Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2026 de nuestra revista trimestral la NACLA Report.
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Durante más de dos décadas, la ciudad de Tapachula, en el sur de México, ha funcionado como una bisagra silenciosa en la arquitectura del control migratorio hemisférico. Ubicada justo al norte de la frontera Guatemala-México, que conecta América del Norte con Centroamérica, Tapachula ha sido históricamente un espacio de tránsito, refugio y trabajo para personas migrantes centroamericanas. Sin embargo, desde mediados de la década de 2000 —y con una intensidad creciente en los últimos 10 años— también se ha convertido en otra cosa: un espacio de contención, inmovilización y desgaste.
La construcción en 2006 de la Estación Migratoria Siglo XXI, uno de los centros de detención migratoria más grandes de América Latina, marcó una consolidación temprana de este rol. Desde entonces, una serie de cambios de política —incluido el Plan Frontera Sur de México en 2014, la creciente militarización del corredor sur y la externalización del control fronterizo estadounidense— han transformado progresivamente a Tapachula en lo que muchas personas migrantes y residentes describen hoy como una ciudad cárcel: una ciudad donde las personas permanecen atrapadas en un limbo legal prolongado, incapaces de avanzar o de regresar con seguridad. La detención, la espera y la incertidumbre se han vuelto rasgos cotidianos de la vida diaria.
Esta transformación se ha acelerado aún más en años recientes. Tras la llegada de la primera gran caravana migrante en octubre de 2018, Tapachula se convirtió en un punto focal del desplazamiento masivo, ahora visible, en todo el hemisferio. A medida que se estrecharon las vías de asilo en Estados Unidos y se intensificó la cooperación regional en materia de control migratorio, la ciudad absorbió las consecuencias. Decenas de miles de personas provenientes de Haití, Venezuela, Cuba, Centroamérica, África y otros lugares han quedado varadas allí, esperando durante meses o años citas de asilo, visas humanitarias, documentos de identidad o la deportación.
Criada en Chiapas, una región históricamente atravesada tanto por la emigración como por la llegada de personas refugiadas que huían del conflicto armado en Guatemala, Cruz creció inmersa en las realidades del desplazamiento y el refugio.
En el centro de esta realidad se encuentra el trabajo de organizaciones que acompañan a las personas migrantes a través de la detención, la incertidumbre legal y la supervivencia cotidiana. Una de las más destacadas es el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una organización de la sociedad civil con casi tres décadas de trabajo en Tapachula. Fundado en la década de 1990, el Centro ha combinado desde sus inicios la defensa legal con el acompañamiento directo: interviniendo dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI, documentando las condiciones de confinamiento y brindando apoyo jurídico para solicitudes de asilo, procesos de regularización y el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.
No obstante, el trabajo de Fray Matías va más allá de la defensa legal. Uno de sus ejes estratégicos centrales es lo que la organización denomina hacer comunidad. A través de encuentros facilitados, actividades comunitarias y un centro comunitario local, la organización crea espacios donde las personas en movilidad pueden hablar abiertamente sobre las barreras que enfrentan, compartir experiencias de vida, reconstruir la confianza y generar redes de solidaridad. Estos esfuerzos también buscan fomentar el diálogo entre la población migrante y la comunidad local, contrarrestando la fragmentación producida por los regímenes de control fronterizo.
Mavi Cruz, directora actual del Centro, ha formado parte de este trabajo durante los últimos doce años, aunque la migración ha marcado su vida desde mucho antes. Criada en Chiapas, una región históricamente atravesada tanto por la emigración como por la llegada de personas refugiadas que huían del conflicto armado en Guatemala, Cruz creció inmersa en las realidades del desplazamiento y el refugio. La migración —explica— ha estado presente en su vida desde que tiene memoria, orientándola con el tiempo hacia espacios donde pudiera contribuir directamente al acompañamiento de personas en movimiento.
En esta conversación, Cruz reflexiona sobre la transformación de Tapachula en un sitio de inmovilidad forzada, la regionalización de una gobernanza migratoria punitiva y las formas cotidianas de violencia —administrativas, psicológicas y físicas— que padecen las personas migrantes. Al mismo tiempo, insiste en otra historia: una centrada en el cuidado colectivo, la construcción de comunidad y la imaginación política. Frente a políticas diseñadas para agotar, aislar y fragmentar, Cruz describe prácticas orientadas a ayudar a las personas migrantes a reconocer su sufrimiento no como un fracaso individual, sino como el resultado de formas sistemáticas de control. Desde colectivos de mujeres hasta redes informales de apoyo mutuo, estos esfuerzos apuntan a otras formas de pertenencia y movilidad que persisten incluso bajo condiciones de extrema restricción.
Lo que sigue es una versión editada y condensada de nuestra conversación, realizada de manera virtual en noviembre de 2025.
P.S.D. y Julianne Chandler: En estos últimos meses hemos visto cómo la política migratoria de Estados Unidos bajo la segunda administración de Donald Trump consolida un régimen hemisférico de control que combina varias tecnologías de gobernanza como la deportación, la cooperación securitaria y la externalización de fronteras. ¿Cómo perciben desde Tapachula la articulación regional de control migratorio y qué continuidades y rupturas observan en las formas de control, contención y vigilancia respecto a décadas anteriores?
Mavi Cruz: La Estación Migratoria Siglo XXI, construida durante el gobierno de Vicente Fox, ya respondía a acuerdos de cooperación con Estados Unidos para el control de flujos migratorios. Desde entonces ha funcionado como un centro concentrador de detención y deportación para personas detenidas en la frontera o trasladadas desde distintos territorios de México.
En 2014, con el aumento del flujo de niñas, niños y adolescentes no acompañados, el tema adquirió gran visibilidad mediática por las múltiples violaciones a derechos humanos. Esto marcó un nuevo parteaguas en la colaboración de México con Estados Unidos a través del Plan Frontera Sur, que consolidó la frontera sur como una zona estratégica de control migratorio. Ese proceso se reforzó con los paquetes de cooperación regional impulsados desde [los ataques] del 11 de septiembre de 2001 y, a partir de 2017, con la llegada de personas provenientes de África, Haití, Cuba y, en 2018, de las primeras caravanas, principalmente desde Honduras.
En ese contexto se instalaron tres grandes cinturones de control: la frontera, la salida de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec. Desde 2014, además, aumentó la presencia de cuerpos de seguridad dedicados al control migratorio—primero la Gendarmería y luego, desde 2019, la Guardia Nacional, hoy adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el sur del país también se concentraron estancias provisionales que funcionaban como puntos previos de detención antes del traslado a Tapachula, práctica que se modificó parcialmente tras el incendio en marzo de 2023 en Ciudad Juárez, después del cual se restringió el acceso a estos espacios.
A lo largo de la frontera sur se multiplicaron los puntos de verificación migratoria y los operativos en ciudades, carreteras y espacios públicos para identificar a personas en situación irregular, incluso por corporaciones sin facultades migratorias, que terminan entregándolas al Instituto Nacional de Migración. Junto al control físico, se han desplegado prácticas de castigo institucional, como puntos de atención no oficiales en los que las personas permanecen semanas en condiciones precarias, sin posibilidad real de continuar sus trámites.
Junto al control físico, se han desplegado prácticas de castigo institucional, como puntos de atención no oficiales en los que las personas permanecen semanas en condiciones precarias, sin posibilidad real de continuar sus trámites.
La imposibilidad de acceder al transporte público ha obligado a muchas personas a caminar largas distancias y ha dado lugar a campamentos semipermanentes en la frontera y en otros estados, de personas que en su momento buscaban ser trasladadas para acceder a la cita del CBP One [hoy CPB Home]. Los trámites de regularización migratoria y de refugio se dilatan indefinidamente, generando desgaste económico, físico y emocional, hasta que muchas personas desisten o recurren a rutas cada vez más peligrosas, en un contexto donde la migración irregular implica un fuerte derrame económico controlado por múltiples actores.
En los últimos años, Tapachula se ha convertido en una “ciudad cárcel”: los procesos no avanzan y salir suele implicar pagar a alguna red. Estas prácticas de castigo se están extendiendo aceleradamente a otros países de la región—como Guatemala, Costa Rica y Panamá—, sin que exista una responsabilidad regional con enfoque en los derechos humanos hacia las personas que buscan protección.
PSD y JC: ¿Qué cambios han observado con la nueva administración mexicana de Claudia Sheinbaum?
MC: A diferencia de la administración anterior, el tema ya no se aborda de manera tan abierta, pero el presupuesto da una respuesta clara. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), encargada de revisar las solicitudes de asilo, cuenta con muchos menos recursos, lo que ha afectado directamente su capacidad para recibir y procesar solicitudes. Aunque existe un discurso generalizado sobre una disminución en la llegada de personas, no se visibiliza a quienes quedaron varadas. El flujo continúa, pero ahora se suma a una población atrapada en distintos puntos del territorio mexicano, especialmente en la frontera sur.
La falta de presupuesto tiene efectos concretos: para obtener la primera cita e iniciar el procedimiento de asilo, las personas pueden llegar a esperar entre seis y nueve meses. Durante ese tiempo, no cuentan con ningún documento que acredite que el proceso está en curso ni que las proteja contra la deportación. A esto se suma que el Instituto Nacional de Migración ha modificado y prácticamente duplicado los costos de los trámites de regularización, que ya eran difíciles de pagar y hoy tienen vías aún más reducidas.
Estas condiciones dejan a muchas personas sin acceso a la protección ni a una estancia regular que les permita ejercer derechos. Como resultado, se les empuja hacia la clandestinidad, quedando a merced de redes de tráfico, trata, reclutamiento y corrupción, expuestas de forma permanente al no contar con vías legales para regularizarse ni para moverse libremente.
PSD y JC: ¿Cómo han afectado estas políticas a la relación entre ustedes como organización de sociedad civil y el Estado mexicano?
MC: En la administración anterior no había ningún espacio de diálogo. Ahora se han abierto algunos, aunque sin acuerdos formales, que al menos permiten presentarnos, explicar lo que hacemos y mantener abiertas algunas vías de comunicación a nivel federal. Esto no cambia la forma en que las instituciones a nivel local responden y tratan a las personas que acompañamos, pero el ecosistema de organizaciones de sociedad civil que brinda atención está profundamente debilitado: se han reducido equipos y algunas organizaciones han cerrado. Ha sido un año muy complejo.
Todavía no alcanzamos a ver todos los impactos de estas políticas, ni sobre las personas ni sobre las organizaciones. Si bien hay una menor cantidad de personas llegando, en el último mes hemos visto un aumento significativo. Y aunque las personas sean devueltas a sus países de origen y los estados digan que les van a recibir, las condiciones estructurales que las obligan a huir no han cambiado; por el contrario, se siguen agudizando y continuarán expulsándolas.
PSD y JC: ¿Han observado nuevas formas de violencia institucional o administrativa que antes no existían?
MC: Principalmente, hay un debilitamiento que ha maximizado las violencias institucionales. Si ha habido una práctica de dilatar los procesos, esto se ha agudizado bajo la premisa de que no hay condiciones financieras para fortalecer a las instituciones. Para las personas que no hablan español es mucho más difícil acceder a los procedimientos porque no hay traductores. En general, las condiciones de castigo institucional se agudizaron.
PSD y JC: ¿Cómo se manifiestan estos procesos estructurales en el trabajo cotidiano que ustedes desarrollan con personas en tránsito, solicitantes de asilo y personas que están detenidas?
MC: En cuanto a los mecanismos de control y vigilancia, desde hace años se han vuelto una práctica común en distintos puntos del territorio. En las ciudades de la frontera existen cuerpos de seguridad que no operan en otras ciudades de México, ni siquiera del propio estado de Chiapas, y en todos los operativos—de tránsito, antipandillas o de policía municipal—hay una lógica constante de identificación de personas en situación irregular, aun cuando no tengan facultades migratorias. Tapachula está pensada principalmente como un espacio de concentración y deportación.
En términos de acceso a derechos, las personas permanecen cada vez más tiempo de forma semipermanente, especialmente las familias con niñas, niños y adolescentes en edad escolar. Desde el año pasado, muchas buscan acceder a la escolarización, pero enfrentan barreras importantes: se les exige un trámite que no puede realizarse en Tapachula, sino en Tuxtla Gutiérrez. Sin un documento de estancia regular o una tarjeta de visitante por razones humanitarias, no pueden desplazarse hasta allá debido a los múltiples controles migratorios y a los costos de traslado. Aunque se ha planteado a diversas instancias la necesidad de habilitar una oficina para realizar este trámite en Tapachula, no ha habido respuesta.
En el ámbito de la salud, los cambios nacionales afectan de manera desproporcionada a las personas en movilidad, que no saben qué ruta seguir. Hay desabasto de medicamentos, falta de estudios médicos y dificultades para acceder a atención especializada [fuera de Tapachula] si no se cuenta con documentación migratoria.
En el trabajo, la situación es igualmente precaria. Chiapas es el estado más pobre del país y Tapachula depende en gran medida del empleo informal. En los campos agrícolas y en la ciudad, algunas personas han sido detenidas simplemente por desplazarse a sus trabajos. La baja empleabilidad para la población local alimenta discursos de conflictividad social, aunque la precariedad afecta tanto a la población local como a la migrante. Las personas en situación irregular enfrentan mayor desventaja: aceptan jornadas más largas, salarios más bajos y trabajos más riesgosos, mientras que la venta ambulante es perseguida bajo discursos de “limpieza” del espacio público.
La movilidad restringida atraviesa todos esos ámbitos y dificulta incluso los trámites necesarios para reconstruir proyectos de vida. Este corredor es uno de los más grandes del mundo, profundamente securitizado, con un entramado de políticas destinadas a controlar los flujos migratorios que se replica en todo el sur de México y que afecta no solo a las personas migrantes, sino a la población en general.
PSD y JC: ¿Han observado migración de retorno de personas que van de vuelta del norte hacia el sur?
MC: Desde febrero de 2025 comenzaron los vuelos de deportación de personas mexicanas hacia Tapachula. Históricamente, estas personas eran recibidas en el norte, pero parte de la política actual busca que queden en la frontera más lejana; para México, esa frontera es Tapachula. Más de 8 mil personas mexicanas han sido deportadas este año a esta ciudad, originarias no solo de Chiapas, sino de distintos estados del país.
Este corredor es uno de los más grandes del mundo, profundamente securitizado, con un entramado de políticas destinadas a controlar los flujos migratorios que se replica en todo el sur de México y que afecta no solo a las personas migrantes, sino a la población en general.
Las organizaciones que trabajamos en la zona hemos venido acompañando a personas provenientes de Centroamérica o que transitan ese corredor, no a personas mexicanas con necesidades específicas de documentación o de traslado a sus lugares de origen. Muchas llevan años viviendo en Estados Unidos y ya no cuentan con redes de apoyo en México, lo que introduce dinámicas nuevas que estamos enfrentando.
También hemos observado llegadas en autobuses desde el norte que se dirigen directamente al centro de recepción en Guatemala, sin información clara sobre las condiciones del traslado. En algunos casos las personas pasan seis o siete días en autobús sin detenerse en oficinas migratorias. Hay deportaciones que se agilizan y otras que no, dependiendo de la dinámica de cada país de origen.
En Tapachula, muchas personas, sobre todo venezolanas, buscan acceder a vuelos humanitarios para regresar a sus países, pero la falta de documentos migratorios o de identidad, ya sea por pérdida o vencimiento, les impide ser consideradas. Tampoco pueden trasladarse a la Ciudad de México para realizar trámites consulares. Aunque buscan regresar, no cuentan con las condiciones para hacerlo de manera segura.
Ante esta situación, muchas personas toman la decisión difícil y peligrosa de volver por sus propios medios, recorriendo nuevamente las rutas por las que llegaron. Más que una migración de retorno, se trata de una migración a la inversa.
PSD y JC: La reciente política de Estados Unidos que niega formalmente la entrada a solicitantes de asilo por razones de raza y nacionalidad, excepto a personas blancas de Sudáfrica, marcan una ruptura explícita en el derecho internacional y en la idea misma del refugio. ¿Cómo interpretan el giro racial en la política migratoria hemisférica y cómo se refleja en Tapachula?
MC: Desde esta frontera, no vemos una diferencia sustantiva: en la práctica, el tránsito por México es sumamente difícil para todas las nacionalidades. Aquí, la experiencia es prácticamente la misma para todas las personas.
En los últimos meses se han vuelto más visibles nacionalidades que antes no lo eran. Ya transitaban por este corredor, pero ahora, al quedar varadas, entran en contacto con organizaciones con las que antes no interactuaban. También ha aumentado la presencia de personas provenientes de países en crisis, como Ecuador, cuyo flujo creció fuertemente el año pasado y se ha mantenido constante por la situación política.
Entre quienes buscan establecerse en Tapachula e iniciar trámites, aunque tarde, predominan personas haitianas, cubanas y venezolanas, en gran medida por el interés en escolarizar a sus hijas e hijos. Sin embargo, estas mismas barreras llevan a muchas familias a desistir y decidir regresar.
Al mismo tiempo, otras rutas están cobrando fuerza, como las marítimas, mientras que las rutas terrestres tradicionales se han encarecido de forma significativa.
PSD y JC: ¿Las personas llegan con expectativas de solicitar asilo o refugio, sea en México o en Estados Unidos?
MC: Generalmente las personas que vienen a nuestra ruta de atención ya cuentan con alguna información sobre el proceso de asilo o buscan alguna vía de regularización migratoria. Sí, lo ven como una opción en ese momento, pero luego desisten al vivir en sus cuerpos el impacto de las políticas migratorias implementadas, no solo en esta frontera sino a lo largo de su trayecto migratorio.
PSD y JC: ¿Qué efectos psicosociales observan en las personas que quedan atrapadas en estos limbos legales, en, como dices, esta ciudad cárcel sin vías institucionales que les permiten salir?
MC: Hay impactos derivados de las violencias que han vivido en sus países de origen, del tránsito migratorio y de los constantes intentos por acceder a la protección, así como de la ruptura reiterada de los proyectos de vida. Todo esto tiene efectos muy fuertes en la salud emocional y mental y requiere un trabajo intenso de acompañamiento. En Tapachula hay cada vez más personas que ya no logran recuperar su salud mental, que están sin techo y en la calle, donde tampoco existe la atención necesaria para dar seguimiento.
Muchas personas han sufrido de manera reiterada graves violaciones a los derechos humanos. Algunas ya fueron deportadas desde Estados Unidos, pasaron por detención migratoria en varios países y están regresando desde lugares como Panamá o Costa Rica. Estas violaciones han sido sistemáticas y sus impactos son muy complejos, requiriendo herramientas especializadas. A esto se suman problemas de salud crónicos cuyos tratamientos se posponen, de modo que cuando logran retomarlos, el daño suele ser ya grave.
PSD y JC: ¿Qué formas de organización y resistencia colectiva han visto como respuesta para construir otra forma de movilidad, pertenencia o ciudadanía en la región?
MC: Desde un enfoque psicosocial, para nosotras es fundamental el fortalecer no solo a la persona y su familia, sino también a la comunidad. Como parte del acompañamiento, facilitamos espacios de encuentro entre las personas que acompañamos, especialmente para que puedan dialogar sobre las barreras que enfrentan y reflexionar colectivamente sobre violencias que no son privadas, sino estructurales. Buscamos que puedan reconocer que se trata de prácticas sistemáticas de desgastaste y castigo, y desprivatizar el dolor a partir de la creación de redes de solidaridad.
Facilitamos espacios de encuentro entre las personas que acompañamos, especialmente para que puedan dialogar sobre las barreras que enfrentan y reflexionar colectivamente sobre violencias que no son privadas, sino estructurales.
Con la colectiva de mujeres, por ejemplo, es común que las violencias se vivan desde la culpa o como un castigo individual. A través del diálogo colectivo, ese discurso se va desmontando y se reconoce que, más allá del país de origen, existen violencias de género que nos atraviesan a todas, con expresiones más graves según la situación migratoria. Desde ahí, se fortalecen redes de cuidado colectivo que permiten sostenerse y cuidarse entre todas.
También nos parece muy importante que estos espacios incluyan a personas en situación de movilidad y a personas de la localidad, porque no es posible transformar narrativas sin generar espacios de diálogo directo y cercano. Estas prácticas de intervención comunitaria buscan crear espacios seguros para reconocer lo que se están enfrentando, construir respuestas colectivas y fortalecer liderazgos dentro de las comunidades, que luego se expresan tanto en acciones comunitarias como en movilizaciones de exigencia.
PSD y JC ¿Han tenido algún grado de éxito en organizar colectivamente a las personas migrantes en la localidad?
MC: ¿El éxito, cómo lo definimos? Para nosotras aparece en el proceso. Cuando abrimos un espacio colectivo, las personas llegan porque confían, aunque al inicio no sepan bien cómo va a funcionar. Ver la diferencia entre la primera y la última sesión, observar cómo se hermanan, cómo el espacio se vuelve propio y cómo se acompañan incluso cuando alguna se moviliza, es un indicador claro de éxito.
Muchas continúan en contacto y comparten información sobre los lugares en los que están y sobre lo que necesitan hacer. Puede parecer básico, pero para personas cuyas redes de apoyo han sido totalmente rotas, restablecerlas es fundamental para reconstruir sus proyectos de vida.
Desde sus orígenes, nuestras estrategias han sido colectivas y seguimos apostando por estos procesos frente a discursos de criminalización, discriminación y xenofobia. Abrir espacios de encuentro permite reconocernos como personas, más allá de la condición migratoria. Aunque esto no reconstruye de inmediato el tejido social, sí crea bases importantes de reintegración y de re-arraigo que son importantes para habitar una ciudad o una localidad.
PSD y JC: ¿Podrías compartir un ejemplo o anécdota que muestre estas dinámicas?
MC: Hay una persona a la que hemos acompañado desde 2017, que llegó a Tapachula y atravesó un largo proceso personal y migratorio. Con el tiempo, al ir desmontando las barreras que enfrentaba, decidió escribir su historia y acaba de publicar un libro de poemas que narra su experiencia. Además, hoy se está organizando con personas de distintas nacionalidades para crear una pequeña asociación que busca acompañar a otras personas en situaciones similares.
Dentro de un contexto tan duro, también sabemos que hay muchas personas que, incluso sin haber pasado por nuestros espacios, acompañan y son solidarias desde lo que han vivido. Eso nos parece muy importante, porque es la ternura de los pueblos la que nos sostiene y permite tejer redes de acompañamiento.
P.S.D. es antropólogo cuyo trabajo integra teorías antropológicas, decoloniales y feministas sobre raza y género con enfoques ecológicos de la violencia y el cuidado. Se especializa en la migración transnacional de comunidades negras, indígenas y árabes en Chile.
Julianne Chandler es una escritora, educadora y periodista feminista que vive entre Boulder, Colorado, y Cochabamba, Bolivia. Es editora en NACLA.