Crisis post-electoral en República Dominicana (entrevista)

Una entrevista con Ana F. Lafontaine, profesora de historia dominicana y latinoamericana, sobre la crisis electoral en la República Dominicana. 

March 2, 2020

La bandera de la República Dominicana (Foto por Paul Stein/Flickr)

La Junta Central Electoral (JCE) suspendió las elecciones municipales del 16 de febrero. La Junta justificó la cancelación a causa de una falla del voto electrónico, pero todo parecer indicar que el gobierno de Danilo Medina del derechista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) temía una gran concurrencia del voto opositor y un voto castigo. En sus casi dos décadas de dominio político, la Junta ha servido los intereses del PLD reivindicando la practica dictatorial del expresidente Joaquín Balaguer. Lo cierto es el modelo balaguerista ha sido la guía política del PLD. Esta más reciente restricción de los derechos democráticos al no permitir que la votación siguiera su curso representa un nuevo giro autoritario del PLD. Este accionar anti-democrático no es solo un reflejo de la debilidad del PLD y la clase política en Santo Domingo pero también refleja la hipocresía de la clase política norteamericana y la Casa Blanca que dicen defender el “orden democrático” a través de campañas desestabilizadoras en contra de Cuba y Venezuela mientras guardan silencio en torno a la República Dominicana.

La suspensión de las elecciones ha provocado una crisis institucional que, sin lugar a dudas, marca un antes y un después. Desde la detonación de la crisis, grandes segmentos de la sociedad hartos de la corrupción, la represión social y las políticas de hambre del PLD y sus aliados de la ultra-derecha, han tomado las calles por asalto para expresar su frustración con los partidos tradicionales.  Si bien las protestas se enmarcan dentro de la ola de revueltas populares en el continente y el mundo, desde el vecino Haití a Chile, Ecuador y el Líbano; la protestas en República Dominicana tienen algunos rasgos del estallido social en Puerto Rico donde sectores de la juventud y de la música urbana estuvieron en primera fila. 

Este fin de semana entreviste a través de correo electrónico a Ana F. Lafontaine, quien es catedrática de historia dominicana y latinoamericana en el Instituto Superior de Filosofía P. Francisco Bono, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Superior de Formación Docente. Activista en organizaciones comunitarias y espacios de acción como la Red de Acción Política, Lafontaine examina las raíces de la crisis post-electoral y el desarrollo de una nueva situación política que augura el final del reinado del PLD luego de 20 años de hegemonía política.

Amaury Rodríguez: La suspensión de las elecciones municipales ha devenido en una nueva crisis política en la sociedad dominicana. ¿Por qué se suspendieron y qué significado tiene este hecho inédito a corto y largo plazo?

Ana F. Lafontaine: Así es. En el centro del conflicto político está la Junta Central Electoral (JCE) cuyo papel de árbitro ha quedado profundamente cuestionado. A pocas horas de iniciar las  votaciones automatizadas las denuncias se extendían en las redes y los medios porque: 1) sólo salían las caras de candidatos del partido gobernante, 2) en la prueba impresa de la madrugada los funcionarios de colegios electorales confirmaron boletas con suma de votos sin iniciarse el proceso, 3) las tardanzas de muchos recintos con los problemas de las máquinas provocó retraso, lo que llevó a delegados a quejarse, y luego a los partidos de oposición a presentarse ante el órgano electoral. Así llegó República Dominicana a una nueva crisis político-electoral.

En los años en democracia el Estado dominicano no ha logrado que la ciudadanía, la población confíe en el sistema electoral. La Junta es una instancia estatal dependiente del presidencialismo. Los fraudes electorales han sido una constante. Las primarias de los partidos aún resuenan en la memoria reciente cuando la Junta empezó a transmitir boletines de resultados con muchos centros de votación todavía abiertos.

El conflicto actual se quiere presentar como amenaza de la estabilidad que en las dos últimas décadas ha mantenido el país, pero en realidad el conflicto lo que amenaza es la permanencia de un grupo en el poder, o mejor, el continuismo perpetuo. Senadores(as), diputados(as), alcaldes con más de 12, 14 años, repitiéndose. Ni siquiera la membresía ha tenido la oportunidad de alternar dentro del mismo partido en el poder. Tenemos muchas provincias y circunscripciones con las mismas personas convertidas en caudillo, imponiendo lealtades, el puesto público como propiedad personal, familiar. Así que el actual conflicto, más que mal le hace bien al país, porque amenaza con desestructurar poderes enquistados por largo tiempo.

AR: La separación de las elecciones locales y generales es algo reciente. ¿Cuál fue el contexto político y social que llevó a la separación de las elecciones y cuáles sectores políticos se beneficiaron?

Desde 1998 se celebran elecciones municipales y congresuales separadas de las presidenciales. Precisamente fue un gran fraude electoral, en 1994, que motivó protestas y conllevó reformas mediante un pacto político para desestructurar el poder balaguerista que hacía funcionar el espacio local como una extensión presidencial, a través del arrastre electoral, donde el ciudadano votaba, pero no elegía. Aún con las reformas las cúpulas partidarias aseguraron controles a través de las listas cerradas, donde colocaban a leales. Lejos quedaba la elección directa para un cargo a diputado o diputada, senador, senadora, o alcalde, hasta el día de hoy. El Pacto y Frente Patriótico tuvieron que ver con este saldo político. Los resultados a corto y mediano plazo están a nuestra vista. Una tercera parte del actual congreso lo ha ocupado 3 y 4 veces la misma persona: Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, Tony Galán, René Canaán, Wilton Guerrero, por mencionar algunos nombres.  La provincia de Higüey en la región Este del país ha tenido a Amable Aristy Castro desde 1990, y su hija en la Alcaldía lleva desde 2002. Este senador también controló la Liga Municipal Dominicana por 12 años. En 2011 la prensa publicó las razones por las que EU.UU. le había quitado la visa relacionadas a negocios de drogas y lavado de dinero.

El país no ha tenido cambios sustantivos en el órgano electoral, la JCE se ha mantenido como órgano títere del presidente del momento. El balaguerismo la controló por mucho tiempo, con y sin militares. Aunque 1978, marcó el inicio de la democracia, y el país logró sacar de la presidencia a Joaquín Balaguer, a través del “Fallo Histórico”, arrebató la mayoría en el Congreso y con ello la Justicia. De aquello aún queda una figura protagónica, arquetípica de ese momento, el abogado Vincho Castillo, participó en el “Fallo Histórico” en 1978, y en el “Frente Patriótico” de 1996.  El PLD asumió el legado balaguerista, se reactivó al “quedarse a la mala” a través de la dependencia del órgano electoral. El trazo presidencialista de la Junta se registra en los juegos de los nombramientos de su pleno. En 2007, 2010 y 2012 hubo denuncias y quejas contra la forma de operar de la JCE. El antiguo pleno del organismo protagonizó una serie de escándalos, Aura Celeste Fernández, integrante y también jueza del Tribunal Electoral hizo graves denuncias de corrupción y mal manejo del organismo por el anterior presidente (Roberto Rosario) y nada pasó. A la desconfianza y repudio del órgano se suman los escándalos de expedición de cédulas, documentación doble y falsificación de identidades a personas buscadas por la Interpol, o con expedientes judiciales o vinculados a delitos, tráfico y negocios de lavado de dinero, como una muestra de los problemas y debilidades del registro civil y electoral.

Las denuncias contra la Junta también incluyen violaciones a derechos civiles. Solo como anécdota cabe recordar que los ciudadanos expresaron su impotencia, colocando un día cualquiera “mierda” a lo interno del edificio durante la gestión de Rosario. Tanto Julio César Castaños Guzmán (2006-2010 y 2016-2020) como Roberto Rosario (2010-2016) presidentes de la JCE participaron en la política de apátrida, razón por la cual el gobierno fue sometido y sentenciado por la Corte Interamericana y ordenado a restituir documentos de nacionalidad en el caso de las niñas Yean y Bosico (2005-2006).  

AR: ¿Cuál ha sido la respuesta popular y de las organizaciones progresistas y de izquierda ante la suspensión de las votaciones?

AFL: Un país movilizado. Las protestas vinieron de los jóvenes, desconectados del sistema organizativo tradicional de la sociedad civil y de los partidos. Han sido los jóvenes, estudiantes que a través de las redes convocaron y han respondido con mayor rapidez. Las protestas se han extendido dentro y fuera del país durante una semana. La demanda principal ha sido la renuncia de los miembros del pleno y los suplentes del órgano comicial.

Los partidos de oposición respondieron contrario a la movilización. El PRM, principal partido opositor hizo una denuncia internacional, exigiendo una investigación con participación de organismos internacionales como la OEA. Ha confirmado su apoyo a la junta y se ha mantenido distante de la exigencia de la demanda de la juventud. Aunque el PRM y la oposición en general realizaron una marcha este domingo 23 de febrero, han evitado la confrontación directa con el gobierno y la JCE. Los partidos pequeños, de izquierda o progresistas, unos se sumaron al PRM, y otros expresan su apoyo a la protesta juvenil. El sistema de partidos políticos en su conjunto no ha pedido la renuncia del órgano electoral y ha respondido positivamente al llamado a la nueva fecha elecciones municipales el próximo 15 de marzo del 2020. 

Otro sector que ha tomado parte en la protesta son comunicadores y periodistas, publicaron un manifiesto en línea con los jóvenes de la Plaza de las banderas, renombrada Plaza de la democracia. El actual conflicto ha dividido la comunidad de comunicadores de TV y prensa, y los artistas urbanos, dado la amplia red clientelar que el gobierno ha creado en ambos sectores desde 2004, que incluye inclusión en la nómina pública, comisiones, y privilegios del sistema clientelar que la prensa y las redes han denunciado.

AR: ¿Cuáles son algunas de las consignas que acompañan las protestas que exigen la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE)?

AFL: Ufff. Son tantas, las pancartas con mensajes alusivos a la democracia y su defensa han caracterizado las protestas. Nunca había visto en los últimos 15 años de protestas y movilizaciones en el país tanta expresividad.

o   #Se Van! Ya ta bueno.

o   Exigiendo un cambio democrático.

o   #Error 404, democracia not found

o   Tu botín, mi crisis.

o   No más impunidad

o   Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia, por la misma razón.

o   No dan miedo, dan vergüenza

o   Exigimos sean respetados nuestros derechos ciudadanos.

o   El 99.9 de la JCE está compuesto por puro: calcio (CA)–brono-oxigeno (BRO)-neón y azufre (NES).

o   El pueblo cumplió, La Junta falló.

o   Soy de la generación que nació en deuda

o   Es hora de sacar las ratas.

o   Perdón, estoy tratando de cambiar la historia.

Manifestación en Washington Heights (Foto por Amaury Rodríguez)

AR: El oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) todavía no se recupera de la crisis que llevó a su división en el 2019. Al suspender las elecciones, su crisis interna se agudiza. ¿Cuál es a tu entender el futuro del partido y la clase política que ha dominado la vida política del país por aproximadamente veinte años?

AFL: Los últimos 20 años de hegemonía del PLD como partido con vocación autoritaria, centralizado, y mediatizado por la tecnología, han configurado unas relaciones de poder que traspasan su propia organización. Ese partido-corporación, ha tejido fuertes redes de poder y por ello puede lograr mantener bajo control gran parte del Estado, según se salde este conflicto.  Las cortes judiciales están bajo su mando y lineamiento y eso no cambiará, aunque pierdan puestos en los municipios o la presidencia. Factor que hace pensar en la posibilidad de su regreso a la presidencia. Fue lo que permitió a Balaguer, entre otras cuestiones, el retorno, y de alguna forma a Leonel (con congresistas y parte del funcionariado estatal), pese a su desmoronamiento en 2010-2012.  De cómo se debiliten ambos bandos peledeístas, depende en parte de actores clave como el PRM, y otros interlocutores no partidarios.

El CONEP reúne a empresarios ha apoyado la JCE y al gobierno, ha llamado a un pacto político, sin embargo, en la opinión pública esta entidad genera desconfianza por los posicionamientos anteriores, cercanos al gobierno. Y finalmente la cúpula eclesiástica, los líderes evangélicos ni se pronunciado y la católica ha llamado al “orden” o calma lo que supone una dudosa posición, ya que fue precisamente el orden democrático en su expresión más básica, de elegir y ser elegidos, que ha sido bloqueado, no por el pueblo o la ciudadanía, que cumplió y se ha quedado sin respuestas a esta fecha.

AR: Finalmente, ¿cómo podemos solidarizarnos con la lucha por la democracia y la justicia social del pueblo dominicano desde el exterior?

AFL: Las comunidades y poblaciones en el exterior han apoyado, se han movilizado, en un hecho sin precedentes, contra la actual política y los desmanes gubernamentales. Las redes se hacen eco de ello. Es bueno insistir en que, en un mundo conectado, los de allá tienen peso como actores. No solo es para mandar “remesas”. Visibilizar y hacer sentir esa conexión en esta media isla con tendencia al aislamiento, es un paso. Lo otro es que el sistema electoral se ha extendido a la representación del exterior, y se puede articular lo político que facilita mayor pluralismo democrático. El desafío que tenemos en el futuro no lejano es actuar frente al bipartidismo que se puede consolidar, y que privilegia el monopolio del partido en el poder, dando paso al continuismo y la perpetuación de personas y grupos que monopolizan la política a cualquier precio.

Ampliar el espectro partidario, no reducirlo, como suele darse en ciertos espacios de sociedad civil, que luego sobreviven como entes de reacción, y no de acción, en un eterno modo “defensivo” que lleva al degaste y desesperanza. Además, un espectro partidario reducido en el contexto dominicano, limita nuevas opciones y relevos. Lo hemos visto con los hijos, hijas, hermanos, esposos o esposas que son quienes suceden en los cargos públicos y político-partidarios, cual figuras monárquicas enquistadas en el Estado.


Amaury Rodríguez es un investigador independiente y co-editor con Raj Chetty de “Dominican Black Studies” (Routledge, 2015), número especial de la revista The Black Scholar dedicada a la negritud en Santo Domingo.

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