Este artículo fue publicado originalmente en inglés en NACLA Report, nuestra revistsa trimestral.
Rosa Rivera Rivera pertenece a una generación de revolucionarias y revolucionarios salvadoreños quienes desafiaron a las élites más poderosas de El Salvador: los oficiales militares y los terratenientes. Cuando era joven, se unió a la Unión de los Trabajadores del Campo, un sindicato militante que organizaba campesinas y campesinos durante los años 1970 y 80. El estado y los escuadrones de la muerte respondieron a sus demandas por un salario digno y acceso a alimentos y agua potable con una represión violenta. Miles de personas fueron desaparecidas, y los cadáveres gravemente mutilados aparecían con frecuencia en los caminos de tierra o en los sacos de café.
En 1980, después de décadas de represión estatal contra los movimientos no violentos, las campesinas y los campesinos formaron el Frente Nacional Farabundo Martí (FMLN), una coalición de cinco grupos guerrilleros. Estos autodenominados marxistas-leninistas lucharon para derrocar al ejército y a la oligarquía, acabar con el imperialismo estadounidense y construir una sociedad socialista que abordara las necesidades de la gente pobre. De 1980 a 1992, el FMLN participó en una lucha armada contra el régimen militar salvadoreño, que recibió de los Estados Unidos por lo menos $6 mil millones en apoyo económico y militar a lo largo de la guerra, según un informe patrocinado por el subsecretario de defensa para política de los EEUU y publicado en 1991.
En aquel tiempo, Rivera militaba con la Asociación de Mujeres Salvadoreñas, una organización revolucionaria feminista que movilizaba a las campesinas en Chalatenango, un departamento ubicado en el oeste del país. El departamento era un bastión de militancia campesina y de la lucha armada. En los años 80, las campesinas y los campesinos civiles construyeron un sistema de consejos para gestionar sus propias vidas de forma democrática y atender a sus necesidades inmediatas. Los consejos representaron una forma de autonomía y democracia directa radical—“las semillas de la nueva sociedad”, como dijo una organizadora en 1983. En sus intentos de aplastar a la guerrilla, el ejército salvadoreño realizó campañas de tierra arrasada para aterrorizar a la gente y asesinar a la población civil. El 14 de mayo 1980, por ejemplo, los militares salvadoreños y hondureños abrieron fuego sobre las campesinas y los campesinos civiles que intentaban cruzar el río Sumpul, matando a unas 600 personas.
Después de varios años de un estancamiento militar, el FMLN y el régimen militar finalmente firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, poniendo fin a la guerra formalmente. El conflicto armado dejó a unas 75,000 personas muertas, 85 por ciento de ellas asesinadas por las fuerzas estatales y los escuadrones de la muerte derechistas que torturaban, desaparecían, asesinaban y violaban sistemáticamente a los disidentes, según el informe de la comisión de verdad de las Naciones Unidas publicado en 1993. Los acuerdos de paz anularon los cuerpos estatales represivos y permitieron que el FMLN se convirtiera en un partido político oficial, pero la desigualdad estructural sigue igual.
Hoy, casi 30 años después de la firma de los acuerdos de paz, campesinas mayores como Rivera comparten sus memorias con las nuevas generaciones con la esperanza de que se promueven nuevas luchas. Rivera es cofundadora y miembro del Comité de Memoria Histórica de Sobrevivientes de Arcatao, Chalatenango, un grupo dedicado a preservar la memoria histórica del departamento. El comité se identifica como un colectivo de sobrevivientes de violencia estatal porque, como dice Rivera, “Hemos sobrevivido ese desafío, pero queremos seguir luchando por las nuevas generaciones”. Arcatao es uno de los muchos pueblos de Chalatenango que las campesinas y los campesinos repoblaron a finales de los 80 y a principios de los 90, desafiando directamente al desplazamiento forzado por parte de las fuerzas del gobierno. El Comité de Memoria Histórica de Sobrevivientes, fundado en 2003, ha realizado exhumaciones, construido un santuario para guardar los restos de las víctimas de violencia estatal, organizado eventos conmemorativos y establecido el Museo de la Memoria Histórica de Arcatao, Chalatenango.
Rivera subraya la urgencia de estas intervenciones colectivas: “Cada día somos menos nosotros quienes vivieron [el conflicto armado], y la historia se sepultará en la tierra si no la contamos”. En esta entrevista, Rivera cuenta el panorama político en El Salvador y la lucha permanente por la justicia por parte de los sobrevivientes. La conversación fue editada por razones de claridad y extensión.
Diana Sierra Becerra: En 2016, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993, permitiendo que se juzguen los crímenes de guerra por primera vez. Pero aparte del caso de El Mozote, las investigaciones no han avanzado y el congreso ha promovido una ley de reconciliación nacional que según muchas las víctimas, hubiera legislado una nueva amnistía. ¿Por qué ha sido tan difícil avanzar en los procesos de investigación a pesar del dictamen de la Corte?
Rosa Rivera Rivera: Sabemos que los órganos del estado están esperando que muramos nosotros [las y los sobrevivientes]. Y eso es impunidad. Mientras los que cometieran grandes crímenes están ahí, burlándose de nosotras. Hasta gozan de pensiones y honoríficos, especialmente antiguos jefes de la fuerza armada donde planificaron y dieron órdenes. Esta [derogación de la] ley de amnistía ha sido como únicamente el decir de que si están de acuerdo con que se haga justicia. Todavía no se ve. Siguen cubriendo los victimarios.
Nosotros, como víctimas, exigimos a los órganos del estado que se trabajen por una ley que de veras recoja el sentir y el desear de las víctimas y que venga a defender a las víctimas y no a los victimarios. Porque se dice que se trabaja por una ley, pero siempre esa ley tiene grandes vacíos. ¿Cuáles son los vacíos? Que no se recoge el sufrimiento de las víctimas. Siempre va pegados al respaldo y a la protección de los victimarios. Es por eso que no se avanzan los procesos de justicia.
DSB: El gobierno de Nayib Bukele, como los anteriores gobiernos, se ha negado abrir los archivos militares de la masacre de El Mozote. También ha habido cinco ocasiones donde el ejército ha desobedecido una orden judicial para inspeccionar los archivos. Entonces, según su perspectiva, ¿cuál es su evaluación de la política de Bukele con relación a las víctimas?
RRR: Yo pienso que Bukele, lo único que tiene es otra cara. Pero es el mismo cuerpo represivo. Es la misma ARENA [Alianza Republicana Nacionalista, el partido derechista que gobernó el país durante 20 años de 1989 hasta 2009. El fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson, ordenó el asesinato del arzobispo Oscar Romero]. Son los mismos victimarios. Lo único es que el quiere engañar al pueblo con sus discursos de que él, sí, esta al lado de las víctimas, pero esos son solo para que lo escuchen. En la práctica, no es cierto. ¿Si él es el responsable ahorita de las Fuerzas Armadas, porque niega abrir esos archivos? Si él de verdad está a favor de apoyar y defender a las víctimas, él fuera con las víctimas a entrara a revisar esos archivos. Pero no. Lo que hacen el militarizar más y no dejar entrar.
Entonces, es una mentira que diga que va a estar a favor de las víctimas. Y la muestra de esto es lo del 9 de febrero [2020], la toma de la asamblea, que, para nosotros y nosotras, es un golpe de estado. [Ese día, Bukele interrumpió la asamblea con soldados y policías en un supuesto intento de forzar la aprobación de un préstamo para financiar sus planes de seguridad]. Que muestra mas clara que él está en contra de que verdaderamente se abran los archivos. Desde ahí él tiene una gran coordinación con los militares. Para nosotros como víctimas eso demuestra que él está trabajando para que se siga con la impunidad. No quiere abrir los archivos militares y eso limita que las víctimas encuentren las pruebas directas de esos militares que ordenaron e hicieron masacres. [Bukele] directamente cada día está poniendo más difícil que la verdad, la justica y la reparación [se pueda cumplir] para las víctimas.
DSB: Me habló un poco ya de la política bajo Bukele, pero ¿como usted analiza la política de los gobiernos anteriores del FMLN acerca la memoria histórica?
RRR: Fíjese que yo siento de que ha sido bastante igual. Porque los gobiernos del Frente no han tenido como los tres órganos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial siempre ha estado en manos de la derecha. Entonces, si uno de los órganos dice si, el otro dice no. Pero como victima, siento que no se avanzó gran parte en eso [para obtener justicia para las victimas.] Lo que nos toca es seguir haciendo la lucha y seguir reclamando la verdad, la justicia y la reparación.
Y nosotros como comité, lo que tenemos, no lo tenemos porque hemos tenido un apoyo gubernamental. Lo tenemos porque hemos luchado como comité y porque hemos recibido la solidaridad nacional e internacional, lo que nos ha hecho avanzar.
DSB: En los medios de comunicación, se habla más sobre masacres conocidas como de El Mozote, donde el ejército mató brutalmente a 978 personas, incluyendo a 553 niñas y niños en 1981, y del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y una trabajadora del hogar y su hija en la Universidad Centroamericana (UCA) en 1989. ¿Hay otros casos menos conocidos que merecen nuestra atención también? ¿Y nos puede hablar un poco de ese trabajo que ustedes hacen en Chalatenango?
RRR: Nosotros como comité, uno de los objetivos es: alzar la voz por aquellas victimas que no pudieron hablar, que fueron arrebatadas su vida, especialmente los que llamamos los inocentes, los niños que no nacieron, que fueron arrebatadas las vidas de sus padres, sus madres, y hasta ellos la perdieron. Por eso cuando hacemos una Vía Crucis [también conocido como Estaciones de la Cruz, una devoción católica] ponemos una estación de los niños inocentes.
Nosotros como comité tenemos contabilizado, de lo que nosotros logramos conocer, 52 masacres en Chalatenango, aunque hay muchas con no están contabilizadas. Solamente en la Guinda de Mayo de ’82, una de las guindas más duras, más difíciles, hubo 22 masacres. [Una guinda es el desplazamiento de la población civil por parte de los militares. En 1982, los militares hicieron una operación de tierra razada llamada “Operación Limpieza,” matando por los menos 300 campesinos civiles y despareciendo por lo menos a 50 niños.] El rio se llevó centenares de personas. Y tenemos la de Cuyas Cumbres que fue en el mismo ‘82 el 29 de noviembre. [En esta masacre, los militares asesinaron a por lo menos 40 civiles.] Tenemos [la masacre del 8 de mayo 1980 del Rincón, donde el Batallón Atlácatl mató a seis] mujeres de aquí a la parroquia de San Bartolomé. [Seis] mujeres fueron capturadas, violadas, torturadas y después asesinadas. A una mujer que estaba embarazada, la bajaran del estomago las sacaron el feto y los animales comieron el feto. Otra mujer en esa misma masacre la ahorcaron en un palo de naranjo. Y otras dos las metieron en unas prensas de leña. Aquí en el campo, se acostumbra a guardar la leña para el invierno. Entonces, y ahí les metieron fuego. Y se sabe que ahí les quemaron porque los ganchos de metal que andaban para cogerse el cabello estaban ahí en la ceniza. Son las cosas que no se mencionan.
[Un silencio doloroso.]
DSB: Compañera, me puede explicar un poco como es el proceso que van documentando estas masacres. ¿Tienen reuniones donde los sobrevivientes hablan, también van a investigar ciertos lugares para ver que pueden exhumar?
RRR: El comité lo hemos conformado de personas sobrevivientes de diferentes masacres. Ahí, cuando iniciamos, empezamos a contar lo que habíamos vivido. Tenemos integrantes sobrevivientes de la masacre de Cerro Grande [un caserío en Arcatao]. Nosotros como victimas formamos el comité para tener siquiera una reparación moral entre nosotros mismos. Vista que muchas señoras mas, de mas avanzada edad que yo, con sus problemas de salud, ya no podían ir a visitar a sus seres queridos al lugar donde algunos se lograron enterrar. Pero tenemos la grande mayoría que no. Que el rio, que los animales se comieron los cuerpos.
Fue así que nos decimos, “No, hay que trabajar por las exhumaciones y hacer el santuario.” Aunque sea con dificultades, [podrán] ir a poner una flor a su ser querido. Aquel proceso ha sido bastante difícil. Nosotros trabajamos con la parte desde recoger el testimonio de las personas, lo que pasó, donde fue asesinado, si se enterró o no se enterró.
[Durante] Semana Santa, hacemos Vía Crucis martíriales lo llamamos, y vamos a los lugares que nosotros sabemos y vimos los muertos ahí. Uno de los objetivos es para ir haciendo un mapeo y después ver si se gestionen fondos para hacer plaquitas ahí. Porque hasta ahorita nosotros estamos vivos y vivas. Creo que en 50 años va a ser muy pocos los que se van a saber de lo que pasó y lo que vivimos ahí en esos lugares.
DSB: ¿Y esos mapas que han creado, donde están? ¿Están en el museo, o hay copias digitalizadas? Porque esos son documentos tan importantes.
RRR: Nosotros hemos hecho un pequeño mapa de Sumpul por acá, representando mas lo que es la Guinda de Mayo donde hay masacres. Donde hemos puesto crucitas, simboliza de que si podemos hacer exhumaciones. Y donde hay solo el diseño, es que hubo la masacre, pero que se perdieron las evidencias.
Una de las masacres [fue parte de] esa Guinda y esa es la de que se habla por todos. Fue una masacre que hicieron de seis niños. Niños de trece años abajo. Y justamente, yo pasé cuando esas niñas estaban ahí asesinadas. Y son niños que se pusieron en casos de Pro-Búsqueda [una organización que se dedica a buscar niños desaparecidos durante el conflicto armado]. Y Pro-Búsqueda no los pudo encontrar. Se ha formado una comisión de búsqueda de niños. Como siempre habla de todo lo que vio, esa comisión llegó hasta mi. Y claro pues yo dije que si, que los había visto, pero no podía garantizar que se podían hacer una exhumación porque nadie los enterró. Pero los niños los habían asesinados en una obra donde antes se trabajaba el añil.
Nosotros aprovechamos cuando se hizo la vigilia [por los seis niños con el cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, en Arcatao en 2017]. Hicimos carteles de todos los nombres de los niños que nosotros conocíamos que habían sido asesinados, los que habían sido desaparecidos, y aun nombres de adultos que habían sido asesinados y desaparecidos. Y tratamos de hacer un relato de los batallones que nosotros sabíamos que habían incursionado para esa Guinda. Para nosotros como comité, fue como hacer una denuncia publica, porque estaban los medios de comunicación, había representación del gobierno, entonces aprovechamos ese espacio.
DSB: Ahorita en este momento a través de América Latina muchos gobiernos están usando la pandemia para promover las políticas de militarización. Entonces, ¿la pandemia como ha impactado las condiciones en las que ustedes trabajan como comité?
RRR: La pandemia ha venido a hacer un retroceso en el trabajo de rescate de la memoria histórica. Hace 10 años, quizás un poquito mas de 10 años, nos pusieron un base militar en Arcatao. Tuvimos hasta reuniones con el coronel de la cuarta brigada, repudiando el puesto militar y fue imposible quitarlo. Pero hoy con la pandemia tenemos cinco puestos mas. El gobierno ha usado la coyuntura de la pandemia para militarizar y volver a reprimir. Hay acoso sexual [por parte de los soldados hacia] las niñas.
DSB: Desde su perspectiva, ¿existen aperturas para exigir justicia para las victimas?
RR: Pues, no existen tan así, pero nosotros como victimas la hacemos: haciendo las caminatas frente a la asamblea, hoy en la pandemia haciendo foros virtuales. De los cuatros años de la aprobación de la nueva ley de amnistía—porque para nosotros es una nueva ley de amnistía—tuvimos un foro virtual con participantes de El Mozote, de Calabozo, de diferentes masacres. Nosotros como comité hemos trabajado en coordinación con Pro-Búsqueda y CODEFAM [Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de Derechos Humanos de El Salvador]. En cada uno [de los eventos] tuvimos la participación para exigir a los órganos del estado de que se respete el derecho de las victimas.
Diana Sierra Becerra es historiadora y educadora popular. El manuscrito de su libro documenta la praxis revolucionaria de mujeres campesinas en el Salvador.
