Este artículo fue publicado en inglés en la edición de verano de 2024 de nuestra revista trimestral NACLA Report.
Después que el Presidente Nayib Bukele instituyera el régimen de excepción en marzo del 2022 con el cual suspendió los derechos constitucionales y empoderó a las fuerzas estatales para arrestar a la ciudadanía indiscriminadamente, El Salvador pasa por su peor momento contra los derechos humanos desde el conflicto armado interno. En este diálogo, militantes y defensores de derechos humanos platican sobre la importancia política del dolor, la desaparición y la crisis intergeneracional de pérdida humana en la historia y política salvadoreña de los años 80 al presente.
Hoy el país continúa afectado por la desaparición masiva, los altos índices de feminicidio, y la detención arbitraria que golpea activistas, ambientalistas, y sindicalistas. A pesar de todo, la sociedad persiste, agarrándose del dolor que ha fracturado comunidades, familias y relaciones.
Colectivamente, los participantes de este foro exploran las formas concretas mediante las cuales grupos salvadoreños han defendido y abordado esta crisis de pérdida que a lo largo del tiempo se profundiza. Desarrollando estrategias en tiempo real, estos grupos responden a la violencia selectiva con formas creativas de recolectar evidencia, resolver litigios, y generar acción política. Atendiendo a las culturas producidas por la impunidad, intimidación y politización de los derechos humanos, este diálogo ofrece perspectivas del terreno, un retrato de un país afligido, y una visión amplia de la lucha por defender los derechos de los desaparecidos y sus familias.
Esta mesa redonda reúne a Yaneth Martínez, Ana Julia Escalante, Jaime López, y Pablo Benítez en conversación con Jorge Cuéllar.
Martínez pertenece al grupo de litigio estratégico de Cristosal, una organización para la defensa de los derechos humanos basada en San Salvador. Por más de 20 años, Cristosal ha trabajado en temas de derechos humanos, desplazamiento interno forzado, justicia transnacional, anticorrupción y, recientemente, en los impactos del régimen de excepción.
Escalante es directora ejecutiva de la Asociación Pro-Búsqueda, una organización que apoya a las familias de niños y niñas desaparecidos utilizando un banco de ADN y perfiles genéticos. Su trabajo de defensa durante los últimos 30 años ha estado firmemente orientado en el apoyo a familias, centrado en búsquedas dentro del país y recientemente en conectar a personas adoptadas en el extranjero durante la guerra con sus parientes biológicos en El Salvador.
Benítez y López son militantes de Escuela Política para un Nuevo Proyecto, una plataforma de movimiento social democrático fundada en el 2019, cuyo principal propósito es guiar la reflexión crítica e incubar una alternativa radical y progresista para El Salvador.
Este diálogo fue grabado el 29 de enero, pocos días antes de que Nayib Bukele ganara la reelección ilegal de manera arrolladora, a pesar de que la constitución de El Salvador prohíbe mandatos presidenciales consecutivos. El permanecerá en el poder hasta 2029. La conversación ha sido editada para mayor claridad y brevedad.
Jorge Cuéllar: Las desapariciones son un fenómeno enterrado en la sociedad, un “pozo sin fin”. Desde las organizaciones, ¿cómo han abordado el tema de los desaparecidos? ¿Como definen la desaparición en la realidad salvadoreña? ¿Cómo entender esta condición social para potenciar políticas de reparación y transformación?
Yaneth Martínez: Para Cristosal, nosotros siempre hemos recibido denuncias acerca de la vulneración de los derechos humanos. Por el año 2021 comenzamos a procesar denuncias de “personas desaparecidas en la actualidad” que es como le hemos estado llamando a aquellos casos que no se produjeron durante el conflicto armado. Institucionalmente decidimos comenzar a manejar este tema para brindar asesoría jurídica a las personas y brindar también alguna atención psicológica sobre todo porque muchas son personas que han venido realizando diferentes acciones de búsqueda de incidencia y casi nunca han recibido alguna respuesta positiva.
A partir de la aplicación del régimen de excepción comenzamos a conocer un nuevo fenómeno: la desaparición de las personas detenidas. Desde el 24 de marzo del 2022 que comenzaron a detener a personas de manera masiva, muchos familiares comenzaron a buscar a esas personas que habían sido detenidas. No estaban recibiendo ningún tipo de información por parte de las autoridades, no sabían dónde estaban detenidas, o como estaban. Había muchas personas que incluso tenían enfermedades muy graves, incluso terminales, que no estaban recibiendo medicamentos.
Entonces comenzamos a recibir denuncias a raíz de este fenómeno diferente. Se comenzó a brindar asesoría para activación de instancias, buscar diferentes instituciones que velan por personas detenidas, no recibían ningún tipo de información tampoco. Por eso, se generaron nuevos grupos de movimiento de familiares de personas detenidas que han estado haciendo acciones de incidencia para poder conocer cómo están sus familiares, dónde están sus familiares.
En las acciones que Cristosal ha apoyado ha sido el tema de poder realizar diferentes procesos de habeas corpus, que es uno de los mecanismos que tienen las personas para solicitar la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. Solicitar los juzgados por medio les puede indicar dónde están las personas, como están las personas, quienes son las personas.
Hasta este momento no se ha recibido ninguna resolución de parte de todos los habeas corpus presentados desde el inicio de la aplicación del régimen. Vamos para dos años y no se ha recibido ninguna resolución más allá de algunas notificaciones en donde la sala está pidiendo que los familiares brindan más información sobre la persona detenida cuando la función es al revés.
Otra de las acciones que hemos venido acompañando es en los avisos de denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en donde se les pide que inicien un proceso de investigación, de verificación si es posible, de dónde se encuentra esa persona, de como están, dando prioridad a los casos de personas que están muy enfermas y que no se tiene ninguna noticia. No se ha recibido mayor información dentro de los 153 casos que se ha referido por nuestra parte.
También identificamos otro fenómeno que es el caso de las personas que fueron detenidas y desaparecidas también, porque los familiares no tenían idea donde se encontraban y que posteriormente fueron encontradas en fosas comunes, fallecidas. Al menos desde Cristosal hemos logrado verificar cuatro situaciones en este sentido, entonces también este es otro fenómeno ante el cual el estado salvadoreño tampoco está resolviendo.
Nos hemos abocado a buscar algún tipo de información por medio de la Unidad de Verificación Penitenciaria de la Dirección General de Centros Penales. Tampoco hemos recibido ningún tipo de información. La única información que se está recibiendo por parte de las autoridades ha sido a través de estas solicitudes de audiencias temáticas ante la CIDH.
Adentro de El Salvador tenemos un mecanismo que es parte del derecho de acceso a la información en donde cualquier ciudadano puede pedir información pública a las entidades estatales. Toda la información está siendo reservada, no están brindando información las autoridades, entonces tampoco los familiares pueden acceder por ninguno de los medios ya preestablecidos para obtener información.
Ana Escalante: El tema de la desaparición es un tema permanente en nuestra sociedad. Yo creo, aún, desde antes del conflicto armado en El Salvador ya se han reportado casos de personas desaparecidas. En lo que nosotros hemos logrado identificar, por ejemplo, en casos de niñas y niños desaparecidas es la existencia de patrones. Patrones en la desaparición de niños y niñas que en un primer momento fueron objeto de masacres también, pero una vez fueron identificados como posibles fuentes de financiamiento y de lucro, estos niños y niñas fueron víctimas de la desaparición.
Al final la desaparición entró en el tema de niños y niñas dados en adopción con el apoyo de personal del ejército y personas de otras instituciones. Lógicamente, y no lo podemos negar también, la comunidad internacional facilitó el derecho de estas adopciones sin mayor investigación. El estado generó y facilitó medidas internas en el país para que fueran adoptados de forma exprés sin ninguna base, realmente sin ningún monitoreo.
Lo que tenemos como resultado son ahora personas adultas. Dentro de sus testimonios manifiestan haber estado en casas por meses, mientras los sacaban del país. No haber contado con ningún tipo de información sobre sus procesos de adopción. Hasta hoy que han crecido ya han podido tener acceso a documentación de alguna forma también han identificado que ellos mismos pudieron haber sido parte de estos procesos de trata que se hicieron en el país. Lógicamente hoy se vuelven en una fuente importante no sólo de información, sino que también en solicitudes.
Lo que nosotros podemos evidenciar, no solamente en el tema de la desaparición de niños y niñas, sino en el tema de desaparición en general, es que al no haber existido medidas de castigo, para esas personas que no solamente desaparecieron niñas y niño pero también personas adultas, porque hay muchas personas —madres, padres, esposas, hijos— que desean volver a ver a sus padres y que desaparecieron en diferentes momentos durante el conflicto armado.
Al no existir una medida de reparación que implique también el tema de la justicia, estos son ventanas abiertas a que el ciclo se vuelva a dar. Yo creo que estamos viviendo esto. El tema de la impunidad y la falta de respuesta a la familia para saber la verdad, para poder identificar quienes fueron los perpetradores de estas desapariciones, nos lleva a una sociedad enferma que repite el ciclo.
Es decir, no se sanaron las heridas y no se cerraron nuestras heridas. Esas heridas siguen abiertas, pero también sigue abierta la posibilidad de nuevos grupos o que surjan nuevas medidas políticas que repitan nuevamente la historia y eso es lo que estamos viviendo.
Realmente, como Asociación, el trabajo que se realiza por parte de las familias también es abogar por las medidas de no repetición. Esto es un derecho de una sociedad del no volver a repetir los hechos, y de no volver a repetir el mismo sufrimiento. Lastimosamente, por más que los Acuerdos de Paz hablaron de medidas de no repetición, hoy estamos viviendo nuevamente un ciclo de violencia, de desaparición por parte de grupos delincuenciales, y formas de desaparición a partir del mismo estado.
El común denominador de todo esto son las familias. Las familias, como decía la compañera, sin una respuesta y sin saber dónde están sus hijos o sus hijas sea que fuera desaparecido por pandillas o ahora detenido por el régimen. Lógicamente, tenemos a las familias del conflicto armado, que tampoco tienen ninguna respuesta concreta. Porqué todos los espacios se van cerrando de todas las posibles vías de obtener esta información para saber el paradero de estas personas, o por lo menos saber la verdad. Todo eso está cerrado. Desde este gobierno y desde gobiernos anteriores, no existía ninguna responsabilidad concreta con el tema de la verdad y la justicia para las víctimas.
Jaime López: Como tal no hemos elaborado una definición sobre desaparecidos o sobre desapariciones, pero la cuestión se hace presente en el mismo trabajo que desarrollamos. Es un trabajo un poco más modesto, tiene naturaleza en difusión de temática de situaciones o de problemas. Y hemos tenido, por ejemplo, sesiones de seguridad pública y del régimen de excepción como repensar la violencia y la seguridad pública desde la izquierda y la situación de los derechos humanos a partir del régimen de excepción. Hemos dado espacio en esta plataforma a gente que está más empapada del tema sobre todo a partir en estos últimos años de una escalada autoritaria. En relación al régimen de excepción a la seguridad pública el rol del estado en estos últimos años, la cuestión de los desaparecidos, se vuelve algo presente.
La cuestión de la desaparición se hace presente también en una cotidianidad de la organización. Porque bueno, Escuela Política permite que confluyan diferentes generaciones. Hay un grupo de compañeros que vivieron las secuelas de la represión del ciclo de luchas populares del siglo XX y tenemos también una parte de la organización que es más joven y que crecimos durante la posguerra en una situación de violencia, como algo cotidiano para nosotros.
Y que ahora en esta nueva situación, lo que nos permite la articulación desde la militancia son las redes de comunicación. Son redes de cuidados, redes que nos permiten estar en diferentes sectores, sean religiosos, cooperativas, estudiantes, con veteranos. Tener una red de comunicación es un tipo de comunidad en la cual la presencia de cada persona y la integridad de esa persona es valiosa.
Pablo Benítez: Esta circunstancia o este momento histórico nos muestra que en El Salvador no hemos logrado superar las dinámicas y las causas más profundas de la guerra. Es decir, el hecho de que la desaparición sea una constante histórica expresa que poco logramos, lamentablemente pues, tristemente, trágicamente para el país, poco logramos a superar las causas que nos llevaron a enfrentarnos con las armas.
Segundo, hay una utilización del terror ya en este actual régimen. En la instalación de este régimen, hay una judicialización ya de la política y hay una latencia, así bien clara, a que este tipo de mecanismos represivos vuelvan a instalarse en el país. Con un gobierno que tiene todas las instancias del estado de su lado y todo el poder mediático y comunicacional este es un paso bien sencillo de pasar a la represión física y a la desaparición. Entonces, eso es una alarma fuerte.
Como Escuela Política, hacemos un esfuerzo por formar y por concientizar y a la vez generar espacios organizativos. Estamos tratando de estimular organización popular y esta es una de las preocupaciones que aparecen siempre. La gente tiene temores, tiene muchos miedos, ya con el régimen de excepción y si se empiezan a utilizar estos mecanismos el temor va a ser mayor. Entonces no pinta bien, digamos el panorama político social del país con este tipo de latencias y de permanencias desde el proceso de guerra hasta hoy.
JC: ¿Cómo es la desaparición un instrumento represivo para silenciar voces críticas? ¿Como se utiliza hoy para deshacer actividad comunitaria y el sindicalismo, o para destruir tejidos sociales? Esto es, obviamente, una repetición del pasado. En sus trabajos, ¿quiénes surgen como las comunidades más impactadas? Porque en un momento anterior digamos la desaparición era más generalizada y visible, pero hoy las comunidades afectadas son invisibilizadas, y esto se pierde en el análisis del presente. Perdemos la vista del sujeto social, del quiénes son las personas que están impidiendo el proyecto Bukelista de hacer un “Nuevo El Salvador”. ¿Quiénes son esas personas?
YM: Bueno, la detención arbitraria se ha utilizado como una forma de intimidar, o incluso de desorganizar algunos espacios. Cristosal ha recibido casos de comunidades en donde quizás no necesariamente se están deteniendo a miembros de las directivas, pero si a sus hijos. Entonces ahí se pueden ver dos fenómenos. O estos padres/madres dejan de reunirse, o, al contrario, realizan actividades de incidencia.
Sí la mayoría de las personas detenidas han sido jóvenes ya adultos, pero hombres en su mayoría. Eso no quiere decir que no hayan detenido a mujeres, porqué si hay una gran cantidad de mujeres detenidas. Pero al menos en los datos que Cristosal ha recogido la mayoría son hombres adultos jóvenes de comunidades generalmente señaladas como conflictivas. No necesariamente son jóvenes que hayan participado en estructuras criminales. Sí hay personas que participaron en esas estructuras y han sido detenidas, pero también hay muchos jóvenes que solo por el hecho de residir en esa zona o incluso en el momento de la detención, estar en esa zona, han sido detenidos.
Hay dos comunidades específicas que han buscado a Cristosal para interponer las diferentes denuncias, buscar asesoría y demás. Estas son las de la comunidad del Bajo Lempa y la de la Isla del Espíritu Santo. Son comunidades que públicamente también han presentado sus casos en los diferentes medios de comunicación y han llevado diferentes procesos también de incidencia y han activado las diferentes instancias, tanto administrativas como judiciales para que sean puesto en libertad sus familiares.
PB: Al menos mi experiencia muestra que el temor se manifiesta en los sectores pobres. Por ejemplo, nosotros tenemos trabajo en el Centro Histórico con parroquias. Y la gente de las parroquias en cada sesión que tenemos los fines de semana formativa, nos llegan contando cosas nuevas: sobre los desalojos del centro, una señora o un señor que lo quitaron a la fuerza.
Uno de esos días llegó un compañero diciendo que había estado dos o tres días preso sin explicación y que afortunadamente logró salir de las bartolinas ahí del Centro Histórico porque era una especie de amedrentamiento nada más, el que le estaban haciendo por haber defendido a alguien, que sí se lo llevaron por vender en la calle.
Entonces la gente pobre, la gente de los sectores informales, la gente de nuestros barrios, de los barrios más populosos y de las colonias donde hemos crecido, esa es la gente que desaparece o que está presa. Los sectores de mayor poder económico siguen gozando de la seguridad que pueden comprar, o sea, en las colonias más exclusivas nadie entra. Para ellos, la seguridad sigue operando como siempre.
Y en buena medida, el régimen actual juega con esos dos polos. Es decir, represión y mano dura hacia los sectores populares, estigmatizándolos como los delincuentes, los que no aportan, los que hacen desorden, los que afean la ciudad, los que ensucian la ciudad. Y la instalación de una estética que coincide más con las élites pudientes, donde hay orden, hay limpieza, hay luces, ¿verdad? Entonces creo que sigue siendo nuestra gente, la gente más pobre, la gente de los sectores populares, la que sufre.
JL: Yo creo que algo que vemos ahora como quizá antes, y lo preocupante es que se vuelve a hacer presente, es la desaparición también como una forma de demostrar impunidad. Cuando, por ejemplo, el estado no ve necesario informar debidamente el paradero de cada una de las personas capturadas. No solo es una incapacidad, sino que también parece ser algo deliberado, para demostrar que lo puede y que no tiene límites para no hacerlo.
Ante la población, una actitud de parte así del estado es también una especie de terror, de decir ‘bueno estas garantías no parecen tener ningún respaldo’. Entonces sí, yo creo que la desaparición también tiene una fuerte carga de buscar y de establecer de que hay una impunidad. Que hay ciertos límites que se han sobrepasado y que no hay ninguna fuerza capaz en el momento de buscar justicia.
AE: La caracterización que han hecho los compañeros de los colectivos que han sido más vulnerados —yo no digo que son colectivos vulnerables, sino más bien vulnerados— se repite. Porque en el caso del conflicto armado, realmente siempre ha sido la población más desprotegida. Estamos hablando de familias en el interior del país en zonas de guerra, personas campesinas, personas que tuvieron que emigrar por la misma situación de guerra, migrar y desplazarse a ciudades, las que fueron el blanco siempre de la desaparición. Hoy la situación se vuelve a repetir.
No podemos negar que existen patrones de quiénes son las víctimas de la desaparición forzada. Porque al final la desaparición forzada se vuelve también en una medida de control social. El hecho de al desaparecer un ciudadano o ciudadana, un niño o una niña, también se está generando una medida de incertidumbre para una sociedad y principalmente de silencio. Realmente es la misma población, la que hoy nuevamente se encuentra sufriendo esta situación.
JC: En El Salvador, está bien politizada la idea de los derechos humanos como algo que solo les corresponde a ciertas personas, no para otros. En el país los derechos humanos han sido un elemento democrático para resguardar el bienestar de los salvadoreños. Hoy en día eso ha sido decayendo, se le ha quitado mucha de su fuerza para defender a las personas.
Por ejemplo, el salvadoreño promedio utiliza el lenguaje de Derechos Humanos para entender varias cosas: estas personas de este sector no tienen derechos humanos, o ahí vienen los derechos humanos a decir que los pandilleros tienen humanidad. Esta es una sociedad adolorida y en contradicción. ¿Como renovar el poder jurídico y lo político de la idea de derechos humanos en El Salvador?
YM: Es muy importante tomar en cuenta todo el trabajo mediático que se ha venido realizando en los diferentes gobiernos hacia organizaciones que denuncian situaciones que no están bien, que denuncian vulneraciones a derechos humanos. Y este gobierno en específico ha venido trabajando con el mismo rencor de las personas hacia el tema de la delincuencia. Entonces obviamente existe un odio bien específico hacia todas las personas que pertenecen a las pandillas.
En teoría, el régimen [de excepción] estaba dirigido a todas aquellas personas que pertenecen a pandillas y solo a ellos se les iba a aplicar, han justificado que las organizaciones que están defendiendo a personas detenidas en ese marco están defendiendo a pandilleros. Y justifican que todos los pandilleros a raíz de todas las atrocidades que realizaron, no tienen derechos, no son humanos.
Entonces obviamente las organizaciones que defienden a los todos los pandilleros que fueron detenidos son organizaciones que están a favor de todo lo que realizaron esas pandillas, cuando para nada es así la situación, sino que se ha venido manejando ese discurso para deslegitimar todas aquellas acciones de incidencias de las organizaciones que han venido trabajando en ese marco. Esto también ha derivado en violencia a través de redes sociales para las diferentes vocerías de todas las organizaciones que están denunciando estas situaciones, acoso a través de redes sociales.
Otra de las cosas que se ha visto bastante en este gobierno específico es una forma de cómo evitar hablar de las diferentes problemáticas, es decir, que no existe. En el caso de la desaparición en esta última audiencia que se tuvo con ese CIDH uno de los representantes del estado dijo ante los comisionados que la desaparición de las personas detenidas no existe, enfrente de la transmisión que estaba haciendo vista por los familiares de personas desaparecidas —muy muy indignante definitivamente.
Entonces es un discurso que se está trabajando para poder deslegitimar el trabajo de las organizaciones incluso de los familiares que buscan. Estoy muy segura de que no es primera vez que lo realiza un gobierno. Quizás ahora como existen otras herramientas de comunicación es diferente, pero seguramente es algo que no pasa por primera vez en el país.
AE: Creo que el tema de derechos humanos ha sido bastante estigmatizado. Nosotros como Pro-Búsqueda estamos bajo la misma situación. La gente tiene miedo decir que es defensora o defensor de derechos humanos, la gente tiene miedo decir que pertenece a alguna organización. Porque principalmente el tema de derechos humanos ha tratado, siempre, de vincularlo al tema de la defensa de delincuentes, y sin reconocer realmente el principio, o mejor dicho, la esencia de la defensa de derechos humanos. Y nos estamos enfrentando a la misma situación tanto organizaciones históricas, como líderes y lideresas en comunidades.
Realmente la campaña, porque al final es una campaña mediática en contra de los derechos humanos, también permite que la población salvadoreña se despoje de sus derechos. Es decir, hablar de derechos humanos es hablar de que las personas están a favor de la delincuencia, a favor de pandillas, pero realmente se pierde la calidad de derechos verdaderos en una sociedad. Y lo que nosotros identificamos ahora es que ese es una forma de separar la población de sus derechos.
Siempre hemos hablado de que los derechos humanos son parte del ser humano, son inherentes a él, y que nadie los puede despojar. Pero con esta campaña que estamos viviendo y este sistema que estamos atravesando, este momento oscuro de la sociedad, vemos a personas que realmente se despojan de sus derechos. Se olvidan de su ser, se olvidan de la seguridad que esos principios generan en una comunidad y en una sociedad.
JL: Sobre todo en estos últimos años, los derechos humanos se han establecido más como una imagen o un vacío sobre el que dirigir cierto odio, cierto rencor, de parte sobre todo de la propaganda de Bukele. La gran mayoría de personas pueden desconocer hasta cierto punto que implican los derechos humanos, pero lo que Bukele ha logrado a través de su propaganda, de su forma agresiva y ofensiva de comunicar, es convertirlo en un tipo de anti-slogan. Un tipo de vacío sobre el que generar críticas, generar odio, en generar incluso un enemigo. Si uno habla de derechos humanos, esto es de parte de los pandilleros.
La noción de derechos humanos tiene en gran medida un desarrollo situado dentro de las sensibilidades políticas en el proceso de democratización del país. No está separado de un proyecto político históricamente fijado y con ciertas limitaciones que por mucho tiempo tiene un gran despliegue y logro incluso llegando a crear instituciones, como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, y crear también una nueva sensibilidad política donde la política va a primar sobre la violencia. Así como el resto de las instituciones de ese proceso democratizador ha tenido un desgaste, una deslegitimización, ante una realidad que va más allá de declaraciones formales.
La realidad del país hasta el día de hoy sigue siendo la de la crudeza de que los derechos que existen son los que se pueden aplicar con la fuerza del poder. En ese sentido la noción de derechos humanos se mantiene siempre como una cuestión externa de sectores profesionalizados en la política, en la asistencia social. Para uno que ha sido formado, sensibilizado, a partir de estos temas lo incorpora en su sensibilidad política, en su identidad, pero todo esto sigue siendo de alguna manera externo para el resto de la población.
Entonces ante eso y una tradición democrática muy frágil en el país, una figura como Bukele que es especialista en catalizar el odio ve en esta institución una imagen a la que es más fácil atacar que reconocer que sus medidas cumplen esquemas autoritarios.
JC: ¿Cómo ven el futuro del problema de desaparecidos y la desaparición en El Salvador como un fenómeno social y un instrumento del estado? ¿Cómo pudiera impactar esto a procesos futuros de hacer colectivo, de hacer incidencia, de desarrollar organización, de acompañar al pueblo en sus anhelos de justicia? ¿Y, quizás, cómo se pudiera fortalecer los buenos procesos y las buenas prácticas para apoyar a las comunidades que vienen viviendo una oscuridad peor de la que y han vivido en el periodo de posguerra?
YM: Se están generando estrategias para seguir realizando incidencia a nivel nacional e internacional, incluso como parte del bloque y del grupo de trabajo de organizaciones por el tema de personas desaparecidas. Se estuvo trabajando un borrador de legislación en el tema de personas desaparecidas. Reconocemos que en ese contexto sería muy poco confiable presentarlo ante la Asamblea Legislativa para que pueda realizarse un estudio.
Pero sí hay siempre acciones de incidencias en diferentes espacios. Reconocemos que todos esos colectivos, además del apoyo jurídico que se han venido dando van a necesitar apoyo y seguimiento psicológico para poder sobrellevar todas estas diferentes acciones que en algún momento vamos a seguir retomando.
Por parte del comisionado presidencial de derechos humanos, no hay ningún informe público en donde nos dice si esas personas que seguimos buscando están. Tampoco por parte de Fiscalía se está brindando la información tanto para los casos de personas desaparecidas previo al régimen como posterior al régimen. Siempre dicen que no hay denuncias por entonces no existe ninguno de estos fenómenos y son todas esas cosillas que en las organizaciones han venido retomando para las diferentes acciones de incidencias.
Entonces obviamente, la idea es continuar ese grupo de trabajo. Se está buscando incorporar a nuevas organizaciones para seguir con ese trabajo para fortalecer a los colectivos de familiares que se vayan integrando o generando.
AE: Tampoco creo que el panorama pinta muy bien. Yo creo que si no hay una verdadera reestructuración y realmente se identifican aquellas cosas que se están repitiendo. Va a seguir el ciclo de la misma posguerra verdad, nuevas víctimas, nuevos colectivos luchando en las calles, personas desaparecidas. Realmente lo que lo que nosotros identificamos, y creo que la misma población a través de sus comentarios en su mayoría, es que para el combate de la violencia y para combatir la delincuencia no es necesario generar este tipo de medidas que al final bloquea el avance democrático del país, y sobre todo genera nuevas víctimas.
Es un panorama que genera mucha incertidumbre porque realmente tampoco se ve que está en la voluntad de retroceder ante estas medidas y rectificar el camino que es lo que la sociedad necesita.
PB: Yo creo que el futuro pues para para las organizaciones sociales, para las ONGs, para cualquier esfuerzo organizado civil o popular es bastante fuerte, bastante crítico. No hay visos de que vayamos a tener garantías de protección, o de disminución de la represión. Hay un intento de ley de agentes extranjeros, hay un acoso permanente a las organizaciones, hay un ambiente de miedo y de amenazas, y con una reelección consumada, y con el control ya de todas las instituciones, el panorama va a ser peor. Entonces, en cuanto al trabajo de defensa de los derechos humanos, y defensa de mecanismos que eviten la desaparición, el futuro no se ve bien.
Segundo, todavía no hemos visto, pues así desapariciones perpetradas por el estado de una manera bien directa y mecanismos represivos como los del pasado de una manera calcada, de antes. Pero digamos que a medida que la popularidad pudiera disminuir y a medida que los mecanismos institucionales se agotan y ya no hay más posibilidad de cooptar otros mecanismos o de cerrar puertas a visiones opositoras, es posible que eso ocurra.
Entonces yo diría que hacia la comunidad internacional y hacia otros mecanismos de defensa de derechos humanos y de protección de derechos fuera del país, es necesario hacer un llamado para que estén al pendiente y proporcionen herramientas hacia adentro para que esto se pueda seguir haciendo. La defensa de derechos humanos no va a tener otro respaldo que las instancias internacionales.
Entonces habría que hacer un llamado para que esto se pueda seguir haciendo en caso de que haya más persecución y más represión y también para darle alguna luz, alguna salida, a los sectores populares organizados.
JL: El sentido de articular una militancia es también restituir un mundo de fraternidad, un mundo de instituciones fraternas donde la solidaridad, el cuidado, ante situaciones de que cada vez se agravan más en el sentido de un régimen autoritario, estas instituciones de fraternidad popular sirven también como una forma de contención.
Como decíamos, tenemos trabajo con las parroquias del centro de San Salvador, con las cooperativas, con las estudiantes, y lo que tratamos es crear una fraternidad que va teniendo la capacidad para amortiguar y resistir de alguna manera los embates de esta nueva situación. De esa manera reconocemos también el trabajo valioso que hacen instituciones como Cristosal y Pro-Búsqueda, y otras organizaciones. Nuestro sentido de construcción es más desde una militancia y de poder popular, pero la idea es precisamente articular todas estas capacidades de construir nuevas cotidianidades que se dan incluso dentro de una situación autoritaria.
Por otro lado, también en un sentido un poco más de historia y de memoria, la organización ha sido un espacio también para desplegar algo que hemos retomado, como por ejemplo de despatologizar la memoria. Que el recuerdo de esas luchas, de esos momentos, no sea nada más como una patología o como algo estático sino hay que hacerla presente, hacerla actual, y restituir la capacidad de estas personas que fueron de alguna manera mutiladas en su vida por la represión estatal, restituirles su capacidad política es ir más allá del duelo con lo complicado, delicado y lo sensible que es todo eso.
Proyectamos hacer mucho más de lo que podemos hacer hasta ahora. Tratamos de reconstituir y restituir este mundo de fraternidad y de estas instituciones e instancias de fraternidad desde los sectores populares.
JC: Como mencionó Jaime, la cuestión es como integrar las diferentes capacidades de diferentes organizaciones y de esfuerzos sociales que se encuentran en la sociedad civil y en las prácticas cotidianas que luchan contra la ausencia, contra la violencia estatal, contra crímenes históricos que han fuertemente impactado formas de vivir.
Creo que hemos pensado ampliamente como el fenómeno de la desaparición sigue presente en nuestra sociedad, y que quizá desde ahí se puede generar nuevas formas de solidaridad, de cuido, para rehacer nuestro tejido social que ha sido tan fragmentado y violentado. Sin pensar y luchar con los que faltan está difícil dar pasos hacia adelante.
Jorge E. Cuéllar es investigador de la política, cultura y la vida diaria en el Centroamérica contemporáneo. Es profesor asistente de Estudios latinoamericanos, latinos y caribeños de Dartmouth College y miembro de la Comité Editorial de NACLA.
