Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2024 de nuestra revista trimestral NACLA Report.
“Ya estamos por iniciar la construcción del CECOC, Centro de Confinamiento de la Corrupción”, anunció el presidente salvadoreño Nayib Bukele en noviembre de 2023. “No es broma. Queda cerca del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo)”. Con este anuncio, Bukele vinculó la “guerra” contra la corrupción, que el mandatario asumió como bandera desde el inicio de su gestión, con el otro proyecto principal de su gobierno: la guerra contra las pandillas, de la cual la nueva megaprisión de máxima seguridad CECOT se ha vuelto un símbolo. “Espero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y el que roba, lo metió a la cárcel”, continuó Bukele. Contradictoriamente, numerosas instituciones que garantizaban la transparencia en el país han sido desmontadas y el fiscal que investigaba corrupción fue destituido durante su presidencia.
Bukele hizo estas declaraciones pocos días antes de dejar su cargo para optar por la reelección inmediata. Desafiando al menos cinco artículos de la Constitución Nacional, la reelección de Bukele es una muestra más de la acumulación de poder operada por dicho mandatario. También es una muestra de la importancia que tiene para los salvadoreños los aparentes resultados positivos de la “guerra contra las pandillas” bukelista, incluso cuando su política económica emblemática, un giro experimental hacia el Bitcoin, ha sido un fracaso total.
Bukele asumió en 2019, quebrando tres décadas de bipartidismo. Proviene de una familia de empresarios de sectores no tradicionales, que surgieron al calor de las transformaciones que impuso el fin de la Guerra Civil salvadoreña en 1992 y los cambios económicos de la década del 90. Pese a su origen, no comenzó su carrera política dentro del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)—partido vinculado al sector empresarial y la derecha—sino a través de su rival, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), surgido de la unificación de las guerrillas y tradicionalmente de izquierda.
Afiliado al FMLN desde el 2011, compitió y obtuvo la alcaldía primero de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego de la capital salvadoreña, San Salvador (2015-2018). Fue expulsado del FMLN en 2017por disidencias con la dirigencia, pero logró que miles de salvadoreños realizaran largas colas para firmar en apoyo a la creación de su propio partido, Nuevas Ideas. Imposibilitado de presentarse directamente con el mismo a las elecciones presidenciales de 2019, realizó una alianza con el partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Su campaña estuvo fuertemente centrada en dar una imagen de cercanía—a través de un original y asiduo uso de sus redes sociales—, y enfocada en la lucha contra la corrupción de la que acusa a “los mismos de siempre”: el “establishment” político y económico de los partidos tradicionales, ARENA y FMLN. Resultó sumamente exitosa entre una población que había atravesado 30 años de presidentes de distinto signo político, todos ellos con diversas propuestas para enfrentar la pobreza y los altos índices de criminalidad de El Salvador, los dos problemas más acuciantes de este país centroamericano que sin embargo, no cesaron de aumentar. Bukele obtuvo así, un contundente 53,1 por ciento que le permitió ganar la presidencia en primera vuelta, imponiéndose a la coalición liderada por ARENA, que obtuvo un 31,7 por ciento, y al FMLN, que obtuvo 14,4 por ciento.
Con antecedentes en la gestión de Antonio Saca, presidente con ARENA entre 2004 y 2009 y quien, al igual que Bukele, provenía del mundo empresarial, Bukele conformó un gabinete marcado por la presencia de figuras del empresariado. A diferencia de Saca, locutor deportivo y empresario de comunicación antes de lanzar su carrera política, Bukele representa a una fracción “emergente” de las elites, en disputa con las elites tradicionales, vinculadas a la producción de café. Las “14 familias”, como se conoce a la oligarquía cafetalera, marcaron la historia de El Salvador moderno: dieron forma a un Estado oligárquico, férreamente dirigido—entre 1932 y 1979—por militares que velaban por sus intereses, y—entre 1989 y 2009—por ARENA, el partido que crearon para ese fin. Comenzaron sin embargo a perder poder con la nacionalización de la banca en los ‘80, que dividió el sector agrícola del financiero y concentró el poder económico en las manos de un grupo más reducido. Las derrotas de ARENA en las elecciones presidenciales de 2009 y 2014, que le dieron la presidencia al FMLN, también asestaron un duro golpe a estos sectores más concentrados. Según los investigadores Francisco Robles-Rivera e Inés Nercesian, Bukele, responsable de la tercera derrota electoral de ARENA, ha profundizado esa disputa acordando con diferentes sectores de la elite de manera aislada y persiguiendo a las fracciones disidentes a través de una política anti evasión selectiva. Este ha sido uno de los pilares de una llamativa acumulación de poder por parte de Bukele.
Un rasgo saliente de su gestión es el particular uso de sus cuentas personales en redes sociales. A través de Instagram, X, Facebook y Tiktok, Bukele busca forjar una imagen de un presidente cercano a la ciudadanía, buen esposo y buen padre. También las utiliza para reforzar su estilo personalista y autoritario: Bukele ha despedido funcionarios y empleados estatales, exigido o difundido medidas a través de X. Por ejemplo, en junio de 2019, ordenó a través de un tuit de su cuenta @nayibbukele remover “al hijo del ex Presidente de la República de su plaza en @FONAVIPO y que sus $4.000 de salario pasen a ahorro de la Institución”. En junio de 2023, desde esa misma cuenta, sostuvo haber hecho “HISTORIA!” (sic) con la aprobación de la Ley Especial de Reestructuración Municipal, que reduce los 262 municipios de El Salvador a sólo 44. Bukele defiende el ahorro fiscal que esta transformación radical del mapa administrativo conllevará. Sin embargo, la oposición afirma que esta medida concentrará aún más poder en su persona.
Sus dos primeros años de gobierno (2019-2021), Bukele contó con apoyo minoritario en el poder legislativo. En ese contexto, en febrero de 2020, los partidos ARENA y FMLN dejaron sin quórum una Asamblea Extraordinaria de la que esperaba obtener la autorización para la extensión de un préstamo dirigido a la represión de las pandillas. En un acto tan confuso como intimidante, Bukele ingresó intempestivamente al recinto rodeado de militares. Un año después, las elecciones legislativas de febrero de 2021 le dieron una amplia mayoría que le evitaría este tipo de problemas: su partido Nuevas Ideas sumó 56 diputados de un total de 84 bancas. Se trata de una cifra que le otorga quórum propio, permitiéndole aprobar y reformar leyes sin necesidad del apoyo de otros sectores. Estas cifras son tan llamativas como el deterioro de los partidos tradicionales, ARENA y FMLN. Especialmente en el caso de este último, que de 23 diputados pasó a contar con solo 4 después de las legislativas del 2021.
Con una Asamblea así controlada, Bukele avanzó con una serie de polémicas leyes, como la llamada “ley mordaza”, que amenazaba la posibilidad de la prensa de difundir noticias sobre las pandillas, u otras que atacaron seriamente la independencia judicial, como la ley que permite remover discrecionalmente jueces y fiscales mayores de 60 años. Dicha mayoría también le permitió reemplazar—mediante una muy polémica interpretación de la ley—a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General del país, quienes habían actuado en diversas causas por corrupción contra Bukele y por los abusos de poder de las fuerzas de seguridad en el marco de las medidas sanitarias tomadas por la pandemia Covid-19. Fueron los nuevos magistrados de la Sala Constitucional quienes en 2021 allanaron el camino para que Bukele pudiera buscar la reelección. Luego, basado en el fallo de la corte, el Tribunal Supremo Electoral confirmó su candidatura y declaró la nulidad de los pedidos de inconstitucionalidad en su contra.
En un contexto de fuertes llamados de atención por la concentración de poder político bajo el Ejecutivo operada por Bukele, dos medidas en particular han puesto al mandatario en las portadas de los diarios internacionales: su política de seguridad y la adopción de la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso oficial en El Salvador.
Mano Dura, Súper Mano Dura… ¿y después?
La política de seguridad ha sido un punto clave en su carrera política. En 2019, Bukele recibió un país con uno de los índices de homicidio más altos del mundo. Entre las explicaciones de estos índices de violencia se encuentra la incidencia de una guerra civil que se extendió por 12 años en el país, entre 1980 y 1992, y que enfrentó al gobierno salvadoreño y sus fuerzas armadas (fuertemente financiadas por Estados Unidos) con el FMLN. La multiplicación de masacres en las zonas rurales por parte de fuerzas estatales—entre las que resaltan las más de 900 víctimas de la masacre de El Mozote—y los enfrentamientos armados generaron alrededor de 75.000 víctimas fatales, en su mayoría civiles, y otras 8.000 personas desaparecidas. Difundieron además diversas prácticas violatorias de los derechos humanos en las fuerzas armadas y de seguridad y provocaron desplazamientos internos de poblaciones y emigración.
Una vez firmados los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en 1992, la continuidad de la corrupción, la impunidad y la connivencia de las fuerzas de seguridad se combinó con el accionar de las “maras” o pandillas. Se trata de agrupaciones—como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 (hoy dividida en dos facciones)—formadas en los suburbios de ciudades norteamericanas por jóvenes salvadoreños, que luego fueron deportados. A inicios de los 90, ellos trasladaron estas prácticas a su país de origen, donde la pobreza y la falta de oportunidades y de apoyo estatal, en el contexto de una democracia neoliberal de posguerra, alentaron el crecimiento de los grupos criminales. Estas organizaciones llegaron a sumar alrededor de 60.000 miembros y controlar parte del territorio salvadoreño, en donde reclutaban jóvenes de los sectores vulnerables.
Los gobiernos del partido de derecha, ARENA, que gobernaron los 20 primeros años de la posguerra, diseñaron y aplicaron los planes de “Mano Dura” (2003-2004) y “Súper Mano Dura” (2004-2009). Moldeados en contexto de urgencias electorales, se basaron fundamentalmente en detenciones masivas, incremento de penas contra los miembros de las pandillas y, en el caso del segundo, el uso del ejército en tareas de seguridad pública. Ninguna de estas medidas mostró resultados concretos; los crímenes continuaron aumentando y las pandillas se han fortalecido y sofisticado en su modo de operar. Constituyen en la actualidad actores políticos decisivos con los que todos los gobiernos de la posguerra han tenido que pactar.
Bukele no fue la excepción en ese sentido y, como lo demostraron las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía General de El Salvador, continuó estas negociaciones. La prensa independiente afirmó que, como resultado de las mismas, los líderes de las “maras” se comprometían a ocultar los homicidios a cambio de evitar extradiciones, entre otros beneficios. Paralelamente, y a poco de asumir, Bukele lanzaba su “Plan de Control Territorial”. Dicho plan incluía medidas de reinserción—prontamente abandonadas—y una serie de prescripciones poco innovadoras de combate a la criminalidad.
Este escenario se modificó radicalmente en marzo de 2022, tras un fin de semana en el cual se reportaron 87 víctimas mortales. Esta cifra inédita se relaciona con la ruptura de dichos “pactos” entre el gobierno y las “maras”. Bukele declaró entonces el estado de excepción, que aún sigue rigiendo en El Salvador. Más de 76.000 personas fueron detenidas en dos años del estado de excepción, llevando a El Salvador a erigirse como uno de los países con la mayor cifra de encarcelados del mundo. Estas políticas de mano dura no son novedosas en El Salvador, pero lo inédito de la gestión bukelista es la incapacidad del sistema judicial de garantizar mínimamente el debido proceso.
Efectivamente, siete organizaciones de derechos humanos salvadoreñas, entre las que se encuentra Cristosal, han presentado denuncias unificadas contra lo que califican como una “suspensión de los derechos fundamentales”. En el contexto de la declarada “guerra contra las pandillas”, estas organizaciones afirman haber recibido—entre marzo de 2022 y septiembre de 2023—, 5.775 denuncias de detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, allanamiento de morada, acoso, amenazas, lesiones, agresiones y violaciones sexuales. En casi el 90 por ciento de estos crímenes, las víctimas señalaron como victimarios a miembros de la Policía Nacional Civil, actuando solos o junto a las Fuerzas Armadas de El Salvador. Las organizaciones verificaron además la muerte de 189 personas bajo custodia estatal.
El 24 de febrero de 2023, Bukele publicó en su cuenta en X: “Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. Seguimos… #GuerraContraPandillas”. En el impactante video que aparece a continuación, difundido por el gobierno en medios nacionales e internacionales, puede verse a jóvenes rapados, con tatuajes que “prueban” su pertenencia a alguna de las “maras”. Trotando en ropa interior, inclinados, pies y manos encadenados, bajan de buses e ingresan a “la cárcel más grande de América”. El CECOT constituye un complejo penitenciario de más de 230 mil metros cuadrados, construido en tiempo record y con capacidad para 40.000 reclusos. Ha sido una de las medidas más difundidas de Bukele, y la estética y el discurso con que acompañó a la misma, han sido replicados por partidos y gobiernos de países como Argentina, Perú, Colombia y Honduras.
Efectivamente, el muy publicitado “modelo Bukele” se presenta como una estrategia “efectiva”, que parece haber logrado disminuir la tasa de homicidios y controlar la actividad de las pandillas en un contexto latinoamericano en el que el crimen organizado es un problema mayúsculo y las respuestas de los gobiernos han sido hasta ahora ineficientes. Su modelo ha inspirado a otras figuras de la extrema derecha en la región, como Javier Milei de Argentina, y este hecho también forma parte de la marca bukelista. “Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo conseguimos en tiempo récord”, dijo en su discurso ante las Naciones Unidas el año pasado. “Hoy somos un referente en seguridad y nadie lo puede poner en duda”.
La política de Bukele parece haber colaborado en la disminución de los homicidios, la recuperación de ciertos espacios públicos y la menor presencia de las pandillas, y esto ha impactado positivamente en la percepción de la seguridad pública, inclusive en zonas etiquetadas como “peligrosas”, donde los vecinos manifiestan que la extorsión ha disminuido.
Sin embargo, se trata de una iniciativa de corto plazo, como resulta frecuente en políticas de seguridad en América Latina, donde los gobiernos suelen privilegiar erróneamente respuestas rápidas, espontáneas y poco transparentes, que arrojan resultados inmediatos pero son inútiles para solucionar los problemas de base y debilitan los procesos democráticos.
Urgencias económicas y cinco años más para Bukele
El 4 de febrero, los salvadoreños renovaron su mandato: Bukele ganó la presidencia con una victoria aplastante. Esto a pesar de que el autoproclamado “CEO de El Salvador” parece no haber cumplido con sus promesas de eliminar la pobreza. Aparte de su política de seguridad, la otra medida que alcanzó amplia difusión internacional fue la adopción de criptomonedas como moneda de curso legal, mediante una ley aprobada en junio de 2021. La medida, que se dio en un contexto de agravamiento de la crisis económica, parece responder al debilitamiento de las negociaciones con China y a la necesidad de contar con una alternativa a la ayuda de Estados Unidos, país del que Bukele se encontraba distanciado. La medida no parece haber dado los resultados esperados.
Según CEPAL, bajo su gestión, la disminución del porcentaje de población en situación de pobreza se ha estancado, mientras la pobreza extrema muestra una tendencia levemente creciente. La deuda externa es calificada como “insostenible” por el Departamento de Estado de Estados Unidos y El Salvador continúa rezagado respecto de otros países centroamericanos en la atracción de inversión extranjera directa.
Tras dar por superada la “guerra contra las pandillas”, Bukele apunta a reforzar la imagen de un El Salvador moderno y a consolidar un segundo mandato de “megaproyectos”. Como adelanto, inauguró en noviembre de 2023 una ultramoderna Biblioteca Nacional. Se trata de una imponente construcción, de formas futuristas y abierta las 24hs., los 365 días del año ya que, como manifestó el mandatario “no hay un lugar inseguro, en todo el territorio, la gente puede venir a la hora que quiera. Venir en la madrugada, quedarse aquí a las 3:00 de la madrugada sin ningún problema.”
Sin embargo, según una encuesta realizada el año pasado por el centro de estudio FundaUngo, siete de cada diez salvadoreños consideran que el tema de la economía es el problema más grave que enfrenta el país. Pese a los enormes esfuerzos de Bukele por orientar la atención a otros temas, la debilitada economía será el desafío principal de los próximos cinco años. Las inconsistencias del joven presidente en su posicionamiento ideológico a través de los años, tornan difícil prever qué tipo de respuestas dará a dicho desafío.
Este segundo mandato no careció de polémicas. Tras una historia marcada por experiencias dictatoriales y autoritarismo, la reelección estaba prohibida en El Salvador. Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, nombrados en mayo de 2021 tras la polémica destitución de sus predecesores, emitieron una sentencia que permitió la reelección inmediata del presidente. Las elecciones nacionales, celebradas el 4 de febrero de este año, también estuvieron rodeadas de cuestionamientos. Sin embargo, su aplastante triunfo no deja lugar a dudas: según el Tribunal Supremo Electoral, 83 por ciento de los electores refrendaban el “modelo Bukele”. “Toda la oposición junta quedó pulverizada”, sintetizó el mandatario al comunicar su victoria.
Efectivamente, la oposición se encuentra deslegitimada por denuncias de corrupción y reducida a su mínima expresión; Nuevas Ideas multiplicó más de 6 veces los votos de FMLN y ARENA sumados. En este escenario, con las instituciones de rendición de cuentas desmanteladas y los contrapesos democráticos debilitados, la acción erosiva de Bukele “desde adentro” parece haber puesto a los salvadoreños frente a otros 5 años de “muerte lenta” de la democracia.
Lucrecia Molinari es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Latinoamericanos y Socióloga. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina) radicada en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEG-UNTREF).
