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Sit Po’p, una autoridad maya ixil de Nebaj, tenía seis años cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de Guatemala el 29 de diciembre de 1996, poniendo fin oficialmente a una de las guerras civiles más largas de América Latina. Reflexionando sobre lo que significa hoy la paz, Sit P’op afirmó que en Guatemala hay paz porque “no hay más guerra, ni genocidio.” Pero al mismo tiempo, reconoció que el país aún está “lejos de una paz como debería de ser.” El final de la guerra señaló un futuro prometedor para la democracia, la justicia y los derechos humanos, pero el gobierno a menudo ha impedido el progreso en estas áreas.
“Los acuerdos de paz fue una esperanza de país, la posibilidad de una Guatemala multiétnico, multilingüe y multinacional en un Estado Democrático moderno,” dijo Pap Me’k, una autoridad ancestral maya ixil de Nebaj. Pero ahora, 25 años después, son una fuente de frustración. “La palabra paz se volvió un discurso politiquería más que una realidad,” dijo. Sostuvo que al estado guatemalteco se le dio la responsabilidad de implementar los Acuerdos de Paz, pero que en cambio han destruido los pocos avances que se han logrado desde entonces.
Los comentarios de Sit Po’p y Pap Me’k se dieron luego de que el pueblo de Nebaj realizara una asamblea comunitaria a mediados de diciembre para denunciar al alcalde municipal Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán y exigir su renuncia. Bernal Guzmán, quien fue invitado, pero no asistió a la asamblea comunitaria, ha sido acusado de participar en diversas actividades ilícitas y corruptas, que incluyen “aprobar un reglamento de derecho de paso y construcción de torres de energía eléctrica que fue rechazado por los pobladores; como también de sobrevalorar víveres y productos entregados durante la pandemia.” La asamblea comunitaria es parte de la lucha histórica de los ixiles para buscar soluciones pacíficas y comunitarias locales y transparencia a la corrupción e impunidad institucional, gubernamental y estructural en todos los niveles de gobierno.
Durante la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996), el gobierno cometió genocidio, masacró y desapareció a los habitantes mayas de Nebaj. Hoy la región está invadida por megaproyectos como las hidroeléctricas. Estas empresas extractivistas, en colaboración con el gobierno, cometen abusos contra los derechos humanos, violan los derechos de consulta de las comunidades indígenas y persiguen a los líderes indígenas, entre otros delitos. Se ha implicado a empresas en el soborno de funcionarios gubernamentales de alto rango para obtener licencias y contratos. Esto incluye a HidroXacbal (en Chajul) que obtuvo “contratos de distribución de energía” sobornando al Ministro de Energía y Minas.
Guatemala está experimentando un debilitamiento de las estructuras democráticas y un mayor afianzamiento de la corrupción y la impunidad. El país se está hundiendo en más violencia y conflictos sociales, lo que contribuye al desplazamiento forzado y la migración de miles. Algunas de las causas fundamentales de la guerra, como desigualdades estructurales y de la tierra, y la marginación y explotación de los pueblos indígenas, continúan. A pesar de esto, los pueblos indígenas y oprimidos de Guatemala siguen luchando por construir un futuro democrático y digno.
El Debilitamiento de la Democracia
Para Pap Me’k, la democracia no existe en Guatemala, donde es arriesgado hablar de democracia y abogar por los derechos humanos.
“Lo que gobierna en Guatemala es la impunidad, es la corrupción,” dijo. “[Guatemala] es un narco estado, un Estado que ha sido capturado por las mafias, por la oligarquía tradicional que siempre han estado en el poder y [quienes manejan] el país como si fuera su finca.” Sit Po’p se hizo eco de estas palabras y señaló que muchas comunidades indígenas han sido abandonadas por el estado corrupto y desplazadas de sus territorios por las fuerzas armadas.
El hecho de que miembros del ejército guatemalteco y funcionarios del gobierno hayan estado implicados durante mucho tiempo en el narcotráfico genera preocupación sobre la influencia que tiene el crimen organizado en el país. Una investigación estadounidense de 2021 implicó al ejército guatemalteco en ayudar a los narcotraficantes a cargar drogas en camiones, transportar cocaína, brindar seguridad y recibir entre $400,000 y $1 millón en pago por sus servicios. Políticos de todos los niveles de gobierno han sido acusados de trabajar con y para los cárteles de la droga, como el alcalde municipal de Esquipulas Palo Gordo y su familia, quienes han sido acusados de lavado de dinero y transporte de cocaína a México.
Las pocas protecciones, salvaguardas y entidades orientadas a combatir la corrupción y la impunidad han sido desmanteladas en los últimos años. La unidad anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas creada en 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dio a los guatemaltecos la esperanza de que se haría justicia a los políticos corruptos, como el expresidente Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a renunciar en 2015. Pero la reacción derechista y militar no se hizo esperar. En 2019, la CICIG fue expulsada del país. Su contraparte nacional, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), también se ha visto gravemente socavada tras el exilio forzoso del fiscal especial Juan Francisco Sandoval en julio de 2021. En enero de 2022, la FECI solicitó formalmente el levantamiento de la inmunidad de la jueza Erika Aifan, luego de que “conexó el caso de supuestos sobornos al periodista Juan Luis Font” por parte de un exministro. El Departamento de Estado de EE. UU. calificó esta medida para eliminar la inmunidad de Aifan como “un esfuerzo flagrante para obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales superiores de Guatemala.”
Jueces y abogados que luchan contra la corrupción, como Sandoval y Aifan, han sido detenidos, criminalizados y amenazados. En junio de 2021, cuatro jueces solicitaron al Ministerio Público revisar las 30 denuncias presentadas en su contra, que aseguran tienen como objetivo hostigarlos y perseguirlos judicialmente. Pero el estado de derecho y sus defensores también son vulnerables, dado que la fiscal general María Consuelo Porras ha sido calificada por Estados Unidos de “antidemocrática y corrupta.” Hoy en día, hay poca supervisión gubernamental para proteger contra los abusos del gobierno, que siguen siendo rampantes. A pesar de estas amenazas y desafíos dentro del sistema judicial, familias, activistas, abogados y jueces continúan buscando justicia por los crímenes, la violencia, las desapariciones y el genocidio perpetrados durante la guerra.
En los últimos años, el Estado guatemalteco se ha militarizado cada vez más y ha abusado de los estados de sitio para suspender las libertades civiles y ha criminalizado, perseguido y arrestado arbitrariamente a activistas, líderes indígenas, periodistas y ambientalistas. Como resultado, algunos temen que el gobierno esté retrocediendo hacia el autoritarismo. En el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz, la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno emitió un comunicado expresando su preocupación, señalando que no ha cambiado mucho desde que terminó la guerra. Argumentan que el “Pacto de los Corruptos” (un grupo de empresarios, militares y políticos corruptos) ha tomado el control del sistema de justicia y ha utilizado a los militares para reprimir a las comunidades indígenas, en particular a aquellas que se resisten a las industrias extractivas. Estas preocupaciones fueron reafirmadas por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, quien advirtió que el actual gobierno de Giammattei estaba deshaciendo los logros de los acuerdos de paz y que una red de crimen organizado se había incrustado dentro del gobierno y estaba “amenazando seriamente la democracia y la paz social.” Esto, dijo, representa un peligro significativo para los activistas de derechos humanos y los periodistas, y agregó que esta violencia podría ser la señal de advertencia de “un régimen arbitrario y opresivo que enlutaría nuevamente a las familias guatemaltecas, forzando, además, nuevos desplazamientos humanos.”
Hacia un Estado Más Digno
Las comunidades indígenas y las autoridades ancestrales han estado al frente en la lucha contra los abusos y la impunidad del gobierno y en la construcción de un país digno. Han liderado muchas de las protestas nacionales en los últimos años y han ofrecido soluciones para rectificar los problemas de larga data que enfrenta Guatemala, como la promoción de un estado plurinacional, la defensa de la tierra y el agua, y la resistencia a las industrias extractivas y la militarización.
En Nebaj, Pap Me’k argumenta que es un derecho del pueblo buscar la renuncia del alcalde municipal Bernal Guzmán, y que lo hace “por la dignidad de los ixiles, por la dignidad del pueblo de Nebaj.”
Veinticinco años después de los Acuerdos de Paz, la democracia guatemalteca se encuentra en una coyuntura política crucial en la que los políticos, las élites y los militares están desmantelando las garantías contra la corrupción, la impunidad y la violencia estatal. Miles de mayas y guatemaltecos están migrando y huyendo del país debido a las desigualdades estructurales, la violencia estatal y el desplazamiento forzado.
Así, continúa la búsqueda de una paz duradera. Pap Me’k espera que se pueda lograr el cambio.
“En Guatemala necesitamos un país incluyente, sin discriminación, sin racismo,” dijo. Guatemala es un país diverso, multiétnico, multilingüe y la gente necesita que se respeten sus derechos, oportunidades para organizarse y oportunidades para generar desarrollo. Y, sobre todo, dijo Pap Me’k, necesitan ser “gobernados con dignidad y sin corrupción.”
Giovanni Batz tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Texas en Austin, y actualmente es becario postdoctoral del presidente en el Departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de California, Davis. Sus publicaciones se pueden encontrar aquí.
