Este artículo fue publicado en inglés en la edición de invierno de 2025 de nuestra revista trimestral NACLA Report.
En su primer día de gobierno, el 20 de enero de 2025, Donald Trump emitió tres órdenes ejecutivas contra la comunidad inmigrante. La orden ejecutiva 14160, “Proteger el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, aplica una interpretación restrictiva de la 14.ª enmienda de la Constitución, condicionando la adquisición de la nacionalidad estadounidense, por nacer en territorio estadounidense, al estatus migratorio de los padres, si son extranjeros. La orden ejecutiva 14159, “Proteger al pueblo estadounidense de la invasión”, describe a la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional y una carga económica, estableciendo como máxima prioridad su persecución. La orden ejecutiva 14165, “Asegurar nuestras fronteras”, persigue objetivos similares.
Esta ofensiva de Trump, que enfrenta obstáculos judiciales, tiene antecedentes en República Dominicana, donde la desnacionalización retroactiva en 2013 dejó sin ciudadanía a cientos de miles de personas de ascendencia haitiana. Desde 2021, el país caribeño realiza deportaciones masivas, creó un nuevo departamento policial para perseguir específicamente a personas extranjeras que viven en tierras privadas o estatales, como es el caso de muchos bateyes en tierras asociadas a la industria azucarera; se eliminó el acceso a la salud gratuita para las personas extranjeras, que era hasta entonces un derecho constitucional, y se está construyendo un muro en una frontera altamente militarizada. No extraña entonces que la experiencia dominicana resulte atractiva para sectores de la ultraderecha estadounidense.
Ya en la campaña electoral de 2015, Trump dijo que restringiría la ciudadanía por nacimiento y en 2018 amenazó con hacerlo a través de una orden ejecutiva. En ese entonces, las divisiones dentro de su propio partido se lo impidieron. Actualmente, ese obstáculo ya no existe. Académicos han advertido que EE.UU. podría crear una sub-clase permanentemente oprimida y racialmente segregada si sigue un camino similar al dominicano y niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes sin residencia legalmente reconocida.
La 14.ª enmienda constitucional estadounidense, aprobada en 1868 tras la guerra civil, tuvo como objetivo reconocer y proteger la ciudadanía estadounidense de las personas negras anteriormente esclavizadas y de su descendencia. De manera similar, la constitución dominicana de 1865, aprobada cuando el país se independizó de España, reconoció la nacionalidad a todas las personas nacidas en el país. Con breves interrupciones, este criterio se mantuvo hasta la reforma constitucional de 2010, que condicionó el ius soli, o derecho de suelo, a la situación migratoria de los padres. En 2013, el Tribunal Constitucional aplicó de manera retroactiva esa disposición hasta 1929, desnacionalizando a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
La mayoría de los países de las Américas tienen un régimen de ius soli incondicional. La República Dominicana, como consecuencia de la sentencia 168-13, es el país con la mayor población apátrida del hemisferio—más de 200 mil personas según algunas estimaciones—y las nuevas generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana frecuentemente heredan el estatus de sus padres. El ejemplo ha sido reivindicado por funcionarios trumpistas. Jon Feere, jefe de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) durante los dos gobiernos de Trump, elogió la “claridad” con la que la constitución dominicana condicionó la adquisición de la nacionalidad para los hijos de inmigrantes en un artículo de 2010. Desde 2002, Feere está asociado al Centro para Estudios sobre Inmigración, un centro de pensamiento vinculado al nacionalismo blanco y clasificado como promotor del odio racial por el Southern Poverty Law Center.
Como Feere, medios de ultraderecha como Breitbart News también valoran positivamente la desnacionalización y las deportaciones masivas en República Dominicana. En 2015, el medio racista American Thinker elogió el desplazamiento forzoso de inmigrantes haitianos, tomándolo como demostración de que bastaría con tomar ciertas medidas drásticas para que los inmigrantes se vayan “voluntariamente”: “Ojalá pudiéramos ser tan decididos como la República Dominicana”.
Actualmente en ambos países se llevan a cabo deportaciones masivas que se han traducido en muertes bajo custodia y durante persecuciones migratorias, menores separados de sus familias, violencia sexual y torturas, entre otras atrocidades recurrentes. Sin embargo, la persecución anti-haitiana del presidente dominicano Luis Abinader, el magnate que gobierna el país desde 2020, sigue siendo, en términos proporcionales, mucho más intensa que la campaña de deportaciones de Trump, y en este sentido es también una referencia para la ultraderecha estadounidense.
Abinader no se limita a reproducir iniciativas trumpistas o israelíes, adaptándolas a las condiciones políticas dominicanas. En muchos sentidos está a la vanguardia de la ola reaccionaria regional. El podcaster y neonazi estadounidense de origen puertorriqueño, Joseph Jordan, dejó constancia de su admiración por Abinader en un artículo de mediados de 2024 titulado “¿Son posibles las deportaciones masivas? El caso de la República Dominicana”. Para Jordan, la anulación de la nacionalidad por nacimiento, los allanamientos y detenciones masivas de trabajadores inmigrantes, la construcción de un muro fronterizo custodiado por soldados, drones y radares, “no son las promesas vacías de Donald Trump, Giorgia Meloni o los Tories británicos, son la realidad de la República Dominicana de Luis Abinader”. Jordan concluye que “[si] la República Dominicana puede […] deportar el 5 por ciento de la población en el lapso de tres años, también pueden hacerlo las naciones occidentales avanzadas”.
El 2 de octubre de 2024, Abinader anunció una cuota de 10 mil deportaciones semanales. El anuncio coincidió con el 87.o aniversario de la masacre del Perejil, la limpieza étnica perpetrada por el régimen de Rafael Trujillo contra personas haitianas y dominicanas negras en la región fronteriza. En el año transcurrido desde entonces fueron deportadas más de 450 mil personas. Apretando el cerco, en abril de 2025, Abinader anunció la eliminación del derecho a la salud gratuita para los inmigrantes y un protocolo de detenciones migratorias en los hospitales.
Trump pretende deportar a un millón de personas anualmente. En relación con la población total de EE.UU., este plan implicaría deportar a poco más del 1 por ciento de la población en los próximos cuatro años. El gobierno dominicano, por su parte, ha llevado a cabo alrededor de un millón de deportaciones en los últimos cinco años—más del 9 por ciento de la población nacional. La relación entre las deportaciones de los últimos cinco años y el tamaño estimado de la comunidad inmigrante haitiana—aproximadamente 553 mil personas—es de casi dos a uno. Una alta proporción de las personas deportadas regresan al país y muchas han sido deportadas múltiples veces.
La arbitrariedad es inherente a la campaña de deportaciones masivas, pues hay que cumplir la cuota semanal a como dé lugar. Partiendo de una infraestructura carcelaria precaria y un personal policial y militar habituado a extorsionar, torturar y ejecutar impunemente, las consecuencias son previsiblemente brutales. Cuando cobran notoriedad casos en los que personas dominicanas son víctimas de la violencia racista, como en el caso del policía Onessy Solís, golpeado por agentes migratorios en 2024 por “parecer haitiano”, la respuesta del presidente Abinader ha sido que ese tipo de incidente es una consecuencia de la necesidad de mantener el ritmo de las deportaciones.
Dado que la mayoría de la población dominicana es afrodescendiente, la violencia racista cumple un rol de disciplinamiento político y social general. Además, atomiza a la clase trabajadora: se presenta a los trabajadores haitianos como la causa de los bajos salarios y los pésimos servicios públicos, efectos en realidad de la ausencia de libertad sindical y la desinversión estatal.
Esta política impone un clima de terror. Las viviendas frecuentemente son allanadas, sin orden judicial, en horas de la madrugada por escuadras de policías y militares encapuchados, quienes acostumbran a robar bienes y dinero de las personas detenidas, tengan o no papeles migratorios en regla. Para evadir los allanamientos ilegales nocturnos, muchas personas optan por dormir a la intemperie, a las afueras de los asentamientos urbanos.
Trump y Abinader
La República Dominicana es uno de los países latinoamericanos y caribeños con los que Trump tiene mayores vínculos. A través de su empresa Caribusiness, Trump ha realizado negocios inmobiliarios con Cap Cana, un proyecto de Fernando Hazoury, aliado de Abinader, en el principal polo turístico del país. La embajadora de Trump en el país entre 2018 y 2021, Robin Bernstein, venía de trabajar en las empresas de Trump, lo que generó críticas por conflictos de interés. El co-conspirador de Trump en el intento de desconocer el resultado electoral de 2020, Rudolph Giuliani, fue asesor de seguridad del entonces candidato Abinader en 2016 y 2020.
En 2019, cuando el entonces presidente Danilo Medina intentaba reformar la constitución para optar a un tercer mandato consecutivo, el secretario de Estado Mike Pompeo lo llamó para disuadirlo, lo que abonó a la crisis del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a la llegada al poder de Abinader.
La estrategia de Trump en República Dominicana parece justificada a la luz de una inocultable afinidad política. Para lograr sus metas en materia de deportaciones, el gobierno de Abinader ha realizado miles de allanamientos sin orden judicial y más de un millón de detenciones arbitrarias basadas en el perfil racial de las personas, generando un estado de excepción de facto. Abinader ha reivindicado al último dictador dominicano, Joaquín Balaguer, y habitualmente genera teorías conspirativas sobre la migración haitiana como parte de un supuesto plan internacional contra la soberanía dominicana, similares a los discursos de Trump que presentan a los inmigrantes como invasores apoyados por las Naciones Unidas. Además, afirma que no hay políticas racistas, ni siquiera actitudes racistas en República Dominicana, y que el país es totalmente diferente del resto del Caribe y de EE. UU. por una supuesta irrelevancia de la esclavitud en la historia del país. Un negacionismo peculiar, pues se trata de una excolonia hispana con una de las poblaciones afrodescendientes más grandes de las Américas.
Abinader racionaliza su subordinación a EE. UU. y su apoyo al Estado genocida israelí a partir de la teoría de una “nueva guerra fría” entre EE. UU. y China, que a su juicio exige un alineamiento incondicional. Esta subordinación le ha ganado algunas concesiones, como en marzo de 2025, cuando se levantó la sanción que impedía a la empresa azucarera estadounidense Central Romana, propiedad de la familia cubano-estadounidense Fanjul, exportar hacia los EE. UU., por imponer condiciones de trabajo forzoso a los trabajadores haitianos. Varias organizaciones dominicanas señalaron que, pese al levantamiento de la sanción, el trabajo forzoso continúa.
Indudablemente, la opresión de la comunidad de origen haitiano tiene objetivos económicos, además de políticos. El desarrollo inmobiliario y turístico en República Dominicana, incluyendo el de Cap Cana, descansa sobre la explotación de la fuerza de trabajo haitiana, a quienes se les impide sindicalizarse o tener contratos formales de trabajo y viven bajo permanente amenaza de represión.
Autoritarismo racista
En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio visitó la República Dominicana, donde aseguró la participación estadounidense en la explotación de yacimientos de tierras raras y afirmó que Trump no pediría a República Dominicana aceptar una ola migratoria haitiana. Como es sabido, Trump pretende eliminar la protección de la que gozan medio millón de migrantes haitianos en EE. UU. en febrero de 2026, lo que los dejaría expuestos a posibles deportaciones en masa. El gobierno dominicano ve en ello una legitimación de su propia violencia y, al mismo tiempo, una política que puede aumentar la inmigración hacia su propio país.
Rubio se comprometió, además, a promover un incremento de la intervención militar en Haití, lo que luego se traduciría en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de septiembre autorizando el envío de tropas. Como parte de su intento de implicar a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el envío de tropas, Rubio se quejó, durante una audiencia en el Senado estadounidense el 20 de mayo, de que la OEA no encabezaba una misión militar desde 1965, el año de la invasión de Santo Domingo ordenada por Lyndon B. Johnson para aplastar la insurrección popular contra la junta militar golpista. La declaración no suscitó ningún comentario del gobierno dominicano, mientras que sectores de la derecha liberal la valoraron positivamente, como lo reflejó una nota editorial del Diario Libre.
Tres semanas antes de las declaraciones de Rubio, el gobierno dominicano había reprimido violentamente una marcha en conmemoración de la revolución de 1965, alegando que la presencia de trabajadores haitianos en el evento era inconstitucional. Estos hechos reafirman que en República Dominicana las personas de origen haitiano carecen de derechos civiles y demuestran la continuidad de elementos del régimen impuesto por los invasores estadounidenses hace seis décadas.
La influencia estadounidense en la República Dominicana es más antigua aún. Luego de fallidos intentos de anexión en el siglo XIX, la ocupación estadounidense de Haití y la República Dominicana en la segunda década del siglo XX consolidó un esquema de segregación racial territorial con la construcción de campamentos para trabajadores haitianos al servicio de las empresas azucareras, varias de capital estadounidense. El mismo Trujillo salió de las filas de la Guardia Nacional, creada por los invasores en este periodo. A fines del siglo XX e inicios del XXI, a medida que los trabajadores haitianos se vincularon a otras áreas de la economía, como la construcción, y empezaron a vivir en otros espacios, como los barrios marginales urbanos, sucesivos gobiernos impusieron políticas racistas para contrarrestar el debilitamiento de ese confinamiento geográfico y social.
La observación de ciertas formalidades democráticas en el país, como la celebración de elecciones periódicas y competitivas luego de 1978, ha sido sobredimensionada en sus alcances por intelectuales como el actual director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, quien llegó a afirmar en 2014 que el “proceso de construcción democrática dominicano hizo más abierta la sociedad y, por tanto, ayudó decisivamente al proceso de integración de los inmigrantes haitianos a la comunidad nacional”.
El régimen político dominicano niega los derechos políticos, sociales y económicos de una parte importante de su clase trabajadora en base a un criterio racial. La desnacionalización forma parte del repertorio de dispositivos represivos, jurídicos y administrativos, con el fin de impedir la integración a la comunidad nacional y la movilidad social de la población de origen haitiano, garantizando así su superexplotación. Las deportaciones masivas y el Estado de excepción de facto en curso subrayan los límites de la democracia capitalista dominicana, cuya contracara es precisamente su estructuración como sistema de apartheid.
La represión racista evidentemente guarda continuidad con tradiciones autoritarias nacionales, dada la ausencia de quiebres importantes en las instituciones represivas luego de las dictaduras de Trujillo (1930-1961) y Balaguer (1966-1978). Al mismo tiempo, expresa tendencias regionales. Tres de los más recalcitrantes derechistas de la región, Rodrigo Chaves en Costa Rica, José Raúl Mulino en Panamá y Daniel Noboa en Ecuador, forman junto a Abinader una coalición informal conocida como la “Alianza para el Desarrollo en Democracia”. En años recientes, tanto en Panamá como en Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Honduras ha habido largos estados de excepción, formales o de facto.
En el caso dominicano, el auge derechista no forma parte de un proceso de polarización política. Los discursos conspiracionistas son reproducidos acríticamente por todos los medios y adquieren un aire de convencionalismo. Ningún partido político con credenciales electorales ha condenado las deportaciones masivas. Incluso algunas organizaciones sociales, al criticar los peores abusos del gobierno, aclaran que no cuestionan su “derecho a deportar”. El gobierno ha alcanzado hitos de represión extraordinarios sin que haya habido una sola movilización de importancia contra las deportaciones masivas.
La Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York ha denunciado que el gobierno de EE. UU. estimula la discriminación racial y las deportaciones masivas que aplica el gobierno dominicano, al brindarle cientos de millones de dólares en asistencia en la última década, incluyendo para fines militares. Este apoyo no se ha debilitado por el hecho de que ciudadanos estadounidenses hayan sido víctimas de la represión. Ciertamente, en noviembre de 2022, el gobierno de Joe Biden emitió una alerta de viaje indicando que personas estadounidenses habían sufrido detenciones e interrogatorios por parte de autoridades migratorias dominicanas por su color de piel. Pero pocos meses después, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman visitó a Abinader y grabó un video promocionando el turismo en República Dominicana.
Durante el mes de mayo de 2023, neofascistas dominicanos hostigaron a personas estadounidenses negras en Santo Domingo Este. El ciudadano estadounidense Guy Ralph Theus fue golpeado por un agente fronterizo en Dajabón en agosto de 2024. Ellen Frances Hulett murió bajo custodia migratoria el 23 de junio de 2025, luego de dos meses bajo detención migratoria en Haina. La embajada de Trump no hizo ningún comentario al respecto. La sintonía estratégica brinda inmunidad.
Del aislamiento a la normalización
Cuando fue emitida, la sentencia 168-13 desencadenó una importante crisis. La burguesía dominicana se encontraba dividida entre quienes querían avanzar hacia un régimen de apartheid rápidamente y quienes temían que era inviable por su costo político y económico. Un movimiento social encabezado por jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana tomó las calles con consignas contra la desnacionalización y la apatridia. El periodista dominicano Juan Bolívar Díaz criticó la política de apartheid, impulsada mediante medidas administrativas de la Junta Central Electoral en 2007 y luego con la sentencia, que calificó de “genocidio civil”. En un artículo de octubre de 2013 describió con precisión la situación que reina doce años después: “decenas de miles de personas sin poder acceder a una identidad, a un empleo, ni a la seguridad social, sin derecho a casarse ni divorciarse, ni inscribirse en una escuela o universidad”.
Las reacciones internacionales de condena presagiaban un posible aislamiento. El novelista Mario Vargas Llosa alertó que la sentencia se asemejaba a las leyes nazis que privaron de la ciudadanía a los judíos, comparó la desnacionalización con la masacre de 1937 y aseguró que si el Estado dominicano se apartaba del sistema interamericano de derechos humanos, se convertiría en un Estado paria. Ultraderechistas dominicanos respondieron quemando sus libros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) condenó al estado dominicano por su política de deportaciones masivas y desnacionalización en 2014. Determinó que varios artículos de la Ley 169-14, presentada por el gobierno de Medina como una remediación de la desnacionalización, violaban los derechos humanos al ratificar los efectos de la sentencia 168-13. La Comunidad del Caribe (Caricom), que agrupa a la mayoría de los gobiernos caribeños, calificó la sentencia de “aberrante” y congeló la solicitud de ingreso dominicana a ese bloque. Un foro cultural de Caricom en 2015 condenó los linchamientos de haitianos en República Dominicana y trazó paralelismos entre el régimen dominicano y el sistema Jim Crow, el apartheid sudafricano y el nazismo. En 2016, rabinos estadounidenses compararon la opresión de los haitianos con la sufrida históricamente por los judíos en Europa. El entonces alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, planteó que se produciría un boicot al turismo en República Dominicana en respuesta a la desnacionalización. “Cuando algo así ocurre y no recibe respuesta, es como un cáncer que se extiende a otros lugares”, afirmó en una rueda prensa en junio de 2015.
Muy poco pasó de las palabras a los hechos. El gobierno de Barack Obama no adoptó ninguna medida, aunque el tratado de libre comercio DR-CAFTA contenía cláusulas de derechos humanos. El gobierno haitiano, encabezado por Michel Martelly, ayudó al gobierno de Medina a presentar el conflicto como un impasse bilateral. El gobierno venezolano se prestó a la maniobra, haciendo de mediador entre Medina y Martelly y ayudando a neutralizar la respuesta de los gobiernos caribeños, con los que compartía negocios petroleros a través de Petrocaribe, al igual que con el gobierno dominicano. El propio Medina admitió en una entrevista, el 5 de marzo de 2025, que en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en La Habana en enero de 2014, su gobierno estaba aislado regionalmente y temía que se le convirtiera en un paria, pero que Maduro y Martelly acordaron sacar la sentencia 168-13 de las deliberaciones públicas. Solo Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas, no entró en el acuerdo y denunció la sentencia.
Los gobiernos de la primera ola rosa latinoamericana, incluyendo Cristina Fernández de Argentina, Dilma Rousseff de Brasil, Pepe Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador, mostraron su incapacidad para adoptar medidas concretas contra la consolidación de un sistema de apartheid en la región.
Luego vinieron la normalización y las capitulaciones. Vargas Llosa se reunió en mayo de 2023 con Abinader, quien anunció que le conferiría la nacionalidad dominicana. El escritor tildó al gobierno dominicano de “sensato” e “inteligente”, un ejemplo a seguir en América Latina. Juan Bolívar Díaz se integró al gobierno de Abinader primero como embajador en España y luego en México. Cuando opinó, a fines de 2023, que era contraproducente impulsar políticas basadas en el odio racial, que podrían llegar a niveles de violencia como los de Israel contra los palestinos, la cancillería hizo pública la orden a sus funcionarios de no dar declaraciones a la prensa sin su autorización y orientación. La Caricom recibió la solicitud de admisión de la República Dominicana como estado miembro asociado en febrero de 2024.
Con la ley 169-14 el régimen dominicano logró dividir al movimiento que se oponía a la desnacionalización. La derrota de esa lucha fortaleció a la derecha, que ha logrado que algunas de sus ideas más extremas pasen a ser asimiladas como sentido común ideológico. El viejo proyecto de un muro fronterizo, pese a su inutilidad, dejó de ser una fantasía trujillista y se convirtió en política de Estado. En 1994, Balaguer centró su campaña por la reelección en ataques racistas contra la ascendencia haitiana de Peña Gómez, pero perdió y tuvo que recurrir a un fraude electoral. Casi tres décadas después, en 2023, la Encuesta de Cultura Democrática reflejó que 6 de cada 10 dominicanos rechazan que las personas dominicanas de ascendencia haitiana tengan derecho a postularse a cargos de elección popular.
Buena parte de la dirigencia del otrora movimiento social opositor fue cooptada por el gobierno de Abinader. Desde 2014, el régimen dominicano desconoce la competencia de la Corte IDH, pero no se convirtió en paria, como creyeron Vargas Llosa y Medina. El país consolidó su regresión antidemocrática sin mayor costo político o económico.
El artículo de Vargas Llosa, “Los parias del Caribe”, fue publicado en 2013 junto con una ilustración en la que República Dominicana se desprende del mapa mundial, dejando asomar bajo el territorio dislocado una esvástica. Ahora que más esvásticas asoman por la región, el gobierno dominicano pasa a ser visto como “ejemplar” para quienes aspiran a construir un etnoestado que relegue a las “razas enemigas” a un lugar de marginación y superexplotación perpetua. República Dominicana es el laboratorio de un programa que cobra cada vez más fuerza en el capitalismo catastrófico de hoy.
Simón Rodríguez es un periodista e investigador independiente en la República Dominicana.