Este artículo fue publicado en inglés en el número de invierno 2023 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.
Cuando el 10 de noviembre de 2019 el general Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, le pidió la renuncia al entonces presidente Evo Morales en contra de lo que dicta la constitución, al presidente no le quedó más remedio que dimitir y salir del país para evitar una catástrofe social.
Las cartas del juego del poder estaban echadas.
No obstante, ante estos hechos, son ineludibles las siguientes preguntas: ¿por qué las Fuerzas Armadas, que habían sido la niña mimada del presidente, actuaron de esa manera? ¿por qué dejaron de lado sus discursos nacionalistas y anti imperiales de la noche a la mañana? y ¿por qué supieron alinearse tan súbitamente a un gobierno ilegal tras la salida de Morales, retornando a su pasado represor y violento contra los sectores indígenas del país, mostrando la permanencia de una estructura racista, colonial y conservadora?
Nada de esto se puede explicar sin conocer la historia de una institución, por lo menos, la que corresponde al periodo democrático.
Décadas antes, en agosto de 2001, el general Hugo Banzer Suarez culminaba su gestión como presidente constitucional de Bolivia y dejaba la presidencia, por temas de salud, a su Vicepresidente Jorge Quiroga. El general Banzer, si bien había sido elegido democráticamente en las elecciones presidenciales de 1997, también fue protagonista del largo ciclo de dictaduras en el país (1964-1982).
Treinta años antes de su dimisión, Banzer accedió al poder apoyado por los gobiernos de Brasil y Estados Unidos, a través de un cruento golpe de Estado. Fue parte del Plan Cóndor y a la par de sus vecinos en la región, culpable de la muerte, represión, cárcel y exilio de cientos de personas acusadas de “comunistas”.
En su gestión clausuró las universidades, inhabilitó a la Central Obrera Boliviana (COB) y prohibió los partidos políticos de izquierda. Tuvo una de las dictaduras más largas del periodo, y fue el mes de julio de 1978, cuando Banzer se vio obligado a llamar a elecciones tras una amplia presión social, iniciada por la huelga de hambre de cuatro mujeres mineras, a las que se sumaron después miles de personas. Pese a ello, la democracia recién se consolidó cuatro años después, periodo en el cual los militares siguieron detentando el poder.
Para la década de los ochenta, el escenario regional empezó a cambiar. Las dictaduras cedieron el paso a los gobiernos democráticamente elegidos y con ellos, las Fuerzas Armadas se tuvieron que adaptar a nuevas reglas de juego. Sin embargo, en el caso boliviano, como en la mayoría de los países que habían vivido dictaduras en América Latina, este cambio se dio en medio de la impunidad militar, lo que posibilitó, entre otras cosas, que el general Banzer fundara su partido político, participara de elecciones y fuera nuevamente presidente.
En este renovado contexto democrático y tras una traumática crisis económica producto de la transición, los gobiernos en Bolivia entre 1985 y 2005 implementaron el modelo neoliberal, traducido en la adopción de medidas tales como la privatización de las empresas estatales, la flexibilización laboral y la liberalización de los precios en el mercado.
Todo esto provocó un sistemático aumento de la conflictividad social, expresada en la resistencia a las reformas económicas que repercutían en elevados niveles de desocupación y pobreza; el rechazo de las organizaciones sociales a la presencia de empresas transnacionales vinculadas a la explotación de recursos naturales; y la articulación del movimiento cocalero contra las políticas antidrogas implementadas bajo la tutela de Estados Unidos.
Frente al conflicto, la única respuesta gubernamental fue la militarización.
Un espiral de conflictividad
Durante este tiempo, los roles militares se concentraron en tres ámbitos: control de la protesta social, seguridad ciudadana y lucha contra las drogas. De esta manera, la participación militar en tareas de seguridad interna se incrementó y con ello, la violación sistemática de los derechos humanos de los sectores sociales más empobrecidos del país.
El asesinato del líder cocalero Casimiro Huanca en diciembre de 2001 fue icónico. Las fuerzas de seguridad que recibían financiamiento de Estados Unidos y asesoramiento directo de la Narcotics Affairs Section (NAS) dispararon a Huanca durante una protesta pacífica. Todo ello, producto de la implementación del Plan Dignidad, a cargo del ya mencionado presidente, otrora dictador, Hugo Banzer. El Plan Dignidad buscó eliminar la totalidad de las plantaciones de coca en el Chapare, zona importante de producción cocalera, sin considerar lo que esto significaba para la subsistencia de las familias de aquel sector, casi en su totalidad, población relocalizada producto de la ola de privatizaciones que se vivió en la década de los noventa.
Según datos del Ministerio de Gobierno, entre 1999 y 2005, en la zona del trópico de Cochabamba la represión ejercida ocasionó la muerte de 28 cocaleros a los que se sumaron cientos de heridos, entre campesinos, militares y policías.
En este contexto, las Fuerzas Armadas fueron parte de un “pacto de reciprocidad”, que consistía en la entrega por parte de los gobiernos neoliberales de una serie de prebendas y privilegios institucionales a cambio de garantizar la seguridad interna y los compromisos internacionales en materia antinarcóticos. Una de sus principales manifestaciones fue el desembolso de millonarios sobresueldos a los ministros de defensa y altos mandos militares, provenientes de los “gastos reservados”, con el objetivo de garantizar lealtades.
Esta espiral de conflictividad tuvo su punto máximo entre los años 2000 y 2003. La “Guerra del agua” y la “Guerra del gas” respectivamente, fueron conflictos sociales de grandes dimensiones provocados por la intención del gobierno de privatizar ambos recursos. Se constituyeron al mismo tiempo, en el parteaguas del manejo militarizado de la seguridad interna, debido a la cantidad de muertos y heridos causados por militares y policías. Junto a la ineficacia de las políticas antidrogas y la represión al movimiento cocalero, impulsaron la emergencia de un nuevo actor político, caracterizado por su cualidad indígena y la defensa de los recursos naturales, personificado en Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
La dependencia de las Fuerzas Armadas de Bolivia de las políticas de seguridad de Estados Unidos y su rol protagónico en los procesos políticos internos, fueron revelados con la denuncia que se hizo, dos meses antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, sobre el desmantelamiento de 28 misiles—toda la defensa antiaérea boliviana—de procedencia china.
El hecho fue corroborado por las altas autoridades militares de entonces, argumentando que se trataba de material obsoleto. No obstante, en posteriores investigaciones sobre el tema, se supo que fue el gobierno de Estados Unidos quien había presionado a los militares para la desactivación de dichos misiles, ante la posibilidad cierta de que Evo Morales, líder del movimiento cocalero, fuera el ganador de las elecciones y futuro presidente del país.
Morales asumió la presidencia de Bolivia en enero de 2006, tras haber obtenido el 53,7 por ciento de la votación. Se convirtió en el primer presidente indígena y cocalero de Bolivia, surgido entre otras cosas, por oponerse a la represiva política antidrogas de los gobiernos neoliberales.
En el ámbito militar, una de las primeras medidas de Morales fue pasar a la reserva a casi una treintena de generales implicados en el desmantelamiento de “los misiles chinos”, una decisión inédita hasta ese entonces. Pero esto no marcó de manera negativa su futura relación con las Fuerzas Armadas.
Cambio de lealtades
Durante su gestión, los militares fueron parte de una reconversión funcional importante, participando en diversas tareas: resguardo de las empresas nacionalizadas, entrega de bonos a niños y personas de la tercera edad, campañas de alfabetización, lucha contra el contrabando, defensa civil, misiones de paz, etc. Lo que supuso la mejora notable de la imagen de la institución militar ante la sociedad.
En el marco institucional, el gobierno del MAS implementó medidas radicales en contra de la injerencia de Estados Unidos, como la expulsión del embajador Philip Goldberg y la DEA en 2008. Ambos fueron acusados de financiar y apoyar directamente a los gobernadores opositores que planteaban la división de Bolivia y mantener contactos directos con algunos militares para obtener información reservada, así como el fin del convenio de asistencia de médicos militares y la suspensión de las becas militares en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), anteriormente conocido como la “Escuela de las Américas”.
Paralelamente, se desarrollaron medidas orientadas a un cambio doctrinal en el marco del reciente creado Estado Plurinacional. Se fortaleció el “Programa de Igualdad de Oportunidades”, donde jóvenes indígenas podían acceder a la carrera militar en calidad de oficiales; y se creó la “Escuela Antiimperialista Juan José Torres”, con el objetivo de formar a oficiales de distintos grados en temas de geopolítica y defensa de la soberanía.
A esto se sumó, el incremento sustancial del presupuesto militar, de 164 a 593 millones de dólares entre 2005 y 2019, lo que no impactó en el porcentaje del gasto militar en relación al PIB (1,5 por ciento), pero estuvo en consonancia con el crecimiento de la economía, en gran parte debido al proceso de nacionalización de los recursos naturales y el boom en el precio de los commodities.
La relación entre el gobierno del MAS y la institución militar era tan buena que incluso varios militares en situación de reserva o que habían ocupado altos mandos en el gobierno, fueron destinados a cumplir funciones directivas en dependencias estatales o funciones diplomáticas en diferentes embajadas o consulados. Así mismo, de manera sintomática, los discursos de los altos mandos manifestaban su afinidad con las políticas implementadas a nivel nacional y sectorial.
Así lo demuestran las palabras del entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general William Kaliman el 7 de agosto de 2019, con motivo de la celebración de los 194 años de creación de la institución militar. En el acto, aseveró que la institución castrense “morirá anticolonialista” y advirtió a “detractores y antinacionalistas” que “no se permitirá cambiar la disciplina, estructura y jerarquía de esa entidad”, refiriéndose directamente a los grupos opositores al gobierno representados por los comités cívicos y la oposición política.
Nadie habría pronosticado, que el mismo general rodeado de su Alto Mando, casi tres meses después, el 10 de noviembre, leyera un comunicado de prensa en el que le “sugería” al presidente Morales que renuncie a su mandato “permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad” del país, apoyando abiertamente a los “detractores y antinacionalistas” a quienes había fustigado el pasado 7 de agosto, que en ese entonces, estaban alineados con la denuncia, no comprobada, del fraude electoral realizado en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Es posible que este cambio de lealtades ya se habría consolidado desde principios del mes de noviembre. De acuerdo a declaraciones públicas del entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el apoyo de Luis Fernando López, oficial militari luego designado ministro de defensa del gobierno golpista, se acordaron con las Fuerzas Armadas y la Policía, las acciones realizadas entre el 10 y 12 de noviembre. Investigaciones en curso para determinar el financiamiento del golpe, establecieron que fue el mismo Camacho, quien realizó transferencias bancarias en dicho periodo al entonces comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros.
Las Fuerzas Armadas a la cabeza de Kaliman, desconocieron abiertamente el mandato constitucional, que establece en el Artículo 244 como una de sus misiones principales “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”. Fue este comunicado militar lo que gatilló el golpe de Estado contra Morales, y su posterior renuncia y salida a México en calidad de asilado político.
El protagonismo militar no terminó allí.
El 12 de noviembre, la senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia de forma unilateral. Las Fuerzas Armadas, a la cabeza de su nuevo comandante nombrado por Áñez, general Orellana, se convirtieron de inmediato en la mano represora del gobierno inconstitucional, con el mismo entusiasmo con el que en el pasado pagaban bonos a niños y ancianos. Tras el insólito hecho de que un militar le impusiera la banda presidencial a la nueva presidenta, militares y policías tuvieron la misión de “pacificar” el país, lo que cumplieron de manera efectiva a través de la represión de aquellos sectores sociales que estaban en contra de la ruptura constitucional.
Este proceso derivó en la muerte de 37 personas, 20 de ellas producto de las masacres de Sacaba y Senkata, a los que se sumaron cientos de heridos, detenidos, perseguidos y torturados, tal como lo corroboró en su momento, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, a través del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. El informe afirma que si bien existieron ataques violentos por particulares, en el caso de las masacres, las evidencias recabadas indican que los disparos que resultaron en muertos y heridos se originaron en las fuerzas de seguridad (Fuerza Armadas y Policía). En la actualidad, la justicia ha declarado prófugos a los ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Kaliman y Orellana, y aproximadamente una docena de militares están siendo procesados.
Durante los once meses que duró el gobierno de Áñez, las Fuerzas Armadas demostraron elevados niveles de autonomía y deliberación, expresados tanto en el manejo de recursos económicos liberados de rendición de cuentas, como en la insólita irrupción que hizo su Alto Mando en el senado en mayo de 2020. Su presencia sirvió como ultimátum a los senadores para que aprobaran su lista de ascensos a generales. Finalmente, en contra de la norma constitucional, fue aprobada por Decreto Presidencial.
A todo ello se debe sumar, la actuación militar en el marco de la pandemia del COVID. Por orden ejecutiva militarizaron las ciudades y tradujeron la falta de política preventiva y de cuidado del gobierno, en miedo y violencia. El punto emblemático de este proceso fue el momento en que el propio Ministro de Defensa, Fernando López, asumió el mando del Ministerio de Salud.
Empero esta situación no duraría mucho. Tras varias veces posponer el llamado a elecciones generales, el 20 de octubre de 2020, el 55 por ciento de los votos dieron como ganador al candidato del MAS y otrora Ministro de Economía, Luis Arce.
Dado este contundente triunfo, la institución militar demostró una vez más, su “subordinación” al gobierno de turno. No solo retornaron los discursos del Alto Mando en favor de respetar la legitimidad del nuevo presidente y sancionar a los militares que en el pasado no lo hicieron, sino que contra todo pronóstico, lograron ganarse rápidamente su confianza. Fue el propio Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, cuando en mayo de 2021 afirmó categóricamente en declaraciones públicas, que “tras corregir hechos arbitrarios, las Fuerzas Armadas siguen un camino ejemplar”. Lo que fue ratificado por el presidente Luis Arce el pasado 7 de agosto, cuando en su discurso por el aniversario de la institución, la calificó “como un ejemplo de civismo, de entrega e integración”.
Adecuación al contexto
De todo lo expuesto, se puede inferir que las Fuerzas Armadas en Bolivia mantienen una enorme capacidad de adecuación a las circunstancias políticas.
En la década de los ochenta, supieron usar su impunidad y amoldarse a las reglas democráticas formando incluso sus propios partidos políticos para poder acceder al gobierno, como lo hizo el general Hugo Banzer. En los noventa, se adecuaron pragmáticamente a nuevos roles como la lucha contra el narcotráfico, el orden público y la seguridad ciudadana, en consonancia con políticas y doctrinas de seguridad foráneas. En los dos mil, se acoplaron a un proyecto político de izquierda, nacionalista y anticolonial con un enorme fervor discursivo. En el pasado inmediato, tras desconocer a un gobierno legalmente constituido, apoyaron a uno inconstitucional a través del uso de la violencia y la represión social, haciendo retrotraer a los bolivianos a las páginas más grises de su historia.
Su capacidad camaleónica de adecuación a disímiles contextos políticos y sociales, se explica a través del mantenimiento de una estructura monolítica. Las Fuerzas Armadas fueron las mismas, en forma y contenido, en todas las circunstancias descritas. Ningún gobierno, sea de izquierda o de derecha, fue capaz de llevar a cabo una reforma estructural de la institución, limitándose solo a cambios discursivos, simbólicos o coyunturales.
La ausencia de una reforma estructural que abarque los aspectos normativos, educativos y doctrinarios de la institución durante el periodo democrático, constituyó y aún constituye la muestra más clara del poder militar en Bolivia, dada su cualidad conservadora y pragmática.
Frente a esto, la existencia de un desgobierno crónico del poder político en materia de defensa y seguridad, que ve en la institución militar una herramienta para lograr sus objetivos de estabilidad y gobernabilidad y no un mecanismo de consolidación del estado de derecho, ha dado lugar a una crisis del horizonte estratégico de las Fuerzas Armadas. Dicha crisis se ha convertido en una amenaza potencial al fortalecimiento de la democracia en Bolivia.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas bolivianas no necesariamente “siguen un camino ejemplar…”, sino aquel que les dicta su espíritu de sobrevivencia corporativo. Se adecuan eficazmente a roles como el cuidado de fronteras contra el contrabando o al resguardo de empresas mineras frente al robo de minerales, de la misma forma que anteriormente estuvieron involucrados en la “pacificación” del país.
Todo ello, dentro un gobierno incapaz de ver y dar respuesta a la falta de sintonía que existe entre la construcción de un Estado Plurinacional y unas Fuerzas Armadas todavía conservadoras, coloniales y anacrónicamente racistas.
Loreta Tellería Escobar es politóloga y economista, Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos y Doctora en Ciencias Históricas. Investiga sobre temas de defensa, seguridad y relaciones Estados Unidos-América Latina.
