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El 1 de diciembre, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) salió de una prisión estadounidense, indultado por el presidente Donald Trump. JOH cumplió solo 18 meses de una condena de 45 años por su papel en el tráfico de cocaína y cargos relacionados con posesión de armas.
La misma semana en que Trump indultó a JOH, el Congreso interrogó a los funcionarios de su administración, incluido el Secretario de Defensa Pete Hegseth, sobre los ataques militares a pequeñas embarcaciones frente a las costas de Venezuela. Las acciones militares de EE. UU. han matado al menos a 99 personas en ataques a 26 embarcaciones desde el 2 de septiembre. Trump afirma que estas ejecuciones extrajudiciales son necesarias para proteger a los estadounidenses en la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, estas acciones ocurren mientras su administración recorta la financiación de estrategias eficaces para mejorar la crisis de sobredosis en Estados Unidos –una de sus justificaciones para los bombardeos– e indulta a JOH, quien, según el fiscal federal adjunto Jacob Gutwillig, “creó una superautopista de la cocaína hacia Estados Unidos”.
La “guerra contra las drogas”, en sus muchas encarnaciones, no ha logrado reducir el narcotráfico. Esto se debe, en parte, a que las administraciones estadounidenses se han asociado con líderes profundamente involucrados con el tráfico mismo, siempre y cuando tuvieran visiones políticas adecuadas, una práctica que continúa hoy. Pero, bajo la administración Trump, el capítulo más reciente de esta guerra ha alcanzado niveles de hipocresía hasta ahora inimaginables. ¿Será esto suficiente para provocar un ajuste de cuentas con las absurdas políticas antinarcóticos de EE. UU. en América Latina?
El caso no partidista contra JOH
Al anunciar el indulto de JOH, el presidente Trump afirmó que la condena fue el resultado de una “trampa” de la administración Biden. En realidad, tanto las administraciones demócratas de Obama y Biden como la primera administración de Trump mantuvieron relaciones cercanas con JOH, a pesar de la clara evidencia de su participación en el tráfico de cocaína. El frecuente aumento de la asistencia al país con el fin de reducir el narcotráfico y la migración hacia Estados Unidos estuvo acompañado de fotos conmemorativas en que JOH y funcionarios estadounidenses se daban la mano.
JOH fue el segundo miembro de su familia inmediata en ser extraditado y enfrentar un juicio en Estados Unidos. En 2019, su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, excongresista del Partido Nacional, fue extraditado al país y en 2021 fue condenado a cadena perpetua por tráfico de cocaína y cargos relacionados con armas. Según la acusación del gobierno estadounidense, Tony colaboraba con narcotraficantes de Colombia, Honduras y México para importar cocaína a Estados Unidos. Los documentos describen cómo Tony solicitó sobornos para el Partido Nacional, coordinó protección policial para cargamentos de cocaína y actuó como intermediario entre las élites políticas y del narcotráfico.
Uno de los fiscales clave en los casos contra Tony Hernández y JOH fue Emil Bove III, ex abogado personal del presidente Trump y recientemente nombrado por este como juez federal de apelaciones, un cargo vitalicio. Desde 2015, y durante la primera administración de Trump, Bove trabajó en varios casos de alto perfil relacionados con el narcotráfico en Honduras.
La condena de JOH, aunque celebrada en Honduras, provocó una ola de asesinatos de narcotraficantes, abogados y figuras públicas.
Según el Departamento de Justicia, como presidente del Congreso y posteriormente durante dos mandatos presidenciales, JOH “estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”. Su carrera política se vio impulsada por su riqueza ilícita; durante su juicio, los fiscales revelaron que recibió al menos 1.4 millones de dólares del Cartel de Sinaloa para su campaña presidencial de 2013. A su vez, JOH facilitó la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
La condena de JOH, aunque celebrada en Honduras, provocó una ola de asesinatos de narcotraficantes, abogados y figuras públicas.
Además del testimonio de varios narcotraficantes hondureños y mexicanos, así como de narcopolíticos, otra fuente clave de evidencia en el juicio contra JOH fueron las “narcolibretas”, libros de contabilidad del narcotraficante Nery Orlando López Sanabria. Poco después de que las narcolibretas se utilizaran en el juicio de Tony Hernández, López Sanabria fue asesinado en una prisión de máxima seguridad. Un mes después, el abogado defensor de López Sanabria también fue asesinado. Erika Bandy –la esposa de López Sanabria y su cómplice en el lavado de dinero– y sus guardias de seguridad fueron asesinados a tiros por hombres con chalecos de policía en San Pedro Sula poco después de su liberación. Antes de su espeluznante asesinato, Bandy concedió una entrevista a InSight Crime sobre su conocimiento de los vínculos entre políticos hondureños, entre ellos JOH y Tony Hernández, y su difunto esposo.
La defensa de JOH intentó alegar que todos los testigos en su contra eran delincuentes violentos y poco creíbles. Sin embargo, la consistencia de sus testimonios, acompañada de los registros escritos que mencionan a “JOH” y las pruebas en video, sugieren lo contrario.
Los fiscales estadounidenses también señalaron que, si bien JOH “tuvo todas las oportunidades para generar cambios positivos en su país”, gobernó de maneras que socavaron el bienestar de los hondureños, especialmente los pobres y los habitantes de las zonas marginadas. Algunos narcotraficantes invierten en sus comunidades, pero JOH no lo hizo. A pesar de todos sus ingresos del narcotráfico, JOH y sus aliados del Partido Nacional robaron cientos de millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), arruinando el sistema de salud del país y causando al menos 3,000 muertes.
La violencia de la “lucha contra el narcotráfico” estadounidense
La violenta campaña del gobierno de Trump contra presuntas embarcaciones de narcos en Latinoamérica ha matado al menos a 99 personas en más de 26 ataques desde el 2 de septiembre. Mientras el Congreso celebraba una sesión sobre los ataques del 2 de septiembre, las fuerzas armadas del país llevaron a cabo otro ataque letal en el Pacífico que mató a cuatro personas.
Estos ataques han provocado indignación nacional e internacional, generando críticas bipartidistas e investigaciones en el Congreso. Tanto Hegseth como Trump han defendido firmemente los ataques y en numerosas ocasiones han calificado a las víctimas de narcoterroristas. Sin embargo, la evidencia sugiere que entre las víctimas había pescadores inocentes. Un exfiscal principal de la Corte Penal Internacional (CPI) también ha declarado que los ataques constituyen crímenes de lesa humanidad.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos apoya o participa impunemente en ataques violentos contra civiles escudándose en la “lucha contra las drogas”. En 2001, una política estadounidense de atacar presuntos aviones cargados de drogas en los Andes para desmantelar las redes de producción de cocaína entre Perú y Colombia resultó en el asesinato de una misionera estadounidense y su hija pequeña en Perú por agentes de la CIA. En 2012, un ataque perpetrado por agentes de la DEA junto con militares hondureños mató a cuatro civiles, incluidas dos mujeres embarazadas y un niño, e hirió a muchas otras personas que viajaban en una embarcación de pasajeros en la remota aldea de Ahuas.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos apoya o participa impunemente en ataques violentos contra civiles escudándose en la “lucha contra las drogas”.
En lugar de aprender de estos errores , la administración actual los está repitiendo cada vez más. Trump y altos funcionarios de su administración han sugerido, repetidamente, que los ataques actuales reducirán el narcotráfico hacia Estados Unidos, aunque su lógica tiene grandes errores. Las estrategias de control de drogas y políticas de interdicción, centradas en reducir la oferta de drogas han sido ineficaces durante mucho tiempo, incluso según los propios datos del gobierno.
La mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos están relacionadas con el fentanilo —un opioide sintético que no se produce ni se trafica cerca de Venezuela, donde se han centrado los ataques estadounidenses— y en el que las compañías farmacéuticas del país han desempeñado un papel importante en el fomento de la adicción. Si es que transportan narcóticos, es más probable que los barcos que salen de Venezuela transporten cocaína destinada a los mercados europeos. Sin embargo, los bombardeos destruyen cualquier evidencia de lo que transportaban o hacia dónde se dirigían las embarcaciones.
Además, estos ataques no interrumpen los flujos de tráfico de drogas. La mayoría de los narcotraficantes que tripulan las lanchas rápidas son el eslabón más bajo en las redes criminales, y por ende fácilmente reemplazables. Los líderes de estas agrupaciones subcontratan este trabajo a pescadores empobrecidos con un profundo conocimiento de las aguas costeras. Además, el narcotráfico es rentable precisamente por el riesgo que asumen los traficantes; aumentar los riesgos no eliminará el tráfico de drogas, sino que aumentará las ganancias de los traficantes que asuman el riesgo. En otras palabras, estos ataques hacen del narcotráfico algo más lucrativo. En muchas zonas rurales de América Latina, el tráfico ilícito de drogas –además de migrar, una vía de escape contra la cual la administración Trump también está librando una guerra– es la única salida a la pobreza extrema. Cualquiera de las dos opciones puede resultar mortal, pero la migración desde América Latina a menudo está motivada por los esfuerzos para escapar de una amenaza muy real de violencia, exacerbada a su vez por las políticas antinarcóticos militarizadas.
Motivos Ocultos
La promesa de Trump de indultar a JOH se produjo en vísperas de unas elecciones nacionales altamente disputadas en Honduras. Trump respaldó al candidato del ultraderechista Partido Nacional, Nasry Asfura, y amenazó con recortar la ayuda a Honduras si Asfura no ganaba. JOH fue liberado de prisión mientras aún se contaban los votos.
A pesar de la promesa del regreso del Partido Nacional al poder, los informes sugieren que JOH no regresará a Honduras de inmediato, sino que optará por permanecer en Estados Unidos por ahora. Esto contrasta dolorosamente con el trato que la administración Trump ha dado a casi todos los demás hondureños en el país, quienes han sido objeto de deportaciones masivas, la revocación de su Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) y ataques a sus garantías de asilo, especialmente las mujeres.
Los ataques a embarcaciones en altamar, la intromisión en las elecciones hondureñas, el indulto de JOH, la criminalización de los migrantes centroamericanos y la continua promulgación de políticas que desestabilizan sus países refuerzan la superficialidad y la hipocresía de la “guerra contra las drogas”. También desafían la afirmación de la administración Trump de defender la ley y el orden. Al hablar sobre la condena de JOH, la entonces directora de la DEA, Anne Milgram, declaró: “Este caso debería enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni fuera de nuestro alcance”. El indulto de Trump a JOH transmite un mensaje completamente diferente.
Las políticas de la administración Trump revelan cómo la “guerra contra las drogas” se ha utilizado a menudo como justificación para promover los objetivos políticos estadounidenses.
Las políticas de la administración Trump revelan cómo la “guerra contra las drogas” se ha utilizado a menudo como justificación para promover los objetivos políticos estadounidenses, especialmente la implementación forzosa de agendas económicas neoliberales.
Además de adoptar políticas contradictorias y represivas orientadas a disminuir la oferta de drogas, Trump ha revitalizado la prohibición desde el punto de vista del consumidor, a pesar de que existe evidencia significativa y de larga data que muestra que la reducción de daños salva vidas. De hecho, es probable que los logros de 2024 en la disminución de muertes por sobredosis en EE. UU. se reviertan debido a los recortes de la administración Trump a programas de reducción de daños. Lo que la prohibición ha hecho es motivar a los grupos criminales a crear drogas más potentes y más fáciles de traficar, pero con peores consecuencias para la salud pública. En otras palabras, la crisis del fentanilo es el resultado directo de décadas de políticas prohibicionistas fallidas, combinadas con un sistema farmacéutico motivado por el lucro. Insistir en estas medidas no salvará vidas.
Desde Venezuela hasta Honduras y Estados Unidos, la relación del presidente Trump con políticos aduladores y su desprecio por los pobres y marginados, expresada a través de la retórica de la “guerra contra las drogas”, reflejan un desprecio descarado por la vida de la gente común, independientemente de su origen. Las políticas de drogas de su administración seguirán matando, con graves consecuencias para las víctimas, las familias y el Estado de derecho.
Laura Blume es profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad de Nevada, Reno. Su libro recientemente publicado, El Arte del Tráfico: Cómo Influye la Política en las Narcoestrategias y la Violencia en Centroamérica, se basa en años de trabajo de campo etnográfico en Honduras.
Laura Aileen Sauls es profesora adjunta del Programa de Asuntos Globales de la Universidad George Mason. Su investigación se centra en las luchas por el derecho a la tierra en Centroamérica, particularmente ante la intersección de crisis globales.