El 24 de marzo cientos de miles de argentinos salieron a las calles en todo el país, con su consigna “Memoria, Verdad, Justicia” por los crímenes cometidos por la dictadura militar de 1976. Este año además protestaron contra las señales a favor de los represores del presidente actual Javier Milei.
Milei durante un debate presidencial a fines de 2023 dijo “Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia”, respondiendo a Sergio Massa sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar que se sufrió en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Continuó diciendo “Para nosotros en los años ’70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del estado cometieron excesos”. Milei negó que la represión militar haya dejado 30.000 personas desaparecidas, cifra surgida del consenso entre organismos nacionales e internacionales que investigan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La democracia retornó en 1983 y en 2002 se declaró el 24 de marzo como día oficial de memoria. Cada año la población se moviliza en reclamo para decir que se niega a olvidar a los desaparecidos y que no quiere que se repita nunca más el terrorismo de estado.
La administración actual simpatiza con la dictadura. Una de las operaciones ilegales más sangrientas llevadas adelante por los militares se conoció como “Operativo Independencia”, que implicó la desaparición de familias completas y se fusilaron personas de manera ilegal. El jefe del operativo fue Domingo Bussi, de quien el presidente Milei fue asesor en la década de 1990, antes de que el represor fuera condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, es hija de un oficial del ejército que fue parte de esa operación militar y forma parte de organizaciones que reclaman la libertad de los militares.
Negar la cifra de víctimas y considerar que en Argentina hubo una guerra y no un sistema de exterminio ilegal de militantes políticos, como indican sentencias judiciales desde 1985 al presente, son los ejes de que utiliza históricamente la derecha para atacar a los organismos de Derechos Humanos, especialmente a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Las consignas “No fueron 30.000” y “hubo una guerra” condensan las dos estrategias de los defensores de la dictadura: Negacionismo y Teoría de los dos demonios, por la que se indica que hubo un enfrentamiento de dos fuerzas comparables que produjeron daños similares a una población inocente, cuando en realidad las fuerzas armadas se apoderaron del estado y ejercieron la violencia ilegal sobre cualquier persona que se manifestara en su contra. Esas dos ideas resumen un programa que, por primera vez desde el retorno de la democracia, se asume como política de gobierno.
¿Es posible estimar cuántas personas fueron víctimas de desaparición? El informe oficial de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), publicado en 1984, señaló “La CONADEP estima en 8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados”. A pesar de la aclaración, tanto el presidente como la vicepresidenta siguen afirmando, 40 años después, que 8.753 es la cifra de desaparecidos en Argentina.
Un informe político desclasificado por los EE.UU. dice que hasta enero de 1977 “los presos eran sometidos sistemáticamente a torturas durante los interrogatorios y a malos tratos durante la detención. Durante la campaña antisubversiva se estima que desaparecieron 15.000 personas. Probablemente la mayoría fueron ejecutados sumariamente. Muchas de estas personas sin conexión con movimientos subversivos”. Según publicó el diario conservador “La Nación” a partir también de documentos desclasificados en EEUU, el ejército argentino reconoció haber hecho desaparecer 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978.
“En estos momentos de negacionismo marchamos para recordar a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos, porque este gobierno quiere desaparecer la memoria. Fue un genocidio, ¡qué teoría de los dos demonios!” dijo antes de la movilización Taty Almeida. Almeida, que es una Madre de Plaza de Mayo línea fundadora, también dijo “Acá hay un solo demonio que tiró vivas a nuestras queridas madres, a nuestros hijos; un solo demonio que violó a las militantes políticas presas, las asesinaron y se apropiaron de sus bebés”.
Daniel Feierstein, profesor y especialista en estudios sobre genocidio, dijo: “El negacionismo es una construcción política que busca disputar las memorias colectivas sobre el pasado para utilizarlas en el presente. Muchas veces no niega totalmente el hecho, sino que opera a través de formas de minimización, relativización o construyendo falsas equivalencias”.
Esta memoria colectiva se fue construyendo al conocerse la verdad sobre los crímenes perpetrados por las fuerzas armadas, como las torturas, los vuelos de la muerte, el robo de niños y los delitos económicos. Según Alejandra Oberti, profesora y coordinadora del Archivo Oral de Memoria Abierta, “las memorias siempre son plurales porque representan los modos en que los colectivos se representan y dan sentido al pasado. Y están sometidas a disputas y transformaciones, de acuerdo a los contextos y las nuevas experiencias que van haciendo las sociedades”. La certeza compartida por la mayoría de la población sobre la existencia de esos crímenes, y de la necesidad de condenarlos, es lo que el actual gobierno de derecha busca desestructurar.
El estado argentino se ha destacado por haber llevado a la justicia a centenares de involucrados en delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Pablo Llonto, uno de los abogados con más experiencia como defensor de víctimas e impulsor de denuncias contra genocidas, dijo “la principal trascendencia de sostener los procesos judiciales es poder decir que hay 321 sentencias en todo el país. En todas ellas se señala que en Argentina hubo un plan de exterminio y que son delitos de lesa humanidad. Y lo han hecho decenas de jueces y juezas, en juzgados de todo tipo y todo el país, incluso la Corte Suprema de la Nación, siendo todos ellos funcionarios con distintos colores políticos”.
Amenazas, violencia y un spot publicitario negacionista
En la semana previa al 24 de marzo se sucedieron varios hechos que encendieron las alarmas de los organismos de Derechos Humanos. El 18 de marzo por la madrugada se registró un ataque digital a Marea Editorial, que durante 20 años ha publicado decenas de libros sobre historias vinculadas a estos delitos. Constanza Brunet, su directora, dijo “este ataque no es casual, sino organizado y sistemático. Está alentado por discursos de odio desde las máximas autoridades. Son mensajes completamente antidemocráticos que hacen apología del genocidio”.
Durante toda la semana se especuló sobre si habría alguna medida del gobierno que pudiera provocar reacción en la población en general, y en los organismos defensores de Derechos Humanos en particular. Se mencionó un posible indulto presidencial y se especuló con maniobras judiciales que permitan la liberación de los condenados que siguen en prisión. Esto se vio reforzado por una reunión que el ministro de defensa argentino, Luis Petri, tuvo con un grupo de esposas de militares condenados, conocidas por su defensa de la dictadura.
Sobre la posibilidad de intervenir en las causas judiciales, Llonto dijo “Sabemos que algunas cosas están planificando, porque tienen una especie de abrazo con los genocidas, desde antes de las elecciones. Debemos estar preparados para todo tipo de maniobra que busque intervenir para frenar o desviar el objetivo de los juicios. Obviamente esto significaría entrometerse con el Poder Judicial, pero este es un gobierno que no respeta nada de la Constitución”.
El 21 de marzo la agrupación HIJOS, conformada por hijas e hijos de personas desaparecidas, denunció el ataque sufrido por una mujer miembro de la organización. Los atacantes, que portaban armas de fuego, ingresaron ilegalmente a su domicilio, donde la esperaban, y le dijeron: “Nosotros sabemos todo de vos, sabemos dónde trabajás, qué hacés, que estás con los derechos humanos... nosotros no vinimos a robarte, vinimos a matarte”. Ese mismo día el presidente Milei dio “me gusta” a una publicación en la red social X que insinuaba que había sido un falso ataque “para operar contra el gobierno”. Ningún funcionario repudió el hecho.
Finalmente, se supo que el gobierno preparaba un spot publicitario en forma de una pieza audiovisual para contar lo que llaman la historia completa. Se publicó un video llamado “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa”. Es un pobre trabajo audiovisual con dos entrevistados que sostienen la idea de la existencia de una guerra, de una justicia incompleta y que no fueron 30.000 los desaparecidos. El presentador, Juan Yofre, es ex director de los servicios de inteligencia bajo el gobierno de Carlos Menem, quien indultó a los jefes de las fuerzas armadas que dieron el golpe de estado.
“Ir a la plaza” una respuesta tradicional en Argentina
Con este contexto político las manifestaciones que se dieron en todo el país sorprendieron por la masividad. Ir a la plaza, que es la plaza central de toda ciudad o pueblo, es una forma de los argentinos de manifestar y reclamar ante las autoridades. Desde el sábado en cientos de miles de celulares se recibían mensajes diciendo “nos vemos en la plaza” o “¿vas a la plaza?”. El sentido estaba claro y no hacía falta completar ni a qué plaza, ni para qué.
En Buenos Aires los actos se prolongaron cerca de seis horas y se movilizaron cerca de medio millón de personas, mientras en ciudades importantes como Córdoba y Rosario los participantes llegaron a 150 mil y 90 mil respectivamente. Se vieron tanto columnas de organizaciones y partidos políticos, como decenas de miles de personas por su cuenta. Hubo afiches, muñecos y carteles que referían a las políticas contra la memoria del gobierno. Se vio una familia con un carrito de bebe, con un niño nacido hace menos de un mes, que llegaron al comienzo y se retiraron antes de la llegada de la mayoría; un señor con mucha dificultad para caminar, acompañado por su hija y su nieta, que no quería dejar de manifestarse este año: y el joven que se destacaba por su remera que decía: “Son 30.000 y uno de ellos es mi abuelo”. La memoria atravesaba generaciones.
Caminando con su hija, Andrés Habegger, cineasta e hijo de un militante peronista secuestrado en el aeropuerto de Río de Janeiro en el marco del llamado Plan Cóndor, dijo: “Es la primera marcha en un gobierno conservador y fascista, que trabaja sobre la idea de del negacionismo. Frente a eso, esta marcha lo que hace es revertir eso, es decir ‘esta es nuestra historia, esto ocurrió y la llevamos en el cuerpo, en la voz y convivimos con ella’".
Mientras avanzaba con la columna de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto que recuperó su identidad en 2004, manifestó “en este 24 confluye gente que viene en rechazo de este gobierno que reivindica los delitos de lesa humanidad. Es diferente ser negacionista que ser reivindicador, y ellos van mucho más allá de simplemente negar lo que pasó”.
La masiva manifestación popular en cientos de ciudades del país, permite entender que la disputa por la memoria es, centralmente, una disputa por el presente y el futuro en Argentina. Porque luego de 40 años de democracia continua, el período más largo en la historia del país, por primera vez se percibe un retroceso brutal en la convivencia democrática y pacífica. El principal responsable de esto es el gobierno de Milei, siendo el negacionismo un dispositivo ideológico clave, porque, como afirma Feierstein, “legitimando la violencia del pasado se busca legitimar la posible violencia del futuro”.
Daniel Cholakian es sociólogo y periodista especializado en América Latina.
