Read this article in English.
En abril, Alegna Malavé Marrero se unió a otros activistas comunitarios para sacar verjas y escombros vegetativos que bloquean el acceso público a la Reserva Natural y Marina Cueva del Indio en el pueblo de Arecibo, en el norte de Puerto Rico. Una veterana en cuestiones de proteger el medio ambiente, vino armada con la Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas y Sumideros de Puerto Rico (Ley 111) y la Ley para Crear el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico Adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (Ley 112), que dictan la protección y preservación de sitios arqueológicos terrestres, incluyendo cuevas y cavernas intrínsecas a la conservación del patrimonio natural y cultural de Puerto Rico.
Desde el 2016, ambas entradas a la Reserva Natural han permanecido ilegalmente obstruidas por el empresario José González Freyre, propietario de Pan American Grain. González Freyre, quien adquirió tierras adyacentes a la Reserva, colocó verjas y escombros alrededor de las cuevas, efectivamente cerrando el acceso al lugar. La Reserva es una zona arqueológica con cientos de tallas antiguas de los primeros habitantes de Puerto Rico, también es donde vive un delicado ecosistema de flora, fauna, formaciones rocosas y especies marinas como el cangrejo ermitaño y la tortuga verde en peligro de extinción. La elección del 9 de abril por parte de los activistas para manifestarse no fue una coincidencia, marcaba el trigésimo primer aniversario de la designación como Reserva Natural por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA). En el 2015, la Legislatura de Puerto Rico nombró la zona como Reserva Marina.
Según las Leyes 111 y 112, y en específico Sección 13 de Ley 112, es un delito grave apropiarse, mutilar o saquear un sitio arqueológico terrestre. Además, al cobrar a los visitantes por el estacionamiento, González Freyre está explotando el sitio para su propio beneficio económico.
Organizando desde el 2005, Malavé Marrero aboga desde hace tiempo por la protección y preservación de los recursos naturales, los ecosistemas delicados y el patrimonio indígena de su país. Ya sea exigiendo la demolición de construcción ilegal en el pueblo costero de Aguadilla en el noroeste de Puerto Rico, dando testimonio en audiencias legislativas, o acampando durante una semana para protestar contra construcción privada en terrenos públicos, su misión es clara: detener el desarrollo desenfrenado que está destruyendo las reservas marinas y naturales de Puerto Rico.
Como portavoz de Defendiendo La Cueva del Indio (DCI-681), una organización educativa y comunitaria que promueve la preservación de la cueva indígena ubicada a lo largo de la ruta costera de la región PR-681, Malavé Marrero se dedica a salvaguardar el significado cultural de ese lugar. El 9 de abril, los activistas lograron retirar parte de la verja, pero el acceso comunitario a las cuevas sigue cerrado.
En su rol como planificadora social, centrándose en el plan de uso de terrenos basado en una amplia participación ciudadana y conocimientos sociológicos aplicados en un contexto urbano, Malavé Marrero utiliza su conocimiento de la política regulatoria de Puerto Rico para educar a las comunidades sobre el uso ilegal de los terrenos y las amenazas a la agricultura y recursos naturales. Todo esto es necesario y sumamente importante viendo que la actual administración pro-estadista del gobernador Pedro Pierluisi sigue priorizando los intereses de los inversionistas privados.
En esta entrevista, Malavé Marrero comparte sus experiencias y perspectivas sobre el clima político actual, lo cual describe como "una amenaza no solo para los que vivimos en Borikén, sino también para todas las especies naturales de vida marina que viven aquí."
Esta entrevista ha sido modificada de modo conciso y claro.
Lola Rosario: Cuando escuchamos hablar de las costas muchos pensamos en las playas. En el archipiélago de Puerto Rico se trata de mucho más que eso. Háblanos de qué otras áreas costeras están siendo afectadas.
Alegna Malavé Marrero: En el pueblo de Salinas en el sur de Puerto Rico se encuentra la Reserva Estuarina Bahía de Jobos, un lugar manejado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica [NOAA]. Es un área formada por mangles y playas. A pesar de la presencia de guardias de la DRNA, se han documentado quema de manglares y construcción ilegal de muelles. La comunidad se ha estado organizando desde los años 80, tratando de proteger el área conocida como Paso del Indio y Camino del Indio debido a su importancia ancestral. Un lugar habitado desde los tiempos de nuestros antepasados indígenas, los residentes allí se resisten al desplazamiento y la lucha para proteger su área natural.
Es importante entender el rol crítico de los mangles en la formación de la barrera de la Reserva Estuarina entre el mar abierto y la tierra, especialmente durante los tiempos de inundaciones. La deforestación y la quema de mangles también están destruyendo nidos de aves y vida marina. Todo esto está sucediendo en presencia del gobierno federal. No debe pasar desapercibido; tiene que haber consecuencias.
LR: ¿Cómo es que la política pro-privatización del gobierno pone en peligro la vida marina y el patrimonio indígena del archipiélago?
AMM: La administración de Pedro Pierluisi insiste en usar el Reglamento Conjunto 2020 (JR 2020), legislación sobre la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (esta legislación fue anulada por la Corte Suprema de Puerto Rico en marzo de 2023). El JR 2020 reconfiguraría el uso de los terrenos, pero al cambiarle el nombre a un "Regulamento Conjunto de Emergencia" el gobierno bajo Pierluisi está ignorando la determinación de la corte para facilitar la desregulación de los planes territoriales, permitiendo construcciones ilegales en agrícola, y reservas históricas. Como organizadora comunitaria de la Asamblea de Pueblo, se me encomendó la tarea de educar a las comunidades sobre los peligros del JR 2020 y la importancia de la participación activa de la ciudadanía en las audiencias públicas y presentar comentarios para proteger la habitabilidad en las comunidades de la invasión comercial y el desplazamiento.
Cuando vemos lo que está pasando en el barrio de Islote en Arecibo, pueblo costero al norte de Puerto Rico, con la Reserva Natural y Marina Cueva del Indio, la postura de esta administración es clara, la privatización y dinero va por encima de nuestros recursos naturales y del medioambiente. En el 2016, José González Freyre cerró el acceso al sitio arqueológico. Cuando los activistas intentan acceder a la zona, Carlos Mena, administrador de la propiedad de González Freyre, los reprende mostrando un arma de fuego y cobrando entre $10 y $35 por estacionar sus vehículos. Su privatización de la zona es usurpación y explotación.
En julio del año pasado, el compañero y líder comunitario de Islote Lauce Colón Pérez informó sobre la apropiación de tierras, citando los límites de demarcación de la DRNA de 1974, los cuales se tratan de la zona marítima terrestre de Puerto Rico. Según la demarcación, la vía de acceso directo a la Cueva del Indio que se estableció está siendo privatizada por González Freyre. En cuanto a mi organización, en DCI-681 nuestra misión es preservar el significado cultural de la Cueva del Indio con el objetivo de desarrollar un plan de manejo sostenible que se ajuste a los más altos estándares ambientales y sociales. Al formar alianzas con organizaciones comunitarias, el municipio de Arecibo, la DRNA y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, formularíamos un programa cohesivo, uno que centre la educación en la protección ambiental y cultural.
LR: Pensando en el desarrollo y el uso de los terrenos, se me viene a la mente el lema "Las playas son del pueblo." ¿Puedes hablarnos un poco más sobre su significado?
AMM: Nuestro trabajo es mucho más que cantos y gritos de protesta. "Las playas son del pueblo" es un mensaje al gobierno y a los intereses privados de que nuestras playas y recursos naturales no están a la venta. Consideremos la situación en Cueva Las Golondrinas, una cueva marina ubicada en Aguadilla, pueblo costero al noroeste del país. Entre 2019 y 2020, el empresario Carlos Román González ilegalmente obtuvo permisos a través de su empresa, Aguadilla Pier Corp (APC), para comenzar a construir estructuras permanentes sobre la Cueva. En los últimos años, ha habido innumerables protestas exigiendo que la DRNA ordene la demolición de la propiedad que incluye una glorieta y una instalación ecuestre.
Durante una manifestación este pasado enero, las cosas se pusieron bien intensas. Mientras activistas desarmados se acercaban al complejo, tomando vídeos en lucha y protesta, César Toledo Montilla, miembro de la seguridad privada de Román González, disparó contra la multitud de manifestantes. Una de sus balas cayó en la parte inferior de la pierna del defensor ambiental Ángel Luis Torres Rosado, quien posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Torres Rosado finalmente se curó de su lesión física; sin embargo, todos entendieron la gravedad de lo sucedido. Esa bala podría haber acabado fácilmente con la vida de alguien. En esta lucha ambiental, hay mucho en juego. Estamos en contra de la corrupción y de la privatización de nuestros recursos naturales. Se ha informado que Román González ha hecho contribuciones monetarias significativas a los dos partidos políticos principales de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). Nuestro compromiso con la declaración "las playas son del pueblo" no es negociable.
LR: Como socióloga, ¿cuál es el rol de tu formación académica en cuanto se trata de la defensa de las costas y en relación con la policía y las autoridades locales?
AMM: Nosotros estamos luchando por este país que tanto amamos. Ser apasionados por nuestro patrimonio, recursos naturales y el medio ambiente es lo que nos impulsa a participar de lo que hacemos. Como socióloga, estoy bien enfocada en la dinámica en las protestas. Como activistas y defensores culturales, nuestras emociones están bien ligadas a este trabajo, como he dicho antes, existen peligros. Es por eso cuando estoy presente en estas manifestaciones, observo la seguridad física y emocional de aquellos en mi grupo. Además, como hija de una enfermera, la seguridad del colectivo es una de mis prioridades.
En cuanto a la policía, es importante recordar su rol. La policía lo que representa es un acuerdo social y en su capacidad son los funcionarios elegidos para controlar a sus ciudadanos. Lo que denuncio es el uso ilegal de la fuerza en su poder autoritario contra los activistas, es visible en cómo la policía está equipada con un chaleco antibala, cascos, rodilleras, gases lacrimógenos, y una pistola. Ellos no están allí para discutir derechos.
Ellos están presentes para mantener el orden. Siendo este el caso, ciertamente no voy a empezar a discutir con ellos sobre reglamentos. Dirán como algunos me han dicho en el pasado, "No sé nada de esas leyes, solo estoy aquí siguiendo órdenes." Por lo tanto, no discuto derechos con la policía, eso lo hago cuando estoy en la sala de la corte frente al juez con una representación legal. Luego, después de presentar pruebas en forma de video, imágenes fotográficas y permisos faltantes, esperamos a que un juez ordene la demolición de dicha construcción. Ya cuando tenemos una orden [judicial] de una paralización, o de la demolición de alguna construcción, entonces vamos con ese documento que muestro al oficial de policía a cargo del escuadrón en una protesta dada. Al darles los hechos, les recuerdo que es su trabajo cumplir con la ley.
LR: Y, ¿están viendo cambios en esos casos? ¿Se está siguiendo la ley?
AMM: En Puerto Rico, el gobierno sigue permitiendo construcciones ilegales en áreas protegidas. Donde estoy viendo el cambio es en una mayor conciencia del uso de terrenos de dominio público y sus legalidades. Como personas abogando por los derechos ambientales, necesitamos utilizar estrategias eficaces en nuestra lucha. Lo hacemos mediante el uso del conocimiento de la política jurídica y la educación.
Recientemente se pintó un mural en una pared en Sol y Playa en la costa oeste en Rincón, lo cual demuestra lo que es un deslinde marítimo terrestre de acuerdo al manual [de la] DRNA. Eso fue en protesta por la construcción ilegal de una piscina de condominios directamente adyacente a la costa. Escuchar a un oficial de policía haciendo referencia a aquel mural es muy optimista porque nosotros estamos haciendo que sea la policía quien esté discutiendo el derecho ambiental y no los activistas. Así es que todos nos vamos educando.
Lola Rosario is a New York City-raised Afro Boricua cultural storyteller and spoken word poet. Her work focuses on feminism, cultural identity, and social justice issues impacting her ancestral homeland of Borikén.
