Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2025 de nuestra revista trimestal NACLA Report.
En diciembre de 2015, Carlos Torres, un hombre trans, murió mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá. La víctima fue detenida cuando estaba discutiendo con un taxista, quien aseguraba que Carlos intentó robarlo. Según testigos, los agentes que llegaron al lugar lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo arrastraron sujetándolo del pantalón antes de subirlo a la patrulla para conducirlo a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), centro de detención ciudadana en casos que alteran la convivencia y tranquilidad pública. Aunque el vehículo salió del lugar a las 9:15 pm, su ingreso a la UPJ (a 8 kilómetros del lugar) se registró a las 9:50 pm, y tan sólo 30 minutos después, a las 10:20 pm, Carlos fue llevado sin signos vitales al Hospital San José. La Policía declaró que Carlos se suicidó ahorcándose con un cordón de su pantalón dentro de la celda, pero familiares y amistades afirman que su cuerpo presentaba señales de tortura y violencia sexual.
La presunta ejecución extrajudicial de Carlos Torres ocurre seis meses después de reglamentarse la corrección del componente “sexo” en los documentos de identidad en Colombia, por lo que ambos hechos ponen en la discusión pública el abuso de autoridad contra personas transmasculinas, particularmente al momento de presentar los nuevos documentos.
El debate continúa vigente pues siete años después, en marzo de 2023, Ricardo, otro hombre trans de Bogotá (cuyo apellido es reservado por cuestiones de seguridad), fue detenido arbitrariamente por agentes de Policía. Dentro de la estación, los policías lo obligan a desnudarse y lo rocían con agua fría, mientras lo agreden verbalmente. Aunque es liberado al día siguiente, y su caso está siendo atendido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, Ricardo señala haber quedado herido en el pecho, zona donde los agentes infringieron mayor maltrato afectando su reciente mastectomía.
Las historias de Carlos y Ricardo dan cuenta de un fenómeno poco analizado en documentos académicos o periodísticos pero reiterativo para las transmasculinidades en Colombia: el abuso de autoridad de la Fuerza Pública hacia los hombres trans. Y a pesar de cambios normativos, esta violencia sigue amenazando a las vidas transmasculinas.
Con este contexto, datos cuantitativos sobre violencia policial contra hombres trans provenientes de diferentes fuentes permiten identificar no solo casos emblemáticos, sino indicadores de prejuicio e impactos diferenciales del abuso policial contra esta población. Además, exponen cómo el servicio militar obligatorio y el porte de la Libreta Militar para varones en Colombia incide en el perfilamiento contra transmasculinidades por parte de agentes del Estado. Frente a esta problemática, activistas transmasculinos proponen diversas estrategias, desde el uso de prácticas de autoprotección hasta el desarrollo de un nuevo marco normativo, para que los hombres trans puedan vivir con paz y dignidad.
Las cifras son narrativas
El registro de cualquier tipo de violencia contra hombres trans en Colombia presenta múltiples dificultades, tanto por entes gubernamentales como por organizaciones sociales LGBTIQ+ que históricamente se han enfocado en documentar las victimizaciones perpetradas contra mujeres trans y hombres gays. Estas dificultades incluyen la ausencia de casillas diferenciales para el registro de hombres trans en bases de datos, la identificación inadecuada de la identidad de género de las víctimas y el desconocimiento estatal sobre las violencias que experimentan las transmasculinidades.
Frente a esta problemática, este artículo inició un levantamiento de información estadística en diferentes archivos tanto gubernamentales como civiles que ofrecieran datos cuantitativos sobre violencia policial contra hombres trans en Colombia en un periodo de nueve años, tomando como punto de inicio el 2015. Este año fue significativo tanto por la expedición del Decreto 1227, que permite la corrección del componente “sexo” en los documentos de identidad, como por la muerte de Carlos Torres bajo custodia policial.
A partir de los hallazgos cuantitativos, se procedió a indagar la mayor cantidad de información cualitativa que permitiera caracterizar tanto a las víctimas como los hechos de abuso de autoridad, contrastando fuentes oficiales con la información recopilada por organizaciones sociales LGBTIQ+ del país y por distintos medios de comunicación.
Aunque en términos generales hubo una baja calidad de datos, esta investigación exploratoria logró identificar un total de 80 hechos de abuso de autoridad contra hombres trans en Colombia entre 2015 y 2023. Entre estos hechos, hay 16 casos emblemáticos perpetrados a razón del prejuicio contra la identidad de género de las víctimas. La investigación también identificó algunos factores comunes en el modus operandi de estos eventos, que se constituyen en agravantes discriminatorios en el abuso de autoridad que experimentan las transmasculinidades.
En primer lugar, se identificó que el 52,5 por ciento de los casos (42 hechos) ocurrieron en las ciudades capitales de Colombia. Bogotá registró la cantidad más grande con 16 hechos de violencia policial contra varones trans, seguido por Cartagena con cinco, Popayán con tres y Barranquilla, Bucaramanga y Sincelejo con dos respectivamente. También se registró un hecho en las ciudades de Manizales, Medellín, Montería, Pasto, San Andrés, Valledupar y Villavicencio. Todas estas ciudades capitales corresponden a zonas urbanas donde se concentra gran parte del brazo armado estatal a través de un número alto de escuelas de Policía y otras instalaciones como estaciones y Comandos de Atención Inmediata (CAI).
Adicionalmente, el 76,3 por ciento de estos casos registrados se concentran en el periodo de 2020 a 2023 (61 hechos), siendo 2021 el año con mayor número de victimizaciones registradas (21 hechos).
Aquí son relevantes tres acontecimientos que pueden dar respuesta al aumento de estos hechos y su correspondiente registro por parte de organizaciones sociales. En primer lugar, el año 2019 fue el inicio del gran Paro Nacional, una serie de protestas de diversos sectores populares contra las políticas económicas, sociales y ambientales llevadas a cabo por el Gobierno nacional. En las palabras de la ONG Colombia Diversa, el paro fue un “hito en los procesos de movilización social en la historia reciente del país”.
Posteriormente, la llegada del Covid-19 en 2020, la cuarentena preventiva y las restricciones de movilidad redujeron el riesgo de violencia policial para la mayoría de la población colombiana, excepto para personas trans. En este periodo, hubo un aumento de ocho casos (pasando de cinco hechos registrados en 2019 a 13 hechos en 2020). La causa, particularmente para Bogotá, se halla en la medida “Pico y Género” bajo la cual, según días pares o impares, mujeres u hombres podían movilizarse, lo que fue interpretado de manera conveniente por administradores de establecimientos comerciales y la Policía Metropolitana, y devino en múltiples episodios de violencia transfóbica.
Finalmente, en 2021, además de la reactivación económica y el levantamiento de restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria, se desarrolló un nuevo ciclo de movilizaciones. En reacción a la reforma tributaria presentada por el gobierno, las movilizaciones conocidas como el “estallido social” llevaron a varios sectores sociales a las calles y a nuevos enfrentamientos contra la Fuerza Pública. En referencia a los hombres trans, se registraron 21 hechos de abuso de autoridad, cuatro de ellos en el marco de protestas en las ciudades de Bogotá, Popayán y Sincelejo.
Por otra parte, esta investigación descubrió que el 30 por ciento de los hechos de violencia policial contra hombres trans comprendió procedimientos irregulares (24 casos). Estos casos se caracterizaron ya sea por procedimientos fuera de la ley o porque aun estando previstos en la normatividad se ejercieron de manera selectiva, injustificada y/o desproporcionada.
Esta aplicación selectiva de la ley constituye el fenómeno de perfilamiento de personas trans, práctica discriminatoria donde la Fuerza Pública, a partir de ciertas características físicas y comportamentales (como la expresión e identidad de género, entre otros) y los estereotipos relacionados, justifica su actuación contra una persona o colectivo. Las consecuencias se materializan en expulsiones del espacio público y controles selectivos, injustificados e innecesarios.
Otras modalidades de la violencia policial contra transmasculinidades identificadas en la investigación fueron: la omisión de auxilio por parte de las autoridades (2 casos), las detenciones arbitrarias (2 casos) y presunta ejecución extrajudicial (1 caso). Respecto a la omisión de la Fuerza Púbica se destaca el caso de Adrián Almeida, registrado por la Comisión de la Verdad de Colombia, quien fue amenazado con arma de fuego y agredido físicamente por dos hombres en noviembre de 2017; aunque hubo captura de los responsables, la Policía se negó a darle a Adrián los números de identificación para colocar la denuncia penal, afectando el registro del hecho y aumentando la desconfianza institucional.
Adicionalmente, se identificaron otras violencias conexas, ejercidas de manera simultánea al hecho de abuso de autoridad contra transmasculinidades, entre las que se hallan desde lesiones personales hasta tortura física, psicológica y otros tratos crueles e inhumanos perpetrados por agentes de Policía.
Fuente: elaboración propia.
Entre los hechos que registran lesiones personales sobresale el caso del activista trans Joan (cuyo apellido es reservado por solicitud de la víctima), quien en mayo de 2017 fue golpeado brutalmente por la Policía mientras participaba de una protesta en Bogotá contra la instalación de un bus que difundía mensajes transfóbicos (de la organización española de extrema derecha Hazte Oír). El caso fue notificado a la Personería de Bogotá, pero no reporta ninguna investigación disciplinar ni penal.
Finalmente, aunque no se contó con la información suficiente para caracterizar a los hombres trans víctimas de violencia policial en términos socioeconómicos o étnico-raciales, entre otros, la investigación Más que cifras de Colombia Diversa expone el rango etario de las víctimas LGBTIQ+ de abuso de autoridad entre 2015 y 2019. Respecto a hombres trans, el 53,3 por ciento eran adultos (de 26 a 59 años) y el 20 por ciento eran jóvenes (de 19 a 25 años). Aunque estos rangos son amplios, el que la mayoría de las víctimas se concentren en personas mayores de edad en Colombia (en comparación con adolescentes y adultos mayores) se corresponde con el sector etario de varones de mayor productividad laboral y, por tanto, aquel que debe haber cumplido su servicio militar en el país.
Sin libreta, maltrato en la calle
Colombia establece desde 1896 un servicio militar obligatorio para varones mayores de 18 años, a partir del cual se obtiene una Libreta Militar que demuestra haber cumplido con dicha obligación. La libreta se convierte, en algunos casos, en prerrequisito para ingresar al mercado laboral, así como para la libre movilidad. “[S]e debe portar la libreta militar en todo momento, en tanto militares y policías cuya presencia es permanente en los espacios públicos están autorizados para ordenar la presentación de este documento”, señala el activista y académico trans Camilo Losada. “Aquellos que no obtengan la libreta militar se verán expuestos a restricciones a sus derechos humanos”.
En lo respecta a hombres trans, los abusos de autoridad se incrementaron posterior a la expedición del Decreto 1227 del año 2015, que permite la corrección del componente “sexo” en el documento de identidad (cédula), pero que dejó un vacío legal respecto a la Libreta Militar para esta población. Así fue la experiencia de Cristian Peñalosa, un hombre trans de Cúcuta, entrevistado por la Coalición de Organizaciones Transmasculinas. Cuando iba hacia el trabajo un militar le paró de forma agresiva en la calle. “Me dijo ‘hágame el favor y me permite su libreta militar’, yo saco la billetera, le paso mi cédula, ni siquiera se toma la molestia de leer la cédula sino que él insiste en que tengo que mostrarle la libreta militar”, relata Cristian. “Yo le digo que no tengo libreta, el procede y me empuja y me dice que tengo que ir al batallón […] para un citatorio […]. Es un acto vergonzoso, donde te paran y te empiezan a empujar y maltratar en la calle”.
Como señala la Coalición de Organizaciones Transmasculinas en su investigación de 2018, la Fuerza Pública empezó a ejercer una serie de violencias al momento de detenerles en el espacio público para presentar sus documentos—la cédula y la Libreta Militar—y evidenciar la ausencia de esta última. “El desconocimiento de ambas entidades [Policía y Ejército] sobre las identidades transmasculinas no les permite actuar teniendo en cuenta los matices en la vivencia de la transmasculinidad y esto genera agresiones durante la solicitud de documentos, requisas y detenciones”, señala la investigación.
La Coalición también concluyó, gracias a la recolección de 117 historias de hombres trans de 11 departamentos del país, que no tener Libreta Militar, la ausencia de un protocolo para su obtención, y la falta de capacitación de la Fuerza Pública y otros funcionarios sobre la experiencia transmasculina producen una gran vulneración en derechos tales como trabajo, educación, intimidad y buen nombre, seguridad, participación y movilidad en el espacio público.
“Mi vida no está a salvo en custodia de la Policía”
Aunque en términos generales hubo una baja calidad de datos, esta investigación exploratoria logró identificar un total de 80 hechos de abuso de autoridad contra hombres trans en Colombia entre 2015 y 2023. Entre estos hechos, hay 16 casos emblemáticos perpetrados a razón del prejuicio contra la identidad de género de las víctimas. La investigación también identificó algunos factores comunes en el modus operandi de estos eventos, que se constituyen en agravantes discriminatorios en el abuso de autoridad que experimentan las transmasculinidades.
En el contexto de los 80 casos de violencia policial contra hombres trans registrados entre 2015 y 2023, debido a la falta de información detallada, no es posible determinar cuantitativamente la tasa de hechos que estuvieron motivados por el prejuicio contra la identidad de género de la víctima. No obstante, al analizar 16 casos emblemáticos que contaban con suficiente información cualitativa, fue posible identificar cuatro marcas de género diferenciales y agravantes en el abuso de autoridad que experimentan los hombres trans.
El primer hallazgo corresponde a la ejecución de procedimientos irregulares por parte de la Fuerza Pública en los que se busca “comprobar el sexo verdadero” de un hombre trans al momento de solicitar sus documentos, y que conllevan violencia sexual. Tanto en entrevistas a cinco activistas transmasculinos como en la investigación realizada por la Coalición de Organizaciones Transmasculinas en 2018 se remarcan los riesgos contra la integridad física y sexual al momento en que la Policía y el Ejército pone en sospecha los documentos de identidad y la corporalidad transmasculina que los porta, lo que deviene en prácticas abusivas como tocamientos genitales, desnudamientos hasta llegar al acceso carnal violento, como se ejemplifica en el caso de Carlos Torres.
El riesgo aumenta cuando la Fuerza Pública expone públicamente la identidad de género del hombre trans dentro de establecimientos donde se haya retenido con varones cisgénero, como lo señala Valentino Ramos, activista trans del Atlántico: “Dos agentes de la Policía Militar en frente de la estación [de Policía] (…) solicitaron mis papeles y al notar que en mi cédula aun figuraba un nombre de mujer y una <F> hicieron gestos graciosos entre sí, a modo de burla, y dijeron en voz alta, delante de todos los demás muchachos a quienes tenían en el lugar, ‘devuelva eso que ella es una mujer’”.
Como segunda marca diferencial se identificó que el abuso de autoridad contra hombres trans sucede mayoritariamente en escenarios militarizados, donde la interacción con agentes del Estado está mediada por la solicitud de documentos (cédula y Libreta Militar). Estos espacios de máximo control estatal pueden ser al interior de instituciones estatales, donde hay mayor desprotección ante potenciales victimizaciones perpetradas por la Fuerza Pública, y/o en lugares públicos donde opera el perfilamiento y la criminalización contra personas trans, sobre todo si ellas están agrupadas.
Así quedó ejemplificado con el caso de hostigamiento, retención de documentos y expulsión del espacio público de un grupo de hombres trans por agentes de la policía mientras desarrollaban una acción pública en el marco de la Semana de la Memoria Trans en la Plaza de la Paz de Barranquilla, en noviembre de 2023, como lo reportó la ONG Caribe Afirmativo.
Como tercera marca diferencial, se evidenció que la violencia estatal es perpetrada con sevicia y acompañada de múltiples victimizaciones con las cuales se busca infligir dolor físico y mental en los hombres trans. Aunque el abuso de autoridad implica en sí el incumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad por parte de la Fuerza Pública, al momento en que se identifica que la víctima es una persona transmasculina se ejerce mayor represión y violencia hasta el grado de cometer acciones de tortura, tratos crueles e inhumanos. Esto puede traducirse como una práctica de castigo y corrección contra la disidencia de la cisheteronorma que representa la víctima y que los agentes estatales pretenden proteger, como lo evidencian los casos de Carlos Torres y Ricardo.
Por último, se encontró como agravante del abuso de autoridad las amenazas que sufren las víctimas transmasculinas no sólo como antesala de la violencia misma sino para disuadir y evitar su denuncia. Aunque este podría ser un fenómeno generalizado sin importar las características de la víctima, el concepto de prejuicio resulta útil para comprender cómo la violencia policial se focaliza sobre personas y colectividades mayormente vulnerables, tanto en términos socioeconómicos, políticos y comunitarios, lo que obstaculiza la visibilidad, acceso a la justicia e incidencia que tienen las victimizaciones que experimentan.
En su conjunto, esta violencia policial, con indicadores de prejuicio diferenciales, tiene impactos individuales y colectivos que perpetúan a las transmasculinidades como un grupo social marginalizado y vulnerable frente al aparato estatal.
En este sentido, el abuso de autoridad que se ejerce contra un hombre trans es una forma de violencia ejemplificante, instalando un miedo generalizado ante el riesgo de experimentar la misma violencia. Por ejemplo, el activista trans Simón Uribe relata que al momento de interactuar con las autoridades, no pudo evitar pensar en el caso de Carlos Torres. “Cinco años después de haber cambiado mis papeles, un policía me pidió en la calle mi identificación. Se la pasé, pero a él le apareció mi anterior nombre y me acusó de suplantación. Querían llevarme a una estación, mientras me hablaban en femenino”, cuenta Simón en un testimonio publicado por El Tiempo. “Me llené de miedo, recordé a Carlos y comencé a mostrar que conocía mis derechos como un hombre trans… Hubo mucha ansiedad, no sentía que mi vida estaría a salvo en custodia de esas personas”.
De la misma forma, el abuso genera miedo a movilizarse por el espacio público, particularmente en zonas urbanas al ser un escenario con gran presencia de la Policía, cuya interacción está mediada por la presentación de documentos, y donde se evidencia perfilamiento y criminalización contra personas trans. Además, al reconocer cómo opera el prejuicio y el cisexismo en el marco de la violencia estatal, los hombres trans perciben los escenarios con presencia de la Fuerza Pública como una prueba para el cispassing, lo que les implica reforzar comportamientos, modismos y expresiones de género cisheteronormadas que reduzcan su visibilidad y perfilamiento ante los agentes estatales. Esta autocensura para abordar y apropiarse de los espacios públicos afecta la interacción comunitaria y la construcción del tejido social transmasculino.
Por otra parte, esta situación obliga a los hombres trans a solucionar su situación militar para mitigar el abuso de autoridad. Algunos de ellos han pagado al Gobierno la “cuota de compensación militar”, invirtiendo entre el 5 por ciento al 50 por ciento de un salario mínimo legal, según sus ingresos mensuales, para obtener su Libreta Militar. Sin embargo, dicha cuota solo debe ser pagada por varones no aptos, exentos de prestar el servicio obligatorio o “remisos” (jóvenes que no se presentaron ante las autoridades de reclutamiento cuando recibieron el llamado oficial a sus 18 años), ninguna de las cuales corresponde actualmente con la situación de los hombres trans.
Lo anterior evidencia la ausencia de protocolos oficiales diferenciales, es decir, la falta de inclusión de las personas transmasculinas en la normativa correspondiente al servicio militar obligatorio, rutas particulares para la obtención de la Libreta Militar e, incluso, garantías de seguridad y protección ante “potenciales riesgos para la integridad física, mental y sexual al interior de las Fuerzas Militares” para aquellos hombres trans que deseen prestar el servicio militar, como lo señala la investigación de la Coalición.
Frente a todas estas dificultades, algunas personas transmasculinas desisten de realizar la corrección del componente “sexo” de sus documentos como lo señala Juan Gámez, hombre trans de Cúcuta: “No he podido cambiar el componente sexo en la cédula debido al temor que me da que un militar me pida el documento y al no tener la Libreta me lleve.”
Todas estas consecuencias intensifican el continuum de violencias en la vida de las personas transmasculinas. Pagar al Estado para obtener la Libreta Militar no sólo agudiza el círculo de pobreza que enfrentan muchos hombres trans sino que pone en evidencia todas las estrategias a las que deben recurrir para mitigar la exclusión social generalizada que padecen en diversos ámbitos (familiares, sociales, escolares, laborales, políticos y estatales), siendo la Fuerza Pública un actor más en este continuum de la segregación y la violencia en sus vidas.
Mitigar la violencia
El abuso de autoridad contra hombres trans no constituye una novedad ni tampoco refiere a unos pocos casos. Los 80 hechos de violencia estatal que han sido sistematizados entre 2015 y 2023, aunque de manera aislada, evidencian la permanente vigilancia, perfilamiento y criminalización de las transmasculinidades, particularmente en zonas urbanas; el padecimiento de múltiples violencias cometidas con sevicia y crueldad por parte de la Fuerza Pública; y el prejuicio contra su identidad de género detrás de estos hechos.
Queda instalada la pregunta ¿qué hacer ante el abuso de autoridad contra las transmasculinidades? La respuesta, en diálogo con activistas trans, se orienta en dos dimensiones: las responsabilidades estatales y las acciones de intervención comunitaria.
Respecto a las primeras, organizaciones sociales del país han señalado diversas recomendaciones que van desde la transformación de la cultura institucional de la Fuerza Pública hasta el fortalecimiento de los órganos de control, investigación y sanción de los eventos delictivos cometidos por esta. No obstante, en entrevistas realizadas a cinco activistas trans en Bogotá, salieron cuatro propuestas que implican la movilización de recursos comunitarios para atender al fenómeno de violencia estatal.
En primer lugar, es necesario incentivar la denuncia de estos hechos en la población transmasculina, lo cual comprende fortalecer las redes de apoyo y el acompañamiento colectivo para evitar retaliaciones y reducir la percepción de soledad e inseguridad que experimenta la víctima trans, particularmente frente a hechos de amenaza, tortura y violencia sexual.
Así mismo, se exhorta a sistematizar los casos de abuso de autoridad contra hombres trans y realizar los análisis necesarios para evidenciar que no son casos aislados sino que responden a una violencia sistemática, con un modus operandi y marcas de prejuicio particulares. Procurar la denuncia y sistematización de estos hechos no sólo busca reducir la segregación estadística sobre la violencia contra transmasculinidades, sino que debe impulsar su visibilidad por medio de variadas estrategias de movilización e incidencia sociopolítica.
Y mientras todo ello se desarrolla, es importante procurar distintas estrategias de autoprotección, que van desde portar permanentemente los documentos de identidad hasta mantener la calma y evitar ser reactivo al momento de sentirse hostigado por la Policía.
En sus vidas diarias, muchas personas ya utilizan este tipo de prácticas. Al preguntarle a Marco Angulo, activista trans cómo mitiga el abuso de autoridad, al principio respondió en tono de broma “¡Cambiar de acera!”. “Hablando en serio,” continuó, “creo que siempre es bueno tener en el dispositivo móvil un contacto de emergencia o alguien que pueda contactar un defensor [de Derechos Humanos] o un colectivo en caso de una medida injusta por parte de la Policía […] para que pueda haber un respaldo ante algún tipo de agresión por parte de la Policía, sea que te alcancen a salvar o para que no quede impune”.
Sumado a lo anterior, se insta al Estado colombiano a desarrollar un marco normativo que regule de manera temporal la expedición de la Libreta Militar para hombres trans, mientras se encaminan esfuerzos para abolir el servicio militar obligatorio como propuesta de paz para el país. Sobre esta cuestión se presentó un último proyecto de ley en 2022 que no fue aprobado en el Congreso pero que impulsó a la Presidencia a decretar en 2024 el “Servicio Social para la Paz” como una alternativa al servicio militar (aunque aún no incluye a los varones trans).
Ahora bien, la concreción de estas recomendaciones no puede significar la continuidad del abuso de autoridad como práctica violatoria de Derechos Humanos. Por lo cual se torna importante traer a la memoria la violencia policial perpetrada contra los hombres trans en la última década, desde el caso de Carlos Torres a Ricardo, los retos que ha significado la corrección de documentos para esta población en su relacionamiento con la Fuerza Pública, y la vigencia que tiene la violencia estatal como obstáculo para experimentar la paz y la dignidad en las vidas transmasculinas.
Nikita Dupuis-Vargas Latorre es comunicador social y periodista, magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos e investigador de la Comisión de la Verdad de Colombia. Es activista en transmasculinidades desde hace 15 años, animal anarcovegano, nerd, y adicto a los cómics y al café.