Regímenes que le apuestan a la otredad

En la Guatemala de la era de la guerra civil, la Policía Nacional recopiló álbumes fotográficos de todas las personas que etiquetó como subversivas. Hoy, ese legado de criminalización sigue vigente.
Una página de muestra del Álbum de Delincuentes, donde se muestra a niños junto a presuntos delincuentes adultos. (Archivo Histórico De La Policía Nacional De Guatemala)

Este artículo fue publicado en inglés en la edición de verano de 2025 de nuestra revista trimestal NACLA Report.


 

En su poema titulado “Acerca de la función del adjetivo”, el poeta maya Kaqchikel, Luis de Lión, perteneciente a una de las primeras generaciones de poetas mayas, expresó desde sus letras lo que significaba ser niño en un país tan racista como Guatemala. En ese poema, escribió que existían distintos nombres que podían ser usados para llamar a los pequeños:

Niños
puedo decirles
peces
pájaros
cogollos
hierba
frutas
mariposas
semillas

de Lión, quien desde sus letras exploró lo puede describirse como una ventana a la subalternidad racializada que envuelve la vida Indígena y pobre, fue apresurado en agregar que era imposible ver a los niños y no asignarles un adjetivo:

perseguidos
peces
perseguidos
niños prisioneros pájaros
cogollos
marchitos
niños
hierba pisoteada hierba
aplastadas semillas
mariposas heridas

Posterior al golpe de Estado de 1954, como parte de la agenda anticomunista global, el Estado guatemalteco, con ayuda técnica y económica de Estados Unidos, centró su atención en un proceso de modernización policial que conllevó un acrecentamiento en las actividades de control y vigilancia de sectores de la población que representaran un potencial peligro para la estabilidad del Estado Nación. Esto fue acompañado por un aumento en la producción archivística documental que permitiera mantener mejor control sobre la población.

El apoyo técnico, combinado con la tarea anticomunista de buscar a lo que las naciones latinoamericanas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional denominaron el “enemigo interno”, resultó en la creación de millones de documentos que en el presente forman parte del conjunto archivístico conocido como Archivo Histórico de la policía Nacional, AHPN. Aunque el AHPN es considerado un archivo administrativo, ciertos segmentos permiten vislumbrar el entramado de persecución y criminalización a la que diversos sectores de la población civil guatemalteca fueron sometidos durante la segunda mitad del siglo XX.

Aunque ideológicamente marcado por la Guerra Fría, el proceso de determinar qué o quién constituía un “enemigo” a la nación fue moldeado por otros factores como el racismo, el patriarcado y las diferencias de clase. En Guatemala, el concepto ideológico de enemigo interno se entrelazó con profundas estructuras de racismo histórico. El concepto significó una reactivación de prejuicios coloniales que asociaban a población indígena con “insubordinación,” por lo tanto, comunidades enteras fueron colectivamente estigmatizadas como potencial bases de apoyo guerrillero. Esta racialización del enemigo interno fue un elemento fundamental en las políticas y campañas militares genocidas de los 80’s y es el proceso que explica por qué el 83 por ciento de las víctimas de los 36 años de guerra fueron Mayas.

De igual forma, el concepto de enemigo interno se articuló con las estructuras preexistentes de género y clase, creando patrones diferenciados de represión y violencia. Muchas mujeres fueron doble o triplemente estigmatizadas dependiendo de su origen étnico. Se les le veía no solo como “subversivas” sino también, dependiendo de su estatus familiar, laboral, político o estudiantil, como trasgresoras de los roles tradicionales de género. Como un cruel proceso de remediación, el uso sistemático de la violencia sexual se convirtió en una táctica común de contrainsurgencia.

De la misma manera, los regímenes militares se enfocaron en mantener conceptos de masculinidad rígidos, a través de servició militar forzado y sus discursos nacionales sobre el rol de la familia y el orden, a manera de reafirmar su control sobre el orden heteronormado. La intersección entre clase y represión también se manifestó a través de la persecución y violencia ejercida contra grupos campesinos y sindicalistas. Exigencias de justicia económica fueron sistemáticamente etiquetadas como “subversivas” y por ende estos sectores criminalizados. En general, la construcción del enemigo interno durante el periodo de guerra no fue homogéneo, afectando a grupos históricamente marginalizados y racializados. 

La guerra paralela

Una sección que ilustra cómo el Estado y sus fuerzas de seguridad establecieron una agenda sobre la criminalidad y la variada construcción del enemigo interno, la compone un conjunto de documentos conocidos como Álbumes de Delincuentes. Estos álbumes, divididos entre “hombres” y “mujeres” y agrupados por el tipo de delito como: robo, prostitución, migración, homicidio, entre otros actos de “delincuencia común”, contienen miles de rostros de hombres, mujeres, población queer, ancianos y niños. Todos, todas y todes arrestados por las fuerzas policiales durante las distintas décadas de gobiernos militares.

Aunque estos libros fotográficos eran de uso interno, la presencia de ciertos rostros racializados, las edades, los tipos de “delitos” y ciertas anotaciones hechas a los márgenes permiten visualizar cómo el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, moldeó vidas, identidades y resistencias para entregarnos al “otro”, al “delincuente”, al “indeseable”, al “enemigo”, todas categorías que siguen marcando nuestro presente. Más que una ventana sobre la criminalidad en el país, los álbumes fotográficos del AHPN revelan la manera en la que el Estado guatemalteco veía a diversos sectores considerados “otros.”

Viñetas de mujeres criminalizadas por “abortos clandestinos,” o por “insultar a la autoridad,” personas trans arrestadas por vestir de acuerdo con su identidad de género, niños detenidos y presentados como criminales adultos, hombres y mujeres arrestados por migrantes, entre otros “delitos.” Estos casos ponen en evidencia las distintas maneras en las que el Estado configuró su concepto de “orden” y pertenencia, demarcando quienes pertenecían o no a la nación, quienes eran ciudadanos, y quienes eran “delincuentes comunes.”

En 1965, a cinco años del comienzo oficial del conflicto armado interno, la Policía Nacional de Guatemala mencionó esa otra guerra de la que poco se habla, aquella que libró contra lo que llamó: delincuencia común. En sus Memorias de Labores de ese año, la institución declaró: “En pleno siglo XX, la Policía Nacional ya no es una amenaza ni un terror para el pueblo, todo lo contrario se le tiene como un amigo fiel que lucha para evitar hasta donde es posible, los hechos delictivos y combate con toda tenacidad la delincuencia a quien da guerra sin cuartel”.

Si se considera que al igual que el ejército —quien libró ofensivas contra elementos guerrilleros o supuestos comunistas—, la policía libró una “guerra sin cuartel” contra la “delincuencia” al mismo tiempo que ayudaba a combatir a la subversión, entonces es de asumir que todo aquel retratado como supuesto delincuente en las fotografías representaba también un enemigo interno necesario de perseguir y eliminar.

Retrato de un niño que aparece en el Álbum de Delincuentes. (Archivo Histórico De La Policía Nacional De Guatemala)

Los Álbumes de Deliquentes  

Es así que, al hacer una lectura minuciosa de estos álbumes, es imposible no detenerse y pensar en la función del lenguaje como arma de control social. Lo que de Lión expone como la función del adjetivo y su cruel poder calificativo, se manifiesta en múltiples niveles. La subalternidad racializada es expresada en la composición visual de un álbum policial, así como en los versos poéticos de un escritor Maya. Las páginas de estos libros fotográficos son un entramado de violencias simbólicas expresadas de distintas formas, por ejemplo: en la manera de agrupar a niños con adultos, parte de una práctica sistemática de exhibir a sectores y hechos vulnerables. Identidades complejas que fueron reducidas a delitos, con una cámara sirviendo como mediadora entre diversas vidas y el escrutinio estatal.

La presencia constante de menores de edad, cuyos rostros se mezclan con los de adultos, deslegitimiza cualquier apariencia del Estado de pretender mantener un rol protector. Por el contrario, la criminalización de menores revela la forma en que la agenda de seguridad nacional fue directamente responsable de la construcción de una narrativa que estigmatiza y retrata a niños y jóvenes como un sector en necesidad de castigo y no un sector vulnerable merecedor de protecciones, perpetuando así ciclos intergeneracionales de marginación y exclusión.

De los 24 rostros retratados en la imagen anterior, al menos cuatro pueden señalarse como niños y quizá dos más representaran a menores de edad. Estos rostros comparten el trato, así como el espacio físico en el álbum con hombres adultos acusados de hurto. Ver a niños y adolescentes capturados por lo que podría considerarse delitos menores dice más del Estado que de ellos mismos.  El tipo de delito refuerza la pobreza extrema a la que la niñez racializada y pobre fue sometida, obligando a grupos enteros a buscar sobrevivencia a través del crimen.

Una mujer trans que fue arrestada por la policía con una nota manuscrita indicabando su nombre

En otros casos, las fotografías de arresto, que para algunos pudiese representar un simple “procedimiento administrativo,” asignaron etiquetas de sospecha o culpabilidad permanente a grupos vulnerables al mismo tiempo que contribuyeron a su estigmatización. Por ejemplo, en siguiente imagen se aprecia a una persona transgénero con apariencia femenina, a quien la policía claramente designa como “hombre” al revelar que “su verdadero nombre es Hernán.”  En otras ocasiones, la policía realizó anotaciones calificativas al margen de ciertas imágenes que designaban a ciertos individuos como “homosexuales.” El contexto conservador guatemalteco, estas anotaciones funcionaban como sentencias anticipadas. Es decir, no importaba el delito cuando la propia identidad de género representaba un agravante de criminalidad. Al mismo tiempo, estas notas al margen revelan las maneras en que las fuerzas de seguridad intentaban castigar y “corregir,” al menos en papel, a estas identidades trasgresoras.

Otro elemento revelador es la criminalización de personas guatemaltecas deportadas y de migrantes de otros países, indicando cómo aquellos en busca de refugio u oportunidades históricamente han sido retratados como criminales. Un ejemplo es la siguiente imagen en la que, con un rostro digno, el cabello contenido en dos trenzas y vistiendo un huipil tradicional de la región de Oaxaca y joyería que no necesariamente indica una posición económicamente baja, se observa a una mujer Indígena migrante. Revelado como la movilidad de ciertos cuerpos, que en algunos casos ha sido parte de procesos de circulación ancestral, ha sido históricamente castigada.

Una mujer indígena detenida por cargos de migración. (Archivo Histórico De La Policía Nacional De Guatemala)

En este entramado archivístico, las mujeres también fueron criminalizadas por tomar decisiones sobre sus cuerpos. La siguiente imagen retrata a una mujer arrestada por el delito de “aborto provocado.” El señalamiento refleja la intersección de múltiples formas de opresión que van desde violencia de género, a través de la criminalización de decisiones reproductivas, a un castigo público patriarcal en el que instituciones como la policía pasan a un papel de supervisión y control del cuerpo femenino.

Estas violencias reflejan cómo el Estado criollo oligárquico atacó sistemáticamente a no solo a todos aquellos que considero enemigos por sus inclinaciones políticas o ideologías, sino también a quienes representaban una amenaza por su carácter trasgresor a la moral, la religiosidad o las normas sociales heteronormadas impuestas por los regímenes militares que gobernaron por la mayor parte del siglo XX y cuyo legado sigue incrustado en la nación.

Una mujer joven detenida por presunto aborto autoinfligido. (Archivo Histórico De La Policía Nacional De Guatemala)

Los Nadies

En Guatemala, el conflicto armado de 36 años (1960-1996) dejó doscientos mil muertos y un genocidio. Los números probablemente serían mayores si se incluyera la violencia de Estado que muchas veces fue escondida tras el eufemismo de “combate a la delincuencia.” Ya que aunque enemigos fueron los estudiantes, profesores, escritores, poetas, sindicalistas, maestros, políticos y estudiantes organizados, enemigos también fueron las mujeres que desafiaban a la autoridad y al patriarcado, enemigos fueron hombres y mujeres que profesaban la espiritualidad Maya, enemigos fueron todes aquellos que vivían acorde a una identidad de género distinta, enemigos fueron los niños, especialmente Indígenas y pobres, semillas nuevas que buscaban sobrevivir y cuya existencia amenazaban con crear un futuro distinto y rebelde. 

El cese oficial de las hostilidades en 1996 no implicó un fin a este modelo acusatorio y de deshumanización. Al igual que el conflicto oficial, que continuó por otros medios, las categorías de otredad, que en diferentes etapas convirtieron a diversos sectores de “delincuentes” en enemigos internos, llevando a su encarcelamiento, desaparición, exilio y muerte, continúan latentes en el presente. Hoy, los rostros que habitan las páginas de los álbumes de delincuentes sirven de testimonio no solo de violencias históricas sino de su continuación.

Esta persistencia se manifiesta con particular crudeza en la criminalización sistemática de la juventud en Guatemala y toda Centroamérica. Desde finales de los años 90, la figura del “marero” ha significado reencarnación contemporánea del enemigo interno. Jóvenes y niños, especialmente de barrios empobrecidos o migrantes internos son etiquetados como potenciales delincuentes meramente por su edad, apariencia o lugar de residencia. Las políticas de Mano Dura implementadas en Guatemala, Honduras y El Salvador desde principio de los 2000 reflejan la misma lógica contrainsurgente del pasado: identificar, catalogar, y eliminar a sectores percibidos como amenazas.

Hoy, al igual que ayer, los perseguidos, los prisioneros, los marchitos, los pisoteados, los aplastados, los heridos son los niños, las mujeres, los migrantes, los racializados, la población queer, todos a quienes Eduardo Galeano aptamente llamó los nadies, “aquellos que cuestan menos que la bala que los mata”. Frente a tan desgarradora violencia, que las palabras De Lión, desaparecido por las sombras del Estado en 1984, enciendan una pequeña llama de esperanza para que todos aquellos perseguidos, pisoteados y marchitos permanezcan, contra toda adversidad, indomables.

mañana
peces rebeldes peces
niños
libres
pájaros
cogollos firmes niños
fresca hierba fresca
triunfales
mariposas
triunfales semillas
indomables.


María Aguilar Velásquez es historiadora maya-k’iche’ guatemalteca. Su trabajo se centra en la violencia de Estado ejecutada por la policía y los procesos de criminalización en Guatemala. Actualmente trabaja en el manuscrito de su libro titulado “Una institución como la nuestra”: Police and Policing in Guatemala City.