Este artículo fue publicado originalmente en inglés en NACLA Report, nuestra revista trimestral.
En marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador puso en cuestión las reformas neoliberales que mantienen en la pobreza a la mitad de la población mexicana. Bloomberg, uno de los medios de referencia en Estados Unidos y América Latina publicó la nota “Lopez Obrador is desmantling Democracy in Mexico” firmada por una voz experta del Council on Foreign Relations, uno de los think tanks de mayor renombre internacional. Al paso de varios días, la prensa mexicana retomó en varios titulares y a primera plana ese artículo de opinión: el diario mexicano Reforma publicó una traduccion con el titulo “Desmantela AMLO democracia en México” y el diario La Vanguardia replicó “AMLO está concentrando poder y desmantelando la democracia”.
Casos como este son habituales en los países de América Latina y el Caribe, implicando la reproducción de noticias de medios como The New York Times, Voice of America, Wall Street Journal o la BBC de Londres. La tendencia a coincidir en la opinión, a favor o en contra, de gobiernos y sectores políticos, basándose en argumentos de expertos y proyectando esta postura en la opinión pública, se ajusta en buena medida a la denominada “manufacturación de consenso”, tal como la postulan Chomsky y Herman en su libro Los guardianes de la libertad, publicado por primera vez en 1988.
En los últimos años, han proliferado los análisis y titulares que destacan sistemáticamente aspectos negativos en torno a gobiernos progresistas con algún tipo de tensión o desacuerdo en cuanto a lineamientos económicos, políticos o para la seguridad promovidos desde EE. UU. Al mismo tiempo, entre 2018-2020, según datos de ForeignAssistance.gov consultados en septiembre de 2021, el gobierno de EE. UU. ha otorgado una suma aproximada de 26 millones de dólares para programas destinados a fortalecer medios de comunicación, promocionar periodistas y libertad de expresión, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana, Perú, Honduras, Guatemala, Cuba, Venezuela. En los últimos diez años, la cifra pasa los 67 millones. Entre los beneficiarios en el rubro regional de América Latina y el Caribe podemos encontrar a proyectos mediaticos como Factum Media, la plataforma periodística colaborativa Fundación Connectas, y a otras ONGs como Due Process of Law Foundation, Comisión Andina de Juristas y el International Republican Institute, lo que muestra el amplio espectro del rubro “medios y libre flujo de información”.
Tal coincidencia en los tiempos y financiamiento no debería llevarnos a una hipótesis lineal que sostenga que existe una intervención directa y premeditada del gobierno estadounidense en medios de comunicación locales. La dinámica es mucho más compleja. No se reduce a la imposición directa sobre lo que habría que opinar. En cambio, esa opinión surge de una manufacturación consensuada a partir de vínculos e intereses compartidos por diversos grupos y sectores —del sector público y del privado, de EE. UU. y de países de América Latina y el Caribe—que se materializan en decisiones, financiamientos, reuniones, cursos, contribuyendo a reproducir ideas consideradas como las más correctas y adecuadas sobre política, economía y derechos humanos.
Este consenso tiene una dimensión abstracta, asociada a la reproducción de la ideología dominante, al anular la posibilidad de pensar/hacer cualquier alternativa viable diferente al orden instituido, como plantea el ex- vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en su libro Socialismo comunitario: un horizonte de época. El correlato material de esta reproducción ideológica puede visualizarse en una red de poder, concepto que presentó el sociólogo C. Wright Mills en La élite del poder. Tal red articula el quehacer de organismos gubernamentales y no gubernamentales, empresas, instituciones financieras internacionales, organismos internacionales, fundaciones privadas y medios de comunicación a nivel local, nacional y transnacional, think tanks y líderes de opinión. Según escribe el académico de la política internacional Inderjeet Parmar, el poder estadounidense es “mejor entendido como una intensa colaboración entre el Estado y las elites privadas”. Así las redes de poder contribuyen a conformar el consenso.
En el caso de las relaciones centro-periferia entre EE. UU. y América Latina, esta red muestra una sólida articulación y presencia a partir de las dinámicas, programas, proyectos y financiamiento de asistencia para el desarrollo en diversos rubros, según demuestran investigadoras como Loreta Tellería Escobar y Reina Gonzáles Apaza, autoras de Hegemonía territorial fallida sobre el caso boliviano, así como Joan Roelofs planteó en “Foundations and American Power”. Desde estas redes de alcance transnacional, se generan otras de incidencia a nivel nacional y local. Como hemos analizado junto a nuestra colega Arantxa Tirado en el libro Trumperialismo, estas redes nacionales y locales se expanden en ámbitos como la formación de líderes, asesoramiento de partidos políticos y funcionarios; cursos de formación en universidades, financiamiento a fundaciones privadas y Organismos No Gubernamentales, así como la presencia y proyección de estos actores o sus opiniones en la prensa hegemónica. Tres casos en la región —Bolivia, Ecuador y Cuba—demuestran estas dinámicas, vínculos y articulación.
El golpe de estado en Bolivia
Antes del golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019, el think tank Inter-American Dialogue publicó dos notas sobre las elecciones en ese país, posicionándose claramente en contra de la reelección del MAS y hubo un evento más en noviembre, tras la consumación del golpe. El Inter-American Dialogue es uno de los think tanks con fuerte presencia en agencias y medios de EE. UU. y América Latina. Su presidente, Michael Shifter, tiene una larga trayectoria en la puerta giratoria de funcionarios de política exterior y fundaciones. Entre otros cargos, dirigió el programa latinoamericano en la National Endowment for Democracy (NED). Financiada en gran medida por el Congreso estadounidense, la NED fue creada en 1983 por una comisión bipartidista de Republicanos y Demócratas, durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, con el objetivo declarado de promover la democracia el en extranjero. Uno de sus primeros proyectos fue contrarrestar el triunfo del Sandinismo en Centroamérica.
En agosto de 2019, el Inter-American Dialogue invitó entre otros al director de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, Daniel Moreno, y al periodista Raúl Peñaranda a dar “opinión experta” sobre las elecciones. Peñaranda era el entonces director de la plataforma de noticias Brújula Digital, y en 2017 fue fellow de la NED. Peñaranda tiene una importante trayectoria internacional, siendo una voz con importante proyección fuera de Bolivia, hecho documentado por la coautora Silvina Romano, y en 2021 se convirtió en asesor al alcalde de La Paz, Iván Arias, quien fungió como ministro en el gobierno interino autoproclamado de Jeanine Áñez. Otras voces retomadas como expertas y citadas en medios importantes, como CNN, antes y después de las elecciones son las de Waldo Albarracín, actor de la sociedad civil acusado de ser involucrado en el golpe; el expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga; y el senador de derecha Óscar Ortiz Antello, quien “bendijo” la toma del gobierno por parte de Áñez. Ortiz es presidente de la Fundación Nueva Democracia que recibe también financiamiento de la NED, como también hemos detallado en Trumperialismo. Vale agregar que prácticamente ninguno de estos medios reprodujo la opinión de funcionarios del MAS, o de líderes de opinión favorables al gobierno boliviano en funciones.
En octubre de 2019, en vísperas de las elecciones, grupos de derecha boliviana criticaron un probable nuevo periodo de Evo Morales, estas voces tuvieron espacio en el Washington Post. En un artículo de opinión, Ben Raderstorf and Michael J. Camilleri, ambos afiliados con el Inter-American Dialogue, alertaron que la reelección de Evo Morales “podría poner en peligro la propia democracia en el país andino”. Entre las elecciones y el golpe de Estado consumado en noviembre, el Inter-American Dialogue reiteró la invitación a Peñaranda y Moreno para reforzar las suspicacias respecto al Tribunal Superior Electoral en las elecciones. Esta narrativa dio continuidad a las críticas publicadas por una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. El informe final de la OEA, cuestionado en su momento, ha enfrentado criticas crecientes: recientemente, un grupo de congresistas de EE. UU. solicita que el papel de la OEA en las elecciones bolivianas de 2019 sea revisado.
Las visitas y opiniones vertidas por Moreno, Peñaranda, Ortiz Antelo, en think tanks y medios con impacto en la opinión pública, contribuyen a elaborar un determinado relato, en este caso sobre el golpe en Bolivia, que se presume de objetiva e imparcial, pero que responde a determinados intereses. Al proyectarse estas voces, se elige eliminar otros relatos, probablemente más afines al gobierno del MAS.
En este contexto, es llamativo el financiamiento del gobierno estadounidense para apoyar medios de comunicación y organizaciones periodísticas, que pueden contribuir a formar opinión y posicionar ciertos temas. La NED destinó, entre 2013 y 2016, $225.902 a la Asociación Nacional de La Prensa por un trabajo con un enfoque sobre la libertad de expresión y entre 2016 y 2020, $191.498 a la Fundación para el Periodismo por la formación de periodistas. Más allá del sector mediático, llama la atención las casi 150 organizaciones que han recibido financiamiento del gobierno de EE. UU. a través de diversas programas en la última década, incluso entidades que, según la periodista Eva Golinger, han usado tales fundos en el pasado para formar partidos políticos de la oposición. En 2013, el gobierno de Morales expulsó la USAID de Bolivia, pero no significó la interrupción de los flujos de asistencia. En el período 2013-2018, el gobierno de EE. UU. destinó casi 157 millones de dólares en asistencia económica a Bolivia, de lo cual 25 por ciento o mas de 38 millones de dólares fue vía la USAID.
Medios de comunicación y política en Ecuador
En Ecuador, el Caso Sobornos, por el cual se acusó de corrupción al expresidente Correa y varios de sus funcionarios, concluyó en 2020 en una sentencia para el expresidente de 8 años de prisión y de inhabilitación por 25 años para participar en actividades políticas. El caso muestra en detalle el modo en que se articulan los medios de comunicación/opinión experta con los tribunales a nivel local, logrando a su vez proyección internacional, manufacturando consenso en contra de un determinado sector político, en este caso el correísmo.
En las palabras de El País cuando salió la sentencia contra Correa, el Caso Sobornos surgió “tras una publicación periodística del portal Mil Hojas en la que se exponían los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados”. Fundación Mil Hojas es una fundación registrada en Panamá en 2013 que opera un medio digital. Es financiada por la NED, habiendo registro de que para los años 2018-2020 recibió 169,900 dólares para realizar trabajos en Ecuador.
Durante el gobierno de Correa, se intentó disminuir al máximo la presencia de la USAID y la NED en Ecuador, ambas con recursos del Departamento de Estado. Sin embargo, en 2014, el diario ecuatoriano El Telégrafo publicaba un informe especial afirmando que la NED tenía previsto financiar un nuevo proyecto mediático a través de una nueva fundación liderada por periodistas ecuatorianas. En este documento figuraban referencias al futuro medio Mil Hojas y al rol protagónico del periodista del diario El Universo Christian Zurita. Se señalaba que Mil Hojas tendría por objetivo potenciar la oposición al Gobierno ecuatoriano con un medio de comunicación propio en Internet y Zurita sería uno de los encargados de “investigar los temas”, según la nota de El Telégrafo.
En el proyecto inicial, también participó el periodista ecuatoriano Juan Carlos Calderón, en su momento y hasta la actualidad director del medio digital PLAN V, también financiado por la NED. Calderón es también presidente de la junta directiva ecuatoriana de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) que también recibe financiamiento de la NED, $115.000 en 2018. Fundamedios es miembro de la International Freedom of Expression Exchange y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo caracterizado por su oposición a procesos políticos de izquierda en la región, desde la Revolución Cubana hasta la actualidad. Zurita y Calderón ya habían chocado con Correa. En 2012, un tribunal ecuatoriano condenó a los periodistas a pagar un millón de dólares cada uno al presidente por daño moral. Correa interpuso la demanda tras la publicación del libro de Zurita y Calderón, El Gran Hermano, que acusó al hermano del presidente de beneficiarse de contratos gubernamentales.
En la Causa Arroz Verde, luego denominada Caso Sobornos, Zurita tuvo un rol protagónico. El caso judicial se organizó por primera vez en Ecuador en torno a un Twitter y un artículo de Mil Hojas que señalaba inconsistencias en el financiamiento a la campaña del expresidente Rafael Correa y del ex vicepresidente Jorge Glas, de 2013. Por ser autor del twitter y la nota, el propio Zurita fue convocado como testigo, momento en el que se supo que tuvo acceso a 6.000 documentos usados para la causa, cuya fuente nunca fue revelada. Si bien la página de Mil Hojas, dejó de tener actividad entre octubre de 2020 y septimebre de 2021, es la fundación que patrocina a otras organizaciones, como Periodismo de Investigación, donde también escribe Zurita, y que sigue “filtrando” información que culpabiliza a ex funcionarios y funcionarias del gobierno de Correa o de su partido político, un enfoque selectivo que parece indicar que sus investigaciones tienen motivaciones político-ideológicas.
En la red de poder, pueden observarse los vínculos entre periodismo independiente de Mil Hojas con financiamiento proveniente del gobierno EE. UU. a través de la NED y su presencia en el ámbito judicial en el Caso Sobornos. Esta articulación opera manufacturando casos judiciales con características que vulneran el debido proceso judicial. Además de criminalizar por anticipado a ciertos funcionarias y funcionarios del gobierno de Rafael Correa, tiene acceso a información de inteligencia que nadie especifica de qué modo fue obtenida. Por otra parte, los mismos periodistas que contribuyen a este proceso en Ecuador, son citados como voces expertas por organismos de periodismo y libertad de expresión de EE. UU., como el Committee to Protect Journalists (CPJ).
Como otras instituciones similares, CPJ es legitimada por reconocidos líderes de la comunicación neoliberal. Por ejemplo, Jacob Weisberg, quien tiene una larga trayectoria por medios del establishment neoliberal como The New York Times, Financial Times, Newsweek y otros, es el vice chair de su junta directiva y Andres Oppenheimer, columnista del Miami Herald y presentador de un programa de CNN, sirve en unos de los grupos de asesores del CPJ. La organización es financiado por una amplia gama de fundaciones y empresas mediaticas que incluyen a la derecha liberal como CNN Worldwide, Fox news, CBS News y Bloomberg LP. Además de condenar la violencia contra periodistas y otras amenazas contra la libertad de la prensa alrededor del mundo, este Comité está involucrado en diversas denuncias realizadas contra el ex presidente Correa en Ecuador y la ex Presidenta y actual Vice Presidenta Cristina Fernández en Argentina, bajo el argumento de recortes a la libertad de expresión. Este dato es clave, pues ambos gobiernos presionaron a favor de nuevas leyes de medios de comunicación que quitaran el monopolio a los medios hegemónicos. En su conjunto, estas personalidades y sectores representan una red de poder que tiene en común un relato negativo sobre los gobiernos progresistas de América Latina.
Cuba: cambio de régimen y protestas de julio
En el marco de las recientes protestas de julio de 2021, la cobertura mediática de medios internacionales fue muy robusta. Las protestas vinieron en el contexto del bloqueo a Cuba, que lleva casi seis décadas afectando a los más de once millones de cubanos que viven en la isla y, solo entre abril de 2019 y mayo de 2020, ha generado pérdidas por más de cinco mil millones de dólares. Tras la pandemia, la situación cubana se ha recrudecido, sin embargo. Además del bloqueo y las sanciones impuestas por Trump, se suman las de Biden y continúa el financiamiento de organismos e instituciones para crear y sostener una determinada percepción sobre la realidad cubana.
Hay sobradas pruebas de que gran parte de la proyección de los grupos anti-castristas en Cuba y sobre todo, fuera de la isla, pasa por el financiamiento del gobierno estadounidense. Para muestra, entre 2010 y 2020, EE. UU. otorgó más de 20 millones de dólares a institutos, ONGs y medios de comunicación, destacando la Asociación Diario de Cuba, con sede en España, que tan sólo entre 2016-2019 recibió mas de $900.000 de la NED. Como mencionó recientemente Rosa Miriam Elizalde en La Jornada, la Guía Estratégica Interina de Seguridad Nacional del Presidente Joe Biden, que menciona que las fuerzas de operaciones especiales priorizarán “la guerra no convencional”, implica la continuación de las “operaciones militares de apoyo a la información”, o sea, estrategias de manipulación mediática.
Una de las ONG que cuenta con financiamiento de la NED es Cubalex, un grupo de defensa de derechos humanos en el exilio que contó con $150.000 en 2020 para documentar las violaciones de derechos humanos y brindar asistencia legal a las víctimas. En el marco de las protestas de julio de 2021, Cubalex creó una lista de los detenidos que fue muy difundida. Incluso Marco Rubio usó esta información para afirmar que “584 personas fueron secuestradas por el régimen [cubano]”. También el portal Cubanos por el mundo, abiertamente anticomunista, retomó la misma información, así como América Economía, CiberCuba, Washington Post, New York Times y Artículo 19, que recibe financiamiento de la NED.
Otro caso es Agora Cuba Inc., con base en Miami, que recibió mas de $256.000 entre 2016-2019 para “promover el acceso a la información en Cuba”. De igual forma Cubanet, un medio con sede en Florida, ha recibido entre 2010-2020 más de dos millones de dólares de NED para distintos programas tendientes a aumentar el acceso a internet y apoyar a los periodistas cubanos independientes en producción de contenido mediático sobre Cuba. Por último, otro ejemplo es la Asociación Civil Cronos, de Argentina, que recibió $80.000 de financiamiento de la NED en 2020 para “promover una mayor conciencia de la violencia en Cuba y fomentar lazos más estrechos entre periodistas independientes cubanos y de América Latina”. En 2020, NED también destinó más de medio millón de dolares por trabajos en Cuba bajo el rubro Freedom of Information sin especificar los nombres de las organizaciones o proyectos que recibieron los fondos. Cabe decir que no fueron reportados en la base de datos de ForeignAssistance.gov.
Tras las protestas de julio, se puso de manifiesto que, a partir del acceso a internet en Cuba, una de las estrategias de injerencia encubierta de EE.UU. es a través de diversas aplicaciones. Por ejemplo, Reuters informó que la aplicación Psiphon ayudó a casi 1.4 millones de personas en la isla aceder contenidos en internet durante la semana de las protestas. Creada en Canadá, Psiphon es una herramienta que otorga “acceso sin censura” al internet para personas en paises con “restricciones la libertad”, según su sitio web. En 2020, la Agencia por Medios Globales, una agencia del gobierno de EE. UU., ortogó un contrato a Psiphon para “el despliegue de tecnologías anti-censura seguras y efectivas”. A esta aplicación, se suma Apretaste, creada por Salvi Pascual, residente en Miami, y auspiciada por Agora Cuba Inc., que pretende “conectar” a los cubanos usando VPNs para lograrlo. Este tipo de estrategias, son promovidas por congresistas como Albio Sires, quien argumenta que EE. UU. debería trabajar más de cerca con empresas privadas y la sociedad civil. Hay que cuestionar los motivos de tales actividates cuando el país que las patrincina ha sido abiertamente hostil hacia el gobierno cubanos. No es el primer intento de este tipo. El principal precedente es la red social ZunZuneo, lanzado en 2010 y auspiciada por la USAID. Funcionó en la isla hasta 2012.
El caso de Cuba es particular, por la historia y la complejidad de las relaciones con EE. UU. Más allá del financiamiento, abultado en áreas como comunicación, proyectos culturales y derechos humanos, se intenta favorecer una cierta visión de que lo que acontece en Cuba es “insostenible”, que el gobierno “carece” de legitimidad y que el escenario es de “crisis humanitaria”. Pero, además, es notorio cómo el lobby anticastrista en EE. UU., ha promovido este tipo de visiones que entorpecen el establecimiento de relaciones bilaterales y el levantamiento del bloqueo. Por ejemplo, en mayo de 2020, convergieron Luis Almagro, secretario general de la OEA, John Barsa, administrador interino de USAID y Rosa María Payá de la Fundación para la Democracia Panamericana en un episodio del programa “Hola Ota-ola” de Cubanos por el mundo. Presentado por el Alex Otaola, una estrella de Youtube y simpatizante vocal de Trump y sus políticas hacia Cuba, el programa es abiertamente anticomunista. En tal plataforma, Almagro, Barsa y Payá mostraron como las redes de poder apoyan claramente una estrategia de cambio de régimen para Cuba y prestaron sus voces en la construcción de consenso.
Y este consenso no se circunscribe a América Latina: People in Need, una organización de República Checa, financiado por la USAID, recibió más de $200.000 de la NED en 2020, que se suman a los mas de 1.5 millón de dólares otorgados entre 2010-2019 por su trabajo en Cuba, y se ha pronunciado públicamente, junta a otras organizaciones, sobre la situación en la isla. Es una pequeña muestra de los alcances en la construcción de hegemonía por la vía de las “operaciones militares de apoyo a la información”, continuadas por la administración de Joe Biden.
Visibilizar las redes de poder
La articulación entre voces expertas y la prensa hegemónica, que logra materializarse a nivel local y transnacional, también a través de una red de asistencia/financiamiento para el desarrollo, puede tener un rol clave en determinados procesos políticos de América Latina. Es difícil poner en duda a día de hoy el predominio de un consenso negativo, impulsado, mantenido y reforzado, respecto a la presencia y accionar de gobiernos progresistas en la región. Este consenso permea en relatos que calan profundo en un sentido común que termina por asociar a los gobiernos progresistas con prácticas antidemocráticas.
Existe el peligro de que este tipo de interpretaciones tendenciosas promovidas desde la cosmovisión estadounidense respecto de la región, se asuman como únicas portadoras de la verdad, glorificando la democracia liberal de mercado, como único camino posible. Esta imagen generada desde los medios apoyados por EE. UU., generalmente de modo deliberado, oculta a la opinión pública los logros de democracias inclusivas en lo económico, lo político, lo social y cultural, incluso considerando sus numerosas contradicciones y limitaciones. Parece urgente entonces, otorgar visibilidad a las redes de intereses que se ocultan tras los relatos hegemónicos, que terminan defendiendo y reforzando un capitalismo neoliberal decadente, excluyente y cada vez más inhumano.
Silvina Romano es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina, coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y doctora en Ciencia Política.
Anibal García Fernández es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Tamara Lajtman es maestra en Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional Autónoma de México), candidata a doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
