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El 1 de mayo, casi 10.000 personas se manifestaron en San José, Costa Rica para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, marcando un significativo resurgimiento de la presencia de los trabajadores en las calles tras cinco años de estancamiento. Abarcando varias manzanas del centro comercial, la marcha estaba adornada con banderas de colores brillantes y pancartas de sindicatos, cada uno marchando en agrupaciones separadas. La magnitud de la protesta, presumiblemente la mayor desde la histórica huelga general de 2018, rompió un silencio, quizá un grito reprimido, expresando el renovado clamor de la clase trabajadora.
A pesar de las muestras de solidaridad, el movimiento obrero del país parece más débil que nunca. Años de implacables políticas neoliberales han hecho mucho daño, atacando a las instituciones públicas y a sus empleados, criminalizando las huelgas y vilipendiando a las organizaciones sindicales. Los recortes de fondos y las políticas de privatización que comenzaron en el año 2000 con los intentos de privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tomaron una nueva forma intensificada a partir del 2018 bajo la administración del presidente Carlos Alvarado Quesada, socavando las instituciones públicas y aumentando los impuestos a la clase trabajadora. En 2020, la promulgación de la ley anti-huelga en respuesta a la huelga general de 2018 desencadenada por estas reformas desató una embestida de persecución legal, intimidación y difamación contra las organizaciones obreras, dejándolas desmoralizadas y fragmentadas. En el sector privado, la densidad sindical se ha desplomado a menos del 2 por ciento, una de las tasas más bajas de toda América Latina.
En este difícil trasfondo, la ominosa ola de reformas neoliberales ha alcanzado ahora a los trabajadores del sector privado. Los legisladores están estudiando actualmente una controvertida moción encabezada por el sector empresarial para reformar el código laboral del país. Si se aprueba, el proyecto de ley, titulado oficialmente Expediente 21.182 pero conocido popularmente como "ley 4x3", introduciría tres nuevas modalidades de semana laboral: la jornada acumulativa, la jornada excepcional ampliada o jornada "4x3" y la jornada excepcional anualizada. Las tres modalidades reducirían el pago de las horas extraordinarias y eliminarían el derecho a una jornada laboral de 8 horas, piedra angular del centenario código laboral costarricense. La propuesta agudiza los agravios existentes entre los trabajadores del sector privado, alimentando un sentimiento de urgencia que impulsó la significativa participación del 1 de mayo.
Una ley con repercusiones para la clase trabajadora
Actualmente, los límites de jornada laboral en Costa Rica se definen mediante umbrales diarios y semanales mutuamente inclusivos. Si se supera cualquiera de los dos límites, los trabajadores tienen derecho al pago de horas extraordinarias, calculadas al 150 por ciento de su salario ordinario. Según Ariane Grau Crespo, socióloga y activista de los derechos laborales que lleva más de 20 años abogando contra las políticas de flexibilidad laboral, el proyecto de ley pretende "abaratar el pago a la fuerza de trabajo... al no pagar las horas extraordinarias". La jornada acumulativa ampliaría el umbral ordinario a 10 horas para los turnos diurnos, nueve horas y 36 minutos para los turnos mixtos y siete horas y 12 minutos para los nocturnos, calculando las horas extraordinarias sólo de forma semanal.
La jornada 4x3, por su parte, establecería una nueva estructura de la semana laboral, en la que los empleados trabajarían turnos de 12 horas durante cuatro días, seguidos de tres días libres consecutivos. Las primeras 48 horas no darían derecho a compensación por horas extraordinarias, y la acumulación de horas extraordinarias sólo sería admisible durante los periodos de descanso. La semana laboral 4x3 se dirige principalmente a las industrias que requieren un trabajo continuo de 24 horas, en particular las relacionadas con la manufactura técnica y el sector de los servicios empresariales.
Los defensores de la ley argumentan que el periodo de descanso de tres días aumentará la capacidad de las personas para atender las responsabilidades familiares. Pero los críticos afirman que el cambio afectará desproporcionadamente a las mujeres como cuidadoras primarias, exacerbando la desigualdad de género y la segmentación del mercado laboral. Como señala el abogado laboralista y ex Viceministro de Trabajo Ricardo Marín Azofeifa, la jornada 4x3 limitaría potencialmente el acceso de los trabajadores a lo que él denomina tiempo familiar "vital". El horario no es sólo trabajo y descanso, dice, " sino de realización y de ocio que pueda tener la persona trabajadora."
La tercera modalidad, conocida como jornada excepcional anualizada, funcionaría con un calendario cuatrimestral, lo que permitiría a los empresarios modificar las horas de trabajo en función de las necesidades de productividad. Esta modalidad se aplicaría principalmente a sectores con una demanda laboral fluctuante, como el turismo y la agricultura. En periodos de alta o baja demanda laboral, los trabajadores podrían trabajar hasta 10 horas diarias o tan sólo seis. Según esta disposición, la remuneración por hora se mantendría constante en todos los periodos, mientras que los ingresos mensuales variarían en función del número de horas trabajadas. La remuneración de las horas extraordinarias no estaría regulada por el actual límite de 8 horas. Según la propuesta más reciente, los empresarios estarían obligados a notificar con 15 días de antelación cualquier cambio de horario que pudiera dar lugar a una reducción de las horas de trabajo de una persona de hasta el 40%.
Según Grau, la disposición que permite a los empleadores hacer reducciones de última hora en las horas de trabajo a través de la jornada anualizada excepcional podría tener efectos perversos en la capacidad de los trabajadores para mantenerse, sobre todo en un país con algunas de las cargas de deuda de los consumidores, los precios y las tasas de inflación acumuladas más altas de América Latina. "El empresario tiene un banco de hora, pero el trabajador no tiene un banco de ahorro", argumenta. "No tienen dinero ahorrado para cuando se reduzcan las horas de trabajo para cubrir sus necesidades".
A pesar de presentarse como una medida excepcional y voluntaria que sólo afectará a una pequeña parte de la población activa, la reforma se ha enfrentado a las críticas de los líderes sindicales, que argumentan que la redacción del proyecto de ley permitiría abarcar a casi todos los sectores de la economía. Los dirigentes sindicales Obeth Morales Barquero y Lenin Hernández Navas, secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) y del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), respectivamente, plantearon su preocupación por la posible aplicación de la ley al sector agropecuario, particularmente en los trabajos pagados a destajo. Argumentan que tal aplicación podría empeorar unas condiciones laborales ya de por sí inseguras, aumentando lo que describen como "esclavitud moderna".
Muchos también expresan su preocupación por el protagonismo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la aplicación y regulación de la reforma. Según fuentes expertas, el Ministerio de Trabajo de Costa Rica es uno de los más antiguos de América Latina, carece de autoridad legal y tiene una plantilla limitada de tan sólo 88 empleados en todo el país. Según la legislación propuesta, estas deficiencias suscitan dudas sobre la capacidad del ministerio para controlar y aplicar eficazmente la normativa.
La flexibilidad laboral como herramienta de acumulación neoliberal
En el contexto político-económico más amplio, la ley en cuestión no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia predominante. El sector empresarial, en particular las empresas que operan en las zonas francas del país, lleva más de 20 años abogando por esta ley. Al igual que otras nuevas leyes promulgadas en los últimos años, como la Ley de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el proyecto perpetuaría un injusto desequilibrio: mientras las empresas extranjeras acumulan capital no regulado, la clase trabajadora asume la carga de las pérdidas financieras.
El impulso a favor de una mayor flexibilidad en la regulación de la jornada laboral en Costa Rica se remonta a la década de 1990, cuando el gobierno introdujo la Ley de Régimen de Zonas Francas y el gigante tecnológico Intel, con sede en California, entró en el país. Tras su entrada en Costa Rica en 1998, Intel desempeñó un papel pionero en la implantación de la jornada laboral 4x3 presionando para obtener una autorización especial del Ministerio de Trabajo para utilizar la jornada alternativa en las fábricas de nueva creación dedicadas al ensamblaje y prueba de microprocesadores. Esto, a su vez, sentó las bases para la expansión del 4x3 a otros sectores productivos del país.
Desde aquellos primeros años, Intel ha desempeñado un papel importante en la configuración del modelo económico de Costa Rica, guiándola en su transición de una economía basada en la industrialización por sustitución de importaciones a una economía cada vez más centrada en el libre comercio, la promoción de las exportaciones y la inversión extranjera directa. A través de colaboraciones con el Ministerio de Educación y las universidades públicas, Intel adaptó el capital humano del país a sus necesidades de producción, contribuyendo al desarrollo de una mano de obra bilingüe y altamente cualificada que permitió a Costa Rica competir por la inversión extranjera en la región centroamericana a pesar de tener unos costes salariales más elevados. Desde entonces, las empresas de servicios y tecnología se han convertido en empleadores y exportadores cruciales en el país, operando predominantemente dentro de Zonas Francas.
Estas empresas de Zonas Francas, representadas por diversas cámaras empresariales, han ejercido presión en repetidas ocasiones para la aprobación de la reforma, a menudo en tiempos de crisis económica. Mientras que los intentos anteriores, que abarcaron desde 2002 hasta 2014, fracasaron debido a la fuerte oposición de la clase trabajadora, la ley actual se está impulsando en un contexto nacional palpablemente diferente.
En las últimas décadas, políticas neoliberales como la ley anti-huelga y la Ley de Empleo Público no sólo han recortado los derechos laborales y obstaculizado la movilización de los trabajadores, sino que también han influido profundamente en el discurso público. El proceso de inserción en la economía global ha venido acompañado de una embestida de retórica ideológica que ha ido moldeando una percepción pública colectiva de Costa Rica como un país libre de conflictos y excepcional en la región, una imagen a su vez vinculada al desarrollo y al progreso económico.
Según Grau, se han utilizado herramientas similares para obtener la aprobación pública de la ley 4x3. "Los ataques a los sindicatos, la ley anti-huelgas que prácticamente prohíbe la organización, y la derrota de la huelga de 2018 contra el plan fiscal contribuyen a crear un contexto favorable a los sectores anti derechos laborales para avanzar", afirma. "Y yo creo que eso es lo que explica por qué en este momento se ha avanzado tanto con una propuesta así, incluso en términos de opinión pública".
La propuesta de ley, y los argumentos utilizados para impulsarla, se adhieren a la lógica neoliberal conocida: una mayor flexibilidad laboral eliminará aún más los obstáculos al capital, pero siempre a costa de aumentar la precariedad a la que se enfrenta la mano de obra.
La propuesta de ley se encuentra actualmente en sus últimas sesiones plenarias en la Asamblea Legislativa. Una vez concluidas las sesiones plenarias, quedará en votación legislativa y pasará a segundo debate.
Los líderes sindicales subrayan que las movilizaciones a escala nacional son el único medio viable para detener el avance del proyecto de ley. Sin embargo, son plenamente conscientes de las difíciles circunstancias que impiden la viabilidad de tales movilizaciones en el contexto actual. En concreto, señalan que el proyecto de ley se dirige a los empleados del sector privado, cuyo número y fuerza organizativa han disminuido en los últimos años.
A pesar de estos obstáculos, cada vez se percibe más un objetivo común entre organizaciones fragmentadas que forjan un frente cada vez más unificado contra estas políticas neoliberales. "Esta realidad quedó en evidencia el 1 de mayo", afirma Hernández, "porque salimos a las calles no solamente las y los trabajadores, sino también otros grupos, en esa consigna de defensa de las garantías sociales en nuestro país.”
Isabel Villalón es académica independiente, periodista de investigación y organizadora comunitaria residente en San José (Costa Rica). Su trabajo reciente se centra en la intersección entre inmigración, derechos laborales y procesos de acumulación de capital en Costa Rica.
La autora agradece a Ariane Grau Crespo, Obeth Morales Barquero, Lenin Hernández Navas y Ricardo Marín Azofeifa el tiempo y la valiosa información que han dedicado a la elaboración de este artículo.
