El 28 de Septiembre, 2008, 64% de los electores en Ecuador aprovaron una nueva constitución, de corte progresista, lanzándose una nueva era política en el país.1 Por más de un año, Ecuador había vivido una “fiebre constitucional,” cuando miles de personas trataban de hacer lobbies en los 130 delegados de la Asamblea Constituyente. El documento resultante produjo 444 artículos centrados en reformar las instituciones de Ecuador, que incluyeron varias medidas de quiebre en el ámbito medioambiental que trataban de ponerla entre las más progresistas en América Latina.
A pesar de que la aprobación de la nueva Constitución representaba un momento de unidad entre los movimientos populares en Ecuador y la izquierda electoral, estas dos entidades han discrepado recientemente acerca de la pregunta sobre la protección del ambiente – mostrando que en ocasiones no constituyen un sinónimo y menos aún aliados. Después que la Constitución fue ratificada, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien sirvió de instrumento para establecer la Asamblea Constituyente, comenzó una campaña pública para hacer pasar una legislación que abriría al Ecuador hacia las corporaciones mineras (principalmente en oro, plata y cobre). Moviéndose lejos de la retórica anti-neoliberal durante su campaña del 2006 al tocar el tema de las firmas, Correa describió su visión de un sector minero socialmente responsable cuyos beneficios serían empleados para romper la dependencia del país con la industrias extractivas.
“[Aprobar la propuesta Ley de Minería] es urgente, porque esta industria representa el futuro del país,” dijo Correa en una conferencia de prensa en Octubre 2008. “Pero obviamente, estoy hablando de compañías mineras que pagan impuestos, respetan a los trabajadores, y desarrollan proyectos de responsabilidad social y ambiental.”
Correa añadió: “Desafortunadamente, algunas personas son “infantiles” – entre comillas – como aquellos que se oponen a la minería. ¿Pero qué país en el mundo ha rechazado la minería? El dilema no es el ‘no’ o el ‘sí’ a la minería. Es en cambio la minería bien llevada. No existe simplemente un dilema....[Los infantiles ambientalistas] creen que terminar con una economía extractiva es cerrar los pozos petroleros y las minas. Eso es absurdo. Apartarse de esa economía significa dejar de usar los beneficios de este sector para revivir otros sectores de la economía: servicios, agricultura, industrias, etc.”2
Mientras que otros países Latinoamericanos como Argentina, Perú y Guatemala han estado desde hace mucho en el epicentro de la industria minera internacional, Ecuador ha sido hasta hace poco más conocido por su (frecuentemente desastrosa) industria del petróleo. La minería de gran escala en Ecuador no comenzó hasta comienzos de los 90s, después que fue aprobada la ley minera de 1985, la cual promovía la incursión de corporaciones extranjeras para exploración de minerales. Desde entonces, Ecuador ha atraído sostenidamente la atención de corporaciones mineras extranjeras, en ocasiones provocando conflictos dramáticos con comunidades afectadas.3
En Enero, el congreso ecuatoriano aprobó el plan de Correa, permitiendo la nueva Ley Minera el ingreso de corporaciones mineras canadienses, tales como Kinross Gold, Iamgold y Corriente Resources, para iniciar sus operaciones.4 Artículos específicos de la Ley de Minería han sido detenidamente axaminadaos por la oposición anti-minera; por ejemplo, el Artículo 2 (“Aplicaciones”) manda la participación tanto de figuras de sector privado y público en las discusiones de política, pero no incluyen a los miembros de comunidades que sean afectados por la minería. Además, el Artículo 15 (“Ambiente Sano”) declara a la minería una actividad pública, con la cual algunos miembros de la oposición agumentan que puede ser usada para expropiar tierras indígenas por tratarse de un supuesto bien colectivo. El Artículo 16 (“Dominio estatal sobre minas y campos petroleros”) permite sólo al gobierno definir qué es “interés nacional”, lo cual creen los críticos solo se enfocará en el ingreso económico. Y el Artículo 28 (“Libertades de Prospección”) permitirá a cualquier negocio la “libre prospección de sustancias minerales” en tierras indígenas y de comunidades.5
Después de aprobada la Ley Minera, los movimientos sociales, dirigidos en primer lugar por nacionalidades indígenas a lo largo del país, se movilizaron en respuesta a ello, demandando que la ley violaba los preceptos ambientales contenidos en la nueva Constitución – especialmente aquellos que declaran el acceso al agua potable limpia y el acceso a un medio ambiente saludable que no violente los derechos humanos, igual que aquellos que le otorgan al medio ambiente por sí mismo el derecho a ser respetado, manejado sosteniblemente, y regenerado. Grupos anti-mineros van más allá y argumentan que el historial de la minería ecuatoriana demuestra que las prácticas industriales de esa industria se contradicen con estos derechos constitucionales.
Mientras muchos grupos ecuatorianos han trabajado por años a nivel local, ya sea para oponerse a proyectos mineros particulares o hacer lobbies para mejoramientos ambientales o limpieza de sitios mineros específicos, un movimiento de oposición nacional por su parte – que incluye grupos indígenas, urbanos, ambientalistas, Afro-ecuatorianos, y de derechos humanos – se ha construido después de la elección de Correa con un ambisioso objetivo de amonestar a la minería de gran escala. La Ley Minera provió así de un motivo o punto focal en el cual se funden los esfuerzos de este movimiento de alcance nacional.6
Diversas protestas han demostrado una consistencia organizacional y unidad nacional en contra de la Ley Minera y las transnacionales mineras canadienses establecidas. En Noviembre 10, 2008, cerca de 200 activistas de varios puntos del país, que incluía miembros ejecutivos de la agrupación de nacionalidades indígenas de Ecuador (CONAIE), marcharon hacia la embajada de Canadá en Quito, donde declamaban como “no-bienvenidas” a las mineras canadienses. Una semana despúes, miles a lo largo de Ecuador protestaron contra la Ley Minera, todavía pendiente por aquel entonces, en una marcha dirigida por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUAS) y la Federación de Organizaciones campesinas.7
No fue solo hasta que se pasó la Ley Minera, sin embargo, que las protestas y debates se generalizaron. El 12 de Enero, día en que la Ley fue aprobada por el Congreso, fue declarado por los movimientos anti-mineros como el Día de Mobilización por la Vida, y se mobilizaron ese día miles a través del Ecuador. Cerca de 4,000 indígenas bloquearon la carretera Latacunga-Ambato en el sur, y cientos de miles se mobilizaron en Quito, Cuenca, la Amazonía, y en la costa.8 Algunos líderes fueron detenidos y acusados como terroristas; una lider Amazona desapareció sólo para aparecer luego con un impacto de bala en su cabeza. Oficiales de la policía también fueron heridos.9
En respuesta, Correa llamó nuevamente a la oposición anti-minera “infantile,” y a sus miembros “nadies” y “aliados de la derecha.”10 “Es absurdo que alguien quiera forzarnos a mantenernos como mendigos sentados sobre un saco con oro,” se manifestó por la radio en Enero 24, haciendo la promesa de mantenerse en dirección al plan minero.11
Estas acusasiones profundizaron la grieta entre Correra y los movimientos sociales que apoyaron la Constitución ecuatoriana y que están ahora crecientemente desilusionados con la posibilidad de que Correa represente una continuación a la política neoliberal. Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, una organización indígena representante de la sierra ecuatoriana, sostuvo en una reciente declaración: “El presidente necesita solo ver a cualquier lado para ver a la derecha.”12
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Ya en 2008, antes que la Constitución fuese aprobada, los movimientos populares en Quito hicieron claro a través de entrevistas que su apoyo a favor de ésta no debía ser malentendida como un apoyo a Correa. Decía Gonzalo Guzmán, secretario de recursos naturales de Ecuarunari: “[Nuestra organización] votará por el sí de la nueva Constitución, pero nosotros estamos votando por la Constitución, no por Correa.” Luis Esparza, miembro del consejo ejecutivo de la coalición Foro Urbano conformada por grupos populares, hizo resonar sus sentimientos: “Nosotros no somos un club de fans de Correa. Nosotros somos organizaciones sociales.” Líderes de Mujeres por la Vida, la Coalición por la Defensa del Agua, y otros movimientos populares expresaron emociones similares.
Además, a pesar de que el discurso oficial de la nueva Constitución se centra en los esfuerzos de Correa por trazar una trayectoria alternativa para Ecuador, esta narrativa opacaba las décadas de largas luchas de los movimientos sociales en el país por un cambio radical. Organizaciones indígenas como CONAIE y su organización política par, Pachakutik, han trabajado desde comienzos de los 80s peleando por un Ecuador que, entre otras cosas, respete la plurinacionalidad de la población e igualmente se pusieron opuestos a la privatización y explotación de recursos naturales.
Una de las más importantes económicamente y fuertemente contestadas de las 10 mesas temáticas en la Asamblea Constituyente, fue la mesa de trabajo 5, la cual se focalizó en los recursos naturales y biodiversidad. En ésta finalmente se aprovaron 23 artículos, incluyendo como se anotó anteriormente, una extensiva prohibición de la privatización del agua y, para remarcar, una declaración de que a la naturaleza por sí misma es titular de derechos legales a ser respetados.
Compuesta por ocho miembros asambleistas del partido de Correa, Alianza País, junto con dos correspondientes al ala derecha militar Sociedad Patriótica, uno del ala izquierda Partido Renovador Institucional Acción Nacional, y uno del socialista Movimiento Popular Democrático, la mesa de trabajo 5 comenzó haciendo un mapeo de los recursos naturales y protección de la biodiversidad en Ecuador en un contexto internacional, nacional y local. Los encuentros se llevaron acabo para recoger las percepciones de la opinión pública en los temas correspondientes, permitiéndole a los grupos de civiles la oportunidad de hacer llegar sus propuestas.
Mientras que los miembros de la Asamblea Constituyente redactaban y aprobaban los artículos pertenecientes a recursos naturales, un largo proceso de movimientos sociales involucrados lideraron su implementación. Desde los 80s, organizaciones indígenas como CONAIE y Ecuarunari, así como organizaciones sin fines de lucro tales como Acción Ecológica, han confrontado la explotación de petróleo, agua y metales preciosos, y han protestado contra la contaminación, deforestación y el uso de organismos modificados genéticamente (OMGs). Además, han llevado fieras peleas frente a la privatización del petróleo, electricidad y telecomunicaciones, en gran medida sostenidas por mobilizaciones populares en áreas rurales.
De acuerdo a Cholango de Ecuarunari, el resultado ha sido un cambio en la cultura respecto al respeto por los conocimientos indígenas ancestrales y los derechos de la tierra, y esto es ahora reflejado en la Constitución: el Capítulo 2, Artículo 12, señala que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. El artículo 13 sostiene que la población tiene el derecho a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente sostenible – conforme al sumak kawsay, un principio indígena clave que simboliza al “buen vivir,” representando la necesidad de la gente de coexistir armoniosamente con el medio ambiente. El artículo 15 declara que el Estado promoverá el uso de tecnología limpia y alternativa, energías no contaminantes, y que la soberanidad energética no debería afectar el derecho de la población al agua.
El Capítulo 7 delinea los derechos específicos del medio ambiente. El Artículo 71 establece que el ambiente, o Pachamama, tiene el derecho de ser respetado y que su estructura cíclica, funciones y procesos evolutivos deberían ser mantenidos y regenerados. Así, cada persona, comunidad y nacionalidad debería asegurar el respeto de la naturaleza y sus derechos, señala el artículo, mientras que el Estado tiene el encargo de proveer incentivos para la protección de la naturaleza y promoción de sus derechos. El Artículo 73 señala que está prohibida la introducción de organismos (OMGs, o material orgánico o inorgánico que pueda cambiar el patrimonio genético nacional del Ecuador). El Artículo 74 describe el derecho de las personas, comunidades y nacionalidades de beneficiarse del ambiente y riquezas naturales que los conduzcan a un mejor nivel de vida.
El movimiento anti-minero continua dividido sobre si la Constitución realmente provee de una base legal que se oponga a los planes mineros de Correa. Tales tensiones fueron ya evidentes en las deliberaciones de la mesa de trabajo 5 concerniente a privatizaciones, la cual dividió a los delegados de Alianza País. A pesar de que la privatización de los recursos naturales fue finalmente prohibida, como la concesión del agua, una excepción fue adherida para permitirle al presidente preguntarle al Congreso por un permiso para la extracción de recursos. Mónica Chuji, encargada de la mesa de trabajo 5 y previamente secretaria de comunicaciones para el gobierno de Correa, describió este hecho como “una de las más grandes decepciones de la Constitución.”
Otra propuesta disputada, que finalmente no fue incluida, establecía que el gobierno debe recibir el consentimiento de los pueblos indígenas residente en la tierra en donde los recursos naturales han de ser extraídos. El artículo fnal señala que los grupos indígenas deben sólo ser “consultados”, pero no tienen la potestad de dar el permiso respectivo.
Ivonne Ramos, presidente de Acción Ecológica, argumenta que la Constitución fundamentalmente no cuestiona la dependencia del Estado en los recursos naturales como su primera fuente de ingresos. Añade que esta es una realidad particularmente retadora pues viene acompañada de ambiciosos programas sociales igualmente llamados por la Constitución: Cómo va a conseguir el gobierno ecuatoriano financiar estos programas sin explotar recursos naturales? Ramos argumenta que a Correa, como capitalista popular, le será imposible conducirse por las promesas progresistas en relación a una protección total de los recursos naturales.
“Correa ha dado muestras de que su principal enemigo son los ecologistas, y así politiza estos problemas,” dice Ivonne. “Nosotros no deberíamos acumular capital a través de la explotación de la tierra”.
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Después de las protestas de Enero, la administración de Correa dirigió sus esfuerzos hacia el cierre de varias organizaciones que ayudaban a liderar las protestas en contra del plan minero, entre otros al Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE). Correa argumentó que el secretario ejecutivo de CODENPE estaba haciendo un uso indebido de los fondos de la organización en favor de la provincia de donde es oriundo. En Febrero, Correa colocó a la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador (DINEIB), la cual había apoyado el movimiento anti-minero, bajo el control del Ministerio de Educación reduciendo así su autonomía.
Luego, en Marzo, el gobierno retiró el estatus legal de Acción Ecológica vía el Ministerio de Salud, a través del cual Acción Ecológica había obtenido el estatus de ONG. Caroline Chang, Ministra de Salud, afirmó que la organización no estaban llenando los objetivos para los cuales se había registrado, mientras tanto la organización respondía que las complicaciones legales impuestas no eran sino una forma de censura debido a la oposición activa del grupo hacia la Ley Minera.13 Acción Ecológica recibió apoyo tanto nacional como internacional, con una carta abierta de la activista Naomi Klein al presidente Correa denunciando “algo totalmente familiar: un Estado usando su poder según parece frente a una débil discrepancia.”14
En respuesta a las extendidas críticas, la ministra de salud salió a declarar que la revocatoria no tenía motivaciones políticas, sino que era antes una decisión administrativa- Acción Ecológica, dijo Chang, debería estar registrada bajo el Ministerio del Ambiente, el cual no existía cuando el grupo se formó en 1986. El estatus legal de Acción Ecológica fue temporalmente reinstaurado, de tal forma que una decisión final de la justicia estaba aún pendiente a finales de Agosto. Ramos, sin embargo, se mantiene preocupada por la intención de Correa reorganizar las organizaciones populares y ONGs poniéndolas bajo la jurisdicción de la Secretaría Nacional de Planeamiento y Desarrollo, de tal forma co-definiendo sus objetivos organizacionales y trabajo.
A pesar de esta creciente enemistad y controversia entre los movimientos sociales y el gobierno de Correa, pudo reelegirse por una segunda ocasión como presidente el 26 de Abril, obteniendo el 52% de la votación y consiguiendo el record de ser el primer candidato presidencial ecuatoriano en ganar en primera vuelta en 30 años. A través de entrevistas, se constató que aún los líderes de los movimientos sociales continúan con el lema: el apoyo a la nueva Constitución no es necesariamente un apoyo a Correa. Décadas de organización por parte de los movimientos sociales han resultado en un cambio parcial hacia una reorganización del aparato del Estado que refleja un mayor respeto de los recursos naturales, pero Correa no ha estado a la vanguardia de estos movimientos. Finalmente, la protección de los recursos naturales garantizada en la Constitución se deriva más de grupos populares que del Palacio de Gobierno, y esta tensión tiende a motivar una continuidad del conflicto en los meses y años que siguen.
Paul Dosh enseña ciencia política en Macalester College, donde Nicole Kligerman enfoca en estudios latinoamericanos.
1. Jesús Valencia, James Lerager y César Flores ayudaron en las entrevistas con miembros de la Asamblea Constituyente de Ecuador y líderes de los movimientos populares en Quito. Esta investigación fue financiada por la Wallace International Research Grant, la Student-Faculty Summer Research Grant de Macalester College, y una beca de la Associated Colleges of the Midwest en apoyo y colaboración innovadora de estudiantes y facultad. También agradecemos a Emily Hedin, Glen Kuecker y David Seitz por la retroalimentación en las ediciones iniciales.
2. Silvia Santacruz, “Correa Confirms WFT, Condemns Eco-Extremists,” Ecuador Mining News, Octubre 14, 2008, ecuadorminingnews.com/archives.php?id=105.
3. Glen Kuecker, “Fighting for the Forests: Grassroots Resistance to Mining in Northern Ecuador,” Latin American Perspectives 34, no. 2 (Marzo 2007): 95–97.
4. Daniel Denvir, “Resource Wars in Ecuador: Indigenous People Accuse President Rafael Correa of Selling Out to Mining Interests,” In These Times, Febrero 28, 2009.
5. Raúl Zibechi, “Ecuador: The Logic of Development Clashes With Movements,” Americas Program Report, Marzo 17, 2009, americas.irc-online.org/am/5965.
6. Jennifer Moore, “Ecuador: Mining Protests Marginalized, but Growing,” Upside Down World, Enero 21, 2009, upsidedownworld.org/main/content/view/1673/1.
7. Daniel Denvir, Jennifer Moore, y Teresa Velasquez, “In Ecuador, Mass Mobilizations Against Mining Confront President Correa,” Upside Down World, Noviembre 19, 2008, upsidedownworld.org/main/content/view/1588/49.
8. Zibechi, “Ecuador: The Logic of Development.”
9. Denvir, “Resource Wars in Ecuador.”
10. Zibechi, “Ecuador: The Logic of Development.”
11. Denvir, “Resource Wars in Ecuador.”
12. Zibechi, “Ecuador: The Logic of Development.”
13. Jennifer Moore, “Swinging From the Right: Correa and Social Movements in Ecuador,” Upside Down World, Mayo 13, 2009, upsidedownworld.org/main/content/view/1856/49.
14. Naomi Klein, “Open Letter to President Rafael Correa Regarding Closure of Acción Ecológica,” Marzo 12, 2009.
