“Desde que éramos niños, nos enseñaron a conservar y preservar la naturaleza", relata Sofía Rivas, "pero el desplazamiento nos obligó a dejar nuestra tierra, para salvar nuestras vidas". Rivas es una sabedora, una portadora de conocimiento tradicional y enfermera del departamento del Chocó en Colombia, en la costa noroeste del Pacífico. Su padre le enseñó a practicar la medicina, transmitiendo conocimientos aprendidos a lo largo de generaciones. Fue criada para cuidar el medio ambiente, la fuente de sus tratamientos. Si se cortaba un árbol, su comunidad plantaba tres para reemplazarlo.
Mientras trataba las heridas de aquellos heridos por la guerra en 1998, Rivas fue secuestrada por un grupo armado y obligada a tratar a sus soldados. Huyó a Bogotá, perdiendo contacto con sus seres queridos y su conexión con su territorio en el proceso. Desplazada de su tierra y su familia, Rivas continuó trabajando como partera y activista para mujeres afrocolombianas desplazadas en la ciudad capital. Al regresar al Chocó décadas después, Rivas encontró que el territorio que una vez conoció había cambiado. Las industrias extractivas como la minería de oro habían arrasado los árboles, contaminado los ríos y dejado agujeros en la Tierra. "El ambiente es un ambiente triste", dice, recordando su regreso. "Te quedas sintiendo que la tierra te está gritando".
El desplazamiento, como ilustra la historia de Rivas, marca una ruptura entre la tierra y sus habitantes ancestrales. Esta ruptura no solo afecta a quienes son obligados a irse, sino también a la tierra y la biodiversidad que alberga. Aunque el impacto de la humanidad en el medio ambiente se conceptualiza en gran medida como perjudicial, un presagio de extracción y contaminación, esta perspectiva niega el impacto positivo de los humanos que viven en armonía con su entorno local al proteger y promover la biodiversidad. En Colombia, la segunda nación más biodiversa del mundo, hay 102 grupos indígenas, 4.7 millones de personas afrocolombianas y numerosos agricultores rurales que aprovechan sus conocimientos ancestrales para apoyar la salud del ecosistema.
El lugar de la guerra civil más larga del hemisferio occidental, Colombia sufre una de las crisis más agudas de desplazamiento interno relacionado con el conflicto. De las más de nueve millones de personas que son víctimas registradas del conflicto, casi la mitad son desplazadas internamente. En los años siguientes a los Acuerdos de Paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las tasas de desplazamiento no han disminuido. En 2022, se reportaron más de 300,000 nuevos desplazamientos relacionados con el conflicto, la cifra más alta registrada desde que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno comenzó a rastrear datos. El Chocó está en el centro de esta crisis: al 2023, la región representa el 16.8 por ciento de los colombianos afectados por el desplazamiento masivo. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, que comprenden la gran mayoría de la población del Chocó, se ven desproporcionadamente afectadas.
En esta región, la guerra sigue omnipresente. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo guerrillero marxista de América Latina, mantiene una fuerte presencia en el departamento junto con otros grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, a menudo llamadas el Clan del Golfo). Los grupos armados en el Chocó han recurrido cada vez más al confinamiento como alternativa al desplazamiento para ejercer control sobre el territorio. El confinamiento es la contención forzada de una población dentro de un área restringida, una táctica que es prevalente en el Chocó: el 56.4 por ciento de los colombianos afectados por el confinamiento viven en el departamento.
Al igual que el desplazamiento, el confinamiento crea una ruptura entre la persona y el lugar, que daña la tierra. Jafeth Leyes, un residente del norte del Chocó, describe el confinamiento como ser obligado a "permanecer estático", lo que significa que "las personas no pueden plantar y no pueden interactuar con el territorio de manera activa. No pueden participar en sus actividades ancestrales diarias." Esta incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas tiene un impacto ambiental. Por ejemplo, se pierden semillas nativas y diversas variedades de plantas cuando las comunidades son impedidas de cuidar sus bancos de semillas.
Cuando los protectores de la biodiversidad no pueden administrar sus territorios, las industrias extractivas y/o los grupos armados, ambos impulsores clave del conflicto armado, llenan el vacío. Se pierde el conocimiento tradicional y los ecosistemas sufren.
Estrategias de Control Territorial en el Chocó
El Chocó es parte de una región biogeográfica que se extiende desde Panamá hasta Ecuador y que contiene la mayor concentración de biodiversidad del mundo. Rico en recursos naturales, sus densos bosques tropicales, redes fluviales, árboles maderables, tierras cultivables y depósitos de oro hacen que el Chocó sea vulnerable a los cultivos ilícitos, el contrabando de drogas y las industrias extractivas.
La lucha por controlar el territorio es fundamental para la violencia de la guerra civil colombiana. El desplazamiento es el resultado de esta competencia. La eliminación forzada de los ocupantes ancestrales de la tierra facilita el acceso tanto a los grupos armados como al sector agroindustrial, con frecuencia los grupos paramilitares se benefician de desplazar a las personas de sus tierras. La Corte Constitucional de Colombia afirmó la declaración hecha por una organización afrocolombiana, de que "el objetivo de la violencia es sacar a las personas de su tierra, y por lo tanto crear un espacio para los megaproyectos".
El acaparamiento de tierras encapsula los procesos entrelazados de desplazamiento forzado y acumulación de capital. Las empresas multinacionales en el Chocó convierten territorios sagrados en "zonas de sacrificio", donde la tierra es saqueada por industrias extractivas y los beneficios fluyen a corporaciones multinacionales en el Norte Global. En 2016, la aprobación de la Ley 1776 conocida como ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) creó zonas de desarrollo rural, económico y social para "fomentar la explotación de áreas actualmente improductivas" y para internacionalizar la economía. En el Chocó, ZIDRES alentó la apropiación masiva de tierras para proyectos de desarrollo agroindustrial a expensas de reclamaciones pendientes de restitución de tierras presentadas por personas indígenas, campesinas y afrocolombianas.
Leyes identificó la minería como la mayor amenaza para su territorio natal. En el Chocó, la minería de oro se ha visto cada vez más envuelta en el conflicto armado, siendo una importante fuente de financiamiento para grupos armados. Por ejemplo, solo el 31 por ciento del oro extraído a nivel nacional en Colombia en 2020 se hizo legalmente. Incluso entonces, la llamada minería legal o "minería autorizada" se basa en permisos gubernamentales que a menudo se emiten en violación de los derechos afrocolombianos debido a una consulta inadecuada y sin consentimiento previo informado.
Los chocoanos son descendientes de esclavos que fueron llevados por primera vez a la región desde África en el siglo XVI para extraer oro, plata y platino. Ahora, el Chocó es la segunda región minera más importante de Colombia, aunque sus beneficios están concentrados. Pocos dividendos llegan a la población del Chocó, y la región es una de las más pobres de Colombia. El padre de Rivas, por ejemplo, trabajó para la Minera Chocó Pacífico, una empresa minera estadounidense que se negó a pagar su pensión durante décadas después de que la empresa fue liquidada hasta que una orden judicial ordenó el pago.
Las operaciones mineras requieren tierras deforestadas, generando el paisaje desolado que Rivas describió al regresar a su territorio. El trabajo inicial de deforestación a menudo es realizado por grupos ilegales; luego, las empresas utilizan la destrucción como pretexto para intervenir, prometiendo pagar dividendos que desarrollarán la región. Como resultado, los bosques son talados, el agua se contamina con mercurio y cianuro, y el suelo se erosiona. Además, la minería de oro financia el conflicto al fortalecer otras actividades ilegales, como el cultivo ilícito de cultivos, el tráfico de armas y el contrabando de personas.
Otra forma de "explotar la tierra" es el cultivo de monocultivos de cultivos comerciales, como palma y plátano. Estos monocultivos de árboles reemplazan especies nativas, ecosistemas y comunidades con cultivos no nativos, para el consumo extranjero. Los monocultivos facilitan la propagación de enfermedades, por lo que las plantas se rocían con agroquímicos que envenenan el suelo, los cuerpos de agua y la fauna. Las parcelas de monocultivo impulsan la deforestación, la erosión del suelo y la inundación de los campos de pequeños agricultores vecinos.
Relaciones Comunitarias con el Territorio-Tierra
Para las industrias mineras y agrícolas, así como para los actores armados, la tierra significa poder político, acumulación de capital y ganancia. Es un medio para un fin. Sus intereses se contraponen a los de los guardianes de la biodiversidad, que tienen una relación ancestral con la tierra. Estos guardianes incluyen a agricultores y conservacionistas de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
El conocimiento indígena y tradicional es inherentemente basado en el lugar y se acumula con el tiempo, por lo que el desplazamiento desafía el acceso a la flora ancestral y la transmisión de conocimientos a través de generaciones. La espiritualidad afrocolombiana y la cosmología indígena se basan en relaciones recíprocas y armoniosas con la Tierra que priorizan la conservación en beneficio de las generaciones futuras. Rivas reflexiona que "el desplazamiento afecta todo... a menudo siento nostalgia por cómo era [la tierra] antes. Ahora, las minas de oro dejan agujeros en la Tierra".
Los guardianes de la biodiversidad como la comunidad indígena Embera preservan e intercambian semillas de diversas variedades de cultivos. Crean reservas dentro de los ríos para proteger las especies de peces. Sus vidas están entrelazadas con el ecosistema. Falder Chami Sinigui, líder de la comunidad Embera Dobido, enfatizó la relación simbiótica que su comunidad tiene con la tierra. "Nuestros ancestros nos enseñan a vivir a través de la Madre Tierra, a cuidar de la Madre Tierra. Entendemos que la Madre Tierra tiene espacios sagrados y medicinas tradicionales, medicinas importantes, así que somos cuidadores del bosque, de la naturaleza y de los espacios sagrados." Los guardianes de la biodiversidad no solo protegen su tierra de la ocupación industrial, sino que también la conservan activamente.
Para las comunidades con una conexión ancestral con la tierra, el término 'territorio' va más allá del suelo mismo. Ilsa, una joven líder comunitaria Embera y cofundadora de Embera Wanda, un grupo juvenil comunitario, nos dice que, "El territorio es más que solo la tierra... Cuando hay violencia en nuestro territorio, perdemos nuestra conexión con él". La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un mecanismo de justicia transicional creado en 2016 como parte del proceso de paz con las FARC, ha reconocido legalmente el impacto del conflicto armado en la relación recíproca entre un territorio y su gente. En el caso Katsa Su de 2019, la JEP proclamó el territorio indígena Awá como una "víctima silenciosa" del conflicto, reconociendo que los daños de la guerra van más allá del daño físico a las personas.
La guerra trae la discordia. Interrumpe la relación inseparable entre los pueblos indígenas y su entorno. El desplazamiento y el confinamiento, señala Ilsa, dificultan que su comunidad visite sus espacios sagrados y realice rituales importantes. La incapacidad para practicar sus costumbres "genera una falta de armonía en el mundo espiritual que perjudica a las comunidades al desequilibrar esta conexión."
La pérdida de los guardianes de la biodiversidad es una pérdida de siglos de conocimiento tradicional sobre el cuidado y la protección de la tierra y la vida dentro de ella. Ilsa destacó el profundo impacto provocado por la pérdida de los Jaibanás, líderes espirituales y curanderos de medicina tradicional Embera, que han sido perseguidos por grupos armados por proteger el territorio y sus habitantes. "Cuando matan a un Jaibaná", explica Ilsa, "perdemos todo este conocimiento del territorio. Perdemos nuestra historia."
Alejar a los guardianes de la biodiversidad de su tierra tiene consecuencias ecológicas. Los pueblos indígenas son "cuidadores naturales del bosque", esenciales para combatir el cambio climático. Un informe producido por el Instituto de Recursos Mundiales en conjunto con la Fundación Ford destaca los beneficios ecológicos de la tenencia segura de tierras indígenas. Para las tierras no indígenas con tenencia en Colombia, la tasa de deforestación fue del 0.08 por ciento, mientras que la tierra indígena con tenencia tuvo una tasa de deforestación del 0.04 por ciento. Los autores también enfatizan los beneficios del ahorro de carbono de la tenencia indígena en Bolivia, Colombia y Brasil; preservar la tenencia indígena de los bosques equivale a una compensación anual de carbono que es equivalente a eliminar de las carreteras entre 9 y 12.6 millones de automóviles de pasajeros durante un año.
Justicia para la Tierra y sus Guardianes
Los acuerdos de paz por sí solos no protegerán a los guardianes de la biodiversidad y su tierra. Desde los Acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, las tasas de deforestación han aumentado en regiones clave, en parte debido a la apropiación de territorios anteriormente ocupados por las FARC. Este patrón se desaceleró en el último año después de que el gobierno colombiano pusiera la justicia ambiental en el centro de la agenda de "paz total" de Gustavo Petro. Como parte del plan de Petro, el Clan del Golfo, el principal grupo paramilitar del país, acordó recientemente participar en negociaciones de paz. Negociar con grupos paramilitares es particularmente problemático e incierto, debido a las limitaciones legales para negociar con grupos armados que no tienen aspiraciones ideológicas. Los acuerdos de desmovilización anteriores con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron muy controversiales, basándose en la Ley de Justicia y Paz de 2005 que permitía a los excombatientes enfrentar muy poca responsabilidad por sus crímenes.
Ilsa enfatizó que, para ella, la paz restauraría su relación con el territorio al permitirle vivir libremente en la tierra Embera. "Necesitamos poder cuidar nuestras plantas", dice, "plantar, sin violencia sin tener que pensar en ser violada solo por visitar un árbol de plátano". La paz, en resumen, debe equilibrarse con la justicia —justicia tanto para las víctimas del conflicto armado como para los territorios por los que han sido perseguidos. La justicia y la paz para las comunidades indígenas y afrocolombianas requieren que reconceptualicemos lo que significan estos conceptos y reconozcamos una ontología que no separa el yo y el territorio.
Este artículo fue traducido a español por Valentina Paz Aramburo, una estudiante de biología con énfasis en conservación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Alexia Gardner y Alex Reep son becarias Fulbright de EE. UU. en Colombia. Alexia tiene una Maestría en Estudios de Refugiados y Migraciones Forzadas de la Universidad de Oxford y está investigando actitudes hacia la reconciliación en el contexto del conflicto armado colombiano. Alex tiene una Maestría en Práctica del Desarrollo de UC Berkeley y está investigando la reciprocidad para el uso de recursos genéticos de territorios indígenas y locales.
