El pasado 7 de agosto, Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia, con Francia Márquez como vicepresidenta. Esta fue una victoria electoral sin precedentes: Petro, un candidato de izquierda en un país en el que la izquierda ha sido sistemáticamente perseguida y estigmatizada, y Márquez, feminista Afrodescendiente y ambientalista del Cauca, una región que históricamente ha sido blanco de violencias sistemáticas. Este es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Para muchas personas, esta elección fue un voto por el cambio.
Semanas antes de la posesión presidencial, en el mes de julio, 60 organizaciones campesinas comenzaron a presionar por tan anhelado cambio, al lanzar la “Declaración de Agenda Nacional Campesina de Colombia”. En el documento, las organizaciones urgen a la administración entrante incorporar e implementar la agenda campesina dentro del nuevo plan de gobierno. La Declaración propone un paquete de reformas políticas, económicas, y legislativas que incluyen la creación de una jurisdicción agraria, la eliminación de contratos para la exploración y explotación minero-energética en ecosistemas estratégicos, el diseño de una política integral de soberanía alimentaria, y la ratificación de normativas protectoras de los derechos de las comunidades campesinas. En especial, el documento demanda la participación política de los campesinos en todas las etapas de la política pública. Este llamado a incorporar las voces campesinas dentro de la agenda de gobierno forma parte de una larga trayectoria de movilización agraria en el país. Siendo Colombia uno de los lugares con mayores tasas de desigualdad en la distribución de tierras del mundo, a lo largo del siglo XX, los campesinos protestaron activamente en contra de la acumulación de tierras y la violencia y a favor de mejorar las condiciones de desigualdad de las zonas rurales.
Dada esta historia de movilización social, y el papel crucial de las organizaciones campesinas en apoyar la campaña presidencial de Petro y Márquez y la victoria de la coalición progresista del Pacto Histórico, los campesinos esperan jugar un rol activo en el diseño e implementación de las políticas agrarias de la nueva administración. Con el gobierno de Petro y Márquez comenzando su periodo esta semana, las expectativas crecen alrededor del compromiso por implementar la Reforma Rural Integral acordada en los Acuerdos de Paz de 2016 firmados entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC. La nueva administración debe estar preparada para afrontar las tensiones que pueden surgir entre una base rural expectante por el cambio y un gobierno entrante con capital político limitado.
Una Mirada a la Historia Campesina
Las luchas populares desde abajo impulsaron los experimentos de reforma agraria en Colombia durante el siglo XX. En los momentos de ausencia de presión popular—o cuando el Estado fue hostil a esa presión—las políticas agrarias terminaron reproduciendo la desigualdad existente, al legalizar las tierras acaparadas por los grandes terratenientes o al permitirle a las élites rurales la instrumentalización del lenguaje de la reforma agraria para despojar a los campesinos de sus tierras.
Un ejemplo es la Ley 200 de 1936, resultado de la presión ejercida por 103 ligas campesinas que se organizaron a lo largo de todo el territorio nacional, especialmente en las haciendas cafeteras y en los latifundios del Caribe, a favor de una reforma agraria. A pesar de haber generado muchas expectativas al establecer el precedente crucial de “la función social de la propiedad”, esta legislación hizo poco para frenar el acaparamiento por parte de las élites rurales de las tierras que los campesinos habían hecho productivas.
Por su parte, el intento de reforma agraria de comienzos de los años sesenta inicialmente fue un esfuerzo de arriba hacia abajo para combatir el comunismo en el campo colombiano y para modernizar a Colombia al hacer más productivas las tierras de los grandes terratenientes. Estas reformas no lograron desestabilizar la desigualdad sistemática de la propiedad de la tierra en el país, pero su fracaso abrió el camino para la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), una organización campesina de base.
Creada por decreto en 1967 por el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo y presentada oficialmente durante el Congreso Nacional Campesino de 1970, la ANUC aglutinó a más de un millón de campesinos movilizados de diferentes regiones de Colombia. Para las comunidades campesinas del momento, la creación de la ANUC y el surgimiento de institucionalidad favorable a la redistribución de la tierra generaron un clima político en el que un cambio real se veía en el horizonte. A través de la ANUC, los campesinos y campesinas ejercieron presión para que el gobierno asumiera un papel activo en la redistribución de la tierra en Colombia y formulara una agenda política que desafiara la estructura latifundista.
En 1971, la ANUC llevó a cabo un movimiento masivo de tomas de tierra. Con la participación de más de 15.000 familias dispersas a lo largo de 350 haciendas ubicadas en 13 departamentos de Colombia, estas acciones pusieron la tierra en manos de las familias campesinas, centraron una agenda redistributiva fuerte en las discusiones de reforma agraria en el país, e hicieron un llamado claro al Estado a tomar acción frente a la desigualdad en el campo. Los sectores más radicales de la ANUC y de otros movimientos sociales de base también se movilizaron en marchas masivas hacia la capital. Igualmente, a través de las tomas de tierras, las comunidades campesinas experimentaron con usos no mercantilizados de la tierra por medio de cooperativas o baluartes y lucharon por un mundo en el que la tierra fuera “para quien la trabaja”.
El gobierno conservador del presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974) respondió a las tomas de tierras con represión y revirtió las ganancias redistributivas alcanzadas por el movimiento campesino. El Pacto de Chicoral de 1972, firmado bajo dicha administración por congresistas y terratenientes, destruyó las esperanzas en el proceso de reforma agraria de los años sesenta. Diana Güiza, estudiante de doctorado en la Universidad de Notre Dame, quien investiga sobre las movilizaciones campesinas a favor de la reforma agraria y la redistribución económica, afirma que aún hoy se sienten los impactos del Pacto de Chicoral, el cual no solo reprimió sistemáticamente a la organización campesina sino que, además, desplazó la agenda redistributiva de los debates de reforma agraria en Colombia. En este contexto, los intentos posteriores de reformar el modelo agrícola del país han operado dentro de un escenario mucho más limitado políticamente para la transformación de la desigualdad en el campo.
La historia del activismo de la ANUC en los años setenta y de la subsecuente represión estatal a la organización campesina, debería servir como advertencia al gobierno de Petro y a sus propósitos de finalmente desafiar la estructura desigual de tenencia de tierras. El Pacto de Chicoral nos alerta sobre las consecuencias devastadoras de clasificar a los campesinos como enemigos del Estado. Sin dudas, el “Chicoralazo” reforzó los patrones de acaparamiento de la propiedad y aumentó la violencia indiscriminada hacia los defensores de la lucha por la tierra en el país.
Ante la voluntad de la nueva administración por forjar alianzas con los movimientos sociales existentes para crear nuevas instituciones rurales, el impulso que orientó la reforma agraria en los años de Lleras Restrepo debería servir como un referente crucial. A pesar de que la creación de la ANUC respondió al profundo anticomunismo de los gobiernos del momento, y aunque las promesas iniciales finalmente no se cumplieron, este momento de movilización agraria fue producto de un Estado que reconoció que necesitaba de una base rural activa y movilizada, al igual que de una agenda redistributiva, para atacar de raíz las desigualdades estructurales del campo. En palabras de una antigua líder de la ANUC, Catalina Pérez, la ANUC representa un antes y un después en la historia campesina, pues fue a través de la organización que muchos campesinos y campesinas aprendieron que la pobreza no era una condición natural y vieron con esperanza la posibilidad de un mejor futuro.
La Reforma Rural de Petro
Durante sus periodos como senador, candidato presidencial y ahora presidente electo, Petro ha mostrado amplio conocimiento sobre los intentos de reforma agraria del pasado. En varias ocasiones, se ha referido explícitamente a la ley de 1936 y a la función social de la propiedad, así como al compromiso de la Constitución de 1991 con la función ecológica de la tierra.
No obstante, la cabeza del equipo de empalme en temas agrarios ha dicho claramente que la reforma rural del gobierno “no será la de los años sesenta, sino la de los Acuerdos de Paz”. La administración entrante ha prometido implementar las políticas agrarias del punto 1 del Acuerdo de paz, que el gobierno anterior dejó rezagadas o cuyo avance ha sido muy limitado. Esto incluye la adquisición y posterior redistribución de tierras a los campesinos pobres a través del Fondo Nacional de Tierras, el avance en la titulación rural y en la zonificación ambiental, y la restitución de tierras a las víctimas de guerrillas, paramilitares, y agentes estatales en el marco del conflicto armado.
De acuerdo con el programa del nuevo gobierno, la creación de una economía agrícola productiva no puede venir a expensas del desarrollo sostenible de los recursos del país. Para mantener este principio, Petro ha prometido que la redistribución de la tierra no se logrará a través de la expansión indiscriminada de la frontera agrícola. Esto, junto con el compromiso explícito de terminar con el fracking, dejan claro que la protección al medio ambiente es una preocupación central del nuevo gobierno.
La idea del uso productivo de la tierra como uno de los motores de la economía también es central para la administración entrante. Petro busca democratizar el uso de la tierra, finalizar la dependencia de la economía colombiana del capital extranjero, y convertir a Colombia en líder global de la producción agrícola. Igualmente, al aumentar los impuestos para desincentivar el uso improductivo de la tierra por parte de los latifundistas en áreas estratégicas, Petro espera que el Estado pueda eventualmente adquirir y redistribuir tierra a las comunidades rurales.
No obstante, de acuerdo con Güiza, la reforma rural propuesta por los Acuerdos de Paz y ratificada por el gobierno de Petro puede quedarse corta a la hora de cumplir las expectativas y demandas de los campesinos por una reforma rural integral redistributiva, pues desincentivar la acumulación a través de impuestos no necesariamente desestabiliza la estructura del latifundio ni abarca las demandas de algunos sectores campesinos que presionan por un cambio más radical. Por esta razón, pueden surgir tensiones críticas entre los campesinos organizados que demandan la redistribución activa por parte de los grandes terratenientes de—al menos—parte de sus tierras y privilegios y el foco del gobierno en desincentivar progresivamente la acumulación. Los movimientos campesinos de larga data van a jugar un rol crucial en el resultado de estas tensiones.
El Lugar Central de las Mujeres Campesinas
Los movimientos campesinos han cumplido un papel fundamental en la política agraria más allá de la lucha por la redistribución de la tierra. Para las mujeres campesinas, la ANUC fue un espacio de creación colectiva en el que tomaron el liderazgo en forjar sus propios términos para hablar de justicia agraria e igualdad de género. Las mujeres participaron activamente en la ANUC cuidando a los manifestantes durante las protestas, creando su propia agenda a favor de los derechos de las mujeres, y poniendo sus cuerpos en la primera línea para proteger los logros obtenidos con las ocupaciones de tierras. Mujeres como Pérez resaltan el hecho de que las mujeres campesinas sostienen la vida en el campo al cuidar las necesidades diarias de sus familias y comunidades, incluso a pesar de que su trabajo es constantemente subvalorado por sus organizaciones y por el Estado que “solo le da los títulos de la tierra a los hombres”.
La desvalorización del trabajo de las mujeres campesinas continúa en la actualidad. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mujeres rurales en Colombia realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado en sus familias. Igualmente, experimentan mayores obstáculos para acceder a educación, salud, derechos básicos y participación política. Basándose en datos del Censo Agropecuario de 2014, OXFAM reporta que las mujeres rurales en Colombia poseen apenas el 26 por ciento de los títulos de tierras asignadas a las familias campesinas.
La nominación de Cecilia López como Ministra de Agricultura del gobierno de Petro es un buen signo para quienes esperan que la actual administración centre los derechos de las mujeres en el plan de gobierno. López ha dicho que mejorar las condiciones económicas de las mujeres rurales es su obsesión. Si el gobierno entrante espera atacar las estructuras de desigualdad del campo colombiano, las mujeres campesinas deberían ser actores claves en la formulación e implementación de políticas, sus experiencias y voces deberían ser respetadas, y su activismo no debería ser silenciado o reprimido.
La reforma rural propuesta por Petro y Márquez es expansiva y señala la relación de la tierra con otra serie de asuntos estructurales como la violencia, el medio ambiente, la pobreza, y la desigualdad de género. Las experiencias pasadas de movilización demuestran que las demandas de los sectores campesinos también se han formulado en términos que van más allá de “la tierra”, incluyendo profundos cuestionamientos a los regímenes agrarios basados en la acumulación, las economías extractivas, y la pérdida de soberanía alimentaria. Estas discusiones son centrales en el desarrollo de una agenda rural centrada en la igualdad y la justicia. La creación de las Zonas de Reserva Campesina, que surgieron como resultado de las marchas de los campesinos cocaleros en 1996; la legislación protectora de los derechos de las mujeres a la tierra y al bienestar; y el plan de reforma agraria propuesto en los Acuerdos de Paz de 2016 son solo algunos ejemplos de cómo la organización y la movilización les han permitido a campesinos y campesinas presionar al gobierno a escuchar sus demandas y ajustar sus políticas de acuerdo con ellas.
Aunque profundamente impactados por la violencia paramilitar y el despojo, los campesinos organizados se inspiran en los legados de las luchas pasadas para demandar un rol significativo y amplio en la administración entrante. Para Pérez, el gobierno de Petro y Márquez es, por un lado, una ventana de oportunidad para las comunidades campesinas del país, pero, por otro, también es “solo el comienzo de la lucha”.
Gabe Levine-Drizin es estudiante de doctorado de New York University y estudia el movimiento de reforma agraria en Colombia y las tomas de tierras de los años 1960s y 1970s.
Margarita Martínez-Osorio es candidata a doctora de Indiana University, Bloomington, e investiga el rol de las mujeres campesinas en darle forma a las tradiciones de protesta agraria en el Caribe colombiano durante el siglo XX.
Los autores extienden agradecimientos especiales a Catalina Pérez y a Diana Güiza por sus contribuciones para este artículo.
