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El 18 de enero, la notoria pandilla Barrio 18 llevó a cabo al menos trece ataques contra agentes y estaciones policiales en y alrededor de la Ciudad de Guatemala en un mismo día, asesinando a 11 oficiales. Estos ataques, sin precedentes en su alcance y coordinación, ocurrieron un día después de que la policía reprimiera una serie de disturbios coordinados en las prisiones del país, instigados por la transferencia de líderes de las pandillas a una prisión de máxima seguridad—una revocación de privilegios que llevó a los prisioneros a exigir el derrocamiento del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. La ola de violencia llegó meses después de que 20 líderes del Barrio 18 escaparan de prisión sobornando a funcionarios penitenciarios, un hecho que desató una crisis de seguridad nacional para Arévalo y llevó a la destitución del Ministro de Gobernación.
Cuando Arévalo respondió con la restricción de las libertades civiles, con aprobación del Congreso, al decretar ley marcial con un estado de sitio de 30 días, los analistas se preguntaron si seguiría el ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo modelo de adquirir poderes autoritarios al tomar medidas contra las pandillas ha inspirado a gran parte de la región. Pero, al parecer, Arévalo, quien lidera el primer gobierno genuinamente democrático en Guatemala desde 1954, no ha seguido el manual de Bukele. Luego de un mes, Arévalo revocó el decreto de estado de sitio, restaurando algunos derechos que habían sido suspendidos temporalmente, mientras que mantuvo otros limitados por un nuevo estado de prevención.
La respuesta de Arévalo es menos sorprendente si se tiene en cuenta que los ataques ocurrieron poco antes del inicio del ciclo de elecciones de segundo grado para puestos importantes en el sistema de justicia. La importancia de los ataques del Barrio 18 se entiende mejor a través del lente del paramilitarismo. Aunque no se ha demostrado que las acciones de la pandilla hayan sido coordinadas por fuerzas externas, la violencia se desató en el contexto de la presencia consolidada de grupos armados con poder político y ante la insistencia de Arévalo de que dichas redes buscan influir en las elecciones y desestabilizar su gobierno. Vistos de esta manera, los ataques del Barrio 18 pueden interpretarse como un acto de violencia organizada contra el gobierno que intensifica la disputa actual sobre el futuro de las instituciones estatales y la impunidad en Guatemala.
La batalla por el control estatal
La aprobación del estado de sitio de Arévalo por parte del Congreso fue un raro ejemplo de colaboración entre el legislativo y el ejecutivo durante el mandato de Arévalo. De hecho, desde el inicio, el liderazgo de Arévalo ha estado paralizado por las élites corruptas instaladas en las instituciones del Estado. En 2023, antes de las elecciones de ese mismo año, el gobierno anterior había asegurado la cooptación casi total del Estado a fin de garantizar la impunidad de su liderazgo luego de dejar el poder.
Continuando con la persecución contra opositores políticos y funcionarios del sistema judicial de años anteriores, el gobierno emprendió una serie de acciones judiciales contra candidatos y partidos de la oposición. Después de la impresionante victoria electoral de Semilla, estos actores instrumentalizaron el sistema de justicia para impedir la transferencia del poder, comenzando con rehusarse a reconocer los resultados de la elección de 2023.
El presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, y otros aliados, alteraron o retrasaron los resultados electorales, suspendieron el partido Semilla, denunciaron irregularidades electorales y criminalizaron a los integrantes de Semilla, así como a sus oponentes políticos en la sociedad civil, estudiantes, jueces, fiscales, abogados y periodistas. Al menos 117 personas fueron investigadas o acusadas. Como respuesta, la sociedad civil convocó un Paro Nacional Indefinido por la democracia, que duró 106 días, hasta que finalmente se aseguró la transición del poder a Semilla.
La necesidad de gobernar junto a una estructura hostil arraigada en el sistema judicial ha limitado la capacidad de Arévalo para llevar a cabo sus proyectos democráticos.
Con el inicio del tercer año de gobierno de Arévalo, las fuerzas políticas que abogan por un golpe de Estado han continuado con sus falsas acusaciones, aun a pesar de su propio fracaso y de las denuncias y sanciones internacionales que se han impuesto contra sus agentes. La necesidad de gobernar junto a una estructura hostil arraigada en el sistema judicial ha limitado la capacidad de Arévalo para llevar a cabo sus proyectos democráticos. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado —dos dimensiones profundamente entrelazadas— se ha visto especialmente limitada.
La sensación de una pérdida acelerada de poder entre quienes abogan por un golpe de Estado se ha agudizado aún más en el contexto de las elecciones de segundo nivel en Guatemala. Este proceso selecciona a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, así como al Fiscal General y jefe del Ministerio Público y otros cargos. Las elecciones son cruciales no solo para que Semilla pueda gobernar los dos años que les restan en sus cargos, sino también para desmantelar la cooptación del Estado a favor de una gobernanza democrática en el futuro.
Más de 40 años después de la transición de Guatemala a la democracia—un proceso cooptado y cleptocrático—las complejas y ocultas estructuras conocidas como los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y las Redes Económicas-Políticas Ilícitas (REPI) continúan operando. Actuando desde dentro del Estado, buscan su propia protección e impunidad, y mantienen conflictos tanto con lo que consideran un enemigo común, como entre ellos mismos, utilizando la violencia organizada para sobrevivir, reproducirse y hacerse con el poder.
Entre 2008-2019, la Oficina del Ministerio Público, bajo el liderazgo de Claudia Paz y Paz (2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018), logró una notable reducción en la violencia criminal organizada y una enorme reducción en la tasa de homicidios. Estos avances fueron el resultado de la desarticulación de unas 70 estructuras criminales dentro del Estado, en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Los grupos criminales estaban conformados por oficiales militares, políticos y escuadrones de la muerte, algunos de los cuales llegaron a los más altos rangos del gobierno, incluido el entonces presidente Otto Pérez Molina, y su administración.
En el 2009, Guatemala tenía una tasa de homicidio de 47.2 por cada 100,000 habitantes. Para 2019, con el apoyo de CICIG, esta cifra se redujo a 25. Sin embargo, bajo Consuelo Porras (2018-2026), el Ministerio Público se ha caracterizado por su negligencia deliberada y la perversión del trabajo de la institución, lo que parece haber contribuido al incremento de la tasa de homicidios entre 2020 y 2025. En 2020, durante la pandemia del COVID-19, la tasa de homicidios se redujo a 15.1. Para 2025, con Porras al mando del Ministerio Público, había crecido en 9.4 por ciento, llegando a 17.2 por cada 100,000 habitantes.
Una historia de violencia organizada
La continuidad de las operaciones de los CIACS se sustenta en una historia de violencia organizada en Guatemala. Las redes interconectadas conformadas por la fuerza pública y los grupos armados no estatales han defendido los intereses económicos y políticos de la élite guatemalteca desde hace mucho tiempo. Durante la colonia y principios del siglo XX, el ejército y las milicias rurales se desplegaron para controlar la tierra y la mano de obra indígena, lo que derivó en masacres genocidas y el horror de los escuadrones de la muerte durante el conflicto armado. Durante la guerra, el control militar dictatorial incorporó a todas las instituciones estatales al modelo contrainsurgente, y la inteligencia militar se convirtió en una rama sustancial del poder estatal. Muchas de las estructuras que se convertirían en los CIACS se formaron durante esta época: grupos como La Cofradía, El Sindicato y Red Moreno, así como otros grupos menos visibles y sin nombre.
Los CIACS activos hoy incluyen a redes de exoficiales y militares de inteligencia que combinan su acceso continuo a las instituciones del Estado con violencia contra aquellos que amenazan sus intereses. Esos intereses, más allá de las ganancias y el poder político, incluyen también actividades criminales y la defensa de la impunidad ante los casos judiciales iniciados tras la guerra, que buscan justicia para las víctimas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La movilización de estos actores armados para defender los intereses de las élites puede considerarse un nuevo capítulo en la larga historia del paramilitarismo en Guatemala.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala—entre ellos líderes y lideresas indígenas, campesinos y otros activistas políticos, abogados y jueces, periodistas y más—con frecuencia se enfrentan a ataques violentos. Tan solo en el 2024, la organización de derechos humanos UDEFEGUA registró más de 4,100 actos de agresión contra defensores de derechos humanos, incluidos 28 asesinatos. Los ataques físicos rara vez provienen de las fuerzas armadas o la policía. Estos son llevados a cabo por sicarios, grupos de seguridad privada, grupos armados en áreas rurales y otros actores.
La movilización de estos actores armados para defender los intereses de las élites puede considerarse un nuevo capítulo en la larga historia del paramilitarismo en Guatemala. Por lo general, se considera que los paramilitares son grupos armados no estatales uniformados que ejercen una violencia extrema y de ideología de derecha con el beneplácito del Estado. Sin embargo, como muestran Jasmin Hristov y otros, en la era posterior a la Guerra Fría se ha producido una diversificación de los grupos armados que llevan a cabo actos de violencia organizada en defensa de los intereses de las élites en todo el mundo
El propósito de la violencia paramilitar no solo es eliminar un objetivo concreto, sino sembrar terror entre la población—aquellos que cuestionan los intereses de las élites, así como el público, en general—para generar un clima de temor favorable para quienes están detrás de la violencia. La ola reciente de ataques del Barrio 18 en Guatemala sugiere, una vez más, una conexión entre elementos que van de la mano en la historia reciente del país: las poderosas redes CIACS, la paramilitarización de los grupos armados no estatales y la utilidad del terror a favor de las élites y la derecha extrema organizada.
La política de la violencia de las pandillas
El presidente Arévalo lleva tiempo denunciando que los miembros de las pandillas actúan al servicio de estructuras criminales con motivaciones políticas. Durante su anuncio del estado de sitio del 18 de enero, Arévalo se refirió a “las estructuras políticas desestabilizadoras que están detrás de [las pandillas]”. También reveló en una entrevista este año que las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los últimos días de su campaña en 2023 respondían a amenazas contra su vida por parte del Barrio 18.
En línea con la interpretación de Arévalo de los ataques de la pandilla, varios expertos en política y violencia de Guatemala afirman que “las pandillas en Guatemala no actúan solas, sino como un instrumento de grupos que buscan desestabilizar el Estado con el interés de frenar la renovación de autoridades fundamentales en el sistema de justicia”.
Los ataques recientes en las prisiones y contra la policía encajan en un patrón de corrupción y violencia coordinada de los CIACS—un patrón que la CICIG demostró en varios casos. También coinciden con la investigación etnográfica de las pandillas en la Ciudad de Guatemala que establece un patrón de complicidad estructural entre las pandillas, la policía, oficiales penitenciarios y élites económicas y políticas.
Los ataques de enero pueden ser interpretados como la movilización del Barrio 18 como actor armado que sirve una función paramilitar y que beneficia a la extrema derecha organizada.
Los ataques de enero pueden ser interpretados como la movilización del Barrio 18 como actor armado que sirve una función paramilitar y que beneficia a la extrema derecha organizada. En un clima político marcado por continuos intentos por desestabilizar a la administración de Arévalo y de socavar las elecciones libres, los ataques aumentan cada vez más una sensación generalizada de miedo. La elección de funcionarios para la oficina del Fiscal General, la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones que inició el 12 de febrero estuvo marcada por la intervención directa de la Fiscal General, que intentó manipular el voto.
Los ataques de las pandillas también son significativos debido a la naturaleza de su objetivo. Ya sea que los ataques buscaran este resultado o no, la administración actual los percibe como un ataque contra el gobierno en general, y en particular contra sus esfuerzos por reformar el sistema de justicia y contrarrestar la impunidad. Este cambio en el escenario de la violencia paramilitar genera un resultado familiar de violencia y terror, pero también abre un nuevo periodo y un nuevo frente en una lucha de larga data entre la cooptación o la liberación de las instituciones estatales. El Ministerio Público, que durante mucho tiempo ha sido el epicentro de esta batalla institucional, ha parecido alinearse con la fuente de la violencia criminal y paramilitar dirigida contra el mismo Estado en el que se encuentra.
Aunque no se ha demostrado que los ataques del Barrio 18 contra prisiones y comisarías hayan sido coordinados con actores por fuera de la pandilla, la percepción de que los CIACS manipularon los hechos tiene mucha fuerza en Guatemala. También es cierto que las disputas en torno a la Fiscalía General, el sistema judicial y el futuro de la impunidad y la democracia dominan la realidad política actual de Guatemala. Este contexto pesa mucho sobre la reciente ola de violencia de las pandillas y ha marcado la respuesta del presidente Arévalo. Como suele ocurrir, la interpretación de estos acontecimientos puede verse facilitada por una comprensión de los profundos vínculos entre las élites, las instituciones estatales y los grupos armados.
Simon Granovsky-Larsen es catedrático asociado de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Regina. Es autor de Dealing with Peace: The Guatemalan Campesino Movement and the Post-Conflict Neoliberal State y de un volumen corto acerca de la comisión CICIACS, así como co-editor, con Dawn Paley, de Organized Violence: Capitalist Warfare in Latin America.
Samuel Noriega es guatemalteco con Maestría en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar.