En abril, el primer laboratorio legal de procesamiento de coca en Colombia cerró sus puertas. Levantado en las montañas del Cauca por comunidades Nasa con apoyo de una startup canadiense, había producido más de 400 toneladas de fertilizante orgánico a base de coca. El proyecto, bautizado Nasa Wala, buscaba ofrecer una alternativa legal a la economía cocalera que domina esta región. “Esta era nuestra oportunidad de convertir la sangre en vida”, dice Victoriano Piñacué, líder Nasa que impulsó la iniciativa. Pero hoy, el laboratorio permanece cerrado a orillas del río Páez, rodeado de los mismos cultivos de coca que alimentan el negocio global de la cocaína.
El laboratorio está ubicado en el resguardo indígena de Cohetando. A simple vista, la vida parece tranquila: pequeños cultivos, montañas frondosas y el rugido del río. Pero detrás de la calma se esconde la presencia constante del Frente Dagoberto Ramos, una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. Es uno de los varios grupos armados que se disputan las rentas del narcotráfico en el Cauca, departamento que concentra alrededor del 8,5 por ciento de los cultivos de coca del mundo. Los pobladores hablan de toques de queda informales, retenes nocturnos y una red de “campañeros” que vigilan cada vehículo que sube por la estrecha vía al laboratorio. Aquí los guerrilleros actúan como jueces y verdugos.
Nada de eso se percibe al entrar con Piñacué a las modernas instalaciones de Nasa Wala: tubos de ensayo, matraces y máquinas listas para producir. Hoy no hay electricidad, pero todo luce limpio y ordenado, como si los 30 trabajadores que solían trabajar allí estuvieran por empezar turno en cualquier momento.
La idea nació durante la pandemia, cuando tres resguardos Nasa vecinos se unieron con la compañía canadiense Power Leaves para construir y abastecer el laboratorio. En lugar de vender hojas para el procesamiento de cocaína, buscaban transformarlas en fertilizantes, saborizantes e incluso gaseosas. Pero había un problema: el derecho internacional clasifica la hoja de coca como narcótico, dejando cualquier producto derivado en un limbo legal. Para seguir adelante, Piñacué tendría que convencer al Gobierno colombiano de abrir la puerta a la regulación.
De la promesa a la parálisis
En 1961, la comunidad internacional firmó en Nueva York la Convención Única de Estupefacientes de la ONU. El tratado puso a la planta de coca en la misma categoría que la cocaína y la heroína, ordenó erradicar los cultivos e incluso prohibió la masticación de la hoja, una tradición milenaria de los pueblos indígenas.
“La revisión que se hizo para justificar esto fue racista y contraria a los derechos humanos. Buscaba eliminar una especie que hace parte de la riqueza botánica del mundo y que además está ligada al patrimonio cultural de los pueblos andinos y amazónicos”, afirma Andrés López, consultor y exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes.
Ese marco legal ató a Colombia durante décadas a un modelo prohibicionista: erradicación forzada, fumigaciones aéreas y criminalización de toda la cadena productiva. Campesinos empobrecidos, para quienes la coca era el único medio de subsistencia, quedaron atrapados en el fuego cruzado. “La hoja de coca no es narcótica en sí misma”, reclama Piñacué. “La cocaína solo se produce al mezclarse con éter, soda cáustica, permanganato de sodio y gasolina. ¿Acaso se deberían prohibir también esos productos? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que unos científicos alemanes inventaran la cocaína?”.
Tras décadas de persecución, la ventana que Piñacué esperaba pareció abrirse en 2022, cuando Gustavo Petro asumió como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Tras décadas de persecución, la ventana que Piñacué esperaba pareció abrirse en 2022, cuando Gustavo Petro asumió como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Llegó al poder prometiendo acabar con la fallida guerra contra las drogas—un mensaje que ha repetido en escenarios internacionales, desde la ONU hasta cumbres regionales—y su plan de desarrollo incluyó por primera vez la posibilidad de regular los usos no psicoactivos de la coca. El laboratorio de Cohetando se convirtió rápidamente en el estandarte de esa visión. La vicepresidenta Francia Márquez visitó el lugar y lo elogió: “Esta planta sagrada y bendita debe volver a ser fuente de vida y no de muerte”, dijo ante la comunidad.
El entusiasmo se extendió entre los cultivadores de coca. “Se sentía bien usar la coca para el desarrollo de nuestro pueblo, no para el daño. Todos estábamos muy emocionados”, recuerda Jaime Quiguanás, indígena del resguardo de Calderas que vendió sus hojas a Nasa Wala. Para diciembre de 2023, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) le otorgó al proyecto el primer registro de un fertilizante orgánico hecho con coca en el país.
Con el aval político y técnico en mano, la comunidad creyó que el paso definitivo estaba cerca. Los pueblos indígenas en Colombia ya pueden cultivar coca y hacer productos tradicionales; lo que Nasa Wala necesitaba era un decreto que autorizara su comercialización a nivel nacional. Dos borradores circularon, encendiendo la ilusión en las regiones cocaleras. Pero la firma final nunca llegó. En abril de 2025, Piñacué anunció el cierre del laboratorio. La mayoría de quienes le vendían sus hojas al proyecto volvieron a hacerlo a los narcotraficantes.
El peso del régimen internacional de prohibición
No hubo una sola razón para que el decreto del Gobierno se estancara. Personas familiarizadas con las discusiones internas dijeron que parte de la resistencia vino de algunos movimientos indígenas, quienes temían entregar el control de la hoja de coca a multinacionales extranjeras. Otros señalaron los constantes cambios de gabinete en el gobierno de Petro.
Pero un obstáculo mayor pudo haber venido desde fuera de las fronteras colombianas. “Regular la coca significa abrir la posibilidad de aumentar su cultivo. ¿Cómo reaccionará el resto del mundo cuando el país que más cocaína produce expanda sus cultivos de coca, aunque sea con fines legales? No todos lo van a poder digerir”, advierte López.
Ese temor se agudizó con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Al comienzo del mandato de Petro, cuando Joe Biden aún estaba en la Casa Blanca, funcionarios colombianos barajaban la idea de aprobar el decreto sin mayor riesgo. Pero el retorno de Trump en enero de 2025 cambió el cálculo. El republicano se ha posicionado como uno de los críticos más feroces de Petro y amenazó con “descertificar” a Colombia, un mecanismo de sanción estadounidense que puede llevar a la suspensión de ayudas y beneficios financieros a los países que “fallan” en la guerra contra las drogas.
En efecto, el 15 de septiembre de 2025, Washington anunció la descertificación de Colombia por primera vez en casi tres décadas. Aunque el golpe político fue duro, la medida incluyó una exención que permite mantener la cooperación estadounidense—unos 400 millones de dólares el año pasado. Por ahora, la decisión es en gran parte simbólica, pero le da a Trump una nueva palanca de presión sobre Petro en lo que resta de su mandato.
“Regular la coca ahora, con la administración Trump, sería una locura”, dice Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“Regular la coca ahora, con la administración Trump, sería una locura”, dice Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Aun así, Petro pudo haberlo hecho en sus dos primeros años de gobierno. Muchos proyectos basados en la coca se multiplicaron, alentados por su discurso. Pero los abandonó”, agrega.
El Ministerio de Justicia no respondió a tiempo para esta publicación. Una posible explicación—además de la presión de Estados Unidos y la amenaza de descertificación—es la cultura política creada por los tratados de la ONU. Expertos dicen que las convenciones han generado en Colombia una suerte de reflejo automático: asumir que todo lo relacionado con la coca está prohibido aunque, en el papel, los tratados dejan más margen del que muchos funcionarios reconocen.
“Todos los estupefacientes tienen usos industriales lícitos”, recuerda López. “El cannabis tiene el cáñamo, con el que se hacen telas y materiales. El opio produce morfina. Y la coca también tiene usos industriales”. López cita el artículo 27 de la Convención Única—conocido como el “artículo Coca-Cola”—que permite usar la hoja como saborizante. Estos precedentes sugieren que productos como el fertilizante Ancestral podrían encajar en las normas existentes.
La rápida legalización del cannabis en todo el mundo también ha mostrado hasta dónde se pueden forzar los límites. “Uruguay y varios estados de EE. UU. legalizaron la marihuana, desafiando las convenciones sin mayores consecuencias”, señala Rueda. “Si justificas bien tus razones, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes suele dejarlo pasar”.
Aun cuando estos argumentos legales y geopolíticos se acumulaban, Piñacué se negó a rendirse. Reunión tras reunión, se sentó con altos funcionarios en Bogotá para insistir en el decreto. “Me daban palmaditas en la espalda y me decían que la firma ya iba a llegar”, recuerda. Afirma incluso que el Gobierno se comprometió a comprar el fertilizante para un programa nacional de subsidios, encargándole a Nasa Wala producir 400 toneladas.
Para Piñacué, el desenlace se sintió como una traición. “Nos dejaron con el fertilizante por la incompetencia y la inestabilidad de Gustavo Petro y todos sus ministros”, asegura. Lo que alguna vez fue celebrado como modelo de paz y desarrollo se convirtió, en su opinión, en otra promesa rota. “Sin disparar un solo tiro, estábamos listos para transformar la vida y la economía de los campesinos del suroccidente colombiano. Estamos decepcionados y temo que la derecha regrese trayendo solo glifosato y balas”.
El futuro de la coca en manos de la ONU
Mientras el decreto colombiano se estancaba en casa, dos procesos paralelos en la ONU podrían definir el futuro de la coca. La primera es una solicitud liderada por Bolivia y respaldada por Colombia para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reevalúe—por primera vez—la clasificación de la coca como estupefaciente. El resultado oficial se espera en diciembre de 2025.
La segunda iniciativa fue impulsada por Colombia en la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena. En marzo, Bogotá logró armar una coalición de 30 países que pidió—y obtuvo—la aprobación de un panel independiente para evaluar todo el régimen global de control de drogas.
“Es la primera vez que se aprueba una revisión de este tipo y el potencial es enorme”, dijo Laura Gil, exembajadora de Colombia en Austria. El panel podría recomendar ampliar la investigación sobre los usos industriales de la hoja de coca, lo que, según Gil, ayudaría a “sacarla de las manos de los narcotraficantes”.
El informe no estará listo hasta 2027. Mientras tanto, expertos sostienen que Colombia debe avanzar con la regulación de la coca a nivel interno. Hacerlo podría ayudar al Estado a recuperar legitimidad en territorios donde la erradicación forzada y las fumigaciones convirtieron la coca en una guerra entre el gobierno y los campesinos. Al mismo tiempo, sería una forma de saldar una “deuda histórica” con los pueblos indígenas, cuya planta sagrada fue condenada como una de las peores drogas del mundo.
El potencial económico también es considerable. Alrededor de 200.000 familias en Colombia dependen del cultivo de coca para subsistir, pero la mayoría vive en la pobreza y enfrenta condiciones de trabajo peligrosas. La regulación podría abrir industrias alternativas—desde fertilizantes y tés hasta harinas y gaseosas—que comiencen a llevar hacia la legalidad a una de las mayores economías informales del país.
Mientras el destino de la coca vuelve a debatirse en los lejanos pasillos de la ONU, en el Cauca Victoriano Piñacué arranca las hojas de un arbusto de coca a la entrada de su laboratorio cerrado. Recuerda la ilusión de los campesinos de regiones golpeadas por el conflicto que querían vender su cosecha a Nasa Wala en lugar de a los narcos y la tristeza de despedir uno a uno a los trabajadores cuando el proyecto colapsó. Aun así, se niega a rendirse. “Nunca destruirán la hoja de coca. Los gobiernos van y vienen, pero la coca perdurará porque es sagrada”.
Eduardo Echeverri López es un periodista independiente colombiano que cubre temas de política, medio ambiente y conflictos. Ha realizado reportajes desde Egipto, España y Palestina.