Read this article in English.
Traducido por NACLA.
El 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y comunicó la medida al Consejo Nacional Electoral para que en el plazo de 7 días convoque a nuevas elecciones tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Popularmente se conoce la medida, prevista en la Constitución de 2008, como la “muerte cruzada”, y puede ser activada por una sola vez por el ejecutivo. Los nuevos electos cumplirán sus funciones solamente por el plazo restante, es decir, por un poco menos de dos años, hasta mayo de 2025.
La medida había sido esgrimida como amenaza por el Presidente de la República al menos en cuatro oportunidades anteriores. Nunca cumplió la advertencia porque en cada ocasión las encuestas confirmaron, una y otra vez, que en nuevas elecciones ni el partido de gobierno ni el presidente tenían la menor oportunidad de reeditar su victoria de 2021. Hoy tampoco la tienen. Pero la disolución de la Asamblea ocurrió en medio del juicio político que la mayoría parlamentaria de oposición había iniciado contra el presidente. El día anterior, martes 16 de mayo, se vieron los alegatos en contra y a favor por parte de dos asambleístas ponentes en el juicio y del propio Guillermo Lasso que se defendió de los cargos de responsabilidad política por haber permitido la continuación de un caso de peculado, con un discurso de 50 minutos.
Para nadie estaba claro cuál podía ser el resultado de la votación final, que requiere dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 92 votos, para la destitución. En una votación clave, ocurrida el 9 de mayo de 2023, la Asamblea decidió continuar el trámite del juicio político a pesar de un informe desfavorable del presidente de la Comisión de Fiscalización, encargada de documentar las acusaciones y la defensa, con una mayoría de 88 votos, insuficiente para la destitución, pero bastante holgada. En cambio, en la votación para renovar los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa, el órgano directivo de Asamblea, el 14 de mayo, la oposición consiguió entre 94 y 100 votos dependiendo del candidato. Es probable que el gobierno de Guillermo Lasso calculara una derrota en la votación del juicio, e incluso si la ganaba, los siguientes dos años de gestión serían inmanejables con una oposición tan amplia en el comando de la función legislativa.
Ruptura y estancamiento
¿Cómo llegó el gobierno a semejante impasse? El Ecuador vive desde el año 2017 una coyuntura marcada por lo que podríamos llamar “las secuelas del post-progresismo”. La decisión de Rafael Correa de no correr por un cuarto mandato presidencial y apoyar al único candidato de su partido que contaba con opciones de triunfo, su primer vicepresidente entre 2007 y 2013, Lenin Moreno, y la subsecuente ruptura entre ambos dirigentes, abrió un largo momento caracterizado por el “empate” político - electoral. En una situación similar a la del fujimorismo en el vecino Perú, el correísmo dispone desde entonces de un apoyo electoral lo suficientemente homogéneo y fiel como para convertirlo en la primera fuerza parlamentaria (y desde 2023, en gobiernos locales), pero cuenta también con un voto de rechazo, todavía ampliamente mayoritario, que le ha impedido hasta ahora llegar a gobernar allí donde es necesario imponerse en segunda vuelta (en Ecuador, la presidencia requiere ganar en segunda vuelta mientras los alcaldes municipales y los prefectos provinciales no lo necesitan).
La versión ecuatoriana del progresismo, a diferencia de ocurrido en Venezuela, Brasil, Uruguay o Bolivia, se ganó la cerrada oposición de todas las organizaciones populares históricas, desde las centrales sindicales hasta el poderoso movimiento indígena, conducido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. A diferencia de otros países, esta oposición de izquierdas al progresismo, no fue solo dirigida por intelectuales críticos, sino que mantuvo una apreciable capacidad de movilización callejera y se convirtió, desde 2021, en una opción electoral alternativa gracias a la potente y exitosa movilización de octubre de 2019 contra el alza del precio de los combustibles y a la candidatura del dirigente indígena Yaku Pérez, que casi disputa el balotaje con Andrés Arauz, candidato del correísmo. Esta irreconciliable ruptura (hubo un breve período, entre 2007 y 2009, en que confluyeron políticamente) tiene su origen en un conjunto variado de decisiones gubernamentales, desde la prohibición del sindicalismo en el sector público (único lugar en que es poderoso) hasta el decidido impulso a la explotación minera en territorios indígenas y campesinos, pasando por la criminalización de la protesta y la movilización social.
Sobre todo, el proyecto de estado de Rafael Correa incluía la construcción de un poder ejecutivo sin contrapesos, conducido por un conjunto de tecnócratas altamente especializados. Por otro lado, el proyecto del estado plurinacional bosquejado por las organizaciones indígenas, líderes indiscutidas de esta coalición política alternativa, supone la creación de instancias de negociación y decisión compartidas entre el gobierno y las organizaciones de base comunitaria y autogestionaria, en una reinvención de modos de participación neo-corporativos, tal como han funcionado, con altibajos y gran diversidad, los gobiernos locales indígenas desde el año 1996. La ruptura no descansa en las enemistades personales o las disputas de poder entre dirigentes; sino en un distanciamiento real en la base social. El electorado que apoyó las candidaturas indígenas en la primera vuelta de 2021 prefirió votar en la segunda por Guillermo Lasso antes que por el joven desconocido Arauz entronizado por Rafael Correa. En las elecciones municipales de 2023, en ninguno de los 221 municipios ni en las 1140 parroquias rurales del país, se produjo jamás una alianza entre El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, un partido indigenista, y el Movimiento Revolución Ciudadana, coalición política comandada por Rafael Correa. Ese camino parece descartado.
Caminos inciertos
El resultado del “empate” político desde 2017 incluye el hecho de que las fuerzas políticas pro-empresariales de la derecha clásica del Ecuador carecen de apoyo social y electoral. Guillermo Lasso ganó la segunda vuelta en 2021 gracias al voto mayoritariamente anti-Correísta, pero su partido obtuvo apenas 12 legisladores entre 137, cuando había alcanzado a tener 34 en 2017, cuando era la primera fuerza de oposición al gobierno de Rafael Correa. Esas fuerzas están, además, divididas. La otra gran fuerza electoral y política de la derecha clásica del Ecuador, el Partido Social Cristiano (PSC), luego de varias vacilaciones y de haber apoyado la candidatura de Lasso en 2021, terminó haciendo una alianza parlamentaria estable con el correísmo para oponerse a Lasso y orquestar conjuntamente el juicio político para destituirlo. A diferencia del correísmo, el PSC se opuso siempre a la opción de la “muerte cruzada” y las elecciones adelantadas. El gobierno de Guillermo Lasso tenía, pues, al iniciar su mandato, ese desafío político mayúsculo: crear, a partir de la gestión gubernamental, una nueva hegemonía, similar a la que fue capaz de orquestar Álvaro Uribe en Colombia y que duró 20 años.
Pero la administración de Guillermo Lasso resultó ser desastrosa, impopular e ineficiente. A pesar de contar con la coyuntura económica favorable por el alza de los precios del petróleo debido a la guerra en Ucrania, que llevó al petróleo a cerca de los 100 dólares por barril, la pésima gestión de las obras públicas, del manejo de los hospitales y de débil mejora del empleo en una sociedad azotada por la catástrofe del COVID-19, llevó sus niveles de aprobación a mínimos históricos del 13 por ciento. Además, ya desde fines del gobierno de Lenin Moreno, la sociedad ecuatoriana contempló estupefacta una crisis de seguridad pública sin precedentes. La tasa de homicidios premeditados creció hasta cifras que no se conocían desde que existen las estadísticas. Esta hemorragia de violencia parece estar conectada con los cambios en la frontera colombiana luego del acuerdo de paz de 2016 que llevó al retiro de las FARC, una fuerza beligerante que ponían las reglas de juego entre diversos grupos y fracciones armadas irregulares en la zona. Las masacres en las cárceles, algo sin par en la historia ecuatoriana, y los homicidios ejecutados por sicarios del crimen organizado especialmente en ciudades de la Costa, han desenmascarado a un gobierno sin respuestas ni ideas.
Al momento de escribir estas líneas, todavía no es claro cómo actuarán los diferentes movimientos políticos frente a la nueva situación. El jueves, el Tribunal Constitucional rechazó las impugnaciones a la medida de muerte cruzada, despejando el camino para la convocatoria de elecciones. Es poco probable una oposición articulada y exitosa ante el hecho consumado y es difícil concebir a alguien movilizándose para defender a la Asamblea o al gobierno. El ambiente de inseguridad, crimen y desesperación económica podría alentar en el electorado la búsqueda de soluciones autoritarias que dieran la impresión de privilegiar el orden a toda costa en medio del desorden, la anomia y la fragmentación social. Pero no está claro quién pudiera encarnar creíblemente en el corto plazo esa demanda peligrosa. Pudiera también surgir, a contrapelo de las tendencias principales, una opción de moderación y “justo medio” en el corazón de este ambiente polarizado. Habrá quienes intenten esa carta.
Salvo la emergencia rápida de un improvisado “Bukele” ecuatoriano, las cartas principales que parecen descansar sobre la mesa, tal como se las observa ahora, son las opciones del correísmo y de Pachakutik, el movimiento electoral impulsado por la CONAIE. El correísmo no tiene problemas de unidad; su extrema centralización en la figura de Rafael Correa le asegura decisiones rápidas y acatamientos disciplinados. Su problema es otro: cómo neutralizar el amplio rechazo que sigue provocando, especialmente en la Sierra y la Amazonía, la mitad del electorado. Pachakutik, por su parte, es un movimiento heterogéneo, asentado ante todo en las comunidades rurales, que ha logrado extender su prestigio entre un electorado empobrecido y hastiado. Su principal desafío es lograr unidad en medio de una coyuntura que exige decisiones rápidas y acordar candidaturas viables para un programa de cambios radicales. El panorama está abierto, pero las opciones no son infinitas.
Pablo Ospina Peralta es Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.
