las acciones agresivas y rápidas conducirán a la solución de la crisis. Sin embargo, una solución negociada que salvaguarde la representación política heterogénea podría ser parte de la solución y conducir a una nueva era democrática. Los venezolanos simplemente deben estar abiertos a trabajar hacia una Venezuela para todos- incluidos los oficialistas en la época después de Maduro. Al final, no todos los nudos tienen que ser desenredados de la misma manera.
Dimitris Pantoulas es consultor de riesgo político, e investigador visitante en IESA-Caracas. Ha realizado investigaciones sobre la política, elecciones, democracia participativa y cambio institucional en Venezuela desde 2007. Actualmente reside en Venezuela.
