Este artículo fue publicado en inglés en la edición de otoño de 2025 de nuestra revista trimestral NACLA Report.
En el año 2022, miembros del equipo de la organización medioambiental Fundación Tantí realizaron un viaje atravesando la región norteña de Antofagasta, Chile, de este a oeste, yendo desde los salares hasta la costa buscando las extensiones menos visibles de la minería del litio. En pocos años el paisaje había cambiado radicalmente. A la megaminería de litio y cobre se sumaban proyectos solares y eólicos, mientras que el megaproyecto termosolar Cerro Dominador, visible a kilómetros desde la carretera, acababa de entrar en funciones. En la costa, las plantas de carbonato de litio en zonas industriales altamente saturadas sobre un salar eran sólo un anticipo a la Bahía de Mejillones, donde al ver las termoeléctricas operando mientras componentes eólicos se apilaban en el Puerto de Angamos nos hicieron pensar que los impactos locales de la llamada transición eléctrica eran más complejos de lo que entendíamos hasta entonces.
En 2024, decidimos expandir el ámbito geográfico de nuestro trabajo y explorar las conexiones entre la minería de litio y cobre, principales amenazas para comunidades y territorios indígenas en los Andes, y la entonces difusa realidad de la costa. Nuestra primera visita fue al pueblo costero de Taltal, para reunirnos con personas pertenecientes al pueblo chango. Durante una reunión-taller, sentimos un ambiente de urgencia e indignación. Las distintas dirigentas se turnaban para nombrarnos los múltiples proyectos energéticos llegando al territorio, incluyendo de hidrógeno verde, que anotábamos con apuro y preocupación. Entre ellas se corregían respecto a los lugares, tamaños y tiempos en que esperaban que estos proyectos llegaran a sus costas. Al terminar, una de ellas hizo una observación que marcó nuestro trabajo: la llegada de la industria del hidrógeno haría de la región de Antofagasta una gran “zona de sacrificio”.
La extensa y árida región de Antofagasta ha sido el escenario para el desarrollo de la minería a gran escala por casi dos siglos.
La extensa y árida región de Antofagasta ha sido el escenario para el desarrollo de la minería a gran escala por casi dos siglos, y ha albergado por décadas la generación de energía fósil destinada inicialmente a abastecer la megaminería de cobre. Desde el salitre al cobre y, más recientemente, el litio, el Desierto de Atacama es un territorio marcado por profundas heridas socioambientales. Relaves mineros, cuencas agotadas e intoxicadas, contaminación atmosférica y biodiversidad en desaparición han erosionado formas de vida únicas. Comunidades de la Puna Andina, dedicadas por milenios al agropastoreo en pisos ecológicos de altura, han visto sus vegas y humedales secarse mientras la minería se expande sistemáticamente. Por su parte, las comunidades costeras han visto a sus mejores caladeros de pesca convertirse en nodos industriales y puertos para el flujo de minerales y otras mercancías hacia los mercados internacionales. Estos territorios, que concentran las actividades industriales asociadas al carbón y han sido denominados zonas de sacrificio, hoy enfrentan la llegada de nueva infraestructura asociada a la minería y energía “verdes” —como desaladoras, plantas de carbonato de litio, proyectos energéticos y de hidrógeno— sin ningún mecanismo efectivo de participación y protección.
En estos mismos territorios se habla de la “transición energética” como una nueva oportunidad de bienestar para sus habitantes. Sin embargo, este planteamiento —que podría ser visto como una buena noticia y un avance en materia de descarbonización— no está libre de riesgos y amenazas. Aquí analizamos cómo dos elementos, el litio y el hidrógeno, se están posicionando como protagonistas del capitalismo verde en Chile, extendiéndose a otros commodities como el llamado “cobre verde”. Centrándonos en dos casos concretos en la región de Antofagasta, mostramos por qué estas industrias extractivas constituyen falsas soluciones y nuevas formas de greenwashing del extractivismo histórico. Relacionamos estos fenómenos con el déficit democrático en la institucionalidad ambiental y de planificación en Chile, para terminar con una reflexión respecto al sacrificio verde como un elemento íntegro al capitalismo verde.
Las bases de una transición energética corporativa
Desde escritorios muy lejanos de la realidad social y ambiental del norte de Chile, dos políticas nacionales han sido impulsadas bajo las banderas de la transición energética y el incentivo a la inversión en un contexto de crisis climática y postpandemia. En el año 2023, el presidente progresista Gabriel Boric lanzó la Estrategia Nacional del Litio (ENL) centrada en el mayor involucramiento del Estado en la explotación y captación de las rentas del litio mediante alianzas público-privadas y el desarrollo tecnológico para la implementación de métodos de extracción de litio menos dañinos para los ecosistemas. Además, se renovó la promesa de avanzar hacia la agregación de valor en territorio nacional, a pesar de que no existan avances concretos en esta materia. En lo socioambiental, se anunció la participación de las comunidades indígenas afectadas por las futuras operaciones de litio de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantizando su derecho a la consulta previa, libre e informada, así como a participar en los beneficios económicos de la minería. Por último, se avanzó en la Red de Salares Protegidos que busca resguardar un 30 por ciento de estos ecosistemas frágiles y únicos, fundamentales para la diversidad altoandina y el equilibrio hídrico de la región. Esta iniciativa también contempla procesos de consulta ciudadana e indígena.
En la práctica, los pueblos indígenas no tuvieron una participación vinculante en la determinación de las formas de protección de los salares y humedales andinos. A su vez, las consultas aplicadas por el Ministerio de Minería en el marco de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) vienen de una lista de salares priorizados por el Estado según criterios estrictamente económicos. Las comunidades solo pueden manifestarse sobre aspectos específicos de los contratos, como la distribución de beneficios, sin contemplar su derecho a rechazar la instalación de la minería de litio en sus territorios. En cuanto a la decisión de protección o explotación de los salares chilenos, tanto comunidades como especialistas sostienen que el actual gobierno ha privilegiado los intereses económicos por sobre los criterios científicos, de conservación y de pertinencia territorial. Si bien la propuesta de una red de salares protegidos puede ser vista como una oportunidad para avanzar su defensa, esto debe ser validado mediante la participación efectiva de comunidades indígenas y especialistas independientes comprometidos con la autodeterminación de los pueblos y la protección conjunta de la naturaleza.
Otro eje de la agenda chilena de transición es el hidrógeno industrial llamado “verde” o “renovable”, producido mediante el proceso de hidrólisis del agua con electricidad producida por Energías Renovables no Convencionales (ERNC).
Otro eje de la agenda chilena de transición es el hidrógeno industrial llamado “verde” o “renovable”, producido mediante el proceso de hidrólisis del agua con electricidad producida por Energías Renovables no Convencionales (ERNC). El impulso de esta política viene del último gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), previo al actual gobierno de Boric. En 2020, se anunció la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, basada en un estudio técnico de McKinsey & Co. que ponía como meta posicionar a Chile entre los tres primeros exportadores de hidrógeno a nivel mundial. El plan identificaba dos regiones del país —Magallanes en el sur y Antofagasta en el norte— como prioritarias para concentrar la infraestructura de esta industria. Entre 2023 y 2024, el gobierno de Boric reforzó esta estrategia con el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, que puso foco en la participación ciudadana. Sin embargo, al igual que con la Estrategia Nacional del Litio, el proceso carece de una representatividad y vinculatoriedad efectiva, especialmente en relación con las comunidades indígenas potencialmente afectadas.
Ambas industrias —litio e hidrógeno— han estado enmarcadas en discursos nacionales de transformación e industrialización “verde”. El hidrógeno ha sido planteado como el “combustible del futuro” por ministros, parlamentarios y el mismo Boric, y una solución al desempleo tras el cierre de termoeléctricas en bahías como Tocopilla y Mejillones. A su vez, el litio se promociona como una minería baja en emisiones y una oportunidad histórica de crear cadenas de valor y tecnología relacionada con el litio en Chile. Sin embargo, estos discursos de optimismo ecotecnológico contrastan con una realidad territorial marcada por crecientes problemáticas socioambientales.
El impulso de estas industrias responde especialmente a las políticas de descarbonización de la Unión Europea (UE), que en 2020 fijó la meta de producir 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable e importar otras 10 millones de toneladas para 2030. Este foco en el hidrógeno producido fuera de fronteras europeas se sumó a su histórica demanda de litio chileno y se incorporó en la actualización del acuerdo entre la UE y Chile, sellado durante la Cumbre UE-CELAC en 2023. Según el Parlamento Europeo, el acuerdo busca “asegurar un mejor acceso a materias primas y combustibles limpios como litio, cobre e hidrógeno”. También se presentó la iniciativa Global Gateway con el Banco Europeo de Inversiones como principal aliado para la promoción de proyectos, con especial énfasis en el hidrógeno.
Las agencias europeas de cooperación internacional, como la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), han desempeñado un papel central en modelar el discurso sobre el cobre, el litio y el hidrógeno como oportunidades urgentes e imperdibles, de beneficio para productoras y consumidoras. Esta forma de soft power se refleja en eventos promocionales, estudios de factibilidad e instancias de cabildeo que buscan influir en las políticas minero-energéticas de Chile y otros países andinos. Algunos ejemplos recientes son la conferencia “El triángulo del litio y la geopolítica de los minerales críticos” de agosto de 2023 y el foro “Navegando la transición energética justa: el hidrógeno verde como catalizador para el desarrollo sostenible en latinoamérica y el caribe” que tuvo lugar en julio de 2024, coorganizados con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.
Este marco internacional legitima las industrias del litio e hidrógeno bajo la narrativa de emergencia climática, presentándolas como un imperativo moral para países como Chile y territorios como el Desierto de Atacama. A su vez, el concepto de “minería responsable”, basado en estándares privados no vinculantes, refuerza esta legitimación. Frente a la crisis de legitimación y de participación púbica, actores como la industria automotriz alemana y la propia GIZ promueven espacios de participación “multiactor” que se presentan como intermediadores entre comunidades y la industria, a pesar de no contar con un reconocimiento de las organizaciones indígenas y negando la huella hídrica de la minería de litio por la evaporación de salmueras. Por su parte, la asociación gremial del hidrógeno en Chile se autodefine como “impulsor del desarrollo cero emisiones de Chile y el mundo” incluso antes de que los proyectos hayan sido evaluados ambientalmente.
A la necesidad de almacenar energía —ya sea mediante baterías de litio o con base en hidrógeno como “portador” energético— se suma la urgencia de aumentar la extracción de cobre por el amplio uso que tiene en la infraestructura eléctrica. Estos tres elementos convergen y se refuerzan en Antofagasta, región que concentra la mayor actividad minera e infraestructura relacionada del país, incluyendo carreteras, puertos y, más recientemente, plantas desaladoras. La minería de cobre representa cerca del 10 por ciento del PIB nacional y sus operaciones tienen los más grandes impactos socioambientales del sector minero materializados en la desecación y contaminación de acuíferos, ríos y humedales, en casos emblemáticos como el Salar de Atacama, Talabre y Punta Negra. Las comunidades indígenas de la región —principalmente atacamaño/lickanantay y quechua en el área andina, y chango en la costa— ven hoy amenazados sus modos de vida por los megaproyectos mineros y energéticos y la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda global.
Dos casos emblemáticos desde los territorios
Peine (andino)
A partir de nuestra experiencia previa y en el marco de esta investigación, encontramos la sobreposición de impactos ya existentes de la minería de litio y cobre con los efectos de la infraestructura energética necesaria para la síntesis de hidrógeno verde. Uno de los casos emblemáticos es Peine, una localidad cercana al Salar de Atacama y a los sitios de explotación de litio de la empresa chilena Sociedad Química y Minera (SQM) y la corporación estadounidense Albemarle —actualmente las únicas empresas activas en este rubro en Chile. Esta localidad ha visto la llegada reciente de proyectos de generación energética solar y de infraestructura de transmisión eléctrica.
Peine está además próximo a Minera Escondida, la mina a rajo abierto más grande del mundo, controlada por los conglomerados BHP de Australia, Río Tinto del Reino Unido y JECO Corp de Japón. En 2020, esta empresa fue demandada por el Consejo de Defensa del Estado por “un daño continuo, acumulativo, permanente e irreparable” al Salar de Punta Negra, producto de la sobreextracción de agua del acuífero que alimenta los humedales del salar. El daño provocado a los acuíferos y humedales ha sido tan grande que gran parte de la fauna, como los flamencos, los ha abandonado. A pesar de un acuerdo conciliatorio en el que la empresa se comprometía, entre otras medidas, a restaurar los humedales destruidos mediante la reinyección de agua, la reproducción de estas aves y otras especies sigue sin poder recuperarse.
Actualmente, se instala una línea de transmisión en las cercanías de los salares de Imilac y Punta Negra, pese al rechazo y las protestas presentadas por la comunidad Lickanantay-Atacameña de Peine. El daño ecológico acumulado amenaza tanto la biodiversidad como los sistemas ancestrales de vida de las comunidades andinas.
El pueblo atacameño habita el territorio entre las cuencas del Salar de Atacama y el Río Loa. Gracias al pastoreo y a sistemas ancestrales de canalización de aguas que persisten hasta la actualidad, las comunidades han permanecido y cuidado el agua —o puri en lengua kunza— como base de la vida social y espiritual. Rituales como la limpia de canales y ceremonias dedicadas a este elemento reflejan esa relación. Hoy, estas prácticas coexisten con actividades asociadas al turismo y la propia minería. La persistencia del agropastoreo sigue siendo clave para la conservación y el cuidado del agua, las semillas, los saberes indígenas y el territorio en una región árida y amenazada.
Mejillones (costero)
La costa de la región también ha visto acumularse los efectos de la voracidad minera. La bahía de Mejillones, conocida anteriormente por su riqueza marítima que hacía posible la vida costera con base en la abundancia del mar, es hoy una zona saturada de instalaciones industriales contaminantes y nocivas para los ecosistemas y comunidades locales. Entre sus instalaciones se encuentran varias plantas de energía fósil y desaladoras. El año pasado, una de ellas hizo noticia por abastecer ilegalmente de agua a la megaminería de cobre Spence, también operada por BHP.
En este contexto se proyecta el plan de hidrógeno verde “Volta” de la empresa Mejillones Ammonia Energy (MAE), que ingresó a evaluación ambiental en 2024. El proyecto incluye una instalación solar fotovoltaica de 600 MW de capacidad y la planta productora de hidrógeno propiamente dicho. A través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, comunidades changas y organizaciones ambientales, como Fundación Tantí, han expresado su preocupación por los impactos socioambientales de este proyecto, en especial la mayor extracción de agua desalinizada, necesaria para la síntesis de hidrógeno. Esta operación podría agravar aún más el ya deteriorado ecosistema marino costero. Como señalaron varias comunidades changas en una carta entregada a la casa presidencial La Moneda el 28 de marzo de 2025: “Las desaladoras no sólo contaminan en la descarga del agua hipersalina hacia el mar, sino que también absorben y destruyen microorganismos cruciales como el plancton y los huevos y larvas de especies marinas como la anchoa… que son la base de nuestra existencia ancestral”.
El pueblo chango lleva habitando las costas del norte de Chile al menos 10.000 años. Su forma de vida nómade está marcada por una relación íntima con el mar, y son expertos recolectores, pescadores y cazadores marinos. También se dedican a la cría de animales en zonas costeras nutridas por la camanchaca —un fenómeno meteorológico que da humedad mediante una densa niebla que emerge desde el océano y se encuentra con el farellón costero, permitiendo la existencia de vegetación en pleno desierto. Por eso, muchos changos se llaman a sí mismos “camanchangos”, en honor a su relación con la costa y sus peculiaridades ecológicas.
Oposición multisectorial al Proyecto INNA
Proyectos relacionados con el hidrógeno verde también buscan instalarse en las costas de Taltal, al sur de la región de Antofagasta. Algunos de estos sectores, como la costa al norte de Paposo, son reconocidos por el pueblo chango como los últimos rincones de la región aún no intervenidos por la industria extractiva. Su alta biodiversidad sigue sustentando formas de vida tradicionales ligadas al mar.
Una de estas iniciativas es el Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde (INNA), impulsado por Aes Chile. Esta propuesta “integral” cubriría más de 3.000 hectáreas y produciría la infraestructura energética suficiente para destinar 1,68 GW de capacidad energética a la producción de hidrógeno y amoníaco verdes. Construiría también su propia desaladora y un puerto para la exportación de amoníaco verde. De ser aprobado, comenzaría su construcción en 2027 y estaría en funcionamiento en 2032.
Además de las preocupaciones en torno al mar, el proyecto amenaza el patrimonio arqueológico local, especies de flora y fauna únicas en los sectores costeros y aves playeras que nidifican en la árida zona interior. También preocupan los impactos de esta actividad de gran escala en la seguridad del sector, dada la alta flamabilidad del hidrógeno y el amoníaco. Frente a este escenario, las comunidades locales estrechamente vinculadas al mar han expresado su temor a que toda la región se convierta en una zona de sacrificio.
Estos avances ocurren mientras gran parte de las comunidades changas —un pueblo indígena reconocido oficialmente recién en 2020— están aún en proceso de articulación legal ante el estado chileno. Este proceso exige la constitución formal de comunidades indígenas para acceder a sus derechos, pero se ha visto obstaculizado por la falta de apoyo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONAD). Por esta razón y debido al complejo escenario territorial para la región de Antofagasta, Fundación Tantí, junto a comunidades y otras organizaciones socioambientales locales, se han impulsado actividades de sensibilización y acompañamiento en el proceso de evaluación ambiental. El proyecto también fue rechazado por la comunidad astronómica nacional debido a los posibles impactos de sus instalaciones en el centro astronómico Cerro Paranal. Este rechazo ha reabierto el debate sobre la pertinencia de megaproyectos industriales en ecosistemas frágiles y históricamente invisibilizados, y sobre la urgente necesidad de mecanismos adecuados de evaluación que consideren los límites territoriales, ecológicos y culturales.
Las falsas soluciones del capitalismo verde vistas desde los territorios
En su avance, las industrias de litio, el cobre y el hidrógeno verde se refuerzan mutuamente. Mientras los promotores del hidrógeno identifican Antofagasta como un lugar único para esa industria por su abundancia de sol y viento, también destacan su potencial para descarbonizar la minería. Muchos proyectos contemplan a este sector como su cliente inicial. Actualmente, la minería representa el 7 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. La posibilidad de reemplazar el uso de combustibles fósiles por hidrógeno en la extracción de cobre permitiría abastecer de “cobre verde” al mundo, según lo que plantea la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde creada en 2020 y repetida en varias instancias de promoción desde entonces. A su vez, la necesidad de extraer más cobre se justifica bajo la premisa de que se necesitará cada vez más para sostener la electrificación global, promoviendo una supuesta transición energética.
Esta no es la única dimensión en la que el interés en insumos “limpios” refuerza las dinámicas de extracción ya vigentes. El interés tanto en el litio como en el hidrógeno viene de una necesidad de abastecer industrias que hoy contribuyen a la reproducción de un modo de vida imperial. Esto es un modo de vida que dispone de recursos “de otros lugares” para sostener su consumo y bienestar, a los que accede de una manera dañina y que depreda los ecosistemas. Hoy los principales usuarios del hidrógeno son la industria de fertilizantes, de refinamiento de combustibles fósiles y de la producción de acero —sectores no combatibles con una transición justa y popular que busque transformar el sistema capitalista en su integridad, más allá de reemplazar una fuente energética por otra.
La pregunta no es solo cómo se produce el hidrógeno, sino para qué.¿Queremos sostener el modelo agroindustrial global, o avanzar hacia sistemas agroecológicos que no usen insumos como el amoníaco? ¿Necesitamos más litio para perpetuar la insostenible ideología de la automovilidad, o debemos cuestionar ese paradigma? La demanda del hidrógeno o litio debe analizarse desde esta mirada holística que considere justicia social, energética y ecológica.
Mientras se propone volver a distintas industrias “verdes”, los daños cumulativos del extractivismo se intensifican. La minera de cobre El Abra, por ejemplo, se encuentra en un proceso de ampliación de sus actividades de extracción de agua dulce desde el Salar de Ascotán, en territorio de la Comunidad Quechua de Ollagüe. En este mismo salar opera la empresa chilena de ácido bórico Quibórax, responsable del daño irreparable al Salar de Surire y demandada por el propio Consejo de Defensa del Estado y comuneros aymara y quechua. En una paradoja reveladora, el gobierno planea entregar un contrato de litio en ese mismo salar a un consorcio entre CODELCO, Quibórax y la empresa francesa Eramet —actualmente en consulta indígena con cuatro comunidades quechuas. Estos ejemplos muestran el carácter sacrificial de la expansión minera y energética en la región.
Optimismo tecnológico y mecanismos débiles de democracia
La limitada capacidad institucional para enfrentar estas dimensiones más amplias y profundas de la realidad social y territorial se relaciona con un enfoque tecnocrático y centralizado de la política energética. Chile lleva pocos años diseñando políticas energéticas de largo plazo —la primera fue en 2015 y la Estrategia Nacional del Litio recién fue publicada en 2023. A pesar del optimismo inicial respecto al carácter participativo de estos planes, las metodologías se han limitado a ajustes menores a una ruta ya existente, marcada por la provisión privatizada. No se ha abierto la posibilidad de una transformación real en las formas de propiedad y distribución de la energía ni de una evaluación integral de impactos socioambientales acumulativos y sinérgicos.
Mientras se avanza en la expansión de energías renovables, esta no ha venido acompañada del mismo ímpetu para eliminar los combustibles fósiles. En Mejillones, por ejemplo, donde se proyecta instalar la planta de hidrógeno volta, la empresa Engie busca extender por 25 años la vida útil de una central termoeléctrica, traspasando la supuesta fecha objetivo de 2050 para alcanzar la carbono-neutralidad en Chile. Más que una transición, lo que se vive es una expansión energética e industrial.
El déficit democrático también atraviesa los mecanismos de planificación territorial y participación ciudadana en las evaluaciones ambientales. Muchas personas potencialmente afectadas no se enteran de los proyectos o simplemente no pueden participar por falta de tiempo dividido entre actividades productivas, familiares y de representación en un sinnúmero de convocatorias emanadas desde los organismos del Estado y las empresas. Entre quienes son convocados, pocas personas tienen el tiempo y la capacidad de involucrarse en procesos que son complejos y demandantes, y las organizaciones de la sociedad civil tampoco dan abasto para responder a las solicitudes de acompañamiento solidario. El sistema de evaluación ambiental no está diseñado para absorber el volumen de proyectos que se han visto en los últimos años en relación con ERNC, a los que ahora se suman las consultas de litio e hidrógeno. Para las comunidades esto ha generado una verdadera fatiga participativa, de la que casi nunca ven salir frutos a su favor.
Mientras se apunta a la inversión en proyectos mineros y de hidrógeno con diversos incentivos, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental queda relegado. Los mismos funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) han acusado en diversas ocasiones casos de acoso laboral e intimidación. En agosto de 2024, el director regional del SEA en Antofagasta, Ramón Guajardo, fue forzado a renunciar tras cancelar un proyecto de energía hidroeléctrica de la empresa Colbún. La directora del SEA solicitó su renuncia luego de reunirse con ejecutivos de Colbún. Comunidades indígenas changas denunciaron el hecho y se manifestaron en apoyo a Guajardo, revelando el frágil equilibrio entre intereses corporativos y función pública.
Entre la justicia y las zonas de sacrificio verde
El caso de Chile evidencia que no estamos frente a una transición energética, ni global ni local. Lo que presenciamos es una expansión del capital minero y energético que trae consigo una profundización del extractivismo y el despojo. En regiones como Antofagasta, el proyecto global de sacrificio verde encuentra resistencia en territorios donde los modos de vida andinos y costeros se reconfiguran permanentemente en un contexto de crisis múltiple. Lejos de ser inevitables, estas zonas de sacrificio son otro proyecto del capitalismo verde que prioriza la acumulación sobre la justicia.
Las resistencias que emergen desde los territorios no solo se manifiestan en la justa oposición a los megaproyectos. También florecen en las prácticas cotidianas de habitar y cuidar el territorio, en la defensa de los ecosistemas, en la transmisión de conocimientos y en la construcción colectiva de horizontes más allá del extractivismo. Desde la investigación-acción y el diálogo de saberes, avanzamos hacia transiciones verdaderamente justas, comunitarias y regenerativas.
Esta publicación fue realizada con el apoyo de Fundación Tantí y el 11th Hour Project.
Gabriela Cabaña es socióloga, diplomada en ecología social y ecología política, MSc en antropología social y PhD en Antropología. Fue investigadora de Fundación Tantí y actualmente es coordinadora de proyectos en el área de incidencia y democracia ambiental de Ciudadanía Inteligente. Es también parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
Ramón Balcázar es administrador, diplomado en investigación social, MSc en Estudios Internacionales e investigador doctoral en Desarrollo Rural. Es fundador y director ejecutivo de Fundación Tantí. Es miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos y del Foro Social Temático sobre Minería y Extractivismo.