Read this article in English / Lea este artículo en inglés
El 19 de julio de 1979 es una fecha grabada en la memoria de cualquier persona de cierta edad que haya luchado y apoyado por una mayor justicia económica, política y social en América Latina. Ese fue el día en que los “muchachos”, como solían llamarse a los jóvenes rebeldes, derrocaron en Nicaragua una brutal dictadura de 43 años liderada por la familia Somoza. Inmediatamente instauraron un gobierno revolucionario bajo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en uno de los países más pobres de América Latina.
Dora María Téllez fue una de esas rebeldes. Con 22 años, dirigió las negociaciones tras el audaz asalto sandinista del Palacio Nacional en 1978. Posteriormente, lideró las unidades sandinistas en la toma de León, la primera gran ciudad en rendirse. “Estoy orgullosa de mi pasado: estoy aquí porque estuve allí. Ser rebelde a los 22 años es maravilloso; seguir siéndolo es otra maravilla. Al fin y al cabo, sin rebelión no hay progreso”, afirma.
Cuarenta y siete años después, para muchos nicaragüenses y activistas solidarios, incluida Téllez, el optimismo y la esperanza que representaba el experimento de cambio social de Nicaragua hace tiempo que se han desvanecido.
Cuarenta y siete años después, para muchos nicaragüenses y activistas solidarios, incluida Téllez, el optimismo y la esperanza que representaba el experimento de cambio social de Nicaragua hace tiempo que se han desvanecido. Durante 30 de esos 47 años, su antiguo compañero, Daniel Ortega, el primer coordinador del FSLN, ha estado en el poder, acusado junto con su esposa y copresidenta Rosario Murillo de gobernar el país de forma muy parecida a como lo hicieron los Somoza.
Con motivo del aniversario de la revolución de este año, el Gobierno de Ortega y Murillo se inspira en el legado sandinista para promover un festival cultural de un mes de duración, “Julio Eterno, Victorioso, Siempre Más Allá”, en el centro de Managua. Murillo presentó la celebración el 1 de julio, describiendo a los nicaragüenses como un ”pueblo cristiano, socialista y solidario, que despierta lleno de luz, vida y verdades reales.”
Estas palabras se pronunciaron seis semanas después de que Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu de 73 años, falleciera bajo custodia tras pasar tres años en prisión. Desde la década de 1980, Rivera había dedicado su vida a defender a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa atlántica de Nicaragua, en ocasiones como adversario y, en otras, como aliado de los gobiernos de Ortega. Tras denunciar a Ortega en 2014, el Gobierno le despojó en dos ocasiones de su escaño en la Asamblea Nacional, le expulsó del país y, finalmente, le encarceló. El Parlamento Europeo y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han exigido una investigación inmediata sobre su muerte.
El encarcelamiento de Rivera no fue una anomalía. Desde un importante levantamiento liderado por estudiantes en 2018, casi 1500 presos políticos —entre ellos siete candidatos presidenciales en las elecciones de 2021— han languidecido durante algún tiempo en las cárceles de Nicaragua. Téllez se encontraba entre ellos. Detenida en 2021 junto con otras tres mujeres —entre ellas su pareja, Ana Margarita Vijil Gurdián—, pasó 606 días en régimen de aislamiento, sin libros, revistas, bolígrafo ni papel, con raciones reducidas de comida y privación de luz, y visitas limitadas. A pesar de sus condiciones de vida, en 2022 inició una huelga de hambre de 23 días junto con otros presos políticos.
De repente, en febrero de 2023, el régimen de Ortega y Murillo liberó a Téllez y a Vijil Gurdián junto con otras 220 personas. Fueron subidos a aviones, despojados de su ciudadanía y trasladados a Estados Unidos, donde la administración Biden les concedió un permiso humanitario de dos años.
“Me arrancaron de raíz”, afirma Téllez, de 70 años, que había vivido en Nicaragua toda su vida. ”Para hacer frente al coste emocional y psicológico del desarraigo, me centro en lo que puedo aprender de las nuevas sociedades en las que me he visto inmersa contra mi voluntad”.
“Hoy soy libre gracias a la solidaridad internacional, gracias a todas las personas que exigieron mi liberación”, continúa. ”Pero sigue habiendo presos políticos en Nicaragua, algunos de ellos ancianos y frágiles, lo que hace que la solidaridad internacional sea fundamental. Hablando como antigua presa, saber que hay gente que exige tu libertad te ayuda a superar los días y las noches más oscuros y difíciles”.
Represión contra la sociedad civil
En febrero de 2026, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) publicó un informe en el que se detalla el endurecimiento del control del Gobierno nicaragüense sobre la sociedad civil durante los últimos ocho años. Entre 2018 y 2020, el régimen desató una violenta represión contra las protestas generalizadas, a la que siguió en 2021 una represión más selectiva para garantizar la reelección de Ortega. En 2022, según el informe, el énfasis pasó a centrarse en eliminar toda la oposición política restante; desde 2023, el objetivo ha sido purgar cualquier disidencia dentro del aparato estatal, el FSLN y entre los nicaragüenses en el extranjero. ” Cientos de víctimas han visto cómo sus vidas se desmoronaban por la supresión de su identidad jurídica, el deterioro de sus medios de subsistencia y el riesgo de perder el acceso al asilo y la movilidad”, señala el informe.
“Lo que tenemos en Nicaragua es una dictadura militar y política”, afirma Téllez rotundamente. ”Absolutamente todas las organizaciones de la sociedad civil, desde los partidos políticos hasta los medios de comunicación, pasando por las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia católica, han sido destruidas, lo que ha dejado a los nicaragüenses sin espacio alguno para ejercer sus derechos civiles básicos”.
Se estima que el régimen ha forzado a cerrar a unas 5 000 organizaciones de la sociedad civil desde 2018. Y en un país donde el 45 % de la población se identifica como católica, el Gobierno ha detenido a 261 líderes religiosos, el más reciente de ellos el obispo jubilado Abelardo Mata, de 80 años, que desapareció el 29 de junio tras un interrogatorio policial.
Al mismo tiempo, ”están persiguiendo a quienes aún forman parte de su círculo más cercano; incluso algunos de sus partidarios más acérrimos se encuentran ahora en prisión”, afirma Téllez. Uno de ellos es el legendario comandante sandinista Bayardo Arce —asesor económico clave de Ortega desde 2007—, que fue detenido en julio de 2025. Según se informa, la detención de Arce llevó a algunos miembros del círculo de Ortega-Murillo a dormir cada noche en una cama diferente para evitar ser detenidos. En enero de 2026, Arce, de 76 años, fue condenado a prisión por corrupción por un período no especificado.
A pesar de la intensificación del despotismo, el Gobierno se ha ganado el apoyo dentro de Nicaragua al demostrar el éxito en objetivos asociados a las prioridades sandinistas desde la década de 1970: la reducción de la pobreza y la inversión pública en salud y educación.
El informe de la GHREN destaca el carácter de género de la represión estatal. Mucho antes del levantamiento de 2018, la capacidad de movilización de las mujeres ya había convertido a las feministas en objetivos frecuentes. ”El movimiento de mujeres ha sido uno de los movimientos sociales más vigorosos de Nicaragua”, sostiene Téllez. ”Como sandinistas, nos centramos en la igualdad de derechos, pero prestamos poca atención a cuestiones como la violencia doméstica o cómo facilitar que las mujeres asumen puestos de liderazgo. El movimiento feminista impulsó estas cuestiones y reivindicó su independencia del partido sandinista mucho antes que otros movimientos sociales”. Muchas feministas han sido detenidas arbitrariamente desde 2018 y han sufrido violencia sexual y de género durante su cautiverio.
Después de que los intentos del Gobierno por cooptar al movimiento LGBTIQ+ y separarlo de los movimientos feministas resultaran contraproducentes, “este movimiento en auge quedó completamente destruido”, afirma Téllez. “No ha habido ninguna marcha del Orgullo Gay en Managua desde 2018”. Los activistas detenidos han sufrido humillaciones y abusos relacionados con su identidad de género y/o orientación sexual.
La represión más allá de las fronteras de Nicaragua se ha acelerado desde febrero de 2025, liderada, según la GHREN, por Murillo y un pequeño grupo de altos cargos. En junio del año pasado, el disidente nicaragüense Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica, lo que supone al menos el sexto tiroteo, secuestro o asesinato de un exiliado desde 2018. Dado que Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un refugio para los disidentes nicaragüenses, el asesinato de Samcam confirma que el país ya no puede considerarse un refugio seguro.
Sin embargo, a pesar de la intensificación del despotismo, el Gobierno se ha ganado el apoyo dentro de Nicaragua al demostrar el éxito en objetivos asociados a las prioridades sandinistas desde la década de 1970: la reducción de la pobreza y la inversión pública en salud y educación. Aunque los datos a partir de 2007 son limitados, la pobreza se redujo a más de la mitad entre 2005 y 2016, mientras que la desigualdad también disminuyó ligeramente. Según el Banco Mundial, Nicaragua ha experimentado un crecimiento económico estable desde el final de la pandemia de la COVID-19, financiado por las remesas, la construcción, un sector turístico en expansión y la minería. Además, se ha librado de los peores estragos de la violencia de las bandas y el narcotráfico que han asolado otras partes de Centroamérica.
La pelea por democratizar el partido
En una entrevista desde el exilio, Téllez detalló los retos que ve a la hora de restablecer un gobierno democrático y orientado a la justicia social en Nicaragua, algo por lo que luchó incansablemente tras ocupar el cargo de ministra de Salud durante el gobierno sandinista en la década de los 80 y, posteriormente, como diputada nacional sandinista hasta 1995.
“El punto de inflexión dentro del movimiento sandinista se produjo en 1990, tras perder las elecciones nacionales”, sostiene Téllez. ”Muchos de nosotros consideramos aquellas elecciones como uno de nuestros mayores éxitos como sandinistas: logramos celebrar dos comicios justos en un país que no había tenido nada ni remotamente parecido en al menos 50 años”.
Pero esa interpretación no era compartida por otros, en particular por el entorno de Ortega. ”Recurrieron a un análisis simplista para achacar la derrota electoral de 1990 a Estados Unidos. Esto les permitió ignorar las contradicciones internas del propio partido sandinista”.
“A diferencia de Daniel y su facción, nuestro grupo quería aprender de nuestros errores y democratizar el partido y las organizaciones populares que habíamos creado”, afirma. ”Estas organizaciones populares funcionaban de forma totalmente jerárquica. Por lo tanto, la falta de democracia dentro del partido no era solo un problema interno, sino que afectaba a todas sus relaciones”.
Mientras la Administración Trump sigue intensificando sus ataques contra la soberanía de sus vecinos del hemisferio, no está claro si se materializará una presión internacional sostenida sobre el Gobierno de Ortega y Murillo.
En 1995, ella y otros disidentes habían creado un nuevo partido, conocido hoy como Unamos. ”Durante los años setenta y ochenta, dimos prioridad a la lucha por la justicia social y económica frente a la necesidad de reforzar la participación ciudadana y la democracia”, explica Téllez. ”Pero los que formamos parte de Unamos nos dimos cuenta de que hay que hacer ambas cosas. No quiero sacrificar la libertad y la democracia en aras de la justicia social. Y tampoco quiero sacrificar la justicia social en aras de la libertad y la democracia. Y no solo la democracia electoral, sino una democracia participativa profunda”.
“Cuando el FSLN se resistió a escuchar lo que no quería oír y no logramos democratizarlo, el partido comenzó a desmoronarse”, añade. ”Ahora no es más que un apéndice de Ortega y Murillo: nadie sabe quién lo dirige, cuándo ni si se reúne, etcétera”.
“El Frente Sandinista fue un gran partido, pero autoritario”, explica Téllez. ”Estos dos elementos determinan lo que estamos sufriendo hoy en día. Al fin y al cabo, pasamos de una estructura militar y una orientación política vanguardista a dirigir un gobierno de la noche a la mañana, y el partido nunca llegó a desarrollar realmente una estructura participativa independiente. Un partido de vanguardia no era necesariamente compatible con el pluralismo político con el que nos habíamos comprometido. En lugar de ser un partido viable que se hiciera con el control del Estado para gobernar, el partido se fusionó con el aparato estatal. Como resultado, nunca fue independiente del Estado”.
Luchando por la democracia
La concentración de poder en Nicaragua continúa sin cesar, respaldada, según sostiene Téllez, por China y Rusia. China se ha convertido recientemente en un actor clave en el sector minero del país y el Gobierno nicaragüense también ha firmado un ”pacto de protección mutua” con Rusia que podría ayudar a Ortega y Murillo a eludir sanciones de la Corte Penal Internacional al abandonar el cargo.
“Nicaragua ya no es un país, es una prisión”, afirma Téllez. ”Para poner fin a esto, como país pequeño, necesitamos un respaldo firme de la comunidad internacional. Durante la ola represiva desatada en las protestas de 2018, la escasa condena internacional no le costó prácticamente nada a Ortega y Murillo”.
Mientras la Administración Trump sigue intensificando sus ataques contra la soberanía de sus vecinos del hemisferio, no está claro si se materializará una presión internacional sostenida sobre el Gobierno de Ortega y Murillo. No obstante, Téllez mantiene la esperanza.
“Estoy convencida de que volveré a mi país, a mi casa, y de que Nicaragua tendrá otra oportunidad de construir un país pacífico, justo y democrático”, insiste Téllez. “La única forma de lograr ahora la justicia social por la que combatimos tan duramente durante la revolución es luchando por la democracia”.
Linda Farthing es periodista e investigadora y ha escrito numerosos artículos para NACLA, además de haber editado tres números de la revista; también ha publicado artículos sobre América Latina en Jacobin, The Guardian, The Nation y Al Jazeera. Fue miembro fundadora de los grupos de solidaridad con sede en San Francisco ”Gente Gay por la Revolución Nicaragüense” y ”Comité de Mujeres para Central America”.