Cuando pensamos que no podrían ocurrir nuevos hechos extraordinarios por un largo tiempo en Venezuela, llega un inimaginable doble terremoto de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter que no puede compararse con ninguna otra tragedia en el país. Desde hace menos de un año, el país caribeño ha visto cómo se posiciona un bloqueo naval y financiero de Washington en su contra, que llegó a su máximo nivel el 3 de enero cuando una intervención militar y un bombardeo sirvieron para que secuestraran al presidente Nicolás Maduro. El 17 de marzo, el país vivió una histórica fiesta total con su victoria frente a Estados Unidos en la infartante final del mundial de béisbol, el deporte nacional. Con un nuevo gobierno interino en la palestra y el robo descarado de su producción energética por parte de la potencia del norte, nos imaginamos que la situación, mal que bien, comenzaría a resolverse al menos en la esfera económica. Pero justo en ese momento llega la tragedia natural más cruenta vivida en la historia del país caribeño.
El incomparable evento sísmico que sacudió a Venezuela el 24 de junio proyecta un impacto sociopolítico incalculable en múltiples direcciones, poniendo en riesgo variables críticas de la vida política y social del país. Según las últimas cifras oficiales superan en cinco mil la cifra de muertos, aunque la alta cantidad de desaparecidos bajo los escombros hace temer que el número puede ser exponencialmente superior. Más allá de las imágenes apocalípticas divulgadas durante la emergencia, resulta indispensable contextualizar y delimitar la magnitud real del desastre.
La Guaira: zona cero de la tragedia, otra vez.
Si bien en la capital y en el resto del país hay importantes daños materiales y pérdidas humanas, donde sí podemos hablar de una catástrofe apocalíptica, con absoluta propiedad, es en el estado La Guaira. La entidad federal con menor superficie del territorio nacional, pero donde las pérdidas materiales y humanas son de dimensiones desmesuradas. Los daños de las edificaciones colapsadas y estructuralmente dañadas pueden contarse por cientos. Amplias zonas de altos edificios residenciales, con gran concentración demográfica, fueron arrasadas de manera plena, quedando casi ningún edificio sin afectación. Al drama colectivo se añade el agravante de ser un territorio marcado por adversidades socioambientales previas, como la tragedia de Vargas en diciembre de 1999 —un evento de flujos de lodo— y las agudas vaguadas del año 2006.
La ciudad de Caracas, en relación con la magnitud de la sacudida, no sufrió una devastación generalizada.
A su favor, los barrios populares no tuvieron afectaciones de magnitud, lo que quiere decir que cientos de comunidades populares han sobrevivido sin muchas afectaciones. Debido a la profunda identidad cultural de la región, sobre todo afrovenezolana, después de pasada la emergencia estarán dispuestas a reconstruir su estado, a pesar de la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido de forma permanente.
La ciudad de Caracas, en relación con la magnitud de la sacudida, no sufrió una devastación generalizada. Las consecuencias estructurales graves se concentraron de forma muy localizada en algunos sectores y urbanizaciones de clase media. En esas zonas, la mayoría de las viviendas sobrevivió —algunas con afectaciones menores y otras con daños bajo evaluación—, pero los colapsos de edificaciones no se generalizaron. Al parecer, el terremoto de 1967 sentó las bases para diseños estructurales que aguantan la terrible arremetida. No se registraron daños severos en puentes, autopistas, centros comerciales o en la red del Metro. Por supuesto, dada la liberación de energía del evento sísmico, numerosos inmuebles resultaron afectados, pero las inspecciones de ingeniería civil bajo una comisión presidencial concentrada en esto, aún avanzan para determinar el daño estructural efectivo.
Es posible que a escala nacional los daños sean muy numerosos pero no hay una devastación severa en la mayoría de estados. El Gobierno Nacional ha dispuesto más de 100 refugios provisionales, donde han ubicado a más de veinte mil personas.
Radiografía del entramado social
A todas luces, el primer gran revés se percibe en las comunidades. El considerable saldo de víctimas humanas ocurre en un marco socioeconómico ya debilitado, lo que obstaculiza no solo la capacidad de recuperación de los sectores damnificados —muchos de ellos receptores de programas públicos de vivienda tras contingencias anteriores—, sino también la acción del Estado venezolano, que históricamente funcionó como el principal motor de protección civil ante las emergencias naturales de antaño. La suficiencia logística actual de las instituciones es incompatible con la de los años 1999, 2006 o 2010, períodos en los que ocurrieron deslaves masivos causados por precipitaciones extremas, pero en los que el país no experimentaba el ahogo financiero ni las crisis económicas que ha enfrentado los últimos años. En aquellos momentos la respuesta estatal se medía en cientos de miles de refugiados atendidos de manera integral y decenas de miles de nuevas viviendas. Hoy no sabemos cómo podrá medirse.
Estados Unidos ha anunciado una ayuda de 300 millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional aprobó la liberación de 346 millones de los recursos propios de Venezuela que la institución financiera tenía represados por cuestiones políticas. Sin embargo, esta ayuda resulta insuficiente en comparación con las cantidades de barriles de petróleo que el propio Presidente Donald Trump afirma que ha comercializado y que provienen del país caribeño. Reino Unido y Europa siguen apoderados de recursos venezolanos y no dan señales de querer cambiar esta situación ni siquiera por el colapso que ha traído la tragedia.
En la actualidad, la población venezolana —una vez que decante la fase inicial de conmoción y se formalice el recuento de fallecidos, heridos y refugiados— se verá forzada a reconstruirse sin el soporte de la desaparecida abundancia petrolera, hoy secuestrada por Washington. En su lugar, se topa con un aparato público presupuestaria y diplomáticamente cercado, que todavía arrastra los efectos de la galopante hiperinflación del lustro pasado y posee reservas financieras profundamente disminuidas.
Este panorama impone una exigencia mayúscula que sobrepasa la que suelen resistir otras naciones ante eventos de la naturaleza de este nivel. Regularmente, las administraciones experimentan un deterioro marcado en su imagen pública y en la valoración de su manejo de crisis debido al descontento generalizado y a las demandas ilimitadas de los colectivos perjudicados. En el caso venezolano, el impacto social y político de este acontecimiento aún está por verse, pero ya está rodeado de un malestar generalizado debido a la inacción del Estado las primeras horas tras el doble terremoto y que se acompaña de una crisis generalizada en materia de servicios públicos, como los diarios apagones que ocurren en casi todo el territorio nacional.
El tablero geopolítico tras el sismo
Bajo estas premisas, Venezuela no será la excepción respecto a la multiplicación de cuestionamientos frontales contra un mando acorralado por la escasez de fondos y la inmensidad de la tragedia. Se trata, por ende, de una gestión que debe maniobrar con una tensión extrema empleando las escasas herramientas reales a su alcance. A su favor opera el amplio bagaje institucional acumulado en eventos parecidos, en los cuales las autoridades precedentes de corte chavista supieron sortear los reveses e incluso emerger fortalecidas políticamente gracias a una atención directa y masiva a los afectados. A esto se suma la singularidad de una administración provisional nacida de una acción militar estadounidense el pasado 3 de enero, la cual no cuenta con la validación que proporcionan los procesos electorales y coexiste con las presiones de una persistente injerencia extranjera en sus mandos militares, políticos y sociales. La ayuda humanitaria ha traído una movilización de tropas estadounidenses, israelís y de otros países que no se sabe si se plantean una “cabeza de playa “ militar para tener mayor control del territorio o si, por el contrario, se replegarán una vez finalice el momento del desastre.
La ayuda humanitaria ha traído una movilización de tropas estadounidenses, israelís y de otros países que no se sabe si se plantean una “cabeza de playa“ militar para tener mayor control del territorio
De este modo, el escenario “feliz” con el que Trump suele describir el estatus de Venezuela tras su intervención podría perder viabilidad si las variables económicas empeoran aceleradamente y los sectores damnificados no reciben respuestas eficientes de unas instituciones asfixiadas financieramente por la potencia del norte. ¿Mantendrá la Casa Blanca el régimen de sanciones económicas en medio de una catástrofe humanitaria de este calibre? ¿Permitirá que el colapso de un país con estructuras institucionales debilitadas derive en una crisis militar, social y política de gran magnitud que termine entorpeciendo el flujo, la producción y la comercialización segura de los hidrocarburos? Estas son las interrogantes cruciales que deberá responder el gobierno de EE.UU. los próximos días o semanas.
En medio del letargo ocasionado por la catástrofe natural, las autoridades provisionales poseen, a diferencia de la oposición política, una ventana estratégica para cosechar una relegitimación práctica mediante el manejo de la contingencia. Aunque también, una defectuosa conducción de la postragedia puede acarrear un colapso definitivo, como la de una edificación más en la zona cero.
Otro punto a favor del país es la masiva solidaridad con la que los venezolanos se han volcado a apoyar a sus connacionales.
La oposición exterior ante la coyuntura de la emergencia
Por su parte, María Corina Machado, figura de la oposición en el exterior, se trasladó a Panamá a finales de junio y manifestó su propósito de regresar próximamente a Venezuela. Desde ese espacio emitió un pronunciamiento de tinte rupturista, intentando capitalizar políticamente la situación crítica en la que el Gobierno concentra la totalidad de sus esfuerzos en la mitigación del desastre, buscando asestar un golpe definitivo.
De acuerdo con despachos de agencias internacionales, Washington habría impedido su arribo a la isla de Aruba —situada a escasos 30 kilómetros al norte del litoral venezolano—, por lo que Machado se encontraría a la espera del aval político de la administración de Trump para concretar su retorno.
Tras este movimiento infructuoso, la líder opositora también queda en una posición sumamente frágil. De no conseguir el ingreso al territorio nacional, quedaría en evidencia su repliegue político y su falta de respaldo internacional, situándose como una alternativa inviable en la actualidad. Mientras tanto, el Gobierno continúa operando a media máquina sobre el terreno.
En medio de la tragedia, la solidaridad hace tantos estragos como el doble terremoto. Y se percibe una alta moral para reconstruir el país, nuevamente pero la política solo recuerda un espacio de confrontación que cada día parece más inútil.
Ociel Alí López es sociólogo, ganador de los premios Clacso/Sida para jóvenes investigadores y del premio municipal de literatura de Caracas. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela y escribe sobre América Latina